Desde el 29 de julio de 2019 está vigente en Cuba el Decreto Ley 370, aprobado por el Consejo de Estado y en el cual se regula la informatización del país.

Esta norma legal es polémica, dado que es el marco jurídico que obliga a transformar o a desaparecer a las redes comunitarias de datos (como la Street Net, de La Habana, SNET) y porque, además, señala que “atentar contra la moral y las buenas costumbres” en la red de redes, podrá ser considerado contravención de ahora en lo adelante.

Uno de los elementos más llamativos del Decreto Ley, curiosamente, no está escrito en su texto; sino que se “promulgó” en Twitter.

Según la norma publicada en la Gaceta Oficial, es una contravención que implica multas de entre 1000 a 5000 pesos, “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.

Esto significa que disponer de un blog o de cualquier página web alojada fuera de Cuba, podría ser considerado sancionable.

Ante la sorpresa ciudadana por la medida, el MINCOM emitió un tweet “aclarando” el asunto: el término “sitio” empleado por el Consejo de Estado en la prohibición regulada en el artículo 68 f) de la norma “no se refería a los blogs, sitios personales o informativos”.

La explicación es válida… si no fuera porque esa “aclaración” no encuentra respaldo en ningún párrafo del Decreto Ley. A todas luces, un ministerio estaba modificando una ley, aprobada por un órgano de rango superior (el Consejo de Estado) con sólo publicar un “trino”.

La corrección virtual del Decreto Ley 370, de cara a la luz pública, tuvo la venia del Partido Comunista, pues su órgano oficial reprodujo la versión del MINCOM.

En amarillo, están señalados los dos elementos polémicos del Decreto-Ley 170.

En amarillo, están señalados los dos elementos polémicos del Decreto-Ley 370.

Hace pocos días, otra decisión gubernamental tuvo a la red social del pajarito azul como su correlato.

En enero de 2019, la ministra de Comercio Interior (MINCIN) Betsy Díaz Velázquez, publicó en su cuenta un “comunicado” según el cual a partir de entonces se permitiría tomar fotos a productos y precios en el interior de las tiendas recaudadoras de divisas.

La prohibición no se encontraba recogida en ninguna norma jurídica, pero era de esas leyes no escritas en Cuba que tienen plenos efectos. El trino autorizante de Díaz Velázquez sirvió para legalizar la ya desatada propensión de la ciudadanía a tomar fotos en el interior de los establecimientos de comercio interior, todos estatales y casi todos bajo gestión militar.

El asunto reflotó en el debate público en este mes de julio de 2019, luego de que el tweet fuera convertido en norma legal. Según la Instrucción No. 3, del MINCIN, publicada en la Gaceta Oficial: “Los consumidores pueden tomar fotografías a los bienes que se comercializan, así como a los precios que sean de su interés. No se toma otro tipo de fotos en el interior de los establecimientos, acorde con las políticas comerciales de las instituciones”.

Lo que debió ser recibido como una buena noticia (que un anuncio en las redes sociales recorriera el camino de la institucionalidad y se convirtiera en ley) fue, en cambio, objeto de diversas críticas y debates. La restricción del derecho a tomar fotografías solo a bienes y precios fue asumida como una coerción a la voluntad ciudadana de denunciar todas las malas prácticas dentro de locales de comercio.

Incluso para periodistas de medios oficiales y blogueros oficialistas, la medida es incongruente pues limita derechos que se creyeron conquistados/reafirmados con la pancarta digital de la ministra el pasado enero.

Regulación sobre fotos dentro de las tiendas y los límites a la libertad de expresión

Sin embargo, no estamos en presencia de un retroceso, sino de una doble deformación. La primera, aparecida desde el momento en que, sin existir prohibición legal alguna, los ciudadanos tuvieron que esperar un tweet ministerial para ejercer un derecho derivado de su condición de consumidores y también de propietarios comunes de las tiendas recaudadoras de divisas, las cuales son, nominalmente, del pueblo.

La segunda deformación es que no se emitió una norma que validara el derecho ciudadano preexistente, sino que se ha conseguido un complejo acto de contorsionismo político. La Instrucción del MINCIN logra no contradecir lo twiteado en enero por la ministra, al mismo tiempo que legaliza la injustificada limitación de derechos que es pretender enfocar los lentes de las cámaras solo en precios y productos, y no en estantes vacíos, neveras apestosas, colas enormes y pisos rotos.

Un tweet no es ley

La Constitución refrendada el 24 de febrero de 2019 en Cuba, establece que las facultades de realizar interpretaciones generales de obligatorio cumplimiento sobre las leyes las tienen en primer orden la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado y, en segundo orden y dentro de la esfera de su competencia, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

La misma carta magna establece una jerarquía normativa donde un Decreto Ley solo puede ser modificado por una norma de igual rango o una superior, como son las leyes que aprueba el parlamento en pleno. En ningún lugar se mencionan los tweets como fuentes de derecho.

La aclaración que hizo el MINCOM del Decreto Ley 370 solo podía hacerla quien hubiera redactado la norma y, por ende, conociera las intenciones que le movieron. La rápida reacción del organismo ante la presión popular fue una oportunidad infrecuente para constatar lo que es una práctica política del modelo cubano criticada hasta la saciedad: dirigir al país por decretos concentra en muy pocas manos la redacción y aprobación de las normas legales y menoscaba los derechos ciudadanos.

Esa falta de transparencia, esos “cocina’os” de unos pocos, contienen el riesgo de se cometan errores como el del 370 y de algo peor: que se legisle sin real conocimiento de la opinión de la ciudadanía.

La distancia entre lo que es legal y lo que es legítimo en Cuba así se ahonda y los consensos en torno a las decisiones gubernamentales, se resquebrajan.

Cada vez que se corrobora que la institucionalidad de las leyes puede ser vulnerada, se refuerza el descrédito y la desconfianza de los ciudadanos en la legislación. Quizás ahí están las causas para que hoy, cuando la misma ministra que reconoció un derecho en una publicación de redes sociales, recorre el camino para validarlo en una norma jurídica, muchos lo consideren un retroceso y no el único mecanismo que ofrece seguridad jurídica a los beneficiados con la decisión.

El respeto de algunas formalidades legales y constitucionales han sido tratadas en Cuba como solemnidades religiosas de las que se pueden prescindir en un Estado laico. Con la llegada de Twitter a la vida política cubana, esa situación parece agravarse.

Funcionarios cubanos en Twitter: nuevos soportes, viejos vicios