*Actualizado 26/09/2025 3:20 p. m. (hora de Cuba)

El 7 de septiembre de 2025, falleció en la prisión provincial de Guantánamo Alfredo Ulecia Planche, un recluso que trabajaba en la cocina del penal y que fue acusado por otro prisionero de vender alimentos. En total, según lo que ha podido documentar la organización no gubernamental Cubalex, son 34 los decesos de personas en centros penitenciarios en lo que va de 2025.

La cifra equivale a casi una muerte por semana y confirma un patrón de negligencia y violencia estatal denunciado por varias organizaciones de derechos humanos. Según Cubalex, los datos reflejan «la grave crisis del sistema penitenciario: condiciones inhumanas, violencia, autolesiones, desnutrición, enfermedades, negligencia y falta de atención médica, entre otras causas».

De acuerdo con la información recibida por Cubalex, Ulecia Planche estuvo sometido a aislamiento en condiciones insalubres y a «fijación mecánica» —un método de sujeción prolongada— tras ingerir psicofármacos en protesta por ser apartado de la cocina.

Según la versión oficial, murió por sobredosis. Sin embargo, testimonios y documentos recopilados por Cubalex apuntan a la falta de atención médica oportuna y a prácticas punitivas que vulneran la vida y la integridad de los reclusos. La ONG calificó de «tortura» el tratamiento dado a Ulecia Planche.

Otro de los casos recientes es el de Abraham Carmenates Hervás, recluso que murió el 8 de agosto de 2025 debido a un ataque epiléptico que no recibió atención médica de manera oportuna, según la denuncia del comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada.

El joven de 25 años era un interno de la prisión Boniato, en Santiago de Cuba, y aunque en varias ocasiones fue trasladado al Hospital Provincial para atender su padecimiento, siempre era devuelto a la cárcel, sin el seguimiento médico adecuado.

Autoridades cubanas aseguran ante los organismos internacionales que en las cárceles «se garantizan los derechos de las personas privadas de libertad». Por el contrario, varias organizaciones independientes que monitorean los lugares de detención en Cuba señalan numerosas violaciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.

Un problema sistémico y las prisiones como peor escenario

De acuerdo con un análisis de Cubalex compartido con elTOQUE, las víctimas de hechos ocurridos en centros penitenciarios conocidas durante el monitoreo no se limitan a un solo tipo de recluso; se han documentado muertes de presos comunes y políticos, de diferentes edades y condiciones sociales.

«Esta diversidad de perfiles sugiere que las condiciones deplorables del sistema penitenciario afectan a todos los reclusos, sin importar la naturaleza de su delito», explica Alain Espinosa, abogado de la ONG.

Tortura, apagones y hambre en las cárceles cubanas

Lisdiani Rodríguez Isaac fue golpeada por las autoridades carcelarias en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara; pero no ha sido la única. La práctica es recurrente dentro de los penales cubanos.

Además, «las deficiencias del sistema penitenciario no son un problema aislado de una región, sino un problema sistémico y generalizado en todo el país: la procedencia de los fallecidos abarca varias provincias, entre ellas Guantánamo, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Mayabeque y La Habana».

Por su parte, Camila Rodríguez, directora del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, dijo en el pódcast de derechos humanos Seguimos conectadas que en los penales, como en casi toda Cuba, escasean los medicamentos y tampoco hay condiciones para atender a las personas enfermas, «pero además hay una voluntad de las autoridades carcelarias —aliadas con la Seguridad del Estado y otros funcionarios del Ministerio del Interior— para restringir el acceso a la salud sobre todo a las personas que están allí por razones políticas».

Alain Espinosa comenta que, entre los patrones identificados por Cubalex, «se destaca la negligencia médica o la falta de asistencia adecuada. Esto puede ser por enfermedades que no fueron tratadas, como la anemia, o por la administración de medicamentos incompatibles con condiciones preexistentes, como la epilepsia. Para los reclusos con enfermedades crónicas, el riesgo aumenta cuando se utiliza la negación de asistencia y medicación como método de control para que no realicen denuncias o ejerzan sus derechos. Esto convierte al sistema penitenciario en un entorno hostil».

Según el experto legal, más allá de las muertes registradas, «en algunos casos la negación de atención médica deteriora la salud del recluso hasta el punto de dejarlo incapacitado. Posteriormente, el recluso puede ser excarcelado para que deba enfrentar la situación por sus propios medios, o, en el peor de los casos, morir fuera de la prisión para que el estado evite la responsabilidad y la muerte no se clasifique como “muerte en custodia”».

De acuerdo con el monitoreo de Cubalex, otro patrón de alta incidencia son los decesos debido al uso de la violencia. Alain Espinosa explica que «se evidencia de dos maneras: la violencia entre reclusos debido a la inacción de las autoridades penitenciarias que, en muchos casos, ceden el control interno a presos dispuestos a ejercer violencia sobre los demás, creando un ambiente carcelario inseguro y sin la supervisión adecuada. A esto se suma el uso de tortura o tratos crueles por parte de los funcionarios, como la “fijación mecánica”, que se aplican por largos períodos de tiempo y terminan provocando la muerte del recluso».

No solo los reclusos de origen cubano están desprotegidos. Ni siquiera ser ciudadano de otro país ofrece garantías en los calabozos de la isla. Durante julio de 2025, al menos tres personas que estuvieron en La Condesa, única cárcel para extranjeros en Cuba, fallecieron en circunstancias que pudieron evitarse con atención médica temprana y condiciones de higiene y alimentación adecuadas, según dijeron a elTOQUE sus familiares y varios presos.

¿Quién responde por las muertes en custodia?

En Cuba, las familias enfrentan dificultades para denunciar y exigir investigaciones imparciales de las circunstancias de las muertes en custodia del Estado cubano.

«El derecho de acceso a la justicia y la tutela jurídica efectiva es uno de los que más obstáculos presenta. Estos van desde la imposibilidad de denunciar porque las autoridades se niegan a admitir y dar curso a las denuncias, hasta investigaciones parciales que garantizan la impunidad de los responsables», dice el abogado Alain Espinosa.

Además, quienes visibilizan estos hechos en redes sociales suelen ser hostigados, citados ilegalmente o amenazados. Por estas razones, la realidad de las muertes en custodia del Estado podría ser peor de lo que imaginamos.

Johanna Cilano, Investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, dijo en el pódcast Seguimos conectadas que los datos recopilados por las ONG son subregistros que «se deben, en buena medida, a la valentía de familias que superan las amenazas, el miedo, las represalias de las que son víctimas y a las propias personas encarceladas que han asumido un compromiso de denunciar lo que sucede».

De acuerdo con Cubalex, los familiares enfrentan obstáculos para «acceder a información veraz y oportuna». En la mayoría de los casos se les niega incluso la posibilidad de obtener la documentación oficial como el certificado de defunción, donde legalmente se debe hacer una descripción profesional de las causas de la muerte y las condiciones en las que se encontraba el cuerpo «que en muchos casos presenta lesiones evidentes y consistentes con el uso de violencia física en su contra».

Hasta el momento, ninguno de los casos documentados por Cubalex ha logrado acceder a la justicia ni ha obtenido algún tipo de reparación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por las denuncias de la sociedad civil cubana sobre detenciones arbitrarias, malos tratos, incomunicación y falta de defensa legal para las personas bajo custodia estatal. Desde la ONU, se ha señalado que las muertes de personas encarceladas en Cuba son una preocupación creciente para el Sistema Universal de Derechos Humanos.

Los datos recopilados por Cubalex y otras organizaciones reflejan una crisis estructural del sistema penitenciario. Ante la falta de transparencia estatal y de vías efectivas para la rendición de cuentas, la sociedad civil insiste en que la comunidad internacional aumente la presión para que el Estado cubano rinda cuentas y que se implementen mecanismos de supervisión independientes para prevenir nuevas muertes.

***La primera versión de este artículo fue modificada para corregir un error conceptual y actualizar numéricamente la cifra de muertes en prisión documentadas por Cubalex hasta el 26 de septiembre de 2025. En el texto original se atribuía la cifra de muertes en prisión a los decesos bajo custodia del Estado debido a una confusión en la comunicación de la fuente.