Cárcel de Guanajay, Artemisa. Foto: Martí Noticias
Tortura, apagones y hambre en las cárceles cubanas
2 / diciembre / 2024
Lisdiani Rodríguez Isaac fue golpeada por las autoridades carcelarias en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara, en octubre de 2024. Rodríguez Isaac se convirtió en presa política luego de protestar el 11 de julio de 2021. Tras la golpiza que recibió, un grupo de reclusas comenzó una protesta con frases contra el poder cubano.
Pero los abusos contra la manifestante del 11J no acaban. El 13 de noviembre de 2024, le comunicó a su madre, en una llamada telefónica, que no tendría pase para visitar a la familia en diciembre y que en el penal solo le daban puré de plátano y yuca dura.
«Ella padece de gastritis y esa comida la tiene con dolor de estómago y mucha acidez. No hay medicamentos para nada allí», contó su madre Bárbara Isaac a elTOQUE.
Lisdiani Rodríguez Isaac no es la única reclusa que fue golpeada en octubre. De acuerdo con un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), la práctica es recurrente dentro de los penales cubanos y es violatoria de las Reglas Mandela.
También fueron agredidos durante ese mes Jorge Yenier Ortiz Aguilera, Doraida Pérez Quintana, Lidiel Ramón Hernández Urbita, Vladimir Castillo Llanes, Maykel Montalvo Curbelo, Duannis Dabel León Taboada, Elieser Gordín Rojas, Yoanky Báez Albornoz, Miguel Ángel Álvarez Sánchez y Emeregildo Duvergel Deliz.
De acuerdo con el CDPC, en ocasiones, los reclusos reciben las golpizas mientras están esposados; también los rocían con gas pimienta y luego los dejan aislados y sin atención médica.
El Centro de Documentación ―programa de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A. C.―, también ha documentado el uso de reclusos comunes como herramientas de represión bajo órdenes de las autoridades.
Violaciones a derechos humanos en las cárceles cubanas
En octubre de 2024, el CDPC documentó 115 denuncias relacionadas con personas privadas de libertad en 41 centros penitenciarios. Del total, 111 hechos fueron violaciones de derechos humanos ―en especial contra presos políticos, uno de los segmentos más vulnerables dentro de las cárceles―.
De las 111 violaciones registradas, 81 estuvieron relacionadas con actos de hostigamiento, mientras que 28 correspondieron a la negación de atención médica o la prestación deficiente de ese servicio. Además, 20 casos estuvieron vinculados con irregularidades en procesos penales o administrativos, 18 a las deplorables condiciones de vida en prisión, 15 a deficiencias graves en la alimentación, 15 al uso de celdas de castigo y otros 15 a golpizas o torturas físicas.
Las provincias con mayor cantidad de incidentes violatorios fueron La Habana, Camagüey y Villa Clara; y entre las cárceles estuvieron el Combinado del Este (La Habana), Kilo 8 (Camagüey) y la prisión de Quivicán (Mayabeque).
El CDPC identificó a 21 personas como ejecutoras de actos represivos, 20 pertenecían al personal de las prisiones y una a la Seguridad del Estado.
En octubre de 2024, varios presos fueron sometidos a aislamiento prolongado, a menudo en condiciones inhumanas y más allá del tiempo permitido. También se extendieron amenazas a familiares de presos políticos, como le sucedió a la madre de Luis Robles Elizástigui por sus denuncias en redes sociales.
«Entre los prisioneros con más acciones represivas en su contra estuvieron Roberto Pérez Fonseca (Prisión de Quivicán), Ángel Cuza Alfonso y Duannis Dabel León Taboada (Combinado del Este); y Lisdiani Rodríguez Isaac (Prisión Guamajal de Mujeres, Villa Clara)», menciona el informe.
Por otro lado, durante los primeros diez meses de 2024, el CDPC ha documentado 41 muertes de personas privadas de libertad, cifra que supera las 24 muertes registradas en 2023.
En octubre de 2024 murieron cuatro presos, tres de ellos producto de la mala atención médica o falta de esta. Alrededor de 32 prisioneros se encuentran enfermos y se les ha negado asistencia sanitaria.
También en noviembre se reporta una muerte. El 30 de noviembre de 2024 murió el preso político y manifestante de julio de 2021 Jesús Guillén Esplugas. Su familia denunció que murió producto a una golpiza.
De acuerdo con su primo Yan Franco los guardias lo golpearon y luego dijeron que se suicidó. La activista Betty Guerra Perdomo informó que fue agredido tras un intento de fuga de la cárcel Combinado del Este, en La Habana.
Guillén Esplugas era promotor de Cuba Decide y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Fue condenado a seis años de cárcel por participar en las protestas del 11J.
Apagones y vida en las cárceles
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) colapsó el 18 de octubre y el 6 de noviembre de 2024. La isla quedó a oscuras en ambas ocasiones, y varios días después aún existían zonas en apagón. La crisis energética también afecta a los reos cubanos, en especial a quienes están en centros carcelarios sin generador eléctrico.
Las condiciones de vida en las prisiones están marcadas por el hacinamiento, la humedad permanente, aguas negras en los destacamentos y alimentación deficiente. A las decadentes condiciones se suma la escasez de agua potable, los prolongados cortes de electricidad impiden el bombeo del líquido.
La activista cubana Anamely Ramos afirmó en un live de elTOQUE que las prisiones siempre son de las últimas instituciones en las que se restablecen servicios esenciales como la electricidad. Incluso, antes del primer apagón general, varias cárceles tenían problemas con la corriente. En prisiones como el Combinado del Este, una de las más grandes y estrictas de la isla, los reclusos han pasado días sin agua corriente para beber o bañarse.
El activista Marcel Valdés denunció en X, el 18 de octubre, que en la prisión de Guanajay los reos llevaban 30 horas sin agua. Igual situación ocurría el 22 de octubre en la cárcel La Bellotex en Matanzas, indicó la organización sin fines de lucro Cubalex.
«Alertamos que la falta de acceso al agua deteriora aún más las precarias condiciones en las cárceles de Cuba, donde los brotes de enfermedades se intensifican debido a la escasez de medicamentos, la atención médica deficiente y el ambiente insalubre. Estos factores, sumados a la mala alimentación y el hacinamiento, agravan la situación de los reclusos», acotó la organización.
El apagón general y las restricciones impuestas por los carceleros a los presos políticos deterioraron más la comunicación entre los reos y sus familias. Varias madres, como Liset Fonseca ―madre del preso político Roberto Pérez Fonseca― y Ana María García ―madre de la presa política Brenda Díaz― dijeron a ADN Cuba que no habían recibido comunicación alguna de sus hijos.
En un comunicado conjunto publicado el 21 de octubre de 2024, 15 organizaciones de derechos humanos y observatorios independientes ―entre ellos el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cubalex y el Observatorio de Género Alas Tensas― alertaron sobre la grave situación humanitaria en Cuba, la cual afecta directamente a grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad como los presos.
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