Cada día, desde el 6 de marzo de 2026, los cubanos han protestado en alguna localidad del país. En los barrios de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y otras provincias, el ruido de los calderos, el fuego de la basura y los gritos contra el régimen de la isla han marcado este mes.
La noche fue el escenario habitual para manifestarse durante las dos últimas semanas, en desafío a las autoridades de una nación azotada por, es muy probable, la peor crisis de su historia: apagones que duran días y escasez generalizada de productos básicos.
El Estado —incapaz de ofrecer soluciones por su artrosis institucional y falta de voluntad política para cambiar el rumbo— solo responde con las conocidas acusaciones a la Administración Trump por las sanciones económicas, mientras al interior reprime las voces críticas en un espacio cívico cerrado al disenso.
La organización Cubalex documentó, hasta el 17 de marzo de 2026, al menos 156 protestas y 47 detenciones ocurridas este mes. El conteo incluye, además de los confirmados en Morón, «un número no determinado de arrestos en Guisa (Granma) relacionados con el incendio del restaurante El Mirador», informó la ONG.
Aunque algunas de las personas han sufrido detenciones arbitrarias de corta duración, otras sí continúan recluidas. De acuerdo con Cubalex, «persiste la falta de información oficial sobre el total de detenciones y la situación legal de quienes permanecen bajo custodia».
La protesta más radical y difundida de las últimas jornadas fue la marcha del 13 de marzo de 2026 por las calles del poblado Morón (provincia Ciego de Ávila), que concluyó con el asalto y quema de muebles de la sede municipal del Partido Comunista. También se saldó con, al menos, 14 detenciones reconocidas por el oficialismo, incluidas las de varios menores, y la denuncia hecha por el opositor José Daniel Ferrer sobre un joven herido de bala cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.
De los detenidos en Morón, Cubalex identificó a 12 personas: Erick Simón Toledano, Juan Manuel Griñán Clemente, Hosuan Naranjo, Brayan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz, Catherine Gutiérrez Sánchez, Yaisdely Castillo Hernández, Iledier Tabuada Machado, Raicer Crespo González, y los menores de 18 años Kevin Samuel Echeverría, Jonathan Muir y Yoasnel Estrada.
En La Habana, Juan Carlos Chillón Paizán está entre quienes fueron a dar a una celda por manifestarse el 10 de marzo en Lawton. Continúa en el cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, conocido como «Villa Marista», según confirmó el 19 de marzo una fuente de su vecindario que habló con elTOQUE bajo condición de anonimato para proteger su identidad por temor a represalias.
Esta persona, quien también participó en la protesta de Lawton, contó sobre lo ocurrido y las circunstancias de la detención de Juan Carlos Chillón: «Cuando empezamos a sonar las cazuelas, todo el mundo se fue uniendo y quemaron el basurero. Llegaron muchas motos de la Policía, empezaron a llamar a las [tropas especiales del Minint] “boinas negras”. Juan Carlos los encaró gritando “libertad”, “abajo Díaz-Canel”… En medio de la protesta pusieron la electricidad y él regresó para su casa, pero varios policías en moto lo siguieron hasta su vivienda y se lo llevaron».
El manifestante también dijo que Juan Carlos Chillón es epiléptico y vive solo con su madre, María Cristina Paizán, quien lo ha visitado en Villa Marista. Ella declaró a Martí Noticias que Juan Carlos estaría acusado por «un delito contra la Seguridad del Estado».
En otra manifestación en Lawton, ocurrida el 11 de marzo, se enfrentaron con «piedras y palos a los policías e incendiaron basuras», dijo la fuente que conversó con elTOQUE. También mencionó la detención de otras personas en la barriada, aunque desconoce sus nombres.
Otros nombres de detenidos se van develando a cuentagotas, en un contexto marcado por la censura oficial y las dificultades de conexión a Internet.
Dayán Melián Castro, un artista visual, fue apresado el 11 de marzo en La Habana durante una protesta y será deportado a Camagüey, de donde es oriundo, aunque reside hace una década en la capital cubana.
El comunicador independiente Yosmany Mayeta reportó el 18 de marzo la detención en Santiago de Cuba de Antonio Hernández, tras los «cacerolazos en Altamira».
Según fuentes locales citadas por Mayeta, «el joven no se encontraba protagonizando actos violentos al momento de su detención, sino que estaba en la zona observando lo que ocurría. Aun así, fue esposado y trasladado por las autoridades».
El 19 de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó sobre «acciones represivas contra ciudadanos en Santiago de Cuba tras un cacerolazo ocurrido en medio de un apagón»: citaciones a una decena de personas para interrogarlas en una estación policial. La ONG denunció estas acciones de las autoridades como «actos de intimidación y represión» para contener la expresión ciudadana del descontento.
En otro comunicado, el Observatorio hizo «un llamado urgente a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia para que (…) realicen actuaciones concretas para proteger a manifestantes, activistas y opositores».
¿Por qué las protestas en Cuba no se detienen?
Las recientes demostraciones de desobediencia civil no son un fenómeno aislado, sino la expresión acumulada de una crisis estructural que combina colapso económico y un modelo político cerrado a la disidencia. El 11 y el 12 de julio de 2021, los cubanos probaron unas horas de libertad y no olvidan el sabor, a pesar de que más de 350 personas continúan presas por aquel estallido social conocido como «11J», según la ONG Justicia 11J.
El régimen pensó que la implacable represión de aquellos días apagaría los deseos de cambio, pero se equivocó. Desde entonces, cada año hay varios brotes de protestas más o menos numerosos, más o menos extendidos por la isla, pero frecuentes e indetenibles, porque la desobediencia civil ya no es un arrojo de pocos en el totalitarismo tropical.
Si en julio de 2021 predominaron las marchas masivas, en la actualidad el repertorio de protesta se ha diversificado, con cacerolazos nocturnos, los cortes de calle espontáneos y actos más disruptivos.
Sobre el actual ciclo de protesta, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha dicho que «es comprensible el malestar» por los cortes eléctricos, pero que estos son «consecuencia del bloqueo energético de EE. UU.», una narrativa contradicha por expertos independientes que señalan la responsabilidad del Gobierno al no asignar al sistema eléctrico, durante años, los recursos que necesita.
Asimismo, el presidente designado por Raúl Castro afirmó que «son legítimas las quejas y reclamos (…) con civismo y respeto al orden público», pero que «para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad».
El régimen no distingue entre supuesto «vandalismo» y expresiones pacíficas de descontento a la hora de reprimir el disenso. En elTOQUE hemos informado sobre casos de manifestantes pacíficos, creadores de contenido para redes sociales y ciudadanos que criticaron al régimen en ámbitos privados y que enfrentan años de prisión o procesos penales por ejercer la libertad de expresión.
La judicialización de la protesta es la norma en Cuba, donde se utilizan delitos ambiguos como «desacato», «atentado» e «instigación a delinquir» que permiten procesar prácticamente cualquier forma de disenso, desde marchar hasta publicar en redes sociales.
En paralelo, el régimen continúa con una política de «puerta giratoria» en las prisiones: cuando es conveniente como gesto al Vaticano y Estados Unidos, excarcela a un número parcial e indeterminado de personas detenidas por manifestarse, mientras nutre las cárceles con nuevos presos políticos.
El 13 de marzo de 2026, fue publicada una comunicación al Estado cubano enviada por cuatro relatoras especiales de las Naciones Unidas —a cargo de velar por los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; derechos culturales; promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y la situación de los defensores de derechos humanos—, en la que expresaron su preocupación por «un patrón sistemático de criminalización de la disidencia [en Cuba] y el uso de la coerción, incluida la detención arbitraria y el exilio forzado, contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas en Cuba».
En este contexto, la protesta social en Cuba adquiere un carácter doble: es, al mismo tiempo, una reacción inmediata a la precariedad material y una expresión política frente a la ausencia de canales institucionales de participación. La represión, lejos de resolver el conflicto, tiende a profundizarlo y alimenta un ciclo de descontento y control que debilita aún más la legitimidad del sistema.
Sin un cambio de Gobierno, la estrategia de contención represiva difícilmente podrá sostenerse sin más costos sociales y una escalada del enfrentamiento con las autoridades. En muchos barrios del país se lo han recordado al poder, casi todos los días, con gritos de «libertad» y «abajo el PCC».
