Las tensiones generadas en las últimas semanas en Cuba han recolocado en la agenda ciudadana el pensamiento y la preocupación sobre qué hacer para dialogar con un poder gubernamental que, de tan omnímodo, parece no estar dispuesto a aceptar diálogos de iguales, procesar demandas o respetar acuerdos.

A los incidentes en San Isidro y la protesta frente al Ministerio de Cultura llegamos luego de una serie de sucesos que comenzaron el 9 de noviembre de 2020 con la detención del rapero Denis Solís. Posteriores detenciones arbitrarias de activistas escalaron una confrontación que continuó subiendo con el impedimento de la llegada de comida a la sede del Movimiento San Isidro (MSI), la posterior declaración de huelga de hambre, el desalojo forzoso de la sede y la presión para un diálogo inmediato de cientos de personas reunidas en la sede del Mincult.

De cara a la mayoría de la sociedad, esa que prácticamente solo tiene acceso a los medios estatales y su propaganda, menos de veinticuatro horas después del término de las conversaciones solo uno de los interlocutores, el viceministro de Cultura Fernando Rojas, compareció ante la televisión nacional y ofreció una versión parcializada del suceso en un programa cargado de manipulaciones y acusaciones a los manifestantes de ser parte de un “golpe blando” o “estar al servicio del imperio”.

Los integrantes del grupo que dialogó en el Ministerio de Cultura ofrecieron una conferencia de prensa, en la mañana del 29 de noviembre, en la cual afirmaron su desacuerdo no solo con lo expresado por el viceministro en la televisión, sino con la ruptura de lo pactado entre ellos. Ruptura que comenzó con la andanada de ataques proferidos desde la propia página del Ministerio en Facebook —el día posterior a los acontecimientos— y artículos en otros medios propagandísticos llamándolos “confundidos”.

Expresaron allí que sus próximas acciones o posicionamientos serán consensuados, aunque de momento persisten en la intención de dialogar con las instituciones. Apostar por el diálogo, en las actuales condiciones, parece una empresa muy difícil y empieza por la liberación de Denis Solís, advierten nueve académicos e investigadores cubanos que respondieron un cuestionario enviado por elTOQUE.

¿Cuáles podrían ser las soluciones al dilema que se ha vivido en torno a San Isidro?

Ante la interrogante, el doctor Armando Chaguaceda, Politólogo por la Universidad de la Habana y Doctor en Historia por la Universidad Veracruzana, México, cree que el procedimiento debe estar basado “en el mensaje de los católicos, y en el de las demandas consensuadas de los artistas, en los cuales se coloca al factor humanitario en el centro, sin dejar de lado la necesidad de una sociedad y convivencia pacíficas. Como ya he dicho: la excarcelación de Denis mediada por la Iglesia sería una victoria para todos. Uno de esos extraños casos en los cuales confluyen humanismo y realpolitik”.

El investigador Alexei Padilla Herrera, máster en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais y actual doctorante, considera que “el dilema de San Isidro es el dilema de un régimen político que espera que una sociedad en evolución se adapte a él y no al revés, como debe ser. La forma en que se ha manejado el caso del rapero Denis Solís ha evidenciado que, cuando de lograr sus objetivos se trata, el establishment cubano está dispuesto a incumplir sus propias leyes, las que de por sí dan amplio margen a los derechos del Estado, en detrimento de los derechos de la ciudadanía”.

Desde el punto de vista del académico Alejandro de la Fuente, investigador de la Universidad de Harvard, en primer lugar, “no tendría que existir dilema alguno, dado que los participantes en este acto cívico no están demandando nada contrario a la legalidad o al orden constitucional cubano: piden esencialmente una interlocución con las autoridades, un derecho básico de cualquier ciudadano o ciudadana”. A lo que agrega:

“Piden ser escuchados, atendidos, incluidos, ser parte de un proyecto de nación que ha dejado y sigue dejando demasiadas personas fuera. Ya está bien de exclusión, ya está bien de represión. La jerga oficial puede utilizar todos los epítetos posibles para desacreditar este y otros esfuerzos similares, pero el hecho fundamental sigue siendo el mismo: todos y todas las ciudadanas del país tienen derecho a cuestionar, a demandar explicaciones, a defender sus propuestas de país.

“¿Por qué hay que calificar como enemigos a aquellos que tienen puntos de vista diferentes? ¿Es posible concebir un futuro sin guerras, un país con disensos? ¿Soluciones? Para empezar: diálogo y respeto estricto a la legalidad. Y hablando de legalidad, ¿por qué está preso Denis Solís? ¿Desacato? ¿En su propia casa? Yo no sé si el Sr. Solís es un rapero bueno o malo, como argumentan algunos. Pero eso es irrelevante. Nada de lo que he leído, incluidos los medios oficiales cubanos, justifica que este joven sea condenado a ocho meses de privación de libertad. Liberen a ese joven de una vez”.

David Corcho Hernández, periodista y politólogo, apunta en este sentido:

“En cuanto al Gobierno cubano, quién sabe lo que pase por esas cabezas. Por el momento no dan indicios de buscar una solución al conflicto; es decir, liberar a Denis Solís y ver cómo el músico puede ser procesado con garantías legales, justo las que no tuvo al ser encarcelado y sometido a un juicio sumario”.

Para el académico Arturo Matute-Castro, profesor del Departamento de Lenguas Extranjeras en Kennesaw State University, “la solución inmediata es simple y tendría beneficios incalculables: el Estado cubano debe dialogar con los miembros del MSI”. Agrega, además, que “este diálogo reconocería, de manera efectiva, la agencia cívica de la sociedad civil y la legitimidad de cualquier cubano en cuanto sujeto de la nación. Sería una gran oportunidad para mostrar, por parte de las instancias del poder, una voluntad de servicio y un sentido de responsabilidad colectiva reales.

“Un buen Gobierno es aquel que está para promover al ciudadano, no a la inversa. Doy por sentado que parte esencial de un diálogo pasa por liberar a Denis Solís y garantizar que, cualquier cuestionamiento futuro de las acciones por las que supuestamente se le ha juzgado ahora, se haga respetando sus derechos inalienables (que incluyen a aquellos de su familia y de su comunidad) y cumpliendo parámetros legales homologables en cualquier Estado de derecho y sociedad que se defina a sí misma como democrática”.

El sociólogo e investigador cubano Lennier López también cree que en la liberación de Denis Solís se haya la solución más rápida y razonable para el dilema inmediato; sin embargo, entiende que esa acción “sería para el Partido Comunista (PCC) ceder ante la presión de un grupo de la sociedad civil, algo tal vez impensable para un partido que no sabe perder. En tal sentido, seguramente el poder buscaría alguna forma legal para justificar la liberación del rapero y así maquillar un poco la derrota política. Incluso, podrían aludir a su clemencia para, como es costumbre, intentar convertir una derrota en victoria.

“Ahora bien, excarcelar a Denis no necesariamente pondría fin al reto que representa San Isidro para el Partido. La raíz del problema es mucho más profunda que un arbitrario proceso legal contra el rapero. El problema es estructural: una estructura injusta en sí misma que no deja posibilidad institucional para la resolución de las violaciones. Resolver tal injusticia requiere, desde luego, cambiar el marco, la estructura, el contrato social. Y eso solo se conseguiría si el Partido y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) perdieran el poder político y económico, o si el primero accediese a dialogar con quienes no caben hoy dentro del diseño actual. Desde luego, que eso suceda a corto plazo es poco probable; pero en política abundan las sorpresas”.

La académica y socióloga Elaine Acosta González, miembro del Cuban Research Scholar en la Universidad Internacional de Florida (FIU), considera que las soluciones no son un ente único o estático, sino que “están en distintos niveles, temporalidades y actores”.

“En el plano jurídico, con urgencia, se requiere cumplir el reclamo de excarcelación de Denis Solís, al ponerlo en libertad inmediata, atender a las irregularidades, arbitrariedades y violaciones contenidas en la detención y posterior proceso de instrucción y juicio que le sancionó a ocho meses de prisión —habida cuenta que estaba ejerciendo un derecho constitucional amparado en el artículo 49 de la nueva Constitución sobre la inviolabilidad del domicilio—.

“Si se considera el comportamiento mantenido por el Gobierno cubano hasta el momento, es imprescindible que para que estas soluciones tengan lugar se nombre un mediador. Sugiero a la Iglesia Católica como institución mediadora. Dos de las integrantes del grupo son católicas y han pedido públicamente la mediación de la Iglesia. Además de ello, por su rol e historial en el caso cubano, podría facilitar la comunicación entre las partes y coordinar una agenda de resolución del conflicto.

“Con la misma urgencia, en el plano político, debe cesar la persecución y acoso por parte de los órganos de la Seguridad del Estado hacia el grupo de San Isidro, sus familiares y vecinos, a la prensa independiente y a quienes les brindan apoyo de alguna u otra forma. Se debe restaurar el derecho a su libre circulación.

“En un segundo nivel, y con carácter menos urgente, pero en el corto plazo, debería iniciarse un proceso de diálogo nacional, que favorezca una conversación civilizada, que involucre a la diversidad de actores de la sociedad política y civil cubana, sobre la actual crisis estructural que vive el país, agudizada por la coyuntura ocasionada por la pandemia y el aumento de la censura y la represión por parte del Estado cubano.

“Es necesario internalizar que los grandes conflictos solo pueden solucionarse sentando en una misma mesa a las partes que representan las posiciones más antagónicas; dicha mesa deberá proponer una agenda para el mediano y largo plazo. Mientras que, en paralelo, en el plano jurídico, debe producirse una revisión de la normativa nacional y un ajuste de esta a los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos”.

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Diálogo nacional, aunque no quieran

Materializar y garantizar un escenario de diálogo inclusivo y con derecho de participación de todos los polos de actores que forman parte de la nación cubana hoy debería ser, con premura, el procedimiento que podría solucionar problemas como las violaciones a los derechos humanos, insisten los consultados.

Pero ¿cómo se pudiera articular una mesa de diálogo en Cuba en la cual participen las organizaciones políticas oficiales y representantes de la sociedad civil —incluidos los grupos y movimientos opositores— , en busca de un acuerdo nacional que permita un clima de respeto de los derechos humanos, la diversidad social, el Estado de derecho, la supremacía constitucional y la democracia?

Armando Chaguaceda piensa al respecto que “todo depende de la voluntad y actitud primordial de la parte dominante: el Gobierno, quien tiene como premisa la lógica de la fuerza desde o pese a su Ley. Los demás actores y demandas sociales, salvo casos irreductibles puntuales, quieren ser reconocidos”.

Padilla Herrera cree que es necesario “volver a Martí para poner por encima de todo, sin subterfugios, la dignidad de la persona humana. En una democracia política real no hay lugar para discriminación ideológica. El primer paso sería que el Estado-Partido-Gobierno entendiera el significado de la palabra ciudadanía. Pero no creo que lo haga voluntariamente. En la concepción autoritaria-paternalista del otro, la ciudadanía solo debe movilizarse previa convocatoria. La historia humana demuestra que ningún cambio se da sin rupturas de paradigmas. El poder cubano se aferra a paradigmas, simplemente, obsoletos. No se trata aquí, como expresan algunos voceros oficiosos, de restaurar el capitalismo. Por lo menos no para mí. Se trata de pasar de un autoritarismo con unos mínimos de sistema de bienestar a una democracia política que mantenga el sistema de bienestar”.

“Para echar a andar y abrir un horizonte de esperanza —sostiene Matute-Castro—, bastaría con la propuesta clara e irrevocable por parte del Gobierno de cocrear esa mesa de diálogo, junto a colectivos de la sociedad civil y del espectro político cubano cuyas demandas no han sido atendidas hasta el presente y cuya legitimidad es siempre cuestionada, cuando no directamente reprimida y criminalizada. Defino por Gobierno a las instituciones e individuos relacionados directamente con el poder ejecutivo y la presidencia.

“Dialogar y buscar consenso en función de un bien común que responda a reclamos diversos y plurales no es materia delictiva y, todo lo contrario, debería revitalizar el sentido de pertenencia de los ciudadanos a un país que, de un modo u otro, los interpela cada día y en el que todos tendrían que ser llamados a participar en igualdad de condiciones.

“Participar, sin coerciones, en definir cómo se amasa cada día un país se llama democracia. Modelos como el socialdemócrata llevan bastantes décadas en la geografía global, ofreciendo servicios públicos gratuitos, a la par que respetando libertades e identidades. En términos de imaginación política no necesitamos ser muy sofisticados: el diálogo, los consensos, la búsqueda real de soluciones conjuntas a crisis sociales han sido transitados con éxito visible en otras sociedades occidentales. Basta aprender de ellas. Estoy convencido de que la experiencia uruguaya, argentina o española —por citar solo casos emocionalmente cercanos para la enorme diáspora cubana— tienen mucho que enseñarnos sobre el camino a seguir e incluso sobre los errores que se pudieran evitar, siempre en función de garantizar más derechos civiles, más ciudadanía”.

Lennier López también cree en el diálogo como “un primer paso esencial para que el país transite hacia un régimen político más abierto, más inclusivo, más próspero. Un diálogo nacional que incluya a diversos sectores sociales puede darse en varios escenarios. El escenario ideal sería uno en el que la sociedad civil tuviese la fuerza suficiente para no tener que aceptar términos muy desiguales por parte del poder. Es claro que el Partido Comunista buscaría una salida —en un escenario hipotético en el cual su dominio corriese peligro— de la cual arrancase con clara ventaja. En tal caso, una sociedad civil débil, desarticulada y —con sobradas razones— temerosa generalmente se vería empujada a aceptar términos que en condiciones de igualdad jamás aceptaría.

“Si el PCC ofreciera otro tipo de diálogo para simplemente atender ciertas demandas y así calmar las aguas, y de paso atornillarse en el poder, la sociedad civil debe entender que probablemente ese sea el momento de seguir empujando y de hacerlo con más fuerza”.

Por su parte, Elaine Acosta González considera, igualmente, las mesas de diálogo como “instancias fecundas para el diseño y generación de acuerdos nacionales en situaciones de crisis”. Agrega que estas “suelen ser recibidas por la opinión pública como un paso significativo hacia la solución de los problemas pendientes que las convocan; en general: relacionados con temas de derechos humanos, graves quiebres de la convivencia nacional y procesos de reconciliación nacional.

“Este tipo de instancias se orientan a lograr grandes acuerdos, sin olvidar que una parte central de la actividad es precisamente el diálogo: la posibilidad de expresar y de escuchar. Este solo hecho sería un gran paso de avance para la sociedad cubana, imposibilitada de establecer espacios de diálogo democráticos en el curso de varias décadas”.

Acosta enumera cuáles deberían ser las condiciones mínimas que se requerirían en el contexto cubano actual para articular una mesa de diálogo:

1. Convencer al Gobierno cubano de la importancia de producir este proceso como la mejor vía para resolver los conflictos crecientes que son resultantes de demandas cada vez más diversas y complejas que no están siendo debidamente atendidas por la institucionalidad existente.
2. Generar sensibilización (adentro y afuera del país) sobre la importancia de producir este tipo de diálogos para lograr un acuerdo nacional que permita un clima de respeto de los derechos humanos, la diversidad social, el Estado de derecho, la supremacía constitucional y la democracia.
3. Contar con el apoyo de mediadores institucionales y observadores/garantes internacionales que colaboren en la convocatoria y constitución de la mesa de diálogo (solicitar ayuda de expertos/as en estos procesos).
4. Articular una convocatoria creíble y mínimamente factible para el establecimiento de una mesa de diálogo como mecanismo para producir una conversación sobre el presente y futuro de Cuba.
5. Contar con un/unos convocantes que gocen de cierto prestigio y respaldo entre las partes involucradas. Una iniciativa de diálogo normalmente surge entre unas cuantas personas —generalmente líderes sociales— que asumen el rol de promotores y se encargan de fomentar y promover el diálogo en su inicio.
6. Seleccionar a los participantes de la mesa, para procurar tener la mayor representación de actores posibles (distintas instituciones o “sectores”: el Gobierno, abogados de derechos humanos, representantes de instituciones religiosas o éticas, académicos).
7. Definir unos objetivos mínimos para iniciar la conversación; el resto, así como la metodología de trabajo y temporalidad deberá definirse por los convocados.
8. Definir los procesos de comunicación de las conversaciones producidas en la mesa a la sociedad, para procurar la mayor transparencia de la información.

David Corcho cree que “en estos momentos no hay circunstancias propicias para el diálogo. Las leyes, y especialmente la constitución real de ese sistema, el cómo funciona día tras día impiden el reconocimiento del otro como sujeto político; es decir, como grupos e individuos que tienen derecho a hacer política. Esta es la razón principal por la cual los grupos disidentes no son en verdad una oposición política y por la que es difícil la negociación: el diálogo comienza con el derecho del otro a existir. Es esa, justamente, una de las grandes proezas políticas de un sistema de estilo soviético: la anulación de la otredad. Las cosas han cambiado; el otro, a fuerza de protestar, comienza a dibujarse en el horizonte de los jefes cubanos. Pero las cosas no han cambiado lo suficiente: el otro es apenas una imagen borrosa. Hace falta que se convierta en cuerpo vivo para que pueda hacer política de verdad.

“Creo que pedir una mesa de diálogo en Cuba en estos momentos es una utopía. Hago un distingo: solo en situación muy extrema, de total desesperación, la cúpula dirigente estaría dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones con alguien —que estaría por definirse—. Por ejemplo, si se desata una lucha intestina por el poder entre ellos o una revuelta popular. Aunque la situación es poco halagüeña y el sistema cada día parece más torpe y esclerótico, no creo que estén contra las cuerdas”.

El profesor Jorge I. Domínguez piensa que para comenzar un posible diálogo se debe respetar al otro como premisa inicial, “respetar a la persona o a la entidad con que se dialoga, a pesar de un profundo desacuerdo entre las partes” —especifica. Argumenta, por otro lado, que lo anterior “exige evitar descalificaciones anticipadas, omitir insultos a las opiniones, al estilo de vida, a la vestimenta, a posibles motivaciones o alianzas de cualquiera de las partes que buscan resolver un diferendo mediante el diálogo.

“Todo diálogo requiere un consenso procesual. Ninguno de los involucrados recurre al uso de la violencia ni de la represión.

“Todo diálogo concluye con éxito si ambas partes logran algún propósito importante. En muchos casos, un resultado frecuente es que una de ellas acepta medidas que restauran un orden público —que es un objetivo frecuente de las autoridades—; mientras que la otra autoriza un mayor espacio de libertad de expresión, de asociación, y de actuación —que es un objetivo frecuente de quienes protestan las medidas oficiales—”.

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