Los mítines de repudio promovidos por el Gobierno cubano contra proyectos y personas críticas se han replicado fuera de la isla. El 24 de abril de 2023 un grupo de simpatizantes del régimen interpelaron al académico Sergio Ángel Baquero, investigador del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda y coordinador del Observatorio de Libertad Académica (OLA) en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2023). 

El grupo de cubanos y colombianos emplearon como argumento que los proyectos independientes cubanos eran financiados desde el extranjero para desestabilizar Cuba.

En el espacio dedicado a Programa Cuba se presentaban varios títulos investigativos; entre ellos, «¿Cómo se come en Cuba: diálogos sobre inseguridad alimentaria?», de Food Monitor Program (FMP), publicado por la editorial independiente Hypermedia. 

No es la primera vez que Programa Cuba recibe amenazas y actos de este tipo. En FILBo 2022, dos personas acosaron a quienes se acercaban al stand del proyecto. Sergio Ángel hizo pública una carta de una Asociación de Cubanos Residentes en Colombia que criticaban la presencia de voces disidentes de la política cubana en la feria.

Un acto de repudio puede ser un acto contrarrevolucionario

Los actos de repudio contra personas naturales son contrarios al espíritu y la letra de la Constitución de 2019, como lo eran también de la Constitución de 1976.

Financistas en la mira

Durante años el Gobierno cubano ha señalado como «enemigos» a ciertos financistas de proyectos de investigación y periodismo independiente. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Open Society Foundations y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) son algunas de las entidades.

Las acusaciones y asesinatos de reputación que usan como tesis los financiamientos foráneos no son sostenibles porque el Gobierno cubano ha sido receptor de montos y partidas financieras emitidas por las mismas organizaciones. 

USAID

El 5 de agosto de 2022 comenzó en la Base de Supertanqueros de Matanzas un incendio que cobraría la vida de 17 personas. Luego se supo que la USAID proporcionó equipos de protección personal y asistencia técnica para los bomberos cubanos en respuesta a una solicitud del Gobierno de la isla.

Otro acercamiento entre el país y esa entidad estadounidense ocurrió en septiembre de 2022 tras el paso del huracán Ian. Cuba aceptó dos millones de dólares que Estados Unidos ofreció a través de la USAID en concepto de ayuda humanitaria crítica.

En ese contexto, la agencia también realizó donaciones, mediante la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, para responder al daño habitacional en provincias afectadas por desastres naturales como Pinar del Río.

Pero no siempre la recepción de financiamiento por parte del Gobierno cubano se supedita a situaciones de emergencia nacional. 

a USAID sufraga programas de organismos oficiales en la isla, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También es la máxima donante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Los informes anuales de los Programas País-Cuba muestran las altas cifras con las que EE. UU. colabora en concepto de «provisiones, suministros y asistencia al desarrollo». 

En 2022 el Gobierno cubano recibió 10.7 millones de dólares del PMA, de los 30 millones prometidos hasta 2024; del PNUD percibe un presupuesto de más de 45 millones de dólares para 57 proyectos que se ejecutan actualmente; y de la FAO acepta 57 millones de dólares para un paquete de asistencia entre 2020-2024.

Programa Mundial de Alimentos en Cuba: ¿Qué revela su último informe?

El último reporte anual sobre Cuba del Programa Mundial de Alimentos matiza los problemas y ubica al país en el puesto 83 del Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022, por encima de la mayoría de las naciones de América Latina.

Durante la epidemia de ébola en África Occidental, entre 2014 y 2015, cientos de médicos cubanos conformaron brigadas para operar en 17 Unidades de Tratamiento de Ébola (UTA) en Liberia. El hospital de campaña donde operaban fue financiado por la USAID y levantado por personal militar estadounidense. Las brigadas médicas cubanas son conocidas como la instrumentalización de las exportaciones de servicios de salud profesionales cubanos, principal fuente de divisa en el país.

OSF

Otra de las organizaciones criminalizadas es la OSF, que paradójicamente ha sido medular para algunos proyectos socioculturales en Cuba. 

La OSF es subsidiaria de la coalición estadounidense Engage Cuba, una coalición estadounidense que promueve el acercamiento a la isla y el fin del embargo.

El medio de prensa cubano Periodismo de Barrio, criminalizado por el Gobierno cubano por recibir fondos de la OSF, reseñó que Engage Cuba «recibió dos subsidios del programa América Latina y el Caribe en 2017». El primero duró seis meses y el segundo, dedicado a apoyar las políticas entre Estados Unidos y la isla, dos años.

La organización también ha apoyado de forma directa o indirecta a instituciones oficiales como la Fundación Ludwig de Cuba y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro. Además, sufragó la visita de la Orquesta del Conservatorio Bard en junio de 2016, con conciertos dirigidos por Leon Botstein en Cienfuegos, Santa Clara y La Habana.

Además, la OSF financió el Programa Cuba del Institute of Latin American Studies (ILAS); a su vez, el programa propició intercambios académicos entre la Universidad de Columbia y la Universidad de La Habana. ILAS ha sido colaborador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), un think tank del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Por otro lado, representaciones diplomáticas como la Embajada de Noruega en La Habana han promovido y financiado eventos culturales oficiales. Cuando han auspiciado iniciativas independientes o incómodas para el Gobierno han sido amonestados, tal es el caso de la presentación del filme Corazón azul de Miguel Coyula.

A la par que los proyectos se han desarrollado en beneficio, legitimación y empoderamiento de la política actual en la isla, su Gobierno impulsa campañas de difamación hacia proyectos independientes beneficiarios de los mismos donantes (medios de prensa, proyectos de investigación y agrupaciones activistas).

¿Son «criminales» estas subvenciones?

En general, países de corte no democrático registran una tendencia a beneficiarse de financiamientos de cooperación internacional, mientras lo restringen para iniciativas independientes.

 A la vez que se benefician de los ingresos, promueven leyes que penalizan la recepción de fondos extranjeros para organizaciones o personas naturales, como son la Ley de Agentes Extranjeros (2012) en Rusia, la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines (2021) de Venezuela, la Normativa para la Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes Extranjeros (2021) en Nicaragua, y en Cuba, el nuevo Código Penal (2022) y la nueva Ley de Comunicación Social (2023).

El financiamiento a países autoritarios aumenta las relaciones extraoficiales establecidas por sobornos y favores, el uso discrecional de privilegios oficiales y la corrupción; hacen retroceder los gastos en servicios sociales, ahora con mayor peso en donativos y no en responsabilidad estatal. A largo plazo, aumentan la sobrevivencia de los propios regímenes políticos que tanto denuncian las subvenciones. En ocasiones, el financiamiento es empleado en campañas políticas o para la compra de material represivo. 

El discurso antifinanciamiento no solo es una forma de criminalización a iniciativas, proyectos y organizaciones de investigación, periodismo o activismo incómodos, sino una presión añadida de Gobiernos como el cubano para recanalizar fondos a su favor y asegurar la permanencia del autoritarismo; también para exportarlo en la región reinvirtiendo estos rubros.

Alejandro Garlobo: posible primer imputado por «mercenarismo»

Desde el 2 de marzo de 2023, el activista Alejandro Garlobo se encuentra recluido en Villa Marista y acusado por el delito de otros actos contra la seguridad del Estado.

La acusación de que la cooperación transnacional y el financiamiento de las sociedades civiles viola la soberanía nacional y el principio de no intervención presume que los actores de la sociedad civil transnacional funcionan como un brazo extendido de Estados extranjeros. Pero la afirmación es insostenible bajo el derecho internacional, porque no hay uso de la fuerza contra otro Estado. 

En 2006, la Asamblea General de la ONU declaró claramente en la Resolución 60/251 «que las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante a nivel nacional, regional e internacional, en la promoción y protección de los derechos humanos». 

La libertad académica y de prensa, así como la libertad de organización, libertad de reunión y libertad de expresión son reconocidas internacionalmente, y necesitan de actores independientes que supervisen su implementación. 

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