El Programa Mundial de Alimentos (PMA), perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió en abril de 2023 su último Reporte Anual sobre Cuba, correspondiente a 2022. El informe reconoce la existencia de problemas estructurales en la administración económica que comprometen la seguridad alimentaria en el país, a la vez que justifica las deficiencias.
Alega que hay factores que influyen, el impacto de la pandemia y la disminución del turismo, los fenómenos meteorológicos y el embargo de Estados Unidos.
El documento nace de las evaluaciones del Programa Estratégico de País (PEP), surgido tras la firma en 2015 de un primer Plan de Acción entre el PMA y Cuba.
En ese entonces, la representante de la organización en el país, Laura Meno, expresó: «Estamos muy comprometidos en apoyar el Gobierno de Cuba en su proceso de actualización del modelo económico. Con este Programa el PMA puede dar un gran aporte para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional del país, que son prioridades de ese proceso».
El actual (PEP) para Cuba (2021-2024) tiene entre sus objetivos fortalecer la seguridad alimentaria de la nación caribeña, al beneficiar a más de cinco millones de cubanos. Para ello, cuenta con un monto superior a los 30 millones de dólares y se asocia con agencias como Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef); al interior del país tiene como contraparte el Ministerio de Comercio Exterior (Mincex) y a socios como la Asociación Nacional de Agricultores y Productores (ANAP), el Ministerio de Salud Pública (Minsap), el Ministerio de Educación Superior (MES) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Relatividad y lenguaje
Por lo general, los reportes anuales presentan un lenguaje enfocado en la justificación y la legitimación de las políticas alimentarias en Cuba, aun cuando estas no han sido efectivas, sino que han agravado la capacidad adquisitiva de la población.
Al atribuir culpabilidad a otros factores ajenos a la gestión del Estado cubano, el PMA despeja responsabilidades gubernamentales y evita un análisis directo sobre el desinterés del Gobierno por buscar soluciones operativas ante la imperante crisis alimentaria.
El último reporte matiza los problemas en Cuba y ubica al país en el puesto 83 del Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022, por encima de la mayoría de las naciones de América Latina.
El informe celebra que la seguridad alimentaria y la nutrición sean una «prioridad» para el Gobierno y cita la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2022, cuyo contenido no toma en cuenta la compleja realidad socioeconómica del país.
En cuanto a nutrición, el documento analiza de forma desbalanceada los datos sobre el suministro de alimentos racionados. Expresa que la escasez de micronutrientes consumidos se debe, en parte, a «malos hábitos alimenticios» o a «ignorancia» de la población y no al bajo índice de proteínas y grasas de los pocos alimentos ofertados por el Gobierno.
Sin embargo, según un análisis de Food Monitor Program (FMP), medidas económicas como la Tarea Ordenamiento impactaron negativamente en la capacidad de acceso a alimentos, la dolarización de la economía creó un apartheid socioeconómico, la libreta de abastecimiento redujo los subsidios; y disminuyó el valor real de la pensión que reciben grupos vulnerables, y el acceso a los productos de la canasta básica se hundió.
Asistencia como invisibilización de problemas mayores
Los resultados de investigaciones sobre el terreno de FMP difieren de ciertos aspectos analizados en el informe. Entre las áreas de incidencia descritas por el PMA figuran las asistencias antes y después de desastres naturales, aquellas para la igualdad de género en la producción agrícola, la alimentaria a grupos poblacionales vulnerables, así como proyectos locales de alimentación escolar.
Aunque se constató la aplicación de programas en el terreno, estos resultaron de mínimo impacto. Fueron muy localizados y casi experimentales, mientras que su descripción tendió a invisibilizar la magnitud de las carencias a nivel nacional.
El reporte afirma haber fortalecido el programa de alimentación escolar entregando 3 412 toneladas de productos alimenticios a centros educativos, número que duplica la cantidad proporcionada en 2021. Un estudio reciente de FMP sobre la alimentación en centros escolares de cuatro provincias del occidente cubano, incluida la capital, constató que en el último año y medio los comedores escolares de la enseñanza primaria no garantizaron la proteína de manera sistemática. También escasean los lácteos, las frutas y las verduras frescas.
El mismo informe del PMA reconoce que la participación de las cooperativas agrícolas en los programas públicos fue limitada. No pudieron entregar vales de productos básicos a agricultores vinculados a la alimentación escolar por sus cosechas. Mientras que las negociaciones con las autoridades gubernamentales para definir el modelo de transferencia comercial estaban pendientes.
Sobre la asistencia alimentaria a grupos vulnerables, el programa afirma concentrarse en un mejor estado nutricional y dietas diversificadas para complementar los programas sociales en instituciones del Sistema de Atención a la Familia (SAF) de Cuba. Tras la Tarea Ordenamiento, los comedores comunitarios dejaron de ser subsidiados, y el aumento de los precios provocó una caída del 40 % de asistentes, en su mayoría ancianos, que conseguían allí sus comidas diarias.
El PEP debió proporcionar, a solicitud del Gobierno cubano, la leche en polvo para ser distribuida dentro del programa de protección social a niños de 6 a 23 meses, para disminuir los niveles de anemia por deficiencia de hierro. Aunque el PMA asegura que las distribuciones de leche fueron consistentes con las pautas dietéticas de la población cubana establecidas en los últimos dos años, cabe esperar que la magnitud del problema sea mayor puesto que los datos oficiales suelen ser manipulados por las autoridades.
Prioridad a la asistencia humanitaria antes que asistencia al desarrollo
La reiterada petición del Estado de alimentos básicos para la nutrición de personas vulnerables pone en duda la voluntad real de promover la seguridad y la llamada soberanía alimentaria en el país y alerta sobre la tendencia a pedir donativos antes que verdadera asistencia técnica.
Se identifica en el informe un elevado interés por ayudas emergentes en lugar de solicitar intervenciones de fortalecimiento de la capacidad comunitaria. Aunque el balance es acorde a la naturaleza de trabajo del PMA, la pasividad del Gobierno es notoria; solo en productos básicos como arroz, aceite y soja, el PMA entregó el pasado año10.7 millones de dólares.
El propio programa admite no haber logrado un mayor impacto debido a «limitadas capacidades logísticas nacionales». Los gastos aumentaron por el déficit de combustible, los dilatados plazos de entrega de alimentos y en los retrasos en el diseño y aprobación de proyectos por parte de los socios cubanos.
A diferencia del presupuesto ejecutado para asistencia alimentaria para 2022, el PMA no pudo ejecutar el 19 % de los recursos para ese periodo en cuanto a asistencia técnica, debido a la demora en la obtención de los permisos de importación y a las afectaciones a la movilidad por escasez de carburantes.
El Gobierno cubano ha empleado a las agencias internacionales para legitimar su discurso sin intenciones reales de acompañamiento y asistencia. Así lo aclaró el Dr. Theodor Friedrich representante de la FAO en Cuba (2012- 2018) en entrevista con FMP, al decir que el país estaba interesado en las divisas que traían estos proyectos financiados completamente por organizaciones internacionales y que el PMA en Cuba era un ejemplo de ello, «que en realidad no debería haber estado allí, porque oficialmente no había hambre. Pero el PMA está entre las organizaciones que más dinero traen en base a ayuda humanitaria».
A pesar de la efectividad de los proyectos del PMA, a través del PEP, y del propio reconocimiento por parte del programa de obstaculizaciones y limitantes en sus aplicaciones, FMP alerta sobre la complicidad de estos organismos y programas internacionales —como la FAO y el PMA— al reproducir la narrativa oficial y emplear para ello un tono triunfalista. Sostienen el discurso del Gobierno en cuanto a «resistencia» ante el embargo y la supuesta prioridad del derecho a alimentación, el acceso gratuito a servicios básicos y el impulso de programas de protección social.
Mientras los organismos internacionales presentes en Cuba continúen validando el Gobierno sin cuestionar el impacto real de sus acciones, el derecho a la alimentación será vulnerado y los mecanismos para asegurar la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y el consumo de los alimentos en el país, obstaculizados en provecho de un discurso ideológico con voluntad de preservar el poder en la isla.
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