La caída del dictador Nicolás Maduro y de su principal cómplice, Cilia Flores, en una operación militar quirúrgica llevada adelante por la Administración de Donald Trump marcó el inicio de 2026. Por primera vez, el mundo posó su mirada de forma directa sobre lo que realmente ocurre en Venezuela. Sin embargo, frente a esta nueva realidad, una parte del espectro ideológico ha optado por empobrecer el debate, reduciéndolo casi exclusivamente a dos ejes: el Derecho internacional y el petróleo.

Es innegable que el petróleo atraviesa la vida de los venezolanos: el país ha hecho su historia —y ha pagado su tragedia— sobre las mayores reservas probadas de crudo del planeta. Durante décadas, además, se ha minimizado deliberadamente el potencial de Venezuela, reduciéndose a un estereotipo funcional: un país de reinas de belleza y petróleo.

De igual modo, el Derecho internacional es invocado no como una herramienta real de protección, sino como un recurso retórico conveniente. En un orden global cada vez más multipolar, su aplicación ya no responde a principios universales, sino a intereses concretos, camuflados detrás de clichés gastados sobre soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Reducir la conversación sobre Venezuela a petróleo y Derecho internacional no solo es un error analítico: es una postura ignorante, cómplice y deshumanizante. Asumir que Venezuela es apenas «petróleo» y apelar a ciertos principios del Derecho internacional deja en evidencia cómo muchos de quienes hablan de derechos humanos, justicia social y progresismo latinoamericanista terminan funcionando como tontos útiles —cuando no como cómplices directos— de la dictadura que los venezolanos sufrimos desde hace más de 26 años.

Ojalá que a quienes hoy pretenden explicarnos a los venezolanos nuestro dolor les hubiera importado nuestro petróleo y nuestra soberanía cuando Cuba, Irán, Rusia y China se hicieron con el control casi absoluto del aparato productivo petrolero del país. Ojalá hubieran exigido respeto por la soberanía nacional cuando el régimen seguía enviando petróleo a La Habana, mientras los venezolanos pasaban días enteros sin electricidad y hacían filas interminables para cargar gasolina. Ojalá les importara, además, el ecocidio que hoy se perpetra en el Arco Minero del estado Bolívar, donde el uso indiscriminado de mercurio ha devastado gran parte del Amazonas venezolano, infligiendo un daño irreparable a uno de los pulmones del mundo.

Desde Venezuela: crónica de la consolidación autoritaria

Escribo al final del sábado 3 de enero de 2026 desde una ciudad del interior de Venezuela. La manera de enterarnos de lo que ocurrió en la capital no fue homogénea. «¿Todavía estás durmiendo? ¿Cómo es posible?», me preguntaban. Mi respuesta: bueno, porque vivo en Venezuela.

Si tan solo Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula da Silva hubieran reaccionado con la misma rapidez con la que firmaron su documento conjunto rechazando la operación norteamericana del 3 de enero de 2026, pero el 28 de julio de 2024, para exigir que se respetara el resultado de la elección presidencial en la que la oposición demostró —acta por acta— su contundente victoria sobre Nicolás Maduro. 

Si tan solo el kirchnerismo y el correísmo hubieran apelado a la comunidad internacional para exigir que María Corina Machado pudiera ser candidata y no fuera proscrita de manera arbitraria e irregular.

Si tan solo el Partido Comunista chileno, el Frente Amplio uruguayo y el Frente Guasú paraguayo hubieran alzado la voz cuando la Embajada argentina en Caracas fue violentamente asediada por el régimen, solo por dar refugio al equipo político de María Corina Machado.

Pero no lo hicieron. Y en política, cuando se elige callar frente a una injusticia, no se es neutral: se toma partido.

Quienes invocan la hermandad latinoamericana y pretenden explicarnos a los venezolanos que «todo se reduce al petróleo» tomaron partido por quienes arrestaron a más de 2 000 personas durante las protestas poselectorales. Son los que hoy no alzan la voz por sus compatriotas presos en Venezuela.

Son cómplices de violaciones diarias a los derechos humanos; cómplices de violencia sexual, incluso contra menores de edad; cómplices de torturas a dirigentes políticos y periodistas. Son quienes hablan constantemente de las víctimas del Plan Cóndor, pero se niegan a reconocer que en Venezuela las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales son, hoy, la orden del día.

Quienes condecoraban con honores de Estado a Nicolás Maduro mientras su régimen ordenaba asesinatos a quemarropa contra jóvenes manifestantes —como ocurrió con Bassil Da Costa— no tienen autoridad moral para hablarnos de hermandad latinoamericana. Quienes durante años se beneficiaron de la petrochequera de Chávez y Maduro, mientras relativizaban o negaban la persecución sistemática contra la prensa independiente, tampoco pueden darnos lecciones sobre «cómo salir de una dictadura».

Porque mientras en buena parte de la región recién comenzaba un proceso de democratización, Venezuela ya contaba con décadas de vida democrática y fue protagonista activa de los esfuerzos multilaterales para consolidar una América Latina libre. 

Estos son los militares cubanos fallecidos en Venezuela durante la extracción de Nicolás Maduro 

elTOQUE ha recopilado la información preliminar publicada por diversas fuentes en redes sociales y medios independientes. El listado inicial fue contrastado y completado con la información oficial publicada, el 6 de enero de 2025, por el estatal diario Granma.

El Derecho internacional ha fallado en su totalidad en Venezuela. Cuando el informe de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se hizo público y documentó de manera exhaustiva gracias a los miles de testimonios, de víctimas y testigos, y de una investigación rigurosa de cómo el régimen cometía: torturas, encarcelamientos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, persecución política y censura sistemática, la respuesta de una parte significativa de la comunidad internacional fue el silencio, la tibieza diplomática o, peor aún, la relativización de los hechos.

Frente al fracaso de quienes durante años fueron incapaces, o renuentes, a ejercer una presión real para forzar una transición democrática en Venezuela; frente a quienes hoy parecen más preocupados por que Nicolás Maduro declare en su juicio en Nueva York y exponga la vasta red de corrupción del chavismo, incluido el financiamiento ilegal de campañas políticas en distintos países del continente; y frente a quienes siguen negando una realidad incuestionable: que Venezuela es hoy un país devastado, donde cerca de una cuarta parte de su población se vio forzada al exilio, el silencio ya no puede ser una opción.

Y sí: el petróleo y el Derecho internacional existen y juegan un rol en este gran tablero de ajedrez que se abrió con el arresto de Nicolás Maduro. Pero la tarea fundamental es de los venezolanos: comenzar a reconstruir nuestro destino. Hoy contamos con un liderazgo legítimo para avanzar hacia una transición democrática; con aliados firmes que comprenden la naturaleza del régimen criminal que enfrentamos; y con un pueblo que, con fe y esperanza, anhela reconstruir poco a poco el país que alguna vez fue reducido a la caricatura de «reinas de belleza y petróleo».

Los venezolanos estamos decididos a ir hasta el final. A conquistar la libertad. A lograr que nuestras familias quieran volver. A que no existan presos políticos y a que la libertad se respire en cada calle del país. Estamos firmes y claros en nuestra meta.

A quienes intentan reducir esta conversación al petróleo y el Derecho internacional, sigan hablando entre ustedes. Porque los venezolanos y el mundo estamos preparados para avanzar, de la mano de nuestra valentía y de Dios, hacia la Venezuela, tierra de gracia.