El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, afirmó el 10 de febrero de 2026 en el programa El Día, de Telesistema 11, que en la isla «a nadie se mete preso por su pensamiento. En Cuba se mete preso a quien comete delitos probados, con el debido proceso. Pero a nadie por su pensamiento o creencias». «No sé por qué se dice que en Cuba no hay libertad de expresión. El cubano opina de todo, en cualquier esquina, dentro o fuera del país», añadió. Las declaraciones del diplomático son FALSAS.

La evidencia documentada por organizaciones de derechos humanos, así como la normativa y práctica estatal en la isla, contradicen la afirmación de Arzuaga Reyes. En Cuba, existen personas encarceladas por motivos políticos, se emplean figuras penales contra manifestantes y críticos, no hay reconocimiento legal para la prensa independiente y se han registrado destierros, prohibiciones de entrada al país y procesos judiciales contra activistas, periodistas independientes y creadores de contenido.

Cárcel por opinar: casos que desmienten al embajador

Las afirmaciones de Ángel Arzuaga Reyes se produjeron después de que fuera interrogado directamente sobre la detención arbitraria, el 6 de febrero de 2026, de los jóvenes creadores del proyecto El4tico, un caso que ilustra el castigo a quien ejerce la libertad de expresión en la isla.

Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez permanecen encarcelados en Holguín, acusados del delito de «propaganda contra el orden constitucional». Ambos utilizaban plataformas digitales para expresar críticas al Gobierno y comentar la realidad nacional en medio de la profunda crisis generalizada que atraviesa el país.

Tras las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021 (11J), más de 1 000 personas fueron detenidas y cientos condenadas, según los subregistros de organizaciones de derechos humanos. También se dictaron sentencias contra participantes en movilizaciones posteriores. Sin embargo, las detenciones y encarcelamientos no se limitan a ese contexto: muchas personas han sido procesadas por motivos políticos o por ejercer derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación.

Luis Robles fue encarcelado tras manifestarse pacíficamente con un cartel; artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo fueron condenados en 2022; y líderes opositores como José Daniel Ferrer han sido procesados y encarcelados tras expresar críticas al Gobierno.

Envió un mensaje a Trump y lo capturó la Policía política. ¿De qué acusan a Ankeilys Guerra en Cuba?

«Nosotros, los cubanos, además de muertos en vida, también estamos muertos en espíritu. ¡Cuánta esperanza tengo en que llegue el momento de la libertad!», dijo Ankeilys Guerra en una de sus transmisiones en vivo, pocos días antes de que la Seguridad del Estado irrumpiera en su casa.

Informes internacionales —como el Freedom on the Net de Freedom House— también documentan casos en los que varias personas enfrentaron condenas de prisión por publicar contenidos críticos en línea. Por ejemplo, Mayelín Rodríguez Prado fuesentenciada a 15 años de cárcel tras subir a Facebook un video de una protesta en el que se mostraba la violencia policial; y la condena de ocho años de Yennis Artola del Sol «se basa únicamente en haber tomado una fotografía de un cartel con la frase “Patria y Vida”, considerada por el régimen como un acto de oposición política», denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Lázaro Manuel Hernández Pérez, de 33 años, panadero en Ranchuelo (Villa Clara), permanece en prisión provisional desde septiembre de 2025 acusado de «propaganda contra el orden constitucional» y «desacato» por presuntas publicaciones en Facebook. La Fiscalía solicita seis años de cárcel contra el emprendedor. 

El santiaguero, de 56 años, Julio César Duque de Estrada Ferrer, también fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por «desobediencia» y «atentado» tras grabar con su celular una cola para comprar gas en septiembre de 2024. Y el activista Alexander Verdecia Rodríguez enfrenta una petición fiscal de diez años de cárcel tras publicar en Facebook mensajes críticos contra el Gobierno, como «no más apagones» y «abajo Díaz-Canel». William Sosa, usuario de Facebook conocido por sus análisis sobre la crisis económica en Cuba, fue detenido el 12 de noviembre de 2025 en Las Tunas por presunta «desobediencia».

Otros ciudadanos han enfrentado procesos similares por publicaciones en redes sociales, grabar situaciones de escasez o expresar consignas críticas.

Los castigos por pensar diferente: censura, destierro y exilio forzado

La estructura legal en Cuba también impone límites formales a la prensa. La Constitución de 2019 establece que los medios fundamentales de comunicación social son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de propiedad privada. En la práctica, ello impide la legalización de medios independientes y deja a periodistas no estatales en situación de vulnerabilidad permanente.

Reporteros de medios independientes han sido detenidos, citados por la Seguridad del Estado, multados y sometidos a arrestos domiciliarios de facto. Algunos han enfrentado procesos penales; otros han optado por el exilio tras presiones o excarcelaciones condicionadas a abandonar el país. También se han documentado prohibiciones de salida o de entrada a Cuba contra activistas y comunicadores críticos, como la exprofesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, los periodistas Carlos Manuel Álvarez y Karla Pérez, la historiadora de arte Anamely Ramos y la opositora y miembro de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, a quien se le impidió entrar a Cuba el 9 de febrero de 2026.

El destierro de la cubana Glenda Corella: otra raya de impunidad para el tigre

La cubana Glenda Corella Céspedes viajó de Canadá a Cuba el 7 de marzo de 2023. A su llegada, las autoridades le impidieron entrar al país sin darle explicaciones.

«En 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó más de 3 100 acciones represivas, incluidas detenciones arbitrarias, hostigamiento y multas por publicaciones en redes sociales y por protestas pacíficas. Se estima, además, que al menos 800 personas siguen en prisión por motivos políticos y de conciencia», declaró a elTOQUE, Yaxys Cires, director de comunicación de la ONG.

Cires explica que las afirmaciones del funcionario cubano son «falsas en contraste con la evidencia disponible sobre presos políticos, juicios amañados y la represión de la libertad de expresión en Cuba». «Las denuncias de organizaciones de derechos humanos cubanas han sido respaldadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», precisa.

El «debido proceso» que no se cumple

El Código Penal cubano mantiene figuras amplias como «desacato», «instigación a delinquir» y «propaganda contra el orden constitucional» que han sido utilizadas contra activistas, periodistas y ciudadanos críticos. Organismos internacionales han señalado que estos tipos penales son incompatibles con estándares internacionales de libertad de expresión.

Diversos organismos internacionales también han señalado que los procesos judiciales derivados de las protestas del 11J o de otros contextos de manifestaciones en la isla, así como los relacionados con la libertad de expresión, han estado marcados por restricciones al acceso a una defensa efectiva, juicios colectivos, prohibiciones de la entrada a los Tribunales y cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las condenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el uso del Derecho penal para castigar la protesta pacífica en Cuba y ha expresado preocupación por la falta de garantías judiciales.

Frente a este panorama —presos políticos documentados, uso de figuras penales contra el disenso, inexistencia de prensa independiente legalmente reconocida y criminalización de voces críticas— resulta insostenible afirmar que en Cuba «nadie va preso por su pensamiento» o que «se opina de todo» sin consecuencias.

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