Ariel Ruiz Urquiola es científico de formación y agricultor por elección. Vivía y trabajaba en Viñales, Pinar del Río, en una finca dada por el Estado cubano en usufructo gratuito. Pero el doctor en Ciencias Biológicas hoy está preso.

El Tribunal Municipal Popular de Viñales, según la sentencia de Apelación emitida por el Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, consideró que Ruiz Urquiola “(…) de manera descompuesta se dirigió a dos oficiales del cuerpo de Guardabosques y les dijo que eran unos guardias rurales, a la vez que grabó lo que decía en un celular con el propósito de subirlo a la red social INTERNET, para que el mundo viera quienes eran ellos”.

Los jueces consideraron que: “las acciones y lo que dijo Ariel, son ofensas y ultrajes para quienes trataron de resguardar el orden social… pues todos conocemos lo que significan los guardias rurales”.

Según lo establecido en el artículo 144.1 del Código Penal vigente, cualquier ofensa o ultraje contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, tipifica el delito de “Desacato”.

La responsabilidad de Ruiz Urquiola se sustenta en el hecho de que los confrontados ostentan “dignos cargos en la sociedad… como veladores de la seguridad… y el fortalecimiento de las conquistas de la Revolución”.

El delito se profundiza por la acción de dejar memoria gráfica de lo que el detenido consideró un atropello. Los jueces incluyeron como parte de la conducta delictiva la intención ciudadana de grabar el desempeño de funcionarios públicos.

Según se lee en su decisión, la conducta de Ariel “(…) se reproduce con frecuencia en las calles cubanas y eso obliga a los jueces a actuar de forma enérgica”.

El altercado con las autoridades usted lo puede ver aquí:

En una primera lectura de estos acontecimientos resalta la “energía” de la sanción judicial, poco común para personas con las características de Ruiz Urquiola: científico, trabajador del campo que debió demostrar buena conducta social para recibir una tierra estatal en usufructo, impulsor de la ciencia en función de la agricultura y doctor involucrado en investigaciones internacionales.

Al parecer esos no fueron elementos suficientes para considerarle merecedor de una pena diferente a la cárcel.

Los jueces podrían haberle impuesto una multa. Podrían haberle subsidiado la pena por un trabajo correccional sin internamiento. Pero no. Ruiz Urquiola debió ir inmediatamente a un centro penitenciario.

Según se lee en la sentencia, para llegar a la sanción fue clave la “investigación personal del acusado, realizada por el personal facultado para ello, que permitió evaluar su real comportamiento social anterior a los hechos”.

Entre esas actitudes, los jueces señalan las de “(…) no participar en las actividades de las organizaciones políticas y de masas y reunirse con personas de mala conducta social”.

No es la primera vez que su nombre genera noticias. Ruiz Urquiola acumuló hasta su detención en este mes de mayo de 2018, un historial de altercados y fricciones con autoridades en distintos niveles.

Fue despedido de la Universidad de La Habana tras entrar en conflicto con la administración, en un proceso que Ruiz ha dicho a medios de prensa internacionales que hubo “abuso de poder”. Antes de defender su tesis de doctorado allí, debió esperar más de un año, pues se alegó como problemática su aseveración de que las tortugas carey pescadas en Cuba habían nacido en México y Puerto Rico.

En octubre de 2017, fue detenido por la Policía en tres ocasiones por exigir con una huelga de hambre y una vigilia fuera del Hospital Oncológico medicamentos para su hermana enferma de cáncer. No ha escatimado espacios para denunciar lo que ha considerado sus derechos, entre ellos proyectos y medios abiertamente opositores al gobierno cubano.

Es por eso que, para los cercanos al caso, en realidad se trata de un castigo contra el activismo político y no una sanción por el enfrentamiento verbal que está documentado en el video.

No tenemos nada que decir sobre la actitud de Ariel ni somos tribunal para juzgarlo. Lo que sí deseamos es analizar la sentencia, como un documento que marca un precedente, una pauta política y una muestra de los sesgos a los que podemos vernos sometidos los ciudadanos cubanos.

Quienes apoyan la existencia del delito de “Desacato” afirman que cumple una doble función. En primer orden proteger a los funcionarios públicos contra la expresión ofensiva y/o crítica para que puedan desempeñar libremente sus funciones. En segundo, proteger el orden público del efecto desestabilizador que la crítica a los funcionarios públicos pueda tener en el gobierno, pues los señalamientos alcanzan al cargo que ocupan y a la administración en la que prestan servicios.

Los que consideran improcedente a la figura del “Desacato” aseguran que cuando no existe “un peligro inminente e identificable” para la autoridad (violencia verbal creciente y escalable) la penalización de las expresiones dirigidas hacia los funcionarios públicos es contraria al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, garantizado por el derecho internacional.

Organismos como las Cortes Europeas e Interamericana de Derechos Humanos han determinado que las “leyes de Desacato” otorgan injustificadamente un derecho de protección a los funcionarios públicos del que no disponen los demás ciudadanos.

Consideran además que la distinción invierte el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles. Entre ellos, el escrutinio de la ciudadanía para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo.

El derecho a la libertad de expresión es el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes.

El tipo de debate político que favorece el derecho a la libertad de expresión genera inevitablemente discursos críticos hacia quienes ocupan cargos públicos. Por ello, una ley que penalice el discurso crítico hacia la administración pública afecta la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión.

Partiendo de esos razonamientos, Ariel Ruiz Urquiola fue sancionado legalmente, pero el delito por el que se le sanciona no está acorde con los más modernos estándares internacionales de justicia.

Hay un segundo elemento más grave todavía. Lo que ha movido a una actuación “enérgica” de los jueces parece haber sido la decisión de filmar la increpación a los guardabosques y subirla “a la red social Internet”.

La filmación es utilizada como un elemento para demostrar la intención de demeritar la labor de los guardabosques.

Los medios de prensa cubanos publican cada vez que tienen a mano los videos de abusos y atropellos policiales foráneos, pero al parecer los jueces consideran un ultraje la intención ciudadana de grabar el desempeño de los funcionarios cubanos.

Cuando cada vez son más frecuentes en nuestro país las filmaciones y transmisiones casi en vivo de actuaciones policiales, en varias de las cuales se ha podido documentar claros abusos físicos y de poder, esta decisión judicial sienta un pésimo precedente.

Más allá de la legalidad o legitimidad de la decisión, lo que ha sucedido con Ariel debería ser una señal de interés para todos los cubanos.

La medida judicial, en este caso, cubre con un manto de impunidad a los funcionarios, al tiempo que podría coartar las posibilidades ciudadanas de denuncia y enfrentamiento.

Tras casi dos meses de encarcelamiento, Ruiz Urquiola ha decidido enfrentar la decisión con una huelga de hambre y sed. Ha escogido un camino difícil y peligroso. Lo ha hecho cuando se quedó sin opciones legales para combatir lo que, en nuestra opinión, es un exceso.