*Actualizado el 4 de marzo de 2024.

En la playa El Cachón, en Cojímar, hace tiempo que no se ven pelícanos. El olor a podredumbre parece una metáfora sobre la cuasi muerte que sufre la zona. Cualquier cojimero sabe que bañarse allí no es seguro. Pero el miedo a contraer alguna enfermedad tras entrar en contacto con el agua no aleja del todo a los niños que corretean por la arena, ni a los pescadores de orilla o los devotos de deidades yorubas que, encomendados a la protección divina, meten medio cuerpo en el mar para dejar una ofrenda a sus orishas.

Décadas atrás, el lugar dejó de ser el pueblo de pescadores de poco más de 4 kilómetros cuadrados ubicado al este de La Habana para convertirse en una especie de urbanización dormitorio, aunque con cierto aire residencial —según los estándares de vida capitalinos—.

Al hablar de Cojímar es difícil desprenderse de la mística que lo envuelve y que inicia con su nombre de origen taíno cuyo significado es «entrada de agua en tierra fértil». En el siglo XIX e inicios del XX, el poblado acogía un popular balneario y lujosas casas de veraneo. Lo llamaban La Taza de Oro de la Costa Norte.

Cojímar también inspiró al novelista estadounidense y premio nobel de literatura Ernest Hemingway para escribir su conocida obra El viejo y el mar. Además, fue el sitio donde se erigieron la villa e instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos de 1991. La salida al mar del río con igual nombre ha sido el punto inicial de travesía para cientos de balseros que pusieron rumbo al norte luego de las protestas del Maleconazo en 1994 y la apertura de la frontera marítima.

Pero la localidad hace tiempo que atesora pocos atisbos de esplendor, más allá de sus leyendas e historias. Hoy es una zona costera con altos niveles de contaminación. La culpa del desastre se reparte entre la poca educación ambiental de los pobladores —que utilizan la playa de basurero al aire libre a falta de otros recursos para gestionar sus desechos— y lo que durante años ha sido un secreto a voces, los residuos industriales que las empresas de la Zona Industrial Berroa han vertido en el río Cojímar —en particular Suchel Cetro y Camacho S. A., ambas pertenecientes a Unión Suchel, la más grande del país en el sector de aseo y cosmética—.

UN MAR DE BASURA

Alrededor de la playa El Cachón abundan restos textiles y de plástico, bolsas de nailon, vasijas y cubiertos y hasta un sillón desgastado por los años. Hay ropa vieja, cestos, alambres, animales muertos, neumáticos, chapas, papel, envoltorios, piezas de electrodomésticos, el chupete de un niño, un cepillo de dientes, una maleta roja maltrecha, plástico y más plástico… La lista de objetos que han ido a parar a la arena es inimaginable. Paradójicamente, la zona continúa siendo la base de pesca deportiva más grande del país.

Muy cerca de donde nace el mar y resguardado bajo la sombra de una uva caleta, Lisandro Delá Leyva prepara un par de pandongas, especies de redes fijadas a una estructura de madera para la captura de peces. Las suyas usan de base dos rejillas de ventilador. «Últimamente, la pesca está un poquito mala», dice mientras pone los pies en el mar para colocar los artefactos.

Lisandro Delá y la pesca con pandonga.

«Cuando era chico este lugar estaba más limpio. Uno venía y se bañaba aquí», comenta con nostalgia, al tiempo que describe el antiguo Golfito, centro recreativo que había en Cojímar en el que se jugaba bolos y se celebraban cumpleaños.

El pescador asegura que desde hace mucho tiempo hay especies que no existen (el patao, la mojarra y los cangrejos). La cantidad de peces ha disminuido y no alcanzan el tamaño que deberían. Entre los más cotizados que todavía merodean por las aguas figuran el castero, la aguja y el emperador. A este último lo llama «el pescado de los millonarios».

Un emperador pesa en promedio 300 libras, por lo que su costo aproximado —teniendo en cuenta que en agosto de 2023 la libra se cotizaba en 550 pesos cubanos— ronda los 60 000 CUP (cerca de 270 dólares), según la tasa de cambio informal para el 15 de agosto de 2023.

«La gente de las paladares se llevan los emperadores enteros, pero solo se consiguen a once o doce millas de aquí», especifica Lisandro. «Los que pueden pescar allá tienen licencia de pesca deportiva y contratos para venderle pescado al Estado».

Delá Leyva cuenta que en los últimos años han capturado tiburones con pomos de plástico dentro. «¿No sientes el mal olor?», dice a la vez que señala un bulto flotante muy cerca de la orilla, donde el agua tiene un color negruzco y una apariencia grasienta.

Explica que la fetidez es producto de «desechos de todo tipo» que bajan desde el río y que son arrojados por los moradores de los edificios de Cojímar e, incluso, de Alamar, o trasladados por los sistemas de desagües de esas comunidades. También menciona que por el río navegan desde desperdicios de los pescadores (tripas y cabezas) hasta paquetes de Pelly (snacks) y grandes bolsas blancas provenientes de las fábricas de la Zona Industrial Berroa.

«Por esa zona están Suchel, El Bravo, Papas and Company…», afirma.

Al preguntarle si las autoridades han venido a hablar con los pobladores sobre las condiciones ambientales de El Cachón o del río, su respuesta es clara: «Aquí no viene nadie».

Pese a las iniciativas de saneamiento, la inmundicia siempre regresa a la playa. Foto de 2009 cortesía de Hédel Núñez Bolívar.

EL PATRIMONIO NATURAL DE COJÍMAR

El río Cojímar corre de sur a norte, tiene casi diez kilómetros de largo y 60 kilómetros cuadrados de cuenca. Nace en el embalse La Margarita en el poblado Santa María del Rosario, municipio Cotorro, atraviesa Guanabacoa y muere en la desembocadura de El Cachón —punto de más inmundicia—.

Resulta difícil imaginar que precisamente la zona forma parte de una Reserva Florística Manejada que abarca ambos lados del cauce (la desembocadura y la bahía). Así lo recoge un registro de Patrimonio de la capital, en el que se enlistan 16 áreas protegidas de la provincia La Habana.

De acuerdo con un informe del Instituto de Geografía Tropical, los usos socioeconómicos del río incluyen la actividad agrícola y un reservorio pesquero. A su cuenca se le atribuyen 20 millones de metros cúbicos, de los cuales 12.5 millones son aprovechados como abasto industrial y riego.

Con respecto al alto valor natural de Cojímar, hay que decir que alberga más de una treintena de especies de vegetación autóctonas —pataban, capuli, laurel y el Piper Cojimaranum, arbusto de la familia de la pimienta declarado en peligro de extinción—.

Una investigación del especialista en gestión ambiental Orestes Sardiñas —publicada por el Instituto de Geografía Tropical en 2009— refirió que a finales de los ochenta en Cojímar se contabilizaban 285 especies botánicas, pertenecientes a 212 géneros y 77 familias, cuyos usos en su mayoría eran medicinales y que tenían un impacto relevante en la cadena de generación de miel.

En la actualidad, poco queda de la biodiversidad que otrora exhibiera el también considerado pulmón verde de Habana del Este. Las cotorras, garzas y hasta muchos crustáceos han desaparecido. Otros (la mariposa urania y la calisto, el alacrán de panza roja, los patos de Florida, la rana catesbiana y el perrito de playa) raras veces se avistan en las laderas.

Mención especial merece el mangle rojo casi extinto, lo que representa un grave peligro para el ecosistema si se tiene en cuenta que los manglares previenen la erosión y actúan de barreras contra tormentas. Además, estas especies también sufren la amenaza de los asentamientos ilegales que abundan en la zona.

HISTORIAL DE DENUNCIAS

Entre 1982 y 1983, la Comisión de Salud de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Habana del Este presentó un dictamen técnico sobre la contaminación de las aguas del río Cojímar que incluía la recomendación de prohibición del baño y de las actividades de pesca. El reporte alertaba sobre los vertimientos de la empresa de jabones y perfumería Suchel y se sustentó en una investigación que realizó el antiguo Instituto de Hidroeconomía.

Aunque elTOQUE no pudo acceder al informe, Julia Matilde Campos Alfonso, quien fue presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Municipal entre 1979 y 1983, confirmó que la prohibición fue aprobada en plenaria.

La primera evidencia documental de la contaminación del río Cojímar que se encontró como parte de esta investigación data de hace 20 años. Corresponde al reportaje titulado Jabón en escabeche, publicado en la revista Bohemia en 2004. El texto da cuentas del contagio de pescadores con hepatitis B y gangrena negra y del fallecimiento de dos personas a causa de una septicemia tras bañarse en el río.

De acuerdo con la publicación, por la época Suchel Cetro —Unidad Empresarial de Base (UEB) de capital cubano que colinda con la empresa mixta Suchel Camacho S. A. en la Zona Industrial Berroa— había sido multada por incumplir el Decreto Ley 200 de Contravenciones a la Ley de Medio Ambiente. Por su parte, Suchel Camacho alegó que estaba inmersa en un proceso de mejora tecnológica, por lo que pondría en marcha un reactor biológico y una planta de saponificación continua con el fin de evitar «la unión de agua con sebo, causante del color blancuzco» que los pobladores habían advertido en la superficie del río.

Sin embargo, ocho años después, el 17 julio de 2012, la sección «Acuse de Recibo» del periódico Juventud Rebelde publicó la queja del doctor Jorge H. Martínez Ferrandiz. Se trataba de la segunda carta que enviaba el médico al diario. En la primera, el galeno refería «el estado de abandono, suciedad y maltrato en que estaba sumida la playa El Cachón». El medio apuntó que en la segunda misiva, Martínez Ferrandiz alertó de «la elevada contaminación a lo largo del río Cojímar».

«Por mucho que hagan los activistas, aran en el mar precisamente por los impunes vertimientos de residuales por parte de varias fábricas», escribió. «Suchel, que tiene dependencias en Berroa, es una de esas empresas. Nos han prometido en varias ocasiones instalar plantas de filtros y reciclaje, pero hasta ahora todo ha sido en vano».

Algunos de los reportes de espuma hallados durante la investigación: Revista Bohemia (2004), blog docente Isla al Sur (2010) y comentarios a un reportaje publicado por Mega TV (2022).

Jorge H. acompañó la acusación con una fotografía que mostraba un riachuelo «con químicos blancos, muy tóxicos y contaminantes». Si bien la imagen no figuró en la edición impresa, sí fue referida en el texto de la columna, lo que significa que las declaraciones de Suchel Cetro a la revista Bohemia sobre el posible remedio para la espuma había sido una promesa incumplida.

En noviembre de 2012, Juventud Rebelde publicó la réplica de la respuesta de la empresa bajo el título «Solucionará Suchel Cetro vertimientos al río Cojímar». Humberto Capote, entonces director general de la UEB perteneciente a la firma, apuntó que los residuos vertidos al río se generaban «por la limpieza de las áreas y el arrastre provocado por las lluvias». No obstante, en su respuesta, aseguró que la fábrica trabajaba para revertir el impacto ambiental en 2013 y 2014.

Entre las acciones de la empresa, Capote mencionó un estudio realizado con el Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas (Cimab) en el segundo semestre de 2010 que tenía el propósito de «determinar la carga contaminante de sus aguas residuales». Según el directivo, buscaban proponer un plan de medidas para mejorar el sistema de tratamiento, de manera que las descargas se ajustaran a los requisitos de la Norma Cubana de Vertimiento.

El equipo de elTOQUE localizó a una fuente que conoce de cerca cómo evolucionó la denuncia del doctor Jorge H. Martínez Ferrandiz y el desenlace de la historia. La persona, que prefiere no ser identificada, contó que los directivos de Suchel Cetro insistieron en que la fábrica no tenía desagües al río.

Funcionarios del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente también acudieron a la comunidad. «Fueron solo palabrerías y ambigüedades que nunca convencieron a nadie». Eran molinos contra quijotes, lamentó. «Aún puedes ver la mugre en la playa y en el río».

El testigo destacó que años después la espuma siguió apareciendo, aunque no pudo precisar si todavía corre por el cauce.

Salida de un vertimiento de aguas negras en la Loma de la Talanquera, Cojímar.

¿QUÉ DICE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA?

Lo que no explicó Humberto Capote en su réplica cuando mencionó al Cimab fue que en 2009 la entidad había llevado a cabo otra investigación titulada «Evaluación de la calidad ambiental de las aguas del litoral de la Ciudad de La Habana en el período lluvioso». Los resultados evidenciaron elevados índices de turbidez en las estaciones de los ríos Cojímar, Quibú y Jaimanitas, que de acuerdo con la Norma Cubana corresponden a «aguas de mala calidad».

El informe aludió a un estudio homólogo anterior encabezado en 2004 por Jesús Beltrán —director de Contaminación del Cimab, quien también participó en la segunda investigación— en el que se revelaban los bajos valores del oxígeno disuelto del río Cojímar —indicador de contaminación con materia orgánica que se traduce en la incapacidad de un entorno acuático «para mantener ciertas formas de vida»—.

En el caso del río Cojímar, la situación que describe el estudio del Cimab resultó ser muy grave, pues se registró un valor de oxígeno disuelto inferior a 2 mg/L, correspondiente a menos del 60 % del mínimo recomendable —fijado en 5 mg/L—. A su vez, se trató del peor índice del litoral capitalino. Las aguas de las costas de Cojímar exhibieron las cifras más altas en cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno después de cinco días (DBO5), de ahí que fueran definidas «de mala calidad para uso pesquero».

El experto boliviano Jairo Escobar Llanos expone en su libro La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar que aun cuando pudieran tratarse de residuales biodegradables, los desechos industriales en cantidades significativas reducen el oxígeno disuelto y afectan los ecosistemas.

La industria de la perfumería suele utilizar sustancias —alquenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres o ésteres— que poseen estructuras de anillos cerrados, lo que dificulta la disolución. Por esa razón, se clasifican como contaminantes de difícil tratamiento y requieren mecanismos costosos de mitigación.

Otra cuestión alarmante de la investigación se relacionaba con los altos niveles de concentración de fósforo (6.93 μmol /L) y nitrógeno amoniacal (7.47 μmol /L) detectados en los análisis. Al respecto, Jairo Escobar enfatiza que la elevada presencia de esos componentes inorgánicos provoca un fenómeno conocido como eutrofización —causa frecuente de la contaminación de entornos acuáticos y origen del fitoplancton—.

La eutrofización puede causar la ciguatera de los peces y otras intoxicaciones de tipo neurotóxicas y paralizantes en los seres humanos debido a la ingestión de pescado.

Tras una revisión sistemática efectuada durante seis meses, puede afirmarse que no existen estudios de acceso abierto en Internet posterior al realizado por el Cimab en 2009 sobre la calidad de las aguas del litoral habanero y en particular del río Cojímar.

El Instituto de Geografía Tropical —en un estudio cuya fecha no ha podido ser identificada, pero que se presume posterior a 2002 según la bibliografía referenciada— también advirtió la problemática ambiental en el sitio urbano de Cojímar y su entorno natural.

Entre los principales daños ambientales provocados por la actividad industrial, los investigadores mencionaron la afectación de la biodiversidad, la contaminación de cañadas y de las aguas de abastecimiento público, la degradación de recursos costeros y marinos, así como el incremento de microvertederos. Además, hicieron énfasis en la «ausencia de una cultura ambiental» en las autoridades e instituciones del territorio. Como posibles soluciones propusieron un plan de clausura de vertederos inapropiados y la reforestación de las pendientes.

Tanto el Cimab como el Instituto de Geografía Tropical reconocieron de forma explícita la responsabilidad de las industrias de la zona. Concluyeron que los residuales líquidos con escaso tratamiento y elevada concentración de materia orgánica no biodegradable figuraban como una de las principales fuentes contaminantes del río Cojímar.

Pesca de tilapias y clarias en las inmediaciones de Suchel Camacho S. A.

En 2020 —una década más tarde de los reportes del Cimab— ingenieros geofísicos de la Universidad Tecnológica de La Habana «José Antonio Echeverría» (Cujae) —Rosa María Valcarce Ortega, Marina Vega Carreño y Willy Rodríguez Miranda— alertaron sobre el «estado crítico de las condiciones ambientales» de la cuenca hidrográfica Almendares-Vento, localizada principalmente sobre las rocas de las formaciones Güines y Cojímar.

Los autores destacaron —en el artículo académico titulado «Vulnerabilidad intrínseca de las aguas subterráneas en la cuenca Almendares–Vento»— que se trataba de un hecho que debía atenderse con urgencia, puesto que la cuenca constituía la más importante del país por su volumen —287 millones de metros cúbicos al año— y por el número de personas a las que abastecía —superior a las 820 000—.

«La restauración de un acuífero contaminado es una tarea técnicamente complicada y de elevado costo, a veces irreversible, por lo que es preferible tomar medidas de prevención en lugar de la remediación», instaron los expertos de la Cujae.

Al igual que el resto de los científicos que han estudiado los niveles de polución de las aguas habaneras, los investigadores de la universidad capitalina hicieron referencia a los impactos nocivos del «vertimiento de residuales líquidos y sólidos (urbanos e industriales) deficientemente tratados o sin tratamiento alguno». De igual forma, llamaron la atención sobre la insuficiencia del sistema de alcantarillado y de las lagunas de oxidación, unido al escaso número y mal estado técnico de las plantas de drenaje.

Una cuestión que no debe ignorarse, y que señala el artículo científico, es la alta permeabilidad de los suelos de Cojímar, lo que lo convierte en un territorio muy vulnerable para el traspaso de agentes contaminantes a las aguas subterráneas.

El dato genera aún más preocupación en torno a las consecuencias de la actividad industrial en Berroa —porque si bien la contaminación de la cuenca habanera no es responsabilidad exclusiva de la compañía de cosmética y tampoco ha sido posible establecer en parámetros de proporción qué parte de los daños le corresponden— a partir de los estudios citados puede concluirse que Suchel contamina el río Cojímar desde hace más de dos décadas pese a las denuncias de la comunidad científica y de los pobladores.

EL OLOR DE EL CACHÓN

Dicen los pescadores que en la noche saben si se acercan al puerto porque enseguida sienten un olor que mezcla mierda y champú. Comentan también que en las aguas han visto gallinas muertas y cabezas de carnero. «Allá, cerca de la piedra aquella encontraron la cabeza de una persona. Parece que fueron al cementerio, la sacaron e hicieron un trabajo de brujería», cuenta Alcides Argüelles, quien a sus 67 años va casi cada mañana a pescar en la orilla de la playa. Así se libra del aburrimiento y lleva a casa comida para sus gatos, pero ni él ni su esposa prueban bocado.

Alcides y su familia no comen los pescados del río.

Amaury Hernández, pescador submarino y cojimero, recordó que antaño las aguas del río eran cristalinas y dijo saber por dónde los trabajadores de Suchel «desviaron el agua sucia». Él fue uno de los que presenció la espuma hace algunos años. En aquel momento guardaba fotos, pero las perdió con el paso del tiempo. Afirmó que conoce a personas que también pueden dar fe de la contaminación por parte de la empresa de cosmética, pero está seguro de que a quienes hablen «les van a hacer la vida un yogurt [1]».

Amaury y Alcides, al igual que el resto de los entrevistados para este reportaje, coinciden en que no conocen ni han presenciado acciones de Suchel ni de las autoridades del territorio dirigidas a la mitigación de los efectos contaminantes en el río. Tampoco han recibido información oportuna por parte del Gobierno local acerca del estado de las aguas.

Las iniciativas para la recuperación y saneamiento de El Cachón y del río en su mayoría han corrido por cuenta de grupos ambientalistas (Color Cojímar, Guarida de Sueños y el Club de Motos Alto Voltaje) que han contado con la ayuda de los vecinos, según refiere Diario de Cuba. La más reciente fue convocada por la Oficina Regional de la UNESCO el 23 de octubre de 2023. Allí se reunieron más de un centenar de personas que recolectaron 150 bolsas de basura equivalentes a 9 000 L, de acuerdo con una nota publicada en la web del organismo de Naciones Unidas en la isla.

OTRAS QUEJAS QUE NO VIERON LA LUZ

En 2010, Hédel Núñez Bolívar, alentado por pobladores de Cojímar que le hablaron de cómo se perdía la biodiversidad y la belleza de la zona, quiso contar lo que pasaba en el río a través de un documental. Por la época, el joven era informático en el Cimab, aunque tenía experiencia previa en el sector audiovisual.

Por su vínculo con el centro, sabía que los parámetros del río Cojímar iban en detrimento cada año, a diferencia de los indicadores que registraba la Bahía de La Habana, que recibía mayor atención gubernamental.

Hédel cree que oficiales del Ministerio del Interior habían removido unas estacas que desviaban la corriente del río hacia mar abierto, en lugar de enviarla hasta la playa. «No sé si fue lo correcto o si lo empeoraron», afirmó. Sin embargo, asegura que después del episodio los desechos que arrastra la corriente caen en la playa, un factor que ha contribuido a que no sea una zona apta para el baño.

Las personas a las que pidió ayuda para el documental le aconsejaron que no se metiera en «esa candela», porque lo más probable era que la Seguridad del Estado argumentara que la producción estaba patrocinada por la CIA. «Al final decidí irme del país y le puse una pausa al proyecto, pero nunca se realizó», dijo.

Por intercambios vía Whatsapp con antiguos colegas de la empresa, conoció que debido a la situación económica en Cuba los estudios sobre la calidad ambiental de las costas habaneras no se llevaban a cabo con la regularidad requerida.

Ernesto Lahens —quien en 2019 era estudiante de Periodismo en la Universidad de La Habana— intentó denunciar, al igual que Hédel, la mala calidad ambiental de Cojímar, su pueblo natal. Cuando cursaba el cuarto año de la carrera, junto a dos compañeros de clase, se aventuró a escribir un reportaje sobre la responsabilidad de las empresas de la Zona Industrial Berroa en la contaminación del río. La investigación contaba con el apoyo de la revista Juventud Técnica, pero no vio la luz.

Lahens pudo entrevistar a especialistas de Higiene y Epidemiología de la dirección municipal de Salud que ratificaron la existencia de tres fallecidos por gangrena gaseosa —un caso más con respecto al número de muertos referidos en el reportaje de Bohemia de 2004—. También le informaron que no pudieron constatar si Suchel había instalado las plantas de tratamiento hidráulico. No obstante, todavía registraban vertimientos de detergentes, grasas y otros productos industriales.

El entonces estudiante universitario supo de primera mano que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no inspeccionaba a Suchel desde 2013 y que la revisión se retrasaría hasta 2020. La concesión de plazo adicional se debía a que la compañía alegó una vez más que se encontraba en proceso de actualización de la tecnología empleada para el tratamiento de residuales.

Lahens conversó con técnicos y especialistas de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico —entidad que realiza las evaluaciones de contaminación y emisión—, quienes sostuvieron que por años varias fábricas de la Zona Industrial Berroa incumplieron los parámetros ambientales. El dato más sorprendente fue que las multas administrativas que podían imponer a las entidades rondaban la irrisoria cifra de 1 200 pesos. Para la fecha eran apenas 60 dólares.

Laguna de oxidación ubicada entre la planta de la empresa Suchel Camacho S. A. y la de productos cárnicos Bravo S. A.

SUCHEL PUERTAS ADENTRO

El lugar por donde salen los desechos de la empresa Suchel Camacho hacia el río Cojímar es una incógnita. Antonio*, un extrabajador de la fábrica, lo compara con el tamaño de un apartamento pequeño de dos habitaciones. Por ahí arrojan perfume, desodorante, champú, acondicionador o cualquier otro producto.

«Por ejemplo, mandaban a hacer 5 000 unidades de perfume, pero el sobrante no se guarda ni se almacena. Todo se bota por el tragante que al parecer está conectado con el río», explica.

Por esa razón, cuando Antonio entraba al Consejo Popular Cojímar por Vía Blanca en guagua (autobús) o carro (coche), hace unos dos años atrás, sentía «olor a limpio». En un par de ocasiones vio desde la calle una espuma blanca que reposaba como si fuese nata sobre el río y contrastaba con el verde de las plantas en la orilla.

Aunque no puede precisar qué cantidades se vertían de cada producto, constató que cuando arrojaban champú la espuma sobrepasaba la superficie del hoyo ubicado dentro de las instalaciones de la Zona Industrial Berroa y tardaba varias horas en drenar.

Los residuos de la fábrica de jabón Suchel Cetro se observaron también en las aguas del río en una imagen de 2010 publicada en Isla al Sur, un blog docente cubano. Sin embargo, la empresa cubano-española no es la única que contamina el medio ambiente en la franja industrial. En los alrededores de Vía Blanca y Vía Monumental del municipio Habana del Este otras compañías comprometen la salud y la vida.

En las Regulaciones Urbanísticas de Habana del Este de 2020 figuran siete focos contaminantes del río Cojímar, entre los que se encuentra Suchel Trans, Suchel Camacho S. A. y Suchel Cetro. Además, como se observa en la tabla, otros siete focos provenientes del municipio Guanabacoa afectan el río. El informe de la Dirección Municipal de Planificación Física destaca que en el Valle Berroa prevalecen problemas de infraestructura relacionados con el abasto de agua potable y la evacuación de residuales.

El documento describe que «las aguas pueden elevarse hasta el nivel de primeras plantas como consecuencia de los vertimientos de desechos arrojados por objetivos económicos que tributan a sus aguas». También precisa que la capa de sedimentos provoca el estrechamiento de su cauce.

Miguel* —quien comenzó a trabajar en la línea productiva de la fábrica Suchel Camacho en mayo de 2022 sin contrato fijo y permaneció allí ocho meses— recuerda el lugar por donde se expulsan los desechos como un túnel grande (4x4) al que cree que cualquier trabajador tiene acceso. «Está negro, tapado y baboso por los desodorantes, el champú…», dice. También comenta que no es posible ver el fondo.

Explica que hay un ascensor que baja directo al área de desechos, pero que él desde su puesto de trabajo no tenía vista hacia el lugar y tampoco sabía si desde el área de mezclado bajaban a verter productos allí sin que ellos se enteraran.

—¿Era solamente el líquido del desodorante, el champú… o también plástico y envases?

—Lo que vi fue líquido. Casi siempre los plásticos los empalaban y los ponían aparte.

—¿Todos los días se botaba algo?

—Sí, era mucha producción. Siempre se desechaba algo.

¿QUÉ SABEMOS DE UNIÓN SUCHEL?

Unión Suchel es un grupo empresarial cuyos orígenes se remontan a la década de los setenta y que en la actualidad encabeza el sector del aseo en Cuba. Sus producciones traspasan fronteras, aunque en la isla la escasez de productos de aseo es una batalla por la supervivencia.

En el directorio de la Dirección de Promoción y Comunicación (ProCuba) del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se listan otras entidades de nombre similar también adscritas al Ministerio de Industrias (Mindus) y que se dedican a cubrir las demandas de aseo y limpieza (Unilever Suchel S. A., Empresa Suchel y Empresa Mixta Suchel Proquimia S. A.).

Una de sus firmas más importantes es Suchel Camacho S. A., que ofrece productos y servicios en 13 áreas (baño y ducha, cuidado de la cara, cuidado dental y oral, cuidado del cabello, productos para afeitado y eliminación del pelo; bronceado y protección solar; cuidado de uñas; desodorantes y antitranspirantes; perfumería, maquillaje, cosméticos; e higiene personal y para bebés).

Suchel Camacho S. A. surgió en 1990 como una «asociación económica internacional para la producción cooperada de artículos de perfumería, cosmética y amenities», según indica su página oficial. Cinco años después se convirtió en empresa mixta, compañía mercantil en régimen de sociedad anónima con inversionistas nacionales y extranjeros.

La entidad figura en ProCuba como «compañía cubana con capital extranjero que produce y comercializa en el mercado cubano e internacional».

Además, se presenta como la «líder» del mercado cubano en perfumería, cosmética y aseo personal —integrada por la parte cubana INTERSUCHEL S. A. [2] y la sociedad mercantil española Ralfabre S. A.— y se coloca entre las 15 mejores del país. Entre el 2000 y 2002, la compañía estrechó vínculos con la multinacional española Antonio Puig S. A., lo cual le permitió la «distribución exclusiva para el mercado local» de líneas de gran reconocimiento (Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci y Jean Paul Gaultier; Shakira, Benetton y Antonio Banderas).

Sin embargo, su eslogan («Belleza para la vida») contrasta con la turbiedad con que maneja los desechos y los ingresos que factura. El destino de las producciones se disuelve entre la opacidad de la información en Cuba y la falta de acceso a datos sobre las ganancias de la empresa.

Mientras en el sitio oficial de Suchel se reconoce a Turquía (TFN IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI) como un distribuidor internacional, sus productos desde 2005 se comercializan también en Angola.

Una nota de 2021 de Prensa Latina precisó que Suchel Camacho S. A. se expandía a los mercados en México y Holanda (actual Países Bajos) y que comercializaba con la autorización de la empresa mixta hispanocubana Habanos S. A. perfumes Vegueros y Romeo y Julieta.

En la actualidad, Suchel Camacho S. A. gana presencia en el mundo digital. Tiendas virtuales registradas en Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, España, Canadá, entre otros países, ofrecen sus productos en moneda extranjera para quienes deseen comprar desde el exterior a sus familiares en Cuba. Su tienda virtual Habanabell expende en dólares canadienses con entrega en ocho provincias del país.

«Hasta la fecha [julio 2023], bajo este esquema cambiario, Suchel ha producido 296 000 unidades de champú, 275 000 de acondicionador, 2 000 de desodorante, 2 millones de jabón, 241 000 de crema dental y 159 000 de colonia», reseñó Cubadebate. Las cifras permanecen muy por debajo de la demanda de una población que ronda los 11 millones de cubanos.

Cálculos del medio de prensa Diario de Cuba refieren que las cifras anteriores alcanzarían para «un champú al mes por cada 891 cubanos, un acondicionador al mes por cada 956 cubanos, un desodorante al mes por cada 132 530 cubanos, una crema dental al mes por cada 1 100 cubanos, un jabón al mes por cada 132 cubanos y una colonia al mes cada 1 660 cubanos». Según Cubadebate, la empresa pretende retornar al mercado en pesos cubanos, el cual abandonó durante la pandemia de coronavirus —coincidente a su vez con el cierre de las ventas en las cadenas de tiendas nacionales—. 

Champú de la línea Bambú, producida por Suchel Camacho, y a la venta en el mercado informal de Centro Habana.

A través de la comercialización electrónica, Suchel Camacho S. A. facturó más de 15 millones de dólares durante la pandemia, dijo su presidenta, Yaney Cisneros Martín, en julio de 2023. Una nueva línea llamada Bambú deberá suplir las carencias del mercado nacional en las tiendas Cimex y Caribe.

No obstante, el desabastecimiento data de algunos años atrás. En 2018, Cuballama —un sitio digital de noticias sobre la isla— recorrió tiendas de varios municipios de la capital cubana y constató la escasez e inestabilidad de los productos de Suchel.

Un año más tarde, Marilyn Maqueira Correa, directora de Suchel Camacho hasta 2021, reconoció para el periódico Trabajadores que la sustitución de importaciones no alcanzaba los niveles pautados y que problemas financieros impedían satisfacer la demanda. En 2020, Diario de Cuba denunció en al menos dos ocasiones la escasez de jabón, detergente y champú en el país. En 2022, trascendió el incumplimiento de la producción del jabón que se distribuye por la canasta básica debido a la falta de viruta.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CUBANA: RETRASOS Y OPACIDAD

En el momento en que se publica esta investigación, la legislación medioambiental cubana transita por un proceso de actualización. La Ley 81 de 1997 del Medio Ambiente que regulaba la gestión ambiental del Estado cubano fue publicada en la Gaceta Oficial el 11 de julio de 1997. El artículo 4, inciso e, indicaba que «toda persona debe tener acceso adecuado, conforme a lo legalmente establecido al respecto, a la información disponible sobre medio ambiente que posean los órganos y organismos estatales».

En la Gaceta Ordinaria No. 58 del 8 de junio de 2022 se aprobó la comisión de estilo encargada de revisar el texto de la nueva norma, la Ley 150 («Del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente»). Sin embargo, la publicación de la nueva legislación tardó 15 meses. Vio la luz en la Gaceta Ordinaria No. 87 el 13 de septiembre de 2023 y entró en vigor en enero de 2024.

Julio Fernández Estrada, jurista cubano, considera que el retraso puede deberse a que normas como la Ley 150 crean mecanismos de control, estructuras y procesos que en la práctica son costosos o tienen implicaciones políticas. Por esa razón, el Gobierno opta por retrasar la entrada en vigor, porque se siente incapaz de cumplir lo estipulado o porque pretende ganar tiempo ante procesos retrasados o negociaciones con sujetos implicados en la ley. «Todas las opciones son posibles por la arbitrariedad de un sistema jurídico y político que permite demoras como parte de sus rasgos de opacidad y descontrol», remarca.

Michel Fernández, también jurista, puntualiza que la nueva ley se diferencia de su predecesora porque establece de manera más clara las prerrogativas de cada organismo de la Administración Central del Estado en materia ambiental y señala de manera inequívoca el papel rector del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente —que antes se disolvía en organismos que manejaban recursos, por ejemplo, de la agricultura, la pesca y la minería—.

El experto enfatiza en que el problema no reside en la legislación ambiental cubana, acorde con los estándares internacionales, sino en la obsolescencia de las infraestructuras, la antigüedad de las fábricas y sus altos índices de contaminación. «Sin desarrollo ni proceso inversionista responsable en Cuba prevalece la presencia de pasivos ambientales, industrias que existían antes de la legislación ambiental y no funcionan bajo las mismas reglas».

Fernández agrega que existe un principio de la conservación del medio ambiente y del derecho ambiental internacional contenido en la ley cubana que indica que «el que contamina paga». Esa persona o entidad debe responsabilizarse por la contaminación y responder a través de las contravenciones en un proceso judicial o en la Sala de lo penal.

«Las entidades que pueden causar un impacto al medio ambiente y producen desechos peligrosos deben someterse a un régimen de licencia ambiental que prevé cómo tienen que manejar los desechos —apunta el jurista—. Las disposiciones se establecen con base en las características de la zona y según las normas técnicas sobre el vertimiento».

No cumplir con la licencia constituye una violación a la legislación y puede conllevar a que la autoridad ambiental paralice las actividades de la empresa. Los ciudadanos también pueden reclamar el cese de la acción que provoca el daño, la restauración de la situación anterior y la indemnización de las personas.

ENTRE LA IMPUNIDAD Y LA DESIDIA

Dos notas publicadas en 2021 en la revista digital Cubahora resaltaron la «responsabilidad social» de Suchel Camacho S. A. En el texto se citó a Juan Diez Sánchez, jefe de departamento de Tecnología y Medio Ambiente de la empresa, quien recalcó que las regulaciones ambientales eran cada vez más rigurosas, por lo que las industrias «debían redoblar los esfuerzos para disminuir la cantidad de emisiones de contaminantes y lograr hacer los procesos más eficientes».

Diez Sánchez subrayó el apego de la firma a las regulaciones que dispone el sistema jurídico cubano y remarcó entre las principales innovaciones de la empresa la incorporación a su cartera de amenities biodegradables. Mencionó también como ejemplo de buenas prácticas el reciclaje de materias primas, la reutilización parcial de los desechos y la aplicación de un modelo de gestión de residuos peligrosos (aceites, luminarias y baterías).

Sin embargo, no existen datos públicos sobre cómo la empresa Suchel Camacho S. A. reduce y mitiga su impacto al medio ambiente. En respuesta a un correo electrónico que envió elTOQUE para solicitar información, Gisela Agramonte Urra, secretaria letrada de la empresa, confirmó la existencia de una planta de tratamiento de residuales y una licencia ambiental que fue renovada en 2023. Pero no ofreció detalles sobre las características de su sistema de tratamiento ni facilitó la consulta de la licencia.

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, conocida por sus siglas ORSA, dispone de las licencias ambientales. Colaboradores de la investigación, cuyas identidades han sido protegidas, se dirigieron a la entidad e intentaron consultar la licencia de Suchel Camacho S. A. sin éxito alguno. De forma oficial, elTOQUE solicitó acceso al documento también con resultados infructuosos, aun cuando la Ley 81 y los artículos 135,136, 137 y 142 de Ley 150 estipulan que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a los registros.

El proceder contrasta con los datos que aparecen en los medios oficiales cubanos sobre la empresa mixta Unilever Suchel S. A. en Mariel. En 2022, Prensa Latina ofreció detalles sobre la planta de tratamiento que incluía la nueva fábrica y su «sistema de generación de vapor de alta eficiencia» que reduciría las emisiones de CO2 a la atmósfera. El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, informó en la red social X sobre la nueva fábrica que contó con una inversión de 39.5 millones de euros.

Si Unilever Suchel fue transparente en torno al proceso de tratamiento de residuales en la fábrica del Mariel, ¿a qué se debe la opacidad de Unión Suchel en torno al vertimiento en Cojímar? ¿Por qué no existen declaraciones precisas sobre qué tecnología emplean?

Al analizar de forma cronológica las denuncias realizadas a lo largo de 20 años, hay otras preguntas que tampoco han sido respondidas. Por ejemplo, ¿qué pasó en 2010 cuando Cetro aseguró que instalaría sistemas eficientes si las declaraciones obtenidas en este reportaje refieren espuma en el río al menos hasta 2021? Si la información sobre el medioambiente debería ser accesible para personas naturales y jurídicas, ¿por qué no está disponible la licencia ambiental de las dos fábricas?

Pese al esplendor que un día ostentó, hoy Cojímar no posee valor turístico ni comercial. Es un pueblo pequeño con asentamientos informales alrededor y no la postal turística que ofrece el Malecón o las playas del Este más populares. Quizá ahí radique la razón principal por la que los actores responsables de controlar la contaminación hayan preferido girar la vista hacia otro lado durante dos décadas y no tomar acciones concretas contra la compañía mixta que factura millones de dólares al año.

En cuestiones de balanza, la rentabilidad que supone la zona franca Berroa en su conjunto probablemente resulte compensación suficiente para olvidar a los cojimeros. Mientras, las interrogantes anteriores quedan en el aire y el río y los habitantes de la zona se llevan la peor parte: inmundicia, desidia e impunidad.

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Con el propósito de obtener información actualizada y comprobar la evolución de la problemática ambiental detectada desde los estudios de 2004 del Cimab, elTOQUE contactó vía correo electrónico con la institución, así como con la delegación territorial del CITMA, la Agencia de Medio Ambiente y la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico, pero no obtuvo respuesta. Tampoco se encontraron datos que cuantifiquen el daño a la biodiversidad o el potencial impacto de la contaminación del río en la salud de los cojimeros.

En aras de conocer los protocolos de actuación de las empresas cuyos residuos se vierten en ecosistemas acuáticos, así como los efectos de la polución en las comunidades aledañas, el equipo contactó con la firma Antonio Puig S. A. —radicada en España y socio de Suchel Camacho—, con la Dirección Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana y con la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico. No existen respuestas para mostrar.

Notas de las autoras:

*Los nombres marcados (*) son ficticios a solicitud de los entrevistados.

[1] Modismo cubano que indica que pasarán un mal rato, que vivirán muchas vicisitudes.

[2] Según explicó el medio de prensa Café Fuerte en 2010, Intersuchel es una empresa sin capital propio ni operaciones que fue creada por Unión Suchel para gestionar alianzas con entidades o personas foráneas (el empresario español Manuel Camacho Mesa, quien figura como empresario único de la empresa Ralfabre S. A. y a quien Unión Suchel en 2010 le debía 20 millones por impagos de materias primas).

*El texto se publicó originalmente el 19 de enero de 2024 y fue actualizado el 4 de marzo de 2024 para incluir datos conseguidos a posteriori sobre el año en que se prohibió la pesca y el baño en el río Cojímar; asimismo, se precisó de la forma correcta la alusión a las empresas Suchel Cetro y Suchel Camacho, que inicialmente se habían usado sin distinción.