El 27 de mayo de 2022, el medio independiente Diario de Cuba publicó una versión editada y otra completa de una intervención del presidente del Tribunal Supremo (TS) de la República de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en una reunión de trabajo en 2018 con representantes de los Tribunales Provinciales. Al intercambio también asistieron dirigentes de prisiones, de la Fiscalía General de la República, de los órganos de Instrucción del Ministerio del Interior y de Criminalística, entre otros.

El video en cuestión estremece el sistema de justicia cubano, lo deja en evidencia, lo descubre en sus peores vicios y se convierte en un documento histórico sobre la situación del Estado de derecho en Cuba a fines de la segunda década del siglo XXI. 

Es paradójico que el centro de atención de la charla del presidente del Tribunal Supremo haya sido la práctica de las pruebas en los procesos penales en Cuba, porque el video de por sí es una prueba rotunda de las soluciones contrarias al Derecho y a la Constitución, que son la vida cotidiana del sistema de justicia en nuestro país.

La reforma penal en Cuba, una mirada en perspectiva (dosier)

La reforma penal pudiera ofrecer herramientas legales para luchar por las garantías del debido proceso. El Toque Jurídico propone una serie de textos que desean aportar al debate público y acompañar a la ciudadanía en este proceso.

Los momentos más importantes de la grabación y que contienen elementos más inquietantes sobre los objetivos de la impartición de justicia en Cuba y sobre el cumplimiento de los principios básicos de funcionamiento de los tribunales en cualquier lugar del mundo son:

• El presidente del Tribunal Supremo considera característica elogiable del sistema político, jurídico y de justicia en Cuba el hecho de que se puedan reunir en una sala para discutir temas y acordar posiciones representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y los Tribunales Populares. El dirigente expresa en su alocución que eso es imposible en otro lugar del mundo y que se trata de bondades del sistema cubano a las que hay que sacarle provecho.
• El funcionario se refiere al anteproyecto constitucional —ahora Constitución de la República— con preocupación, debido a la cantidad de garantías nuevas del debido proceso que contenía, lo cual haría más difícil el trabajo de los instructores, fiscales y jueces.
• El presidente del máximo órgano de justicia en Cuba aclara que ellos no son los jueces del enemigo —«no estamos para poner mala la cosa», dice—, sino los de la Revolución y el Partido. 
• El alto dirigente asegura que la gran mayoría de los jueces cubanos son confiables políticamente, y reconoce que no es un absoluto porque siempre hay algún que otro «gallo tapaʼo» —dice en referencia a algún juez o jueza que se salga de esa horma—.
• El presidente del Tribunal Supremo se refiere a la buena práctica de las pruebas como el momento decisivo dentro del proceso penal para enfrentar el principio de presunción de inocencia. Monta toda su charla en recomendaciones, consejos y explicaciones para que los instructores penales y los fiscales aprendan qué deben hacer para que los jueces reciban un expediente idóneo y consigan una sentencia condenatoria.
• Rubén Remigio Ferro comparte sus preocupaciones con jueces, fiscales y miembros del Ministerio del Interior sobre el papel de los abogados en el proceso penal, y comenta, en un ambiente ameno y de compañerismo, lo difícil que será todo si se aprueba que los abogados puedan intervenir desde la apertura de los procesos penales.
• El presidente del TS usa una imagen de la cultura campesina de Pinar del Río para expresar lo que los abogados logran dentro de un proceso penal. Se refiere a ellos como «los perros metidos en el tabaco», debido a la molestia y desorden que causan cuando participan, defienden, exigen; es decir, cuando hacen su trabajo. El alto funcionario de la justicia en Cuba declara que la inserción de los abogados desde fases tempranas del proceso habrá «que hacerla a la cubana».
• Abunda durante toda la charla en el valor que tienen las devoluciones de expedientes por parte de los Tribunales a la Fiscalía y la Instrucción. Los Tribunales, en su labor de impartir justicia, no deberían evaluar antes del juicio si la prueba que presenta la Fiscalía es suficiente para demostrar la culpabilidad del acusado. Los acusados deberían considerarse inocentes por regla. Sin embargo, las devoluciones demuestran cómo los Tribunales cubanos abandonan esa posición de imparcialidad y una vez que reciben los expedientes de la Fiscalía pueden devolverlos e indicar a los fiscales y a la Instrucción lo que deben arreglar para poder sancionar a los acusados. Los Tribunales se convierten así en acusadores. Rubén Remigio, sin remordimiento alguno, asegura al auditorio que esas devoluciones son señales de los jueces a quienes tratan de probar un delito para lograr juntos una condena. Explica que las devoluciones son «anticipos de lo que le hace falta al que tiene que tomar la decisión». 
• El jefe de Instrucción de Sancti Spíritus expresa —en un momento en el que se abre una ronda de preguntas y respuestas— en apoyo a las palabras del presidente del TS que las devoluciones permiten «calzar la prueba».
• El jefe de Instrucción citado analiza el papel de los abogados desde el inicio del proceso y reconoce que, en ese caso, «no tendrán confeso a casi nadie», refiriéndose a la dificultad de lograr una confesión de un acusado si este llega a tener asesoría letrada desde el inicio del caso. El funcionario descubre que, al menos en su provincia, los instructores han vuelto a trabajar en máquinas de escribir porque no hay computadoras para todos.
• Sobre este punto, el alto funcionario se refiere a la «teoría del Derecho Penal académico» para hablar de manera burlesca de las doctrinas que en las universidades del mundo y de Cuba enseñan sobre la importancia de un Derecho Penal garantista. Se define a sí mismo menos ortodoxo porque cree que el Derecho Penal también debe tener otros objetivos.
• De paso, deja algunos datos interesantes: solamente entre el 6 y el 8 % de los casos penales terminan en absolución. En un momento de molestia, le recuerda a los instructores y fiscales que si ellos quisieran no les hacen más devoluciones, pero entonces habría más absoluciones. El presidente del Tribunal Supremo dice en algún momento de la charla que «el día que no tengan absoluciones serán más sospechosos».
• Aporta el dato de que poco más del 20 % de los expedientes penales son devueltos desde los Tribunales porque no tienen elementos suficientes para lograr la certeza de los jueces.
• Asimismo, el presidente del TS reconoce que en los Tribunales reciben pruebas documentales falsas, entre las que se incluyen, según sus palabras, incluso sentencias de los órganos judiciales. También actualiza sobre las presiones que reciben los peritos todos los días antes de presentarse en los juicios orales; no solo de familiares, sino también de funcionarios del Estado.
• Otros datos importantes que aparecen en la reunión son que más del 60 % de los casos penales llegan a juicio con el acusado en prisión provisional; que los jueces del Tribunal Supremo atienden entre 40 y 50 asuntos por mes que deben terminar con sentencia, y; que más del 90 % de los asuntos que llegan a los Tribunales quedan resueltos.

Nuevo Código Penal: jaque al ejercicio de derechos constitucionales

El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Es bastante evidente la gravedad de lo que se expresa de forma tan desenfadada en el video difundido por Diario de Cuba. A la vez, llama la atención que no haya una repercusión mayor ante un documento tan contundente y que nos pone delante la realidad de la administración de la justicia penal cubana. 

Casi nada de lo que aparece en el audiovisual es nuevo para los juristas cubanos. Trabajen o no en el sistema de justicia, saben que no es precisamente la ley lo más importante en cada caso que se pone a consideración de los jueces. Aun así, nada es comparable con el golpe en la cara al Estado de derecho que significa que el presidente del Tribunal Supremo reconozca, sin ruborizarse, que en Cuba los jueces son de la Revolución y del Partido y que está bien ponerse de acuerdo con la Fiscalía y con el Ministerio del Interior para administrar justicia.

Es difícil ser una letrada o letrado en Cuba; saber que el trabajo de defensa de acusados no depende de tu abordaje de las pruebas ni de los argumentos que puedas organizar; saber que los casos se resuelven fuera de los estrados y que los jueces responden a mecanismos de presión que están previstos en la Constitución de la República. Pero que el presidente del Tribunal Supremo se refiera a las complicaciones que crean los abogados con su presencia en los casos penales como semejantes a las que producen los perros que entran en el tabaco, me parece demasiado ofensivo.

Si al menos a los abogados y abogadas en Cuba los dejaran andar en la justicia, sacarla de quicio con peticiones, recursos y exigencias, sería un paso de avance; pero en realidad no llegan a ser ni perros en el tabaco porque pocas veces se les deja ser determinantes en un caso.

Esperemos que la publicación de este video sea una razón más para que los estudiantes de Derecho en Cuba y los juristas que trabajan con la ley día a día tomen conciencia del daño que se le hace a la nación, al pueblo y al Estado de derecho si los jueces no son independientes, si los tribunales siguen pautas político-ideológicas y si a los abogados y a la justicia se les ve como menos que un mal necesario.

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Lo que no sabes del Código Penal

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