El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, recibió solicitudes de «Acción urgente» por los sobrevivientes de un enfrentamiento con Tropas Guardafronteras (TGF) cubanas durante un supuesto intento de infiltración armada en Cayo Falcones, en la costa norte de la provincia Villa Clara. Según informó Cubalex, organización de derechos humanos que presentó los expedientes al CED, este órgano de expertos «ha emitido una exigencia directa al Estado cubano» para que responda sobre las «personas desaparecidas», con plazo hasta el 19 de marzo de 2026.

En la mañana del 25 de febrero de 2026, Guardacostas cubanos mataron a cuatro tripulantes de una embarcación civil que se internó cerca de una milla náutica al norte de Villa Clara, durante un incidente que el Ministerio del Interior (Minint) cubano califica como un presunto «intento de infiltración terrorista». La versión oficial mencionó a otras seis personas que habrían formado parte de la expedición y resultaron heridas por disparos de las TGF.

Roberto Álvarez Ávila, una de las personas identificadas entre los sobrevivientes al momento de solicitar la Acción urgente ante el CED (28 de febrero de 2026), «falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas», según publicó el Minint un día después de cuando habría ocurrido el deceso.

Según Cubalex «durante varios días los familiares y representantes legales de estas personas [Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijaíl Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila y José Manuel Rodríguez Castelló] intentaron obtener información sobre su paradero» en hospitales, estaciones de la Policía y otras instituciones estatales, «sin recibir confirmación oficial sobre su ubicación o estado de salud». Asimismo, funcionarios judiciales se negaron a recibir un recurso de habeas corpus presentado en favor de los sobrevivientes ante el Tribunal Provincial Popular de Camagüey.

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Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas tras un enfrentamiento entre una lancha rápida y tropas guardafronteras cubanas en aguas al norte de Villa Clara el 25 de febrero de 2026. El Ministerio del Interior (Minint) informó primero sobre una «embarcación infractora» y, horas después, calificó el hecho como una «infiltración armada». ¿Qué sabemos?

Con estos argumentos, Cubalex presentó las solicitudes de Acción urgente, registradas por el Comité bajo los expedientes AU No. 2240/2026 a 2244/2026, de acuerdo con la información publicada por la organización cubana en el exilio.

Raudiel Peña, abogado de Cubalex, explicó a elTOQUE: «la exigencia del CED al Estado cubano significa que este órgano internacional consideró creíble la denuncia de desapariciones forzadas que hicimos y activó un procedimiento formal para solicitar información: dónde y en qué condiciones se encuentran las personas involucradas en los hechos de la lancha; bajo qué cargos fueron detenidas y qué tipo de procedimiento judicial se ha activado en su contra; por qué y cómo están siendo investigadas, y si existe un acta oficial de detención».

El jurista y politólogo precisó que «este tipo de comunicación no es una sentencia ni una sanción, pero sí es una exigencia formal de cooperación internacional».

El Comité contra la Desaparición Forzada es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuba firmó este tratado en 2007 y lo ratificó en 2009, por lo que asumió obligaciones jurídicamente vinculantes en el derecho internacional para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas y garantizar la protección de las víctimas.

De acuerdo con la Convención, la desaparición forzada es «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley».

Según el abogado Raudiel Peña, en el caso de los sobrevivientes del enfrentamiento, «lo fundamental no es solo que se produjo la detención, lo cual es público y notorio, sino las condiciones en las que están y su paradero, pues este desconocimiento deja a las personas fuera de cierta protección legal, las coloca en un limbo jurídico, y también coloca a sus familiares en una situación de incertidumbre sobre su destino».

Anamely Ramos, académica y defensora de derechos humanos, opinó que la iniciativa de Cubalex es «muy importante en este momento».

De acuerdo con Ramos, «nada justifica que las familias no puedan acceder a sus familiares, vivos o muertos; que la Embajada de Estados Unidos no haya podido asistir ni siquiera a los ciudadanos americanos; que no tengan representación legal aún, que ni siquiera una lista correcta y clara de quiénes son y su estado hayan querido ofrecer».

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Roberto Azcorra Consuegra, identificado por el régimen cubano como presunto herido luego de entrar en una lancha rápida en aguas territoriales cubanas, no está en Cuba ni está herido.

Si el Estado cubano no responde a la solicitud de información del CED, «el procedimiento no se detiene, sino que se mantiene el caso abierto», explica Raudiel Peña. «Incluso la ausencia de respuesta por parte del Estado cubano también es de cierta forma una respuesta negativa a la primera comunicación», afirma el experto.

De acuerdo con el abogado, «el Comité contra la Desaparición Forzada puede reiterar la solicitud de información y continuar evaluando la situación con los datos disponibles. También hacer contacto directo con familiares u organizaciones de derechos humanos».

Otra consecuencia de una posible falta de respuesta a una petición del CED, es que «se registra la falta de cooperación del Estado parte con un mecanismo internacional de derechos humanos, lo cual, cuando se haga la próxima evaluación de Cuba ante ese comité, sería señalado en sus informes públicos y en otros espacios del sistema de las Naciones Unidas».

Para el abogado Raudiel Peña, «en términos prácticos, la comunicación enviada por el Comité aumenta la presión internacional para que el Estado esclarezca la situación de las personas cuyo paradero o las condiciones en que están detenidas se desconoce», concluyó en sus declaraciones a elTOQUE.

El 27 de febrero de 2026, el Minint presentó en la televisión estatal armas, municiones y otros equipos militares y de comunicación que, según los oficiales cubanos, fueron ocupados en el bote con matrícula de Florida (Estados Unidos) en el que se acercaron a Cuba los diez civiles involucrados en el enfrentamiento con los guardacostas.

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Es probable que para muchos esta sea la primera vez que escuchan el nombre de esta cubana que fue acusada públicamente de terrorismo por oficiales del régimen de La Habana. Otros saben muy bien quién es Maritza Lugo desde hace bastante tiempo.

Un coronel del Ministerio del Interior aseguró que Maritza Lugo, ex prisionera política exiliada en Estados Unidos, era la principal financista de la operación. Sin embargo, en declaraciones a Martí Noticias, ella negó ser responsable de entrenar y financiar al grupo interceptado por las Tropas Guardafronteras.

El 4 de marzo la Fiscalía cubana dijo que presentó cargos por «terrorismo» contra los sobrevivientes de Cayo Falcones y aseguró que los sospechosos permanecen en detención preventiva.