Medios oficiales cubanos difundieron mensajes que generaron interrogantes dentro y fuera de la isla sobre una posible declaración de estado de guerra en el país. 

Sin embargo, un análisis del marco legal y de los hechos reportados permite concluir que, hasta el momento, Cuba no ha declarado el estado de guerra ni ha activado el régimen excepcional de defensa.

Hay que leer con cautela la narrativa difundida por la propaganda oficial. El objetivo principal de su comunicación no es informar sobre decisiones concretas con efectos inmediatos, sino transmitir un mensaje político, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos —sobre todo después del 3 de enero de 2026—.

Lo que confirmó el régimen de La Habana fue que el Consejo de Defensa Nacional (CDN) celebró una reunión. Este órgano es el encargado —según la Constitución— de organizar y preparar al país para la defensa desde tiempos de paz. La nota difundida tras ese encuentro señala que las decisiones adoptadas contaron con el conocimiento y la autorización de Raúl Castro, un detalle relevante que contradice la narrativa de su supuesto retiro definitivo de los asuntos estratégicos del poder.

De acuerdo con la información disponible, lo aprobado no fue una declaración de guerra, sino la actualización de planes de contingencia para un escenario hipotético en el que la isla tuviera que transitar hacia una situación bélica. 

Desde el punto de vista jurídico, la legislación cubana es clara. La Constitución de 2019 y la Ley de Defensa Nacional establecen que el estado de guerra solo lo puede declarar la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su defecto, el Consejo de Estado; y únicamente puede hacerlo ante una agresión inminente o un ataque materializado. Ninguna de esas condiciones ha sido reconocida oficialmente hasta ahora.

Tampoco se ha declarado una figura intermedia prevista en la ley: el estado de movilización general (diseñado para elevar de manera gradual la disposición combativa del país antes de un conflicto armado). Esta medida sí podría decretarla el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, sin necesidad de la intervención de otros órganos del Estado. Sin embargo, tampoco se ha adoptado de manera formal.

La reticencia del régimen cubano a declarar estados de excepción no es nueva. A lo largo de los últimos años, pese a enfrentar crisis severas —huracanes, inundaciones, emergencias sanitarias y colapsos energéticos— el Gobierno ha evitado recurrir a figuras legales extraordinarias. En su lugar, ha sostenido la idea de que Cuba vive una «excepcionalidad permanente» debido a la hostilidad con Estados Unidos, argumento que ha servido para justificar restricciones prolongadas a derechos y libertades.

Siempre nos han pedido la muerte. El discurso guerrerista de la Revolución

La petición de inmolarse por la «patria» forma parte de un kit de herramientas con las que el Estado revolucionario ha dominado y sometido a sus ciudadanos. Se trata de una de las prácticas más socorridas para dictar modelos de actuación y que está estrechamente vinculada con la normativa emocional.

La reciente comunicación del Consejo de Defensa Nacional es parte de una retórica guerrerista orientada a proyectar fortaleza y disposición al enfrentamiento. No obstante, más allá del discurso oficial, la capacidad militar real de Cuba parece limitada al control del orden interno, sin evidencias de un potencial suficiente para enfrentar un conflicto convencional con una potencia militar de primer nivel.

Para observadores críticos, el énfasis en planes abstractos, mensajes simbólicos y una «guapería» sin respaldo material refuerza una preocupación de fondo: que el régimen priorice la confrontación retórica y la movilización ideológica antes que la búsqueda de salidas políticas, aun cuando ello implique elevar los costos humanos para la población cubana.

La población de la isla sobrevive una crisis tras otra. Sería contraproducente que el régimen de La Habana declarase el estado de guerra en la Cuba de 2026. Sobre todo porque la situación interna es desoladora: la gente batalla cada día para agenciarse los recursos mínimos y básicos de vida, a la vez que sufre prolongados cortes de luz, enfermedades y carencias. 

Sería irresponsable desplazar los escasos recursos del país para garantizar la sostenibilidad de un estado de guerra; más cuando no hay evidencia material de una agresión inminente.

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