Durante los últimos días, en medio de un creciente malestar social en Cuba por las nuevas tarifas de Internet impuestas por la empresa estatal Etecsa, estudiantes universitarios de al menos 25 facultades en distintas provincias han emitido declaraciones públicas de rechazo. Algunos también han convocado a un paro docente.

«Este nivel de articulación pública entre múltiples centros universitarios no tiene precedentes recientes en Cuba. La magnitud y simultaneidad de los pronunciamientos evidencian un punto de inflexión: por primera vez en años, la protesta no se limita al ámbito simbólico o individual, sino que ha tomado cuerpo en un reclamo colectivo, organizado y políticamente significativo», señaló este 6 de junio de 2025 el Observatorio de Libertad Académica (OLA) en un comunicado.

Sin embargo, altos funcionarios del Gobierno cubano, voceros oficiales y la dirigencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) han difundido afirmaciones que buscan desacreditar las manifestaciones de descontento y su legitimidad, una narrativa desinformadora que han ensayado en otros escenarios de contestación ciudadana del poder.

El discurso oficial ha recurrido a una narrativa desinformadora para contener y minimizar las declaraciones públicas de varios grupos de estudiantes. Lejos de estar «confundidos» o «manipulados» desde el extranjero, como afirman las autoridades, los universitarios han demostrado una postura clara, articulada y autónoma.

No, los estudiantes no están «confundidos»

Una de las narrativas más repetidas es que los alumnos no comprenden bien las medidas de Etecsa y que sus reacciones responden a una «confusión». En el programa de propaganda estatal Mesa Redonda del 3 de junio de 2025, los funcionarios aseguraron que el malestar estudiantil era producto de una «falta de información».

Los comunicados estudiantiles emitidos por diversas facultades evidencian un análisis detallado de las tarifas, la dolarización de los servicios y el impacto económico en las familias cubanas. Lejos de estar «confundidos», los estudiantes argumentan con claridad por qué consideran injustas las nuevas condiciones de conectividad. Varias de sus cartas denuncian el carácter excluyente de las medidas y exigen su revocación inmediata. No hay evidencia de que sus posturas respondan a un malentendido.

Crece tensión en las universidades: la desobediencia se extiende

La tensión cívica y política sigue creciendo en Cuba. Los estudiantes universitarios continúan articulándose en torno a la protesta contra el tarifazo de Etecsa, pero ya no solo por ese hecho puntual. La amenaza estatal no ha logrado aplacar su decisión de ser desobedientes.

En una declaración, los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana expresan su «firme intención de unificar las facultades que comprenden la Universidad de La Habana» y solicitan un «espacio público de intercambio» para que los estudiantes puedan participar activamente en el diálogo.

Además, demandan la renuncia del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, debido a su «incapacidad demostrada para representar a los estudiantes». Este pronunciamiento refleja una postura lúcida que desafía la idea de confusión entre los estudiantes.

Del manual oficial: ignorar derechos, culpar al «enemigo» externo

La dirigencia nacional de la FEU, en un comunicado publicado el 2 de junio de 2025, sostuvo que la protesta universitaria ha sido alentada por «enemigos» y acusó a sectores de la sociedad civil de difundir fake news y convocatorias falsas con la intención de dañar el debate generado desde las universidades.

La narrativa de la injerencia externa o de la conspiración contra la «Revolución» ha sido una herramienta recurrente del aparato ideológico cubano para desacreditar protestas sociales genuinas, como las de julio de 2021. En este caso, el comunicado de la FEU reproduce esa lógica, sin presentar pruebas concretas que respalden sus acusaciones, buscando desmovilizar al estudiantado.

Por el contrario, muchas de las declaraciones estudiantiles han sido publicadas desde cuentas verificables de estudiantes en redes sociales, a la par que han surgido otras páginas alternativas a las oficiales creadas por la FEU de cada facultad. En algunos casos incluyen imágenes, videos y referencias a reuniones internas, lo que refuerza su autenticidad. Las demandas también han sido consistentes: se centran en la crítica al tarifazo, el acceso desigual a Internet y la falta de representación genuina dentro de las estructuras estudiantiles oficiales.

Además, medios de prensa independientes, cubanos y extranjeros, académicos exiliados y observatorios internacionales han confirmado la veracidad de estos pronunciamientos. El uso de la etiqueta «enemigos» para deslegitimar a quienes disienten no solo desacredita el reclamo estudiantil, sino que contribuye a un clima de hostigamiento institucionalizado dentro del ámbito universitario.

Reducir la protesta a una manipulación externa es desconocer la realidad cotidiana que enfrentan miles de jóvenes en Cuba: apagones prolongados, restricciones económicas, falta de acceso a recursos académicos y una creciente frustración ante la falta de reformas reales. Es evidente que las voces estudiantiles no responden a una agenda foránea, sino a una necesidad interna y urgente de cambio.

Esta narrativa ha sido sostenida por declaraciones en redes sociales de funcionarios gubernamentales —Abel Prieto, exministro de Cultura; Ricardo Ronquillo, presidente de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba— y, además, por la prensa estatal controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) que replicó las declaraciones de Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del PCC. Morales calificó la protesta estudiantil de «maniobra desestabilizadora» promovida por «enemigos del sistema».

Morales Ojeda instó a «cerrar filas» y a mantener la estabilidad institucional frente a lo que consideró manipulaciones mediáticas y tergiversaciones oportunistas.

La narrativa oficial insiste en que hay normalidad en el ambiente universitario y en que las protestas son aisladas, lo cual contrasta con los informes de múltiples facultades que han expresado su descontento de manera pública.

En una comparecencia pública, la presidenta de Etecsa, Tania Velázquez, pidió disculpas al pueblo cubano por las molestias ocasionadas por el aumento de tarifas, pero insistió en que las medidas son necesarias para mejorar la infraestructura del monopolio de las telecomunicaciones en la isla. Sin embargo, no reconoció directamente la magnitud de las protestas estudiantiles ni abordó las preocupaciones específicas planteadas por los estudiantes.

Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en su pódcast Desde la presidencia justificó el aumento de las tarifas de Etecsa y argumentó que esos ingresos son necesarios para evitar el «colapso tecnológico» y el «desplome inminente» del sistema de telecomunicaciones del país. Afirmó que renunciar a implementar las medidas sería renunciar a ingresos esenciales para el funcionamiento del servicio.

Etecsa recauda 2 900 millones de dólares al año con líneas móviles, pero amenaza con colapsar: las cuentas no cuadran

Etecsa recauda más de 2 900 millones de dólares al año, pero mantendrá el tarifazo porque si no «colapsará». A pesar de los reclamos ciudadanos, en su pódcast, Díaz-Canel confirmó que nada cambiará. 

En tanto, la respuesta de parte de la comunidad estudiantil ha sido rotunda: «(...) rechazamos cualquier manipulación de nuestro sentir o intento de deslegitimar nuestro pensamiento y nuestra demanda, nuestro sentir es genuino y nace de nuestro supremo compromiso con nuestra patria y con todos los cubanos y fieles a su soberanía, no somos títeres de nadie ni asumimos intereses espurios o del exterior. Incluso, en estos últimos días y en reiteradas oportunidades demandamos a nuestros representantes de la FEU y la UJC a que nos acompañaran en este momento y todos se negaron rotundamente, por lo que ninguno de ellos ha asumido el papel que les corresponde y se han desmarcado de quienes juraron representar y servir», expresaron en un comunicado los estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín.

Los universitarios declararon, además, que rechazan «toda aquella institución o funcionario Público que se oponga AL EJERCICIO DEL DERECHO DE LA CONSULTA LIBRE, DIRECTA Y SIN VIGILANCIA, así como aquellos que ejerzan coerción, detención, acoso, separación o sanción institucional sobre cualquier estudiante, docente o trabajador».

Por su parte, el doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Fernández Estrada, exprofesor de la Universidad de La Habana, escribió en una columna de opinión: «Ahora hablan los estudiantes universitarios. Han dado la cara y han puesto el cuerpo por ellos y por el pueblo cubano, estudiantes de diversas carreras y de diversas provincias del país, y la Universidad de La Habana ha vuelto a ser el lugar donde se cuece la sana inconformidad (que debería ser natural y parte del metabolismo de la sociedad y el sistema político, pero que el autoritarismo nunca entiende ni reconoce ni acepta)».

Desinformar para silenciar, como ha ocurrido en este caso, no solo vulnera el derecho a la información, sino que perpetúa un clima de hostigamiento contra quienes deciden alzar su voz y ejercer su derecho a la protesta.