Que Luis Manuel Otero Alcántara «estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de los derechos humanos, específicamente, la libertad de expresión artística, y la libertad de opinión» fue una de las preocupaciones centrales comunicada por tres relatoras especiales de las Naciones Unidas al Gobierno cubano el 23 de mayo de 2022 con carácter urgente.

La comunicación permaneció en confidencialidad durante 60 días. En ese período, se esperaba que la Administración del archipiélago respondiera a los expertos de la ONU. Como no ocurrió, el organismo internacional decidió hacer público el documento el 25 de julio de 2022. En ese lapso, Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión.

El último arresto de Luis Manuel ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando se dirigía a unirse a las protestas antigubernamentales en la capital del país. Al momento de la comunicación de la ONU, el artista y activista llevaba más de ocho meses en prisión preventiva y aún no se anunciaba la fecha del juicio —«a pesar de que el máximo período de detención preventiva, decretado por ley, sería 60 días», detalla—.

Añaden las relatoras especiales —sobre la situación de los defensores de derechos humanos, sobre los derechos culturales y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión— que, la medida cautelar de prisión de Luis Manuel, «podría constituir una violación de su derecho al [debido] proceso».

Naciones Unidas expresó su preocupación sobre el caso de Luis Manuel en una comunicación anterior, enviada al Gobierno cubano el 13 de octubre de 2021. En esa ocasión —que tampoco fue atendida— señalaron su inquietud «sobre los fundamentos fácticos y legales de la detención» del artista.

Las relatoras especiales, si bien aclaran que no desean prejuzgar la veracidad de las acusaciones contra el Gobierno de Cuba por las violaciones procesales en el caso de Otero Alcántara —entre las que se hallan la demora para la asistencia legal, la prohibición de visitas familiares, la denegación de un habeas corpus y consecuencias físicas debido a dos huelgas de hambre—, puntualizan que es su responsabilidad clarificar las anteriores alegaciones.

Solicitaban, entonces, la cooperación y observaciones de las autoridades cubanas sobre varios aspectos; a saber:

1. Proporcionar información o comentarios adicionales en relación con los alegatos.
2. «Proporcionar información sobre los fundamentos fácticos y legales de la detención en curso del Sr. Otero Alcántara» y explicar «cómo los cargos en su contra son compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Cuba, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos».
3. «Proporcionar información sobre las razones por las cuales el Sr. Otero Alcántara sigue en detención preventiva a más de diez meses desde su detención original, así como sobre su estado de salud, incluyendo cualquier atención médica que se ha proporcionado por las secuelas que sufre tras las huelgas de hambre».

Las relatoras instaron al Gobierno a adoptar «todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades» de Luis Manuel e «investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas». Solicitaron, además, tomar medidas efectivas para evitar la repetición de hechos similares. Solicitudes que fueron desoídas por la Administración del archipiélago.

Otero Alcántara fue condenado el 24 de junio de 2022. Las comunicaciones de la ONU estarán disponibles en el informe habitual que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos.

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