El Gobierno cubano, a través de autoridades locales, ha negado la autorización para llevar a cabo una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre. La prensa oficial dio a conocer la noticia acusando a la iniciativa de tener «carácter desestabilizador». Se trata, en los últimos sesenta años, de la primera convocatoria pública, formal y extendida por distintos puntos de la geogragía nacional para llevar a cabo una manifestación política no oficial en Cuba.
Alexis Acosta, Intendente de la Habana Vieja, firma una carta dirigida a Yunior García, líder del grupo Archipiélago, en la que asegura que «no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de "cambio de régimen" para Cuba, ensayada en otros países».
En Santa Clara, Cienfuegos y Las Tunas, los solicitantes recibieron copias idénticas del mismo documento, firmadas por los respectivos gobiernos municipales.
Archipiélago responde
La plataforma Archipiélago asegura que la decisión es marchar el 15 de noviembre próximo de manera cívica y pacífica pese a la negativa del Gobierno.
«La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos», expresa un breve comunicado publicado en la página de Facebook de la plataforma.
Los organizadores de la iniciativa consideran que la respuesta de las autoridades deja en rídiculo al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, quien dijo que Cuba respetaría el derecho a la manifestación. «La respuesta del régimen está llena de falsedades, difamaciones y mentiras. La respuesta del régimen constituye un crimen», declaran.
«El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo», concluyen.
Las razones que se esgrimen para la marcha son cuatro: la liberación de los presos políticos, en especial los de 11J; el fin de la violencia; el respeto de los derechos de todos los cubanos; y la resolución de problemas por vías democráticas y pacíficas.
Archipiélago había anunciado el lunes 11 de octubre que funcionarios de las asambleas municipales del Poder Popular habían citado a firmantes de las solicitudes de permiso para la Marcha Cívica por el Cambio convocada primero para el 20 de noviembre y luego para el día 15 de ese mes. Se presentaron solicitudes en ocho provincias: La Habana (20/9), Holguín (21/9), Santa Clara (22/9), Nuevitas (Camagüey, 22/9), Cienfuegos (27/9), Guantánamo (28/9), Pinar del Río (1/10), Las Tunas (7/10) y Camagüey (12/10).
La fecha inicial de la convocatoria era el 20 de noviembre; pero fue adelantada ante el anuncio de que ese día culminaría un conjunto de ejercicios militares por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En días anteriores, varios de los firmantes de estas solicitudes fueron interrogados y coaccionados por la Seguridad del Estado. Otros sufrieron vigilancia policial en sus domicilios. El doctor Manuel Guerra, residente en Holguín y miembro de la plataforma Archipiélago fue detenido de manera arbitraria y liberado días después. Yunior García ha sido centro de una campaña de descrédito desde perfiles oficialistas en las redes sociales y medios estatales. Desde la negativa a la realización de la marcha, se ha reportado la detención de Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, el corte del acceso a Internet de otros activistas, así como vigilancia domiciliaria.
Los solicitantes reaccionan
Saily González Velazquez (Santa Clara): «Mientras nosotros entregamos una carta con varios firmantes (en el caso de Santa Clara fueron 22) ellos me entregan una respuesta a título personal. Lo primero que hacen es anular, desconocer al resto de los firmantes y por supuesto a la sociedad civil que se ha expresado, sobre todo en redes sociales, con respecto a la marcha. Ellos (las autoridades) han decidido desconocer el apoyo popular que ha tenido esta iniciativa cívica y totalmente pacífica. Es importante que se sepa que en Cuba el Gobierno no les permite a sus ciudadanos, a la sociedad civil, manifestarse. El Gobierno utiliza las leyes a conveniencia y desconoce los derechos constitucionales de sus ciudadanos. Incluso la Institución, que en este caso es la Asamblea Nacional del Poder Popular, responde al Gobierno en lugar de al pueblo como debería ser. Esto es un totalitarismo en toda regla. Es importante que se sepa también que a varios de los firmantes nos mantienen vigilados. A varios activistas les han cortado el servicio de Internet, y a otros nos han amenazado. Todo lo que estamos pidiendo lo estamos haciendo en ejercicio de nuestros derechos. Y no estamos pidiendo: estamos exigiendo. Hay cientos de presos políticos en Cuba y no los vamos a dejar solos. Esta también es una marcha por solidaridad con quienes pusieron su cuerpo el 11 de julio y se los llevaron arbitrariamente».
David Martínez (Cienfuegos): «Al momento de la negativa, ellos alegaban que cualquier manifestación contra el Gobierno, el comunismo o el sistema socialista es organizada desde la CIA o financiada por el Gobierno de Estados Unidos, lo cual es totalmente absurdo. Ellos tienen que probar que yo recibo fondos de algún lugar para poder afirmar eso. Para querer un cambio en Cuba basta con no estar de acuerdo con las condiciones y el poder actuales».
Leinier Cruz (Guantánamo): «No somos de otro país. Somos cubanos que quieren mostrar su desacuerdo con muchos de los problemas de este país. Así como el Gobierno protege y vela por el orden en las marchas convocadas desde la oficialidad, debería hacerlo con el resto de las peticiones. Quienes están en desacuerdo con el Gobierno también deberían tener vías legítimas para manifestar su inconformidad».
Leonardo Fernández Otaño (La Habana): «Hemos visto un Estado autoritario que se ha quitado todo el ropaje. Ante la iniciativa de los ciudadanos solo sabe volver a las consignas, a las viejas estructuras que no nos dicen nada. Es el momento de actuar con ciudadanía, con una ciudadanía responsable, con una ciudadanía que apuesta por la reconciliación y por el paso seguro. Ante el autoritarismo, el pacifismo. Lo más interesante de esto que ha sucedido es que en su lenguaje de descrédito han visto en Archipiélago un actor, y saben que es un actor que puede articular. Creo que ese es el mayor temor de un Estado autoritario. Ahora toca pensar con cabeza fría y ser más inteligentes. Tenemos de nuestro lado la transparencia y la capacidad de ser democráticos. Frente a eso solo nos queda ser prudentes y actuar con tino como ciudadanía, escuchando todas las propuestas que nos vengan desde los distintos actores sociales y desde los distintos miembros de Archipiélago. Esto nos sigue llamando al reto de articularnos cada vez más».
Texto íntegro de la respuesta a la solicitud para la marcha cívica:
En atención al documento presentado, sobre la decisión de varios firmantes de realizar una marcha en fecha próxima, le comunico:
El artículo 56 de la Constitución, que se menciona como sustento legal, dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la manifestación la licitud y el «respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
En cuanto a la licitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba, ensayada en otros países.
Además, apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar.
El artículo 45 de nuestra Carta Magna refiere que el «ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes». En su artículo 4 se define que «el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable», por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita.
La Constitución de la República fue debatida ampliamente y aprobada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, abrumadora mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, es evidente que, si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha.
- Consulta las solicitudes para la marcha cívica y las respuestas por provincia.
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