Al menos 250 eventos represivos contra familiares de presos políticos ocurrieron en Cuba entre marzo de 2023 y junio de 2024, de acuerdo con un informe reciente del programa Justicia 11J. El 94 % fueron clasificados de incidentes de hostigamiento.

De las 80 personas que fueron víctimas de diferentes tipos de hostigamiento estatal, 66 eran mujeres. 

También se registraron casos de violencia contra seis personas mayores de 65 años y cinco menores de edad.

La Seguridad del Estado fue la institución responsable del mayor número de incidentes, seguida por la Policía Nacional Revolucionaria, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa), civiles a nombre del Estado, los sistemas educativo y judicial, entre otros.

Entre las formas de represión identificadas se encuentran casos de acoso, limitaciones a la comunicación, obstáculos para visitar a los presos, regulaciones de salida del país, citaciones a interrogatorios, descréditos, amenazas, sitios policiales, detenciones, violencia física y represión de protestas.

La violencia política contra el disenso continúa

El estudio revela patrones de represión contra mujeres. Marineisy Martínez, esposa del preso político Eider Frómeta, fue violentada psicológicamente. Durante un interrogatorio, un oficial de la Seguridad del Estado le ofreció convertirse en su pareja y la amenazó con enviar a sus hijos a un hogar para niños sin amparo familiar.

En abril de 2024, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, fue arrestada y amenazada con cárcel por sus publicaciones en redes sociales y por vincularse con las Damas de Blanco.

Durante su detención en Villa María Luisa, en Camagüey, la obligaron a desnudarse y hacer cuclillas. En mayo de 2024, Marcano marchó al exilio.

Yuneisy Santana, esposa de Samuel Pupo Martínez, también tuvo que desnudarse y dejarse requisar para tener acceso a una visita conyugal.

Rostros de los presos políticos: Samuel Pupo Martínez

Samuel Pupo Martínez es un preso político cubano condenado a 3 años de prisión por protestar contra el Gobierno en julio de 2021. Sufre una grave enfermedad y ha denunciado malos tratos en la cárcel.

Entre los casos reseñados por el informe destaca el de la activista Moraima Rodríguez, madre del preso político Alexander Díaz Rodríguez, quien fue asaltada y golpeada en enero de 2024, en La Habana, cuando se dirigía a entregar documentación para solicitar la licencia extrapenal de su hijo.

Los agresores rompieron la documentación que llevaba la coordinadora del proyecto «Emilia» y la dejaron pidiendo auxilio en la calle.

En enero, Orlando Ramírez, tutor de Jonathan Torres Farrat, fue agredido por una persona que dijo confundirlo con un ladrón. Ramírez fue llevado a la estación Aguilera, en Diez de Octubre, La Habana, y sus agresores fueron liberados.

En otras ocasiones, la policía política cubana ha usado a ciudadanos comunes y agentes encubiertos para agredir físicamente a opositores y activistas, por lo cual los casos anteriores podrían responder a la misma dinámica represiva.

La investigación documentó casos de menores de edad. Nathalie Álvarez López, hija de la presa política Gloria María López, fue trasladada a un centro de reeducación controlado por el Ministerio del Interior, donde sufrió robos, privación de alimentos y exclusión de actividades habituales. Otro caso es el de Hugh Dieter Pupo Santana, hijo de Samuel Pupo Martínez, quien ha sufrido hostigamiento escolar por parte de algunos profesores.

Otra forma de acoso son las limitaciones a la comunicación. Las personas afectadas han sufrido cortes de Internet para impedirles coordinar protestas o realizar denuncias.

Por otro lado, las autoridades cubanas han puesto obstáculos para las visitas de los presos políticos. 

Se ha documentado la negación arbitraria de visitas, incluso cuando los familiares se han trasladado largas distancias. En algunos casos, como el de Jorge Martín Perdomo, los familiares fueron detenidos antes de llegar a la prisión.

El preso político José Daniel Ferrer no ha recibido visitas familiares desde abril de 2024. Su esposa Nelva Ismarays Ortega Tamayo pidió fe de vida tras la negación de la última visita en julio.

Rostros de los presos políticos: José Daniel Ferrer García (+Narración)

Luego de tres meses de incomunicación, el régimen cubano permitió que el opositor y preso político José Daniel Ferrer García recibiera a su familia en la prisión Mar Verde

El informe también señala casos de familiares a los que se les ha negado el derecho a salir de Cuba. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, tienen prohibido salir del país.

La represión de protestas pacíficas es otro patrón identificado. En mayo de 2024, Ludislay Morales, esposa de Daynel Cambell, fue detenida y amenazada con ir a prisión por plantarse frente a la Plaza de la Revolución para exigir respuestas sobre la situación penal de su esposo.

El informe documenta 16 casos de familiares que han optado por el exilio como consecuencia directa de la represión constante. A saber: Ailex Marcano, Pedro López, Roxana García Lorenzo, Jonathan López y su hermana menor de edad (suegro, hermana y

cuñado y cuñada, respectivamente, de Andy García); Teresa Rodríguez (madre de Yosney Emilio Román Rodríguez, Mackyanis Román Rodríguez y Emiyoslán Román); Deisy Sánchez (madre de Juan Enrique Pérez Sánchez); José Daniel Ferrer Cantillo (hijo de José Daniel Ferrer); Dairon Hernández (hijo de Loreto Hernández y Donaida Paseiro); Ana León (madre de Elías Rizo), Yusneilys Racet (esposa de Nosley Lázaro Domínguez) y sus tres hijos, más la esposa y el hijo de un manifestante anónimo.

Además, fue obligado a salir de Cuba el expreso político Lázaro Yuri Valle Roca y su esposa Eralidis Frómeta.

En mayo de 2024, Niurka Caridad Ortega Cruz, madre del preso político Eduardo Sierra Ortega, fue detenida junto a su esposo en el aeropuerto El Dorado, en Colombia, luego de que Nicaragua les prohibiera la entrada. 

Justicia 11J llamó la atención sobre «un patrón de complicidad entre regímenes autoritarios para impedir la entrada a Nicaragua de personas disidentes cubanas». 

El estudio también documenta casos de familiares que han iniciado huelgas de hambre para protestar. En diciembre de 2023, Ailex Marcano, Wilber Aguilar y María Angélica Ramírez realizaron un ayuno para exigir la libertad de sus hijos. En mayo de 2024, Evelyn Suñé se declaró en huelga de hambre para exigir la liberación de su esposo Daniel Moreno.

Ante la represión, Justicia 11J recomienda a la sociedad civil crear redes de apoyo y solidaridad para las familias afectadas, organizar campañas de sensibilización, promover la denuncia de violaciones de derechos humanos y brindar asistencia legal a las víctimas.

A la comunidad internacional, le recomiendan condenar públicamente las violaciones de derechos humanos, iniciar investigaciones independientes sobre los casos de represalias, ejercer presión diplomática sobre el régimen cubano y brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la isla.