Son tiempos en los que la avalancha diaria de informaciones diversas ha vuelto a ser parte indisoluble de la forma de hacer política de la Administración Trump. Una estrategia que Steve Bannon calificó hace varios años de flood the zone with shit (inundarlo todo con basura). La frase se refiere a la intención de atiborrar a la opinión pública con información diversa e imposible de verificar en su totalidad para que dejen pasar noticias y elementos importantes que permitan a la Administración seguir haciendo sin mayores escrutinios.

En medio de esa avalancha, los medios de comunicación han reproducido de forma inmediata cualquier filtración de los «planes» de la Casa Blanca. Como parte de esas reacciones, recientemente varios medios de prensa se han hecho eco de la posibilidad de que el presidente Trump promulgue una orden ejecutiva para definir una «lista roja» de países cuyos nacionales pudiesen ser vetados de ingresar en EE. UU.

Muchos cubanos se han alarmado con la noticia porque Cuba aparece dentro del posible listado de países afectados por la medida.

Pero ¿qué se puede esperar de una noticia así?

Posible justificación

La información disponible hasta ahora proviene, en su mayoría, de fuentes anónimas cercanas a la Administración Trump. A diferencia de otras noticias recientes sobre temas migratorios (como la suspensión de la tramitación de las aplicaciones migratorias de los beneficiarios del parole humanitario y CBP One), esta no se basa en un borrador oficial ni en un memorándum interno al que tuviera acceso la prensa.

No obstante, el 20 de enero de 2025, Trump firmó (en su primer día en la Casa Blanca) una orden ejecutiva en la que afirmó que su Administración protegería a los ciudadanos de Estados Unidos contra y dijo: «extranjeros con intenciones de cometer ataques terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, promover ideologías de odio o aprovechar las leyes de inmigración con fines malintencionados».

Lista roja de viajeros: Trump planea prohibir entrada de cubanos a Estados Unidos

La restricción sobre viajeros forma parte del prontuario de acciones que Trump ordenó el mismo día de su juramentación, y presupone la designación de un listado de países problemáticos y recalcitrantes, entre los que estaría Cuba, según fuentes consultadas por Wilfredo Cancio. 

En ese marco, la orden otorga al secretario de Estado (Marco Rubio), a la fiscal general (Pam Bondi), a la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi Noem) y a la directora de Inteligencia Nacional (Tulsi Gabbard) un plazo de 60 días para identificar a los países cuyos ciudadanos deberían enfrentar restricciones para ingresar a Estados Unidos. El plazo vence el próximo 20 de marzo de 2025, lo que explicaría la reciente filtración de la información.

Orígenes

Lo que propone Trump, de llevarse a cabo, sería una reedición de una política implementada durante su primer mandato. En aquel período, Donald Trump emitió al menos cuatro versiones de una lista de países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones para obtener visas y entrar a Estados Unidos.

El 27 de enero de 2017, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13769, que suspendió por 90 días la entrada de ciudadanos de siete países y por 120 días el Programa de Admisión de Refugiados. La implementación de esa orden generó gran controversia, con más de 700 viajeros detenidos y la revocación de alrededor de 60 000 visas. El resultado fue protestas masivas y demandas por discriminación religiosa. Como resultado, el 6 de marzo de 2017, Trump emitió una nueva orden ejecutiva (13780) que ajustó la prohibición anterior, eliminó a Irak de la lista y añadió exenciones y mejoras en los procedimientos de verificación.

Más adelante, el 24 de septiembre de 2017, Trump emitió la Proclamación 9645 —conocida como «Travel Ban 3.0»—, que restringió la entrada a EE. UU. de ciudadanos de varios países considerados una amenaza para la seguridad nacional. El 31 de enero de 2020, firmó la Proclamación 9983 —denominada «Travel Ban 4.0»—, que fortaleció las capacidades de verificación y detección para prevenir el ingreso de terroristas y de otras amenazas a la seguridad pública; añadió seis países a la lista de prohibiciones.

¿Quiénes y hasta dónde?

El listado de prohibiciones de la primera Administración Trump incluyó a 11 países, entre los que destacaban Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia y Siria. Aquella lista, al igual que la que aparentemente propone ahora, también incluyó a Venezuela.

Algunos reportes de prensa han reseñado la posibilidad de que el listado actual estaría graduado. Hablan de países que sufrirán mayores restricciones en dependencia del color en el que sean incluidos. Los «Travel Ban» implementados por Trump entre 2017 y 2020 no respondían a colores o gradaciones, pero tampoco establecían consecuencias homogéneas para los nacionales de los países reseñados.

Trump paraliza solicitudes de inmigración que podrían afectar a cubanos con parole humanitario

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos detuvo las solicitudes de inmigración presentadas por extranjeros de Ucrania y América Latina que fueron admitidos en Estados Unidos bajo programas implementados en el mandato de Joe Biden.

Por ejemplo, en el caso de Irán, la suspensión se aplicaba a las visas de inmigrantes, lo que prohibía a los ciudadanos iraníes inmigrar de forma definitiva a Estados Unidos. No obstante, se mantuvo la posibilidad de que los ciudadanos iraníes pudieran obtener visas de estudiante (F o M) y de intercambio (J), aunque con requisitos de evaluación más estrictos. En contraste, en el caso de Corea del Norte, Libia y Siria, se suspendió la emisión de todo tipo de visas.

Para Venezuela, la suspensión afectó a las visas de turismo y de negocio (B-1 y B-2), pero solo en el caso de funcionarios vinculados con agencias gubernamentales (como el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores). En el caso venezolano, la prohibición también incluyó a los familiares directos de los funcionarios.

No obstante, los ciudadanos venezolanos comunes (no afectados por la medida) fueron sujetos a «medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información del viajero se mantuviera actualizada».

¿Qué dicen los antecedentes?

Los reportes de prensa que hasta hoy se han hecho eco de la futura medida de la Administración Trump aseguran que Cuba estará incluida en el «listado rojo». Según los antecedentes al respecto, las justificaciones esgrimidas por Trump en su orden ejecutiva del 20 de enero y a falta de más información, lo que debería imponerse en cualquier análisis prestidigitador es la prudencia.

Un análisis holístico de la situación pudiera concluir que no existen evidencias indubitadas de que la pretensión de la Administración sea una prohibición absoluta de emisión de visas y entradas a EE. UU. para los ciudadanos cubanos.

Los indicios más recientes indican que la Administración pudiese incluir a Cuba en su listado como parte de una justificación general de medidas que ya ha implementado después de la orden ejecutiva de enero pasado. Prohibiciones que van más en la cuerda de las que le fueron impuesta a Venezuela con el «Travel Ban 4.0» de 2020. Medidas de ese tipo ya están en vigor desde hace algunas semanas en relación con ciertos funcionarios cubanos y sus familiares directos.

Le tengo miedo a Trump

Le tengo miedo a Trump. A Trump y a sus medidas. No a las medidas de hombro a hombro ni de circunferencia del cuello, sino a todo lo que se le puede ocurrir mientras duerme, si es que duerme.

El 4 de febrero de 2025, las autoridades cubanas confirmaron que «el Gobierno de Estados Unidos devolvió sin visar decenas de pasaportes y comunicó que se suspende el mecanismo de solicitud de un grupo de categorías de visas que se utilizan para funcionarios del Estado y sus dependencias». Asimismo, el 25 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció un nuevo programa de restricción de visados aplicable a los funcionarios o exfuncionarios del Gobierno cubano, así como a los funcionarios de Gobiernos extranjeros «que se cree que son responsables de, o están involucrados en, el programa de exportación de mano de obra cubana» y sus familiares directos.

Las dos medidas anteriores son suficientes para colocar a Cuba en un listado de prohibiciones y restricciones de visa.

No obstante, la incorporación de la isla en ese prontuario pudiese implicar, además, algunas restricciones adicionales que incluyan a cubanos vinculados con otros organismos sancionados por EE. UU. (como el Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas). Pudiese implicar también a cubanos presentes en EE. UU. que la Administración reconociera como «represores».

El 10 de marzo de 2025, el congresista cubanoamericano de Florida, Carlos Giménez, anunció medidas dirigidas a expulsar de EE. UU. a los dirigentes y agentes del régimen cubano que se encuentran en ese país. También invitó a quienes tuviesen información en relación con agentes o represores cubanos a que los denunciaran en la página que a esos efectos tiene habilitada la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Más allá de esos indicios que justificarían per se la inclusión de Cuba en el «listado rojo», hasta la fecha no hay evidencias que aseguren que la Administración Trump piensa en una prohibición absoluta de entrada o emisión de visas en favor de ciudadanos cubanos comunes. Una prohibición total contra los cubanos parece contraproducente por dos razones principales.

La primera es que la Administración Trump depende de que las autoridades de La Habana sigan aceptando, aunque sea bajo ciertas condiciones, a los deportados cubanos desde EE. UU. Los cubanos somos una de las nacionalidades con más órdenes de deportación pendientes de ejecución en EE. UU (más de 40 000). Si bien las restricciones implementadas por el Departamento de Estado en días recientes en relación con funcionarios del régimen cubano y sus familiares directos han incrementado las tensiones entre ambas Administraciones, hasta la fecha no se han producido pronunciamientos oficiales de parte de las autoridades cubanas dirigidos a negarse a la recepción de nuevos vuelos de deportación como los recibidos el 23 y el 28 de febrero de 2025 con más de 100 cubanos.

Abogada da consejos para cubanos con CBP One y parole humanitario

Para conocer los caminos legales de los cubanos en EE. UU. elTOQUE conversó con Rosaly Chaviano, presidenta del bufete Chaviano Law Firm.

Una prohibición total de entrada a EE. UU. para ciudadanos cubanos y de emisión de visas a su favor podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre las autoridades de ambos lados del estrecho de Florida. Por un lado, justificaría que La Habana se niegue a continuar recibiendo vuelos de deportación, además de constituir una violación de los acuerdos migratorios firmados entre Cuba y EE. UU. en la década de los noventa —que obligan a las autoridades estadounidenses a emitir 20 000 visas anuales a ciudadanos cubanos—. Incluso, durante la primera Administración de Trump, las conversaciones periódicas entre ambas partes para revisar el cumplimiento de esos acuerdos nunca se suspendieron, lo que refleja la importancia que ambas partes le otorgan al tema.

Además, una prohibición total de visas para cubanos limitaría su acceso a la Ley de Ajuste Cubano, una legislación que reconoce a los cubanos «inspeccionados y admitidos» (es decir, a quienes ingresan legalmente a EE. UU.) como refugiados que pueden ajustar su estatus tras un año de estancia en el país. Imponer una prohibición absoluta de entrada a los cubanos podría interpretarse como una contradicción con el criterio del Congreso de EE. UU., que los considera personas que requieren asistencia especial debido al régimen opresivo en su país de origen.

ELTOQUE ES UN ESPACIO DE CREACIÓN ABIERTO A DIFERENTES PUNTOS DE VISTA. ESTE MATERIAL RESPONDE A LA OPINIÓN DE SU AUTOR, LA CUAL NO NECESARIAMENTE REFLEJA LA POSTURA EDITORIAL DEL MEDIO.