La libreta de racionamiento que reciben las familias cubanas para el control, por parte del Estado, de la venta de la canasta básica normada, sería en el futuro inmediato de acceso solo para personas jubiladas, enfermas crónicas y las consideradas por las autoridades especialmente «vulnerables», según anunció el 17 y 18 de junio de 2026 el régimen de La Habana.
El discurso oficial apunta a «eliminar subsidios a productos transformándolos en subsidios a personas», una máxima que no es nueva entre la dirigencia cubana —Raúl Castro defendió esa política en el VI Congreso del PCC (2011)—, y que fue reiterada como uno de los «ejes» (el 9) del programa concebido para reformar la economía sin democratizar el país.
Miguel Díaz-Canel, designado en 2018 por Castro para sucederlo formalmente al frente del Estado, dijo durante la clausura del Pleno Extraordinario del Partido Comunista de Cuba que «la canasta básica será garantizada a jubilados, a familias con niños enfermos crónicos, a vulnerables», lo cual profundiza el repliegue estatal del asistencialismo universal a una «protección social focalizada».
Si bien en el último lustro ha menguado la variedad, cantidad y frecuencia en que son vendidos los productos de la cartilla —vigente en Cuba desde la década de 1960 y considerada un símbolo del precario «socialismo cubano»—, la mayoría de las familias cuentan con la libreta para amortiguar en algo los costos de los alimentos y artículos subsidiados, en un contexto de profunda escasez e inflación.
El discurso oficial enmarca la decisión en una lógica de ajuste estructural. Díaz-Canel insistió en el pleno del PCC en que «la justicia social verdadera no se sostiene sobre precios artificiales» y defendió la transición de «subsidiar productos a subsidiar personas».
Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero informó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que «el orden» de las transformaciones de los subsidios sería el siguiente:
- Productos transversales a la economía (combustibles, electricidad, transporte de cargas y pasajeros y tarifa de agua) que impactan en la producción y los servicios para trasladar los costos reales a los precios mayoristas y minoristas.
- Otros productos.
Además, Marrero prometió «crear un Fondo de Protección Social, como condición previa a las transformaciones, a partir de una parte del ahorro por la eliminación de los subsidios a productos».
La comunicación oficial de las reformas continúa siendo vaga y contradictoria. No están claros los procedimientos ni los tiempos para implementar las medidas anunciadas. En un proceso de transformaciones económicas que apuntan a una privatización selectiva y sin reglas definidas —precipitada por la presión de Estados Unidos—, la asistencia social marcha en el furgón de cola.
En respuesta al discurso de Díaz-Canel sobre garantizar la canasta básica a los vulnerables, el economista Mauricio de Miranda Parrondo cuestionó la capacidad del régimen para cumplir su promesa: «¿De dónde saldrán los recursos en una economía hundida en su crisis más profunda? ¿Cuál es esa canasta básica? ¿La que se usa internacionalmente como medidor de necesidades básicas o la de la ya inexistente libreta de abastecimiento que desapareció por asfixia?»
Fuera de las oficinas del PCC, en la realidad cotidiana de los cubanos se necesitan al menos 96 060 CUP mensuales para adquirir la canasta básica — entendida como el conjunto de productos y servicios esenciales para vivir de manera digna, no exclusivamente la canasta «estatal», más exigua—. Lo anterior es una estimación reciente del economista Javier Pérez Capdevila, equivalente a 14 veces el salario medio en el país.
En un artículo publicado en mayo de 2026, Pérez Capdevila afirmó: «casi ningún cubano —más del 95 %— cuenta con 3 USD diarios, lo cual nos sitúa prácticamente a todos por debajo del umbral de pobreza [según la línea trazada por el Banco Mundial]». Ante este escenario, la medida defendida por Díaz-Canel deja fuera a un amplio sector de la población.
Las declaraciones sobre la canasta básica normada se inserta dentro de un paquete más amplio de medidas anunciadas por el primer ministro Marrero. Entre ellas, la digitalización y «transparencia» de las ayudas sociales mediante la plataforma SOBERANÍA, que centralizará el registro de «familias vulnerables» y su seguimiento en tiempo real, así como la reconfiguración de los mecanismos de asistencia estatal.
El plan también contempla «establecer que todos los actores económicos (estatales y privados, nacionales y extranjeros)» participen, «como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario», en el sostenimiento de comedores sociales, hogares de alimentación comunitaria y centros de atención a menores sin amparo parental, además de convenios para facilitar el pago de pensiones y el fortalecimiento del trabajo social a nivel municipal.
La socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos «Cuido 60», dijo a elTOQUE para un artículo anterior, que «el Estado no ha sido capaz de promover políticas sociales compensatorias adecuadas y sostenibles para revertir los impactos negativos de las múltiples crisis, que impactan más en los sectores vulnerables de la sociedad cubana, pero que la atraviesan por completo».
Según dijo el primer ministro Manuel Marrero en julio de 2025, al menos 182 000 familias cubanas —unas 310 000 personas— recibían asistencia social por estar en «situación de vulnerabilidad». Sin embargo, muchos más cubanos (95 % de la población, según la estimación del economista Pérez Capdevila), estarían en situación de pobreza extrema que los aceptados oficialmente como «vulnerables» y teóricos beneficiarios de los subsidios de la canasta básica.
Para Acosta, las autoridades responden a este escenario con «medidas puntuales que no pueden resolver la crisis de la protección social en Cuba»; el régimen, dijo, tiende a «desentenderse de una responsabilidad sin asumir las consecuencias».
