Tal y como se anunció tras la conclusión del último período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 25 de septiembre de 2022 se desarrolló en Cuba el referendo del Código de las Familias. Según las cifras oficiales que publicó el Consejo Electoral Nacional, 8 457 978 electores fueron convocados a las urnas. De ellos, ejercieron el derecho al sufragio activo 6 269 427, lo que representa un 74.12 % de asistencia a las urnas. Los votos válidos fueron 5 909 385; de los cuales, 3 950 288 (66.85 %) por el sí y 1 959 097 (33.15 %) por el no. Los votos en blanco representaron el 3.22 % y los nulos, el 2.51 % de los electores que ejercieron el sufragio.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de los resultados del referendo en un contexto como el cubano? 

Para analizarlos con la mayor precisión posible es necesario considerar factores previos y concomitantes a la celebración del mecanismo de democracia directa. En un artículo anterior expuse el escaso uso del referendo en Cuba, y cómo ello influye en la formación y consolidación de una cultura política sobre su empleo y sus consecuencias. A esto se añade que la campaña mediática impulsada por las autoridades cubanas no instó a la participación informada, responsable y consciente de los ciudadanos, sino al voto por el sí.

La práctica estatal de convocar a los electores a votar por una de las opciones es de vieja data. Con anterioridad se verificó en los referendos constitucionales de 1976 y 2019, y es parte de la correspondencia que establece el Gobierno entre la participación política concreta en unas elecciones o un referendo, con el respaldo de los principios y estructura del sistema político. Evidencia de ello en el caso que se analiza fue el argumento de que apoyar el sí era un voto de respaldo al socialismo y a la Revolución.

La práctica contraviene los mejores estándares internacionales en la materia. Por ejemplo, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes del derecho constitucional) ha señalado en sus directrices sobre los referendos que debe garantizarse la igualdad de oportunidades para los partidarios y los oponentes de la propuesta a ser votada. Esto implica una actitud neutral de las autoridades administrativas, en particular, sobre la campaña del referendo, la cobertura de los medios de comunicación (sobre todo los que son propiedad pública), el financiamiento público de la campaña y sus actores, la publicidad y los anuncios, así como el derecho a manifestarse en la vía pública.

¿Por qué menciono estos aspectos? Porque su adecuada valoración es fundamental para comparar los resultados del referendo del Código de las Familias cubano con otros efectuados para aprobar legislaciones sobre cuestiones vinculadas con la temática familiar en países de Europa o América Latina. No creo que deba ahondar en las marcadas diferencias entre las citadas directrices y el contexto cubano. 

Por tanto, las comparaciones entre los resultados del último referendo en Cuba y los realizados en Irlanda y Suiza (por solo citar dos Estados que emplearon mecanismos de este tipo para reconocer el matrimonio de las personas de la comunidad LGBTIQ+), por ejemplo, no son correctas si obvian las realidades de los tres casos. Los resultados de los mecanismos de democracia directa no deben analizarse y compararse como si ocurrieran en ausencia de un contexto determinado. Es más, en la política y el Derecho comparados no debe analizarse fenómeno alguno si se obvian las particularidades de cada caso. Como establece el politólogo Dieter Nohlen en el título de uno de sus libros: el contexto hace la diferencia.

Este es un elemento clave para entender a cabalidad los resultados del referendo del 25 de septiembre, debido a que se efectuó en uno de los momentos más difíciles para la economía y la sociedad cubanas. La elevada inflación, la casi nula existencia de un mercado formal para el canje de divisas, la comercialización de productos de primera necesidad en las tiendas en MLC, la precariedad de los servicios públicos y el alza del costo de la vida cotidiana, entre otros factores, influyeron en la capacidad de movilización del Gobierno. A esto debe añadirse el manejo represivo de la situación social del país, en particular luego de las protestas del 11 de julio de 2021. De hecho, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció la posibilidad de que el referendo reflejara un voto de castigo. Los resultados apoyan el argumento.

El abstencionismo fue elevado si se compara con el referendo de 2019. Hace poco más de tres años, 857 380 electores no comparecieron en las urnas, mientras que en el referendo del Código de las Familias se abstuvieron 2 188 551 electores. El voto negativo también aumentó. En 2019, 706 400 ciudadanos votaron en contra de la Constitución vigente. Pero esta vez el no fue respaldado por más de 1 950 000 cubanos. La suma de la última cifra con la de los abstencionistas es 4 147 648 electores, una cantidad cercana a la mitad del padrón electoral.

Una lectura superficial de los datos indica que casi la mitad de los electores no apoya el Código de las Familias y, al mismo tiempo, se opone al Gobierno. Un análisis en espejo del comportamiento implica que quienes votaron sí respaldan la gestión de las autoridades cubanas. Sin embargo, ambos planteamientos adolecen de una marcada simplicidad. 

Primero, no todos los electores que se abstuvieron o votaron no se oponen a los contenidos del Código de las Familias. Es posible que muchos de ellos formen parte, en efecto, de un voto castigo. Se suman, además, a quienes decidieron ejercer un voto negativo por motivos religiosos o de otra clase. 

Segundo, las razones que llevaron a votar por el sí son diversas. No es lógico asumir que, a pesar de la campaña mediática del Gobierno, existe una correlación positiva entre apoyar el sí y sentirse satisfecho con el régimen político imperante en Cuba. En todo caso, establecer correlaciones entre un comportamiento electoral u otro y el apoyo o no al Gobierno no debiera hacerse a la ligera; es decir, sin contar con datos obtenidos mediante encuestas electorales confiables, efectuadas antes, durante y después de la conclusión del referendo. Dichas encuestas no se desarrollan en el país, al menos no públicamente. En caso de que se realicen, desconozco cuál es la metodología empleada para su elaboración.

Lo que sí evidenció el referendo para la ratificación del Código de las Familias son los déficits de legitimidad y la cada vez más debilitada capacidad de movilización del Gobierno cubano. Si luego de una campaña mediática tan marcada a favor del sí solo se obtuvo el apoyo de un poco más de 3 900 000 electores, eso denota que entre el referendo de 2019 y el de 2022 el Gobierno perdió el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. En el referendo constitucional de 2019 votaron por el sí 6 816 169 electores. En términos de legitimidad, esto significa la decadencia de las propuestas gubernamentales ante la cotidianidad de los electores.

Es cierto que se trata de dos disposiciones normativas —la Constitución y el Código de las Familias— con contenidos muy diferentes. No obstante, si el voto favorable por ambas significó apoyar el Gobierno, tal y como manifestaron las autoridades y los medios de prensa oficiales, entonces es notable el deterioro cuantitativo del apoyo. Esto refuerza la tesis de que el abstencionismo y el voto negativo evidencian posturas de castigo al Gobierno por la compleja situación política, económica y social del país.

Si las autoridades estatales, gubernamentales y partidistas cubanas pretenden realizar otros referendos en el futuro —lo que no debe equipararse a la democratización del régimen político—, deberían valorar sus verdaderas capacidades de movilización y el grado real de legitimidad. Los datos del pasado referendo indican que para el Gobierno no es satisfactorio equiparar el respaldo a su gestión con los resultados de las urnas. La evidencia empírica disponible no se corresponde con esa apreciación y todo indica que no cambiará ni a corto ni a mediano plazos.

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