Deberían sobrar las explicaciones de por qué un activista por los derechos humanos no respalda la visibilización del creciente sector privado en Cuba, entendiéndolo como un avance en materia de libertades y democratización. Insisto en los verbos respaldar y visibilizar, para que no se confunda mi postura con un ataque en toda la línea al fenómeno de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas. 

Lamentablemente, en un contexto tan polarizado como el cubano, es imprescindible abordar el tema con explicaciones que pueden parecer obvias; que, en este caso, provienen además de mi experiencia como emprendedora en Cuba. 

Fui una de las jóvenes empresarias estimuladas por el acercamiento de la «era Obama». A solo un año de empezar con un negocio de alquileres vacacionales comencé a competir con los más relevantes de mi área. 

Fui una emprendedora que, apenas el Gobierno de Cuba lo permitió, se las arregló para acceder a dos créditos bancarios. El segundo, de 600 000 pesos, que solicité en 2017, lo he terminado de pagar en el exilio, pese a no poder recuperar la inversión luego de ser forzada a salir de mi país por presiones de la Seguridad del Estado y desconociendo qué va a pasar con la propiedad a la que le dediqué más de siete años de mi vida. 

Soy una emprendedora que sufrió interrogatorios sistemáticos de la Seguridad del Estado desde que fui elegida para participar en el Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI) Fellowship Program 2016; interrogatorios realizados en su mayoría en los negocios de otros hostaleros de Santa Clara, que prestaban sus alojamientos para fines represivos de este tipo.

Soy una emprendedora que creó un proyecto para formar a sus colegas y aprender en el camino en las mismas condiciones de ilegalidad en las que aún trabajan los proyectos de formación y consultoría independiente en Cuba; que hablaba en YouTube de la responsabilidad social del emprendedor y por este trabajo volvió a ser elegida para participar en el programa YLAI Entrepreneurship Ecosystems Everywhere (EEE) 2019 en Jamaica. 

Mipymes en Cuba: socios «transnacionales», capital y administradores

La reapertura pospandémica para La Habana y otras provincias, y la nueva legislación sobre iniciativa privada y cooperativismo, han supuesto un cambio radical en las reglas de juego.

Aproveché la pandemia para abrir el primer espacio coworking para emprendedores en la isla, a pesar de las limitaciones y peligros por no contar con un marco legal para este tipo de empresas, apostando al valor de esta iniciativa para el desarrollo del país. 

Se me entendía entonces como una «mujer de negocios» que, ante la crisis en el turismo provocada por la pandemia, pivotó su modelo de negocio y recontrató empleados, a los que tuvo que despedir un año después. Porque ante mis exigencias de respeto a los derechos humanos, después del 11 de julio, ellos y yo fuimos acusados por los delitos económicos con que suele acusarse a cualquier empresario incómodo en Cuba: actividad económica ilícita (por trabajar fuera de los límites del alcance de la actividad para la que tenía licencia) y receptación (de materia prima para poder producir alimentos). 

Soy una persona que, sintiéndose «empoderada», intentó crear en 2021 una «Red de emprendedores» con demandas económicas y políticas que duró apenas tres semanas y se disolvió, sin penas ni glorias, ante las amenazas del aparato represivo contra todos los colegas que quisieron participar. 

En resumen, soy una ciudadana cubana, exiliada hoy, que mantiene el sueño de que el sector privado florezca en la isla y ayude a reconstruir el país que han destruido quienes insisten en gobernar a un pueblo que no los quiere.

Quedan 14 meses para las elecciones en Estados Unidos; para el fin de un período presidencial en el que, una vez más, se ha intentado fortalecer vínculos entre el empresariado cubano y el norteamericano bajo los estandartes de «la promoción de reformas democráticas», «el apoyo al pueblo de Cuba» e incluso «el cese de la emigración». 

Los esfuerzos de las organizaciones lobistas pro-engagement en Estados Unidos, probablemente nobles en sus intenciones, se han frustrado por las violaciones a los derechos humanos que ha ejecutado, como siempre lo ha hecho, el poder en la isla. 

Pareciera que, a dos años de la mayor protesta contra el «poder revolucionario» y de la respuesta represiva ante los reclamos de la ciudadanía, los Gobiernos democráticos de Estados Unidos y Europa han decidido, de forma deliberada, poner el foco en los derechos económicos de un sector de la población cubana y relegar a los más vulnerables —los presos políticos, sus familiares reprimidos, los activistas y los periodistas independientes— a un segundo plano. Tal vez no se enteran del peligro que la invisibilización a los más vulnerables en pos de los derechos económicos de un sector supone para los primeros y para todos los que, inspirados en sus reclamos, todavía exigen en Cuba el respeto a los derechos de todos los cubanos.

A los esfuerzos internacionales de «engagement» y «empowerment» los precede la experiencia de la «era Obama», de la cual podría mencionar resultados positivos respecto a los estandartes que hoy se esgrimen: la promoción de reformas democráticas, el apoyo al pueblo de Cuba y el cese de la emigración. Entonces se crearon nuevas capacidades y actitudes en el emergente sector empresarial privado, que en efecto se empoderó y comenzó a hacer reclamos de participación en la toma de decisiones. Tales reclamos fueron desoídos en el mejor de los casos, reprimidos en los peores (como lo fue la desafortunada Red de Emprendimiento en la que participé como promotora).

Pero los tiempos han cambiado. Los resultados de la experiencia anterior —mediatizados por la política estatal— unidos a los cambios promovidos por la ciudadanía, y la respuesta obtenida (más protesta, más represión, más éxodo), precisan de una estrategia por parte de la comunidad internacional que ayude efectivamente al pueblo cubano y no solo a un sector privilegiado o elegido por el poder en Cuba a liberarnos de la tiranía que viola sistemática y flagrantemente nuestros derechos.

Financiamiento estadounidense a emprendedores cubanos: ¿quiénes serán los beneficiarios?

¿Podrán los trabajadores privados cubanos acceder a los microfinanciamientos anunciados por Estados Unidos?

Insisto en que, como parte del sector privado, no tengo sino resultados positivos que señalar de la «experiencia Obama». Por un tiempo al Gobierno cubano se le fue de las manos el empoderamiento de un sector que no tenía cabal comprensión de su propio empuje e identidad. Tal vez ello explica la interrupción en la entrega de nuevas licencias para el ejercicio de algunas actividades privadas. Necesitaban ganar tiempo, definir una estrategia ante el nuevo escenario. El período presidencial de Trump contribuyó a que tuvieran esa tregua, y la aprovecharon bien.

Hoy nos encontramos a un sector privado que, solo en apariencia, se parece a aquel de 2015. Aquel era más genuino, menos temeroso, desconocía la impunidad que permite al aparato represivo de la Seguridad del Estado concertar interrogatorios ilegales y exigir silencio bajo la amenaza de que está en juego el negocio. 

Un gremio empresarial aquel que no conocía que en Cuba las tropas especiales pueden salir a reprimir brutalmente la protesta del pueblo, y que pensaba que podría competir porque no existía una oligarquía al estilo ruso intentando constituirse, con ellos como escudo.

El sector privado de hoy se bendice y define desde el poder en Cuba, con la venia de quienes desde Estados Unidos se empecinan en participar y beneficiarse de esta apertura controlada. Construir una narrativa favorable a este sector privado es parte importante de la coyuntura y estrategia. Se argumenta que ahora los emprendedores no se llaman trabajadores por cuenta propia (TCP), sino micro, pequeñas, y medianas empresas (mipymes); se habla de miles de ellas, como si no hubiese gran asimetría —de permisos, recursos, influencias— entre la mayoría de estas y las que acaparan los grandes negocios. Sin tener en cuenta que muchas operaban desde antes como «actividades por cuenta propia» o «cooperativas no estatales» y tuvieron que convertirse a la fuerza en mipymes. 

Hoy quien es verdaderamente más fuerte es la cúpula castrista y «sus amiguitos», los dueños de «la gran empresa». Han encontrado en la lealtad la variable para permitir la existencia de otras empresas en cuyos enemigos nos están convirtiendo a base de propaganda oficial y errores nuestros también, seamos honestos. Nada podría contribuir menos a la democratización de la sociedad cubana que un poder económico y político concentrado en aquellos leales a la dictadura.

Me encantaría creer que, si se ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa, el pueblo cubano podría conseguir más derechos en el mediano plazo. Pero, lamentablemente, el único que se beneficiará con esta ayuda es el sector de empresarios emparentados, nacidos y bendecidos de la élite, cuyo empoderamiento hoy no presupone otra cosa que su necesidad futura de conservar privilegios a través de lealtades.

Esto no es nuevo. En vísperas del 15 de noviembre, cuando la Seguridad del Estado cubana se movilizó ante la Marcha Cívica por el Cambio que promovimos desde la iniciativa Archipiélago, La Casa del Maní Bormey en Santa Clara, a quienes por un tiempo ayudé a conseguir mayor presencia online, ejecutó un vergonzoso acto de reafirmación revolucionaria contra las exigencias de la sociedad civil, que no eran otras que derechos para todos los cubanos, incluidos los emprendedores.

La Casa del Maní Bormey es, por cierto, una de las empresas que no tuvo que esperar por regulaciones sobre las mipymes para trabajar como una de ellas, desde hace años comercializaban sus productos incluso en los aeropuertos. Este es solo un ejemplo, pero sobran los de este tipo.

Apoyar a la dictadura cubana, o al menos mantenerse en silencio en temas de derechos humanos, es conditio sine qua non para que los empresarios puedan tener posibilidades de desarrollo. Desarrollarse y existir no son lo mismo. Hoy en Cuba cualquier mipyme puede existir. Conviene que los números crezcan, que exista una masa con limitadas posibilidades de movilidad, para la que se pide un apoyo que en definitiva solo llegará a las mipymes del régimen y sus amiguitos. Que suban los números sirve además para que Joseph Borrell y la Embajada de Estados Unidos en Cuba le comuniquen al mundo que Cuba está cambiando, que hay un sector privado creciendo y que los más de mil presos políticos que siguen en las cárceles cubanas, la mayoría de ellos desde el 11 de julio de 2021, tienen que esperar. 

¿Que se sigue apresando a personas por motivos políticos, reprimiendo a influencers, activistas y periodistas contestatarios? No importa. ¿Que hay miles de cubanos desterrados? Tampoco.

Del sector privado se menciona su capacidad de abaratar el costo de la vida en Cuba, transitando desde la importación hacia la producción. Como si la importación o «la reventa» no se hubiese convertido desde hace tiempo en un esquema de negocio, «cultural», por décadas de escasez y de trabas a la producción nacional. Solo aquellos que no han vivido en un país donde se sabe que lo que sube se desaparece para el común de los mortales pueden esgrimir tal argumento como defensa al desarrollo del sector privado en Cuba. El producto desaparecido solo reaparece en el mercado negro, subiendo de precio, como el caso del cemento y el huevo desde el huracán Irma en 2017. Muchos cubanos, en medio de tanta carencia y desesperación, entendieron que es mucho más fácil comprar una caja de pollo en el extranjero y venderla en la isla con el precio triplicado, que sufrir el estrés de montar una granja. Por supuesto, hay excepciones: micro, pequeñas y medianas empresas que intentan producir, escasísimas, y que no hacen otra cosa que confirmar la regla. 

El problema, además, es que en la isla no es posible, en forma general, acceder siquiera a formación profesional, capacitación, etcétera; pues al sector privado lo quieren, desde siempre, escaso de recursos y también de conocimientos. Es por eso que hasta la fecha —pese a lo que cuentan quienes ostentan su Auge, basado en privilegios, ante el Miami Herald— no se permiten las licencias para formación o consultoría; y que, salvo en programas de la Iglesia católica y algunos proyectos concentrados en La Habana, ni siquiera desde las universidades se promueven con regularidad iniciativas en este sentido.

Quienes hoy esgrimen el argumento del abaratamiento del costo de las ofertas en Cuba como supuesto resultado del desarrollo del sector privado invocan casos como el de la cerveza importada, la que ciertamente ha bajado de precio, en contraste a la cerveza nacional, que no hace más que subir. Pero obvian que esto no ocurre en lo absoluto porque al empresario X de pronto le permitieron facilidades para producirla, sino porque el empresario X encontró fuera de Cuba quien se la venda a mejor precio. El caso es que mientras la producción nacional sea una quimera y para cubrir el déficit de productos se tenga que seguir potenciando la importación, el tope será el precio (en dólares) en el mercado internacional, que nunca va a tomar en cuenta que el salario mínimo en Cuba es menor que 10 dólares (al cambio informal), y la media es de 20 dólares al mes.

No importa entonces cuánto más barato pueda llegar a costar una barra de queso o un cartón de huevos, sino cuán inaccesible siguen siendo ambos para el grueso de la ciudadanía cubana.

Pymes, inflación y críticas

Las pymes no causan la inflación, se tienen que adaptar a ella para poder garantizar la viabilidad financiera de sus balances y operaciones.

Recientemente el economista Mauricio de Miranda terminaba una entrada en elTOQUE en la que sentenciaba: «se requiere un ambiente institucional y político diferente al actual, en cuya conformación sería imprescindible convocar la participación democrática de la nación». Insisto en que es ese requerimiento el que necesita hoy más propaganda que nunca. La mentalidad de celebrar el privilegio de pocos (condicionado por su lealtad al autoritarismo), mientras la mayoría padece, hipoteca desde la cuna la nueva hornada del emprendimiento insular.

Hay muchas otras formas de ayudar al sector privado sin desplazar el foco de los que sufren: los presos políticos, sus familiares, los activistas y periodistas independientes, los que reciben su retiro o su salario, en el mejor de los casos, en pesos cubanos. Se podría insistir en la participación de más emprendedores a espacios de formación como el programa YLAI, diseñados para promover buenas prácticas empresariales, construir redes y capacitar a los actores económicos privados. Se podrían ofrecer desde el exilio microcréditos privados a sectores enfocados en la producción de bienes, sobre todo al sector agropecuario. Se podría ayudar a los trabajadores privados a insertarse en redes de apoyo internacionales que les permitan demandar sus derechos con algo de seguridad y protección. Estos son solo algunos ejemplos.

No es mi intención arremeter contra las mipymes, sino reflexionar sobre otras dimensiones del asunto, en la búsqueda de una estrategia que no las excluya, sino que las apoye como parte activa que son de la sociedad civil cubana.

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