En los últimos tiempos se ha desatado un debate en torno al papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la economía cubana, como si de ellas dependiera el destino de la nación. Las mipymes pueden jugar un rol cada vez más importante en el entramado empresarial cubano, pero ni son la salvación de la economía ni la causa de sus problemas. De hecho, las nuevas formas de negocios que no existían en Cuba desde 1968 —que constituyen la inmensa mayoría de las empresas en la mayor parte del mundo— también sufren los problemas estructurales del sistema económico del país.

Entre el múltiple fuego cruzado

Las fuerzas más conservadoras dentro de la dirigencia cubana se han resistido históricamente a aceptar espacios para la iniciativa privada en la economía porque ello significa la creación de un segmento de la sociedad que, de alguna forma, aunque no totalmente, alcanza cierto grado de independencia respecto al poder. El rechazo resulta de una combinación de dogmas ideológicos y de una necesidad de mantener el control a toda costa. Por otra parte, a los conservadores dentro de la dirigencia les preocupa que de los emprendedores surja una pequeña y mediana burguesía cuyos intereses de clase generen una lucha por el poder.

En las condiciones actuales, han ido desarrollando una campaña para responsabilizar a las nacientes mipymes del alto nivel de inflación y de que los productos que ofrecen no están al alcance de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la sociedad; al eludir claramente las responsabilidades que tiene la política económica en los inmensos desequilibrios macroeconómicos, incluida la inflación.

La propaganda ha calado en un importante sector de la población que vive de sus exiguos salarios y sufre las realidades de una economía colapsada (cuyos niveles de producción no satisfacen la demanda de consumo) y que debe hacer frente a las necesidades al acudir a los mercados informales o a las mipymes que se han dedicado a importar mucho de lo que Cuba no produce y venderlo en el mercado. Esa parte muy numerosa de la sociedad siente que los nacientes empresarios privados se enriquecen con las necesidades del pueblo. A esto se suma el hecho de que, ciertamente, el proceso que ha llevado a la creación de mipymes ha estado plagado de la falta de transparencia que caracteriza el sistema institucional cubano; lo cual ha podido garantizar ventajas a ciertos emprendedores con conexiones especiales de tipo familiar o relacional con los círculos de poder en las distintas instancias.

Mipymes en Cuba: ¿reconversión o nuevos negocios?

A partir de la nueva legislación y hasta el 10 de marzo de 2022, el Ministerio de Economía y Planificación aprobó 2 361 nuevos actores económicos. Sin embargo, las convocatorias para la inscripción de los nuevos negocios están condicionadas y en la mayoría de los casos se trata de negocios preexistentes.

Finalmente, existe un importante sector de la diáspora y una parte del activismo opositor dentro de la isla que ve en las mipymes una estratagema del Gobierno para crear un sector privado leal al sistema que podría ser el vehículo para un «cambio fraude». La preocupación, que también existe en ciertos círculos dentro del país —aunque no está documentada lo suficiente— parte del conocimiento de casos específicos en los que ciertos familiares de dirigentes han establecido negocios altamente rentables que han requerido inversiones relativamente altas de dudoso origen, dadas las dificultades para realizar —por vías legales— un proceso de «acumulación originaria»; y la inexistencia de vínculos de esas personas con familiares, amigos o socios residentes fuera de Cuba que hubieran podido ofrecer el capital «semilla».

Quienes no desean plantearse algo más que no sea el derribo del régimen —sin detenerse siquiera en cómo y quiénes lo harían y bajo qué circunstancias— argumentan que las mipymes no serán un vehículo para la democratización de la sociedad. Tienen razón, no se le puede pedir peras al olmo, dice el famoso refrán español. No son un movimiento político o social, son empresas, y su rol en la sociedad es económico. Aunque sería conveniente que —tal y como ocurre en cualquier país normal del mundo— puedan organizarse como empresarios. Aunque en un país en el que la Central de Trabajadores no está en capacidad de defender los intereses de los trabajadores, es difícil pensar que una organización de esta naturaleza pueda actuar con la libertad necesaria para defender los de los empresarios. Sin embargo, es importante aceptar que el carácter de empresarios no implica que deban ser opositores ni debería significar que fueran políticamente afectos al sistema político. Lo anterior es parte de la libertad de cada quien.

Las mipymes en la Cuba actual: rol económico y posibilidades

Hasta el 13 de junio de 2023 y después de casi dos años de existencia, las mipymes suman 8 563, de las que 8 381 son privadas, 116 estatales y 66 cooperativas no agropecuarias, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Planificación. Según la fuente, el 46.8 % tiene como origen la reconversión desde trabajos por cuenta propia y el 53.2 % es de nueva creación. El 22.3 % de ellas son microempresas, el 51.1 % pequeñas y el 26.6 % medianas. El 22.1 % están inscritas en actividades relacionadas con la gastronomía; 20.1 % construcción; 19.2 % industria manufacturera; 12.0 % industria alimenticia y bebidas; 4.6 % comercio; 4.6 % reparación de vehículos; 4.0 % transporte; 2.7 % actividades de informática; 2.5 % servicios profesionales y técnicos; y 8.3 % otras actividades. Además, 170 son proyectos de desarrollo local (PDL) y 21 incubadas en parques científicos y tecnológicos de La Habana y Matanzas. Los porcentajes del total se refieren a la cantidad de empresas formadas y no al volumen de sus negocios ni a su participación en las ventas totales.

Estas empresas emplean 225 000 trabajadores, de los cuales 189 000 son nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el total solo representa el 4.8 % de la fuerza laboral del país, aunque los empleados en actividades no estatales (incluidos los trabajadores por cuenta propia y los cooperativistas) representan alrededor del 30 % del total.

De hecho, se han producido algunos encadenamientos productivos entre empresas estatales y mipymes en los que salta a la vista la pregunta qué sentido tiene que se produzcan los encadenamientos en lugar de que las actividades sean desarrolladas con total libertad por empresas privadas y cooperativas. Entre los ejemplos pueden mencionarse los casos de ciertas producciones de alimentos, calzado, prendas de vestir, muebles, velas, etcétera. Resulta interesante que hayan aparecido empresas basadas en la gestión del conocimiento, producción de software y también en la reparación de equipos médicos que permite ahorrar importaciones en ciertas circunstancias.

No obstante, han resultado mucho más visibles las que están importando bienes para venderlos en el mercado doméstico. Por ello, son objeto de anatematización por parte de diversos sectores de la sociedad cubana que critican el escaso aporte de dichas empresas a la producción y los altos precios a los que venden sus productos. Aunque no existen datos públicos sobre cuál es el peso específico de las ventas de estas empresas comercializadoras en el total de las ventas, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil informó recientemente que, en los primeros cuatro meses de 2023, entidades no estatales habían importado bienes por valor de 270.3 millones de dólares estadounidenses; lo cual representaba el 9 % del total realizado por el país en dicho período, de los que 166.6 millones correspondían a mipymes. También mencionó que, en ese período, casi 4.8 millones de dólares entraron al país por exportaciones de aquel sector de la economía. Lo anterior da una idea de las magnitudes del negocio, pero al mismo tiempo resulta insuficiente para abastecer el mercado nacional con una inmensa variedad de productos.

¿A dónde vamos con estas pymes?

Ni las pymes ni la empresa estatal ofertan productos con precios para el pueblo trabajador, entonces, ¿por qué alegrarse con la existencia de las pymes?

La realidad es que el peso específico de las empresas privadas en Cuba resulta aún marginal en el sistema económico. De acuerdo con datos brindados por la viceministra de Economía y Planificación Johana Odriozola en la Mesa Redonda del pasado 21 de junio dedicada a las empresas estatales, se puede concluir que las privadas y cooperativas solo representan en la actualidad el 8 % de las ventas del sistema empresarial y el 13 % de la generación del producto interior bruto (PIB), lo cual les otorga un carácter marginal en la economía. No es posible que un sistema de empresas que lleva dos años de existencia y que representa una muy escasa participación en la generación del PIB (e incluso del empleo) sea la causa de los problemas de la economía cubana que existen desde hace varias décadas.

Sin embargo, su desarrollo, con los estímulos necesarios y las condiciones institucionales adecuadas, podría contribuir notablemente al crecimiento de la economía, al empleo y a la superación de la escasez crónica de oferta que persiste en la actualidad.

Las mipymes y el desorden macroeconómico de Cuba

Las mipymes están operando —a diferencia de varios cientos de empresas estatales que siguen existiendo con pérdidas y son, por tanto, subsidiadas desde el presupuesto— en un muy complejo ambiente macroeconómico, por lo que deben asumir gran parte de los desequilibrios que existen en la economía cubana desde hace varias décadas y que se han agravado en los últimos años a partir de decisiones erradas de política económica. Ello también tiene efectos muy nocivos sobre el ambiente microeconómico, que es el que determina su actividad en los mercados. Junto a todas las distorsiones gravitan serios problemas institucionales que generan incertidumbre para quienes han asumido diversos emprendimientos.

Los mercados tienen sus propias lógicas, determinadas por factores tanto objetivos como subjetivos. El sistema productivo del país está colapsado debido a la escasez de capital, la obsolescencia tecnológica y los mecanismos burocráticos de dirección y gestión de la actividad estatal y la subordinación a ellos de casi la totalidad de las actividades privadas, especialmente en el caso del sector agropecuario. La parálisis productiva ha llevado al hundimiento de varios de los sectores clave de la economía que generaban la mayor parte de las exportaciones de bienes, algunos de los cuales deben ser importados en las nuevas condiciones para satisfacer la demanda interna; así como otros que antes se producían y en la actualidad también deben ser adquiridos en el exterior.

Lo anterior ha creado una oportunidad para los nuevos negocios que importan diversos tipos de bienes según la tasa de cambio del mercado informal, que es la única a la que pueden acceder, lo cual, es obvio, repercutirá en el precio final del producto en el que deben considerarse los gastos (salarios de trabajadores, costos de transacciones y operaciones, costo de los servicios públicos, así como los impuestos distintos a los de las ganancias, entre una larga lista), y debe incluir un determinado nivel de beneficios, sin los cuales no tiene sentido una producción que se oriente al mercado. Ahora bien, los precios no pueden ser tan altos que los compradores prefieran no comprar ni tan bajos que los vendedores decidan no vender.

Los tradicionales vaivenes de la política económica y la excesiva incertidumbre respecto a la perdurabilidad de las medidas —a partir de la experiencia histórica— son factores que conllevan a los emprendedores a minimizar el riesgo tratando de recuperar el capital invertido y obtener beneficios en muy corto plazo; algo que desincentiva la inversión en actividades productivas en las que los requerimientos de capital y los plazos de recuperación de la inversión son mayores.

Los nuevos empresarios se enfrentan a las escasas opciones de financiamiento que ofrece el sistema financiero del país; a la inexistencia de un mercado institucional de divisas legal y transparente; a las distorsiones cambiarias que generan los tipos de cambio múltiples alejados de las realidades económicas; a las limitaciones del mercado mayorista controlado por el Estado; así como a las que generan los excesivos controles estatales y, al mismo tiempo, a la escasa capacidad regulatoria que resulta de normas con demasiadas restricciones, pero con imprecisiones que conducen a opacidad y asimetrías en la información y en las opciones para crear nuevos negocios.

El camino necesario

Las mipymes constituyen un eslabón necesario, pero no suficiente del sistema económico cubano. Su desarrollo es imprescindible para encaminar la economía nacional por una senda de crecimiento que pueda resultar sostenido.

En tal sentido, resulta imprescindible adoptar una serie de medidas que no solo gravitarían sobre ellas, sino también sobre el ambiente de negocios y el funcionamiento de la economía en general. Algunas son de carácter macroeconómico y otras relacionadas directamente con su actividad y con el papel de ellas y de otras opciones no estatales en el sistema económico.

Mipymes privadas en Cuba: 7 puntos para fijar la mirada

Hay grandes aciertos, como la confirmación de la unipersonalidad, o la no exigencia de un capital mínimo para la constitución. No obstante, algunos generarán debate, considerando las limitaciones que se incluyen en esta normativa. Aquí hay 7 de ellos.

Entre las medidas necesarias, se mencionan:

1) establecer la soberanía plena del peso cubano en las transacciones domésticas y suprimir, de una vez por todas, la dolarización parcial de los mercados y las tiendas que operan en moneda libremente convertible;

2) establecer un mercado libre, institucionalizado y transparente de divisas en el que funcionen en condiciones de igualdad los actores económicos y las personas naturales con un tipo de cambio flexible que refleje las condiciones de oferta y demanda de las monedas extranjeras;

3) establecer mercados de trabajo, medios de producción e insumos, y de capitales regulados institucionalmente, pero en la línea de estimularlos;

4) eliminar las actuales restricciones al tamaño posible y al volumen de negocios de las empresas privadas;

5) eliminar la prohibición de invertir a cubanos residentes fuera del país;

6) eliminar la mayor parte de las actividades prohibidas para el desarrollo de la gestión privada;

7) eliminar el monopolio del comercio exterior;

8) abrir el capital privado en el sector bancario con vistas a aumentar la liquidez y sobre todo el crédito para la inversión;

9) crear una banca de desarrollo que otorgue créditos de fomento al sistema empresarial;

10) integrar el sistema empresarial privado, estatal y cooperativo, para lo cual es un error de partida plantearse una ley de empresa estatal. Lo que debería hacerse es una ley de empresa que las ponga en igualdad de condiciones;

11) reemplazar el actual mecanismo de autorización para el establecimiento de empresas privadas por uno de solo registro;

12) eliminar las restricciones para ser socio de solo una empresa; es falso que ello sea un indicador de concentración de la propiedad;

13) elaborar un sistema impositivo que estimule el emprendimiento formal y la creación de empleos, con independencia del régimen de propiedad.

Las medidas podrían ser solo el comienzo de un profundo cambio en el funcionamiento general de la economía que resulta necesario ante la evidencia del colapso del sistema de economía estatizada y centralmente administrada, y a la ausencia de soluciones realistas que estén enmarcadas en el maquillaje del sistema actual. Se requiere de un ambiente institucional y político diferente al actual, en cuya conformación sería imprescindible convocar la participación democrática de la nación.

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