Multas: el método del Gobierno para disminuir el déficit fiscal y castigar al sector privado
Foto: elTOQUE.
Varias guaguas repletas de inspectores y policías recorrieron las calles cubanas durante el Segundo Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales.
El objetivo —según el Gobierno— era frenar los precios abusivos y otras irregularidades; según los afectados, recaudar dinero.
«Parecía que cazaban delincuentes», contó a elTOQUE un villaclareño. «Las multas eran por cualquier cosa, desde pedir factura por un carrete de hilo que venden los viejitos hasta porque se caiga al piso una liguita y no te des cuenta».
La estampa se repitió en Holguín. «Cuando la gente se enteraba hacia dónde se dirigían los inspectores, cerraban los negocios», explicó un emprendedor. «Esperaban a que pasaran los días de “control” y volvían a abrir. Con campañas de unos días no se resuelve el desabastecimiento, la inflación ni la escalada de precios».
En la prensa estatal, la «semana contra el delito» fue un éxito. En redes sociales, algunos lamentaron el cierre de puntos de venta privados que —aunque caros— suplen lo que el Estado no logra ofertar. Otros celebraron decomisos y ventas forzosas al sector no estatal. Casi nadie reparó en los precios —y el aumento progresivo— en las tiendas en dólares.
Sanciones para recaudar
Al cierre del primer trimestre de 2025 se impusieron 425 012 multas que reportaron al presupuesto más de 1 000 millones de pesos cubanos. Solo durante la semana del segundo ejercicio (del 24 al 29 de marzo de 2025) se ingresaron 131.3 millones por ese concepto.
La cifra no es casual. Desde 2024 el Gobierno aumentó el monto de las sanciones: hoy muchas tienen un valor mínimo de 15 000 o 16 000 CUP —más del triple del salario medio—, lo que explica que el valor recaudado crezca más rápido que la cantidad de infracciones. «Es una locura», resume el cuentapropista villaclareño.
Aunque las multas aumentan los ingresos inmediatos, economistas como Pedro Monreal advierten que no corrigen el desequilibrio macro que origina la inflación: baja oferta interna y un déficit fiscal que sigue entre los más altos del mundo.
De acuerdo con proyecciones oficiales, el agujero presupuestario ronda todavía entre el 10 y el 12 % del Producto Interno Bruto (PIB), pese a los recortes en algunas «partidas presupuestarias» y a las nuevas fuentes de recaudación.
Más allá de la estadística, varios emprendedores denunciaron a elTOQUE arbitrariedad y desconocimiento técnico de los inspectores.
«A veces exigen documentos que no son obligatorios en un punto de venta. Si protestas, la pelea te cuesta el día entero», explica el dueño de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL).
Con plantillas incompletas, varios organismos de inspección han incorporado a estudiantes universitarios sin experiencia, mientras que la rotación es elevada. El resultado: criterios dispares, errores de procedimiento y desconfianza.
A pesar del sistema de pago por resultados, funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios reconocen que solo el 60 % de las plazas en las oficinas de cobro están cubiertas.
La sobrecarga de trabajo, los riesgos asociados y los insuficientes salarios (entre 5 000 y 7 000 CUP) empujan a muchos inspectores a renunciar, lo que deja el sistema en manos de personal inexperto y propenso a fallos.
El socio de la SRL también relató que la lentitud de los trámites para obtener el permiso final, la licencia sanitaria, la apertura de la cuenta bancaria y otros trámites indispensables para empezar a facturar, «se vuelve un calvario» para los emprendedores.
«Conozco a trabajadores que no han podido abrir al público porque algún papel se queda “congelado” durante semanas y, aun así, los inspectores les amenazan con multas», dijo.
El problema, asegura, nace de un «divorcio» entre los organismos: Trabajo y Seguridad Social, ministerios, oficinas de administración tributaria (ONAT). El emprendedor explica que cada dependencia maneja sistemas informáticos distintos y no siempre comparten en tiempo real el estado de los expedientes.
La descoordinación se agrava cuando cambian las regulaciones. «Muchas veces ni siquiera conocen que hay modificaciones en la ley», afirmó. «Este es un negocio en el que hay que estar bien informado porque cualquiera te puede salir con un “cuento”».
Entre amenazas y decomisos
El 17 de abril de 2025, el primer ministro Manuel Marrero subió el tono. Mencionó que en algunos territorios el litro de aceite se vende a 1 500 pesos —un producto con precio topado a 990— y advirtió: «Si esconden el aceite, iremos atrás, a la casa almacén. En ese caso no es multa, no es venta forzosa, es decomiso».
Para Marrero, la responsabilidad de imponer los topes recae en los municipios: «Estas cosas no hay que esperar que se digan desde arriba».
El discurso del primer ministro refuerza la lógica punitiva del programa gubernamental para «corregir distorsiones»: más controles, más sanciones, más decomisos. Pero los datos oficiales muestran que la inflación continúa alrededor del 30 % interanual y que la oferta de bienes básicos no mejora, por lo que las multas no han contenido ni los precios ni el déficit.
La reducción del déficit anunciada por el Consejo de Ministros se asienta, en gran medida, en políticas de austeridad —recortes de gasto, subsidios diferidos— y en ingresos extraordinarios como las multas.
Para los analistas, se trata de «una victoria pírrica» que hipoteca el bienestar social y desincentiva la producción privada, sin ofrecer un plan claro de reactivación económica.
«Esto que estamos observando no es nuevo. En realidad, responde a un patrón de comportamiento de las autoridades claramente definido: en medio de las crisis, hay que encontrar chivos expiatorios frente a los ojos de la población», reflexionó el economista Ricardo Torres.
Según declaró a elTOQUE el también investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, en Washington D. C. es fácil y conveniente culpar a otros de los errores y omisiones de las políticas gubernamentales.
«Si es el sector privado, mucho mejor, porque se cumplen dos objetivos: hay un responsable, que además, es una piedra en el zapato político e ideológico que calza el Gobierno cubano. De las verdaderas causas, nada se dice. Y el país sigue de mal en peor».
Mientras tanto, el sector estatal en divisas mantiene márgenes de precios que superan a menudo los del mercado privado, pero rara vez recibe sanciones equivalentes.
El propio primer ministro, al referirse al asunto, ha dicho que poner el foco en los precios de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) es «injusto».
La percepción ciudadana es que la «cacería» se concentra en cuentapropistas y mipymes, los mismos actores que en los últimos tres años han asumido buena parte del abastecimiento nacional.
El Gobierno anunció que los ejercicios de inspección se repetirán cada trimestre. Si las tendencias actuales se mantienen, la recaudación por sanciones podría superar los 4 000 millones de pesos en 2025, una cifra relevante para las arcas públicas, pero insuficiente —según los expertos— para cerrar el déficit fiscal y, sobre todo, rescatar la economía.
De acuerdo con el Doctor en Ciencias Económicas Ricardo Torres, considerar las multas como un instrumento de recaudación válido es una aberración tanto de política económica como de abordaje de los serios problemas sociales que atraviesa la Isla.
«Para poner un ejemplo, el aumento de las penalizaciones eleva el riesgo de tener negocios, lo que desalienta la entrada de nuevos actores y la inversión asociada, todo lo contrario de lo que se necesita para atender una de las verdaderas causas de la inflación galopante: el colapso de la oferta.
»Por si fuera poco, menos actividad privada equivale a menos impuestos pagados al fisco. Por lo que se agrava, en lugar de resolver, el agujero en las cuentas públicas».
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