A partir de enero de 2025, el Gobierno cubano implementará un sistema de pago por resultados dirigido a los inspectores y al personal de las Oficinas de Control y Cobro de Multas. La medida busca reforzar la fiscalización de los precios, según informó el primer ministro Manuel Marrero en su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de diciembre de 2024.

El anuncio se alinea con la narrativa sostenida por las autoridades en los últimos años, la cual señala de forma recurrente al sector privado como responsable del incremento de los precios y de la inflación. Se trata de una retórica que ha servido para justificar acciones de control más estrictas sobre los actores económicos no estatales, pese a que varios de los dirigentes del régimen ―como el presidente Miguel Díaz-Canel― defiendan que no existe «una cacería de brujas contra las mipymes».

El nuevo esquema de incentivos a los inspectores genera dudas sobre cómo será implementado en la práctica y qué consecuencias tendría en la dinámica económica. Si el pago por resultados se traduce en premiar a quienes impongan más multas, podría intensificar el enfoque punitivo y un esquema de corrupción que se reproduce en los diferentes cuerpos de inspección.

En palabras del primer ministro, la decisión busca «hacer justicia con los inspectores», quienes «salen todos los días a las calles sin las condiciones de trabajo» y perciben «un salario extremadamente bajo». Actualmente, y tras la entrada en vigor de la Resolución 7/2022, los inspectores en Cuba ganan entre 5 810 y 7 830 CUP, equivalentes a 24 y 17 USD en el mercado informal de divisas (según los valores de cambio para la fecha de redacción de esta nota). Si se considera que el salario medio en la isla ―ronda los 4 600 CUP― es mucho menor que el que perciben los inspectores, las declaraciones podrían ser evaluadas también como el reconocimiento implícito de que en el país los salarios ―sobre todo del sector presupuestado― son paupérrimos. 

Promesas de Marrero para 2025: apagar el fuego con más humo

En los últimos años, se hizo casi una tradición que el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, dijera que el año próximo sería mejor. Marrero auguró que 2025 será un año de «mayores desafíos».

Reforzar el papel de los inspectores en el control fiscal data de varios meses atrás. En julio de 2024, el Gobierno anunció que pretendía elevar la cifra de trabajadores en ese rol hasta 20 000. Por entonces, el economista Pedro Monreal criticó «el aumento del empleo improductivo (más salarios sin contrapartida material)» y calificó la medida como «una de las ideas más peregrinas del equipo económico de Cuba». Además, cuestionó que creciera la fuerza de trabajo en ese sector frente al desplome de rubros básicos como Salud y Educación.

El establecimiento de un sistema de pago por resultados para los inspectores y el personal de las oficinas de cobro de multas no hace más que confirmar el análisis del economista.

La implementación del pago por resultados para los inspectores se inserta en un contexto de intensificación del chequeo fiscal desde mediados de 2024, según informó el primer ministro. 

En efecto, en 2024 las autoridades impusieron más de 370 000 multas tan solo en lo relativo al control de precios, aunque Marrero aseguró que esas acciones no tenían «un enfoque recaudatorio», sino de «disciplina y orden». Sin embargo, en la fiscalización de precios se recaudaron 980 millones de pesos, a los que se suman 19 millones por robo de corriente, 1 millón por infracciones relacionadas con las cuentas fiscales y más de 196 millones provenientes de multas en el sector agrícola. Lo anterior suma casi 1 200 millones de pesos, equivalentes a 10 millones de dólares, según el cambio oficial.

En la segunda cita ordinaria de los diputados cubanos trascendió también que se mantiene el monitoreo semanal a los precios máximos de seis productos de alta demanda ―pollo, aceite, pastas alimenticias, salchichas y leche en polvo―, regulados por Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios. 



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