Mediante la Resolución 609/2023 del Ministerio de Justicia (Minjus), las autoridades cubanas han extendido la validez de la Certificación de Antecedentes Penales.

La Certificación de Antecedentes Penales constituye el único documento oficial legalmente válido para verificar la presencia o ausencia de antecedentes penales en una persona. El certificado puede ser requerido para diversos trámites tanto a nivel nacional como internacional. Es muy demandado sobre todo por las personas que pretenden emigrar.

A partir de su entrada en vigor, el 30 de noviembre de 2023, la Resolución 609 establece que las Certificaciones de Antecedentes Penales tendrán una validez de un año contado desde su fecha de expedición. La disposición implica que las certificaciones de antecedentes penales emitidas después del primero de diciembre de 2022 podrán utilizarse hasta la fecha en que se complete un año de su emisión.

Antes de la expedición de la Resolución 609, las Certificaciones de Antecedentes Penales tenían una validez de seis meses. Lo anterior implicaba que, muchas veces, el documento había perdido la vigencia cuando los interesados concluían el proceso de legalización. 

¿Tener antecedentes penales justifica la muerte?

Recientemente en Cuba murieron dos ciudadanos en altercados con la policía. Las notas de prensa oficiales han justificado los disparos “ante el peligro de la vida de los agentes” y han expuesto los antecedentes penales de las víctimas. ¿Qué implicaciones legales y en términos de justicia tiene esta posición?

Al emitir su decisión, el Minjus reconoció tácitamente la situación anterior y dijo que era necesario extender la validez de los documentos hasta el término de un año porque así lo ameritaban las dinámicas en la resolución de procesos penales y el notable aumento de solicitudes de certificaciones para diversos trámites. 

El organismo reconoció, además, que en atención a las dificultades existentes, las certificaciones «deben ser renovadas al expirar el plazo de validez». Por tanto, la extensión del plazo es racional y favorecerá la simplificación de los trámites para la población y la reducción de la carga de trabajo en el Registro Central de Sancionados del Ministerio de Justicia. 

Los trámites para la solicitud y legalización de la Certificación de Antecedentes Penales no varían después de la promulgación de la Resolución 609.

Los documentos pueden ser solicitados por ciudadanos cubanos mayores de 16 años y extranjeros que residan temporal o permanentemente en Cuba. Si el documento es para usarse en territorio nacional, el único costo asociado es el de los sellos de timbre por un valor de 5 CUP (considerados como parte del impuesto sobre tramitación de documentos oficiales). 

Si la certificación se necesita fuera de Cuba, los costos variarán en dependencia de la residencia de la persona y del lugar donde se pretende el uso. Si el documento pretende ser utilizado en el exterior y es solicitado por una persona que reside permanentemente en la isla, tanto cubana como extranjera con residencia permanente en el territorio nacional, el servicio tiene un costo de 1 250 CUP más el sello de timbre por valor de 5 CUP. Pero si la persona sobre la cual se expedirá la certificación es residente en el exterior o no realiza el trámite personalmente, el servicio tiene un costo de 1 250 CUP más sellos del timbre por un valor de 125 CUP.

Nuevo Código Penal: jaque al ejercicio de derechos constitucionales

El artículo 120 del nuevo Código Penal cubano considera como delito el ejercicio arbitrario de derechos constitucionales cuando el objetivo sea cambiar la carta magna o la forma de Gobierno. La legislación entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

Además, los individuos que conserven su residencia permanente en Cuba tienen la opción de solicitar de manera presencial su certificación, sea la suya o la de la persona interesada. Pueden realizar el trámite en las oficinas de trámites de las Direcciones Provinciales de Justicia presentes en cada provincia, así como en las instituciones municipales vinculadas a la Dirección Provincial de Justicia de La Habana, que están operativas desde 2019. También, cuentan con la posibilidad en las unidades municipales de servicio de Artemisa y Mayabeque, y en el municipio especial Isla de la Juventud.

Las certificaciones que van a ser utilizadas solamente en el territorio nacional, además, pueden solicitarse vía online a través del sitio web del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la vía es válida para la solicitud, pero no para la recogida, la cual debe hacerse de manera presencial en la unidad correspondiente, en un término de 72 horas hábiles después de haber hecho la solicitud.

Quienes pretendan utilizar las certificaciones fuera del territorio nacional también pueden recurrir a las sucursales de Consultoría Jurídica Internacional o a los Bufetes Colectivos.

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