El 29 de enero de 2026, en una conferencia de prensa en Miami, dos congresistas cubanoamericanos y una organización del exilio propusieron retomar las conocidas tácticas del parón de vuelos y remesas para presionar al régimen de la isla. Son viejas jugadas políticas que la comunidad cubana en Estados Unidos conoce bien. Sin embargo, en la rueda de prensa también se habló de una posible estrategia distinta, hasta cierto punto novedosa, inspirada en el derrocamiento del dictador venezolano Nicolás Maduro.

La estrategia se trata, básicamente, de reflotar viejos procesos legales contra Raúl Castro y así tener una excusa legal para entrar en la isla y detenerlo, como pasó con Maduro. En los años noventa y a principios de los 2000, Castro estuvo envuelto en dos acusaciones: una relacionada con el narcotráfico y otro por asesinato.

«No se sorprendan si el Departamento de Justicia de Estados Unidos solo tenga que revisar lo que ya se ha hecho», dijo Mario Díaz-Balart.

Pero ¿en qué consisten estas acusaciones? ¿Tendrían vigor tantos años después?

De Noriega al cártel de Medellín: la acusación por narcotráfico

Empecemos con el proceso más antiguo. Una investigación federal de 1993 vinculó directamente a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, con una presunta red internacional de narcotráfico que habría facilitado el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través del territorio cubano. La pesquisa, documentada por el Miami Herald y retomada en una audiencia del Congreso estadounidense en el 2000, fue finalmente archivada por la Administración de Bill Clinton, pese a la existencia de un borrador de acusación penal elaborado por fiscales del Distrito Sur de Florida.

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El 15 de octubre de 2025, Raúl Castro reapareció en una reunión sobre la crisis sanitaria junto a Díaz-Canel y Marrero. Pero lo que más llamó la atención no fue la reunión, sino su oreja izquierda: el hueco había desaparecido, como si alguien lo hubiera borrado. Todo apunta a un mal retoque digital para ocultar un audífono, una práctica ya usual con miembros de la familia Castro.

Según reveló el diario en abril de 1993, los fiscales federales prepararon un borrador de acusación que calificaba al Gobierno cubano como una organización criminal estructurada y señalaba a Raúl Castro como «jefe de la conspiración». El documento, basado en meses de testimonios secretos ante un gran jurado, identificaba, al menos, a 15 altos funcionarios y militares cubanos como parte de una red que habría movido alrededor de 7.5 toneladas de cocaína durante los años ochenta, utilizando el espacio aéreo, puertos y rutas marítimas de la isla como corredores del narcotráfico.

Hasta el momento, los documentos del caso se han mantenido en secreto.

Entre los implicados figuraban altos mandos militares y de seguridad del Estado, incluidos José Abrantes, Abelardo Colomé Ibarra, Manuel Piñeiro («Barba Roja») y el coronel Antonio de la Guardia, fusilado en 1989 tras la llamada Causa 1. No era impensable para la época: un jurado federal en Miami y Tampa acusó de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración al dictador panameño Manuel Noriega en 1988. El gobernante fue finalmente capturado unos meses después, a principios de 1989.

La acusación, sin embargo, nunca fue presentada de manera formal, ya que requería autorización directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos porque implicaba penalmente a un Gobierno extranjero. Para expertos de la época, se había elaborado un caso fuerte: sobre todo porque, desde los ochenta, Carlos Lehder —cofundador del cártel de Medellín— declaró haber mantenido reuniones secretas con Castro para discutir el traslado de cargamento.

El caso fue reexaminado en el 2000 durante una audiencia del Congreso, donde se aportaron nuevos testimonios y elementos de contexto, incluidos los de familiares de militares ejecutados en Cuba. Recientemente, la activista Carolina Barrero publicó una investigación sobre el caso en la que concluye que el principal obstáculo que impidió que saliera adelante fue político: Washington no quiso asumir las consecuencias diplomáticas de una acusación de ese calibre contra La Habana.

El antecedente cobra nueva relevancia en el actual debate internacional sobre el concepto de «narcoestado», especialmente en relación con Venezuela. Barrero añadió que las prácticas de articulación entre poder estatal y economías ilícitas no surgieron de forma aislada en Caracas, sino que responden a modelos previos desarrollados en Cuba y luego proyectados hacia el país sudamericano.

Anemia aguda. El nexo entre las muertes de Arnaldo Ochoa y Diubis Laurencio 

Las muertes de Diubis Laurencio y de Arnaldo Ochoa están unidas por la cercanía de sus aniversarios y porque ambas son el resultado de la violencia de un Gobierno que aplica fórmulas de justicia a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Tres décadas después, la investigación de 1993 permanece como un episodio poco conocido, relegado a archivos judiciales y menciones marginales en la historiografía política. 

Sin embargo, la principal debilidad de reutilizar este proceso es que la acusación contra Raúl Castro por narcotráfico probablemente haya prescrito, de acuerdo con la legislación estadounidense. Por regla general en Estados Unidos, un proceso de este tipo tendría validez si el crimen se hubiera cometido en los cinco años previos a la acusación. La fiscalía tendría que probar que Castro estuvo involucrado en acciones de narcotráfico hasta 2021.

Las avionetas de Hermanos al rescate

El otro proceso legal del que fue acusado Castro fue el derribo de las avionetas de Hermanos al rescate, una organización del exilio cubano que a mediados de los noventa logró entrar al espacio aéreo de la isla y repartir octavillas con mensajes antigubernamentales.

Díaz-Balart sostuvo que existen bases legales y probatorias suficientes para impulsar una acusación formal contra el exministro de las Fuerzas Armadas y expresidente cubano, a quien responsabiliza directamente por la orden de derribar las aeronaves. El congresista subrayó que, conforme a la legislación estadounidense y a diferencia de la acusación por narcotráfico, el delito de asesinato no prescribe, por lo que el paso del tiempo no constituye un obstáculo jurídico para presentar cargos en la actualidad.

Díaz-Balart recordó que existen evidencias directas que vinculan a Raúl Castro con la orden de ataque. El político del sur de Florida mencionó una grabación que hace años se filtró y en la que Castro autorizaba a sus generales a dar la orden de derribar las avionetas. En la grabación se escucha al militar ordenar: 

«Les dije: túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten, ustedes tienen las facultades».

Radiografía de Cuba. Las claves del posible legado de Raúl Castro

Desde el 24 de septiembre, los rumores sobre la salud de Raúl Castro (94 años) volvieron a encender las redes. Más allá de la especulación, en este episodio de Radiografía de Cuba analizamos su legado político y económico y las huellas visibles de la llamada continuidad.

La comanda de Castro provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos en febrero de 1996. El hecho generó entonces una condena internacional y un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. De hecho, fue a raíz del derribo que Cuba comenzó a ser considerada una amenaza para Estados Unidos por orden ejecutiva del presidente, una tradición que se ha renovado cada año, desde Clinton hasta el Trump actual.

Tanto Raúl Castro como su hermano Fidel fueron demandados por un superviviente de esos ataques, José Luis Basulto, quien también fue uno de los fundadores de Hermanos al rescate. Basulto armó un caso en el que acusó a los hermanos, así como a varios militares cubanos, y lo presentó en 2002 en una Corte de Florida. En 2003, ganó la demanda por la no comparecencia de ninguno de los acusados y ganó derecho a buscar una compensación por 40 millones de dólares.

Hay que recordar que este no fue un proceso criminal. En Estados Unidos, la fiscalía es la única que puede impulsar demandas de este tipo. Sin embargo, sí fue un caso que sentó jurisprudencia: al considerar procedente la demanda, un juez estadounidense ya dio la razón a Basulto. 

No sabemos si la actual Administración estadounidense procesaría a Castro por asesinato en el futuro cercano. En el caso de Maduro, tomó varios años para que la acusación por narcotráfico se transformara en su captura. Raúl Castro cumpliría 95 años en junio de 2026 y los rumores sobre la decadencia de su estado de salud resurgen cada cierto tiempo. Queda por ver si el tiempo y la biología alcanzarán primero que la justicia a uno de los hombres más poderosos de la historia contemporánea de Cuba.