La situación de los derechos humanos en Cuba se deterioró gravemente en 2024, según el más reciente informe de Amnistía Internacional (AI). El documento revela un escenario de represión creciente, escasez generalizada y vulneración sistemática de derechos fundamentales que afecta a amplios sectores de la población.

La organización destaca que el éxodo masivo de cubanos en los últimos dos años —una reducción poblacional estimada en un 18 %— es una de las señales más dramáticas de la crisis. Impulsados por la falta de oportunidades, la represión política y las condiciones de vida cada vez más precarias, cientos de miles de ciudadanos optaron por rutas migratorias irregulares y peligrosas para abandonar el país.

En el plano económico, AI señala que las reformas anunciadas por el Gobierno, lejos de fomentar un crecimiento sostenible, impusieron nuevas trabas a las formas de gestión no estatal. Como consecuencia, la población enfrenta una reducción del acceso a bienes y servicios básicos, en medio de una situación financiera marcada por la inflación, la devaluación monetaria y la falta de alimentos y medicinas.

De acuerdo con AI, el sector de la Salud —tradicional bandera del régimen— también mostró fisuras alarmantes, como lo reconocen funcionarios y gobernantes cubanos. Por otro lado, prolongados apagones y la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional en cuatro ocasiones comprometieron la conservación de alimentos, el funcionamiento de hospitales y la continuidad educativa.

Apagón general en Cuba otra vez

Cuba vuelve a quedarse a oscuras. Una avería provocó el colapso del sistema en la noche del 14 de marzo de 2025. Es la cuarta vez en cinco meses que ocurre un apagón de esta magnitud. 

En el terreno de las libertades individuales, 2024 marcó un retroceso significativo. La nueva Ley de Comunicación Social, en vigor desde octubre, estrechó aún más el cerco a la libertad de expresión. El informe advierte que activistas, periodistas independientes y usuarios de redes sociales fueron objeto de hostigamiento, detenciones arbitrarias, confiscaciones de equipos electrónicos y exilio forzado. Además, el documento refiere la oleada represiva contra una veintena de activistas y periodistas independientes en octubre de 2024 que recibieron amenazas de enjuiciamiento, así como el exilio forzado del periodista Yuri Valle Roca, excarcelado bajo la condición de abandonar el país.

AI subraya también el aumento de las detenciones arbitrarias. Solo en 2024, al menos 109 personas fueron arrestadas por participar en protestas. Los cargos más recurrentes que les imputaron incluyen desacato, desórdenes públicos, daños, sedición, propaganda enemiga continuada y actos contra la seguridad del Estado. El reporte menciona de forma explícita el caso de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de prisión por retransmitir una manifestación pacífica vía Facebook.

También figuran en el informe casos como el de la activista Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y el de la académica Alina Bárbara López Hernández, quienes sufrieron detenciones repetidas, algunas de ellas acompañadas de desapariciones forzadas temporales. Por otro lado, el texto menciona el hostigamiento a presos políticos y la falta de atención médica a la que son sometidos (como José Daniel Ferrer, líder de Unpacu, recluido en aislamiento durante meses). En 2025, Ferrer fue excarcelado como parte de un proceso de negociación conjunta entre La Habana, Washington y el Vaticano.

La discriminación estructural que enfrentan las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes es otro de los señalamientos de Amnistía Internacional. La organización apunta que el feminicidio no está tipificado como delito específico, mientras que organizaciones independientes reportaron 55 casos de muertes de mujeres en 2024 como resultado de la violencia machista.

El informe de Amnistía Internacional concluye que en Cuba persisten patrones de violaciones de derechos humanos. La falta de acceso a atención médica adecuada en prisión, la violencia física contra detenidos y el hostigamiento sistemático contra activistas y sus familiares conforman un paisaje alarmante de vulneraciones que el Gobierno niega.

El régimen cubano rechaza sistemáticamente las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos en la isla y asegura que son parte de una «campaña de descrédito» impulsada por intereses extranjeros. Las autoridades sostienen que en Cuba se garantiza el respeto a los derechos fundamentales, con prioridad en áreas como la Salud, la Educación y la Seguridad Social, y acusan a los medios independientes y a las organizaciones internacionales de tergiversar la realidad del país con fines políticos.