«Es totalmente opuesto a lo que dice Estados Unidos, que el dinero va a parar al Ejército y toda esa mierda que ellos hablan todo el tiempo. En el caso de Cuba, el dueño de los hoteles es el pueblo cubano. El dinero que ustedes gastan en el hotel va a los servicios públicos, a la salud, a la educación», fueron las palabras de Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de EE. UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) a un grupo de jóvenes estadounidenses que estaban de visita en la isla en abril de 2023.
En el video, compartido en Twitter por Magdiel Jorge Castro, la funcionaria repite una arenga política —muy poco diplomática— que intenta «vender» las bondades del sistema y posicionarse en comparación con Estados Unidos.
Sin embargo, que una parte de los ingresos del turismo contribuyan con el presupuesto del Estado y se utilicen en sectores como la educación y la salud no significa que el pueblo cubano sea «dueño» de los hoteles. El concepto de propiedad socialista es una cuenta pendiente del sistema. En el caso de los hoteles, además, hay que resaltar la falta de transparencia en su gestión, la intervención de socios extranjeros y los precios prohibitivos para los ciudadanos cubanos.
Aunque para un público extranjero las palabras de Tablada parecen tener sentido, la diplomática cubana tergiversa conceptos y omite información. A continuación, se analiza por qué las afirmaciones de la funcionaria del Minrex son FALSAS.
El pueblo no puede ejercer derechos de dueño
El derecho de propiedad tiene un contenido bastante amplio. Para que una persona natural o abstracta (conocida comúnmente como persona jurídica) pueda considerarse propietario, debe conservar los derechos básicos de uso, disfrute y abuso o disposición sobre los bienes objeto de la propiedad.
Con el paso del tiempo, los tipos de propiedad que se reconocen en Cuba se han transformado. La Constitución de 2019 fue el último ejemplo de cómo se le ha quitado potestad al pueblo —desde el diseño legal, porque en la práctica nunca se la ha ejercido— y se reducen sus derechos colectivos con respecto a los bienes públicos.
El último vestigio de control popular sobre la propiedad socialista en Cuba quedó sustituido por la representación estatal. Por tanto, es el Estado quien podrá ejercer derechos de uso, disfrute y abuso sobre los bienes que ahora no solo administra, sino que puede actuar sobre ellos como propietario.
El artículo 22 de la carta magna vigente reconoce como tipos de propiedad la: a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario; d) privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras; con un papel complementario en la economía; e) mixta: la que se forma por la combinación de dos o más formas de propiedad.
A continuación, aclara: «Son de propiedad socialista de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen a particulares o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales, las minas, los bosques, las aguas, las playas, las vías de comunicación y los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica exclusiva de la República. Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas y se rigen por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La trasmisión de otros derechos que no impliquen transferencia de propiedad sobre estos bienes se hará previa aprobación del Consejo de Estado, conforme a lo previsto en la ley, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado».
«La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes como las infraestructuras de interés general, principales industrias e instalaciones económicas y sociales, así como otros de carácter estratégico para el desarrollo económico y social del país. Estos bienes son inembargables y pueden trasmitirse en propiedad solo en casos excepcionales, siempre que se destinen a los fines del desarrollo económico y social del país y no afecten los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros».
Lo anterior significa que la Constitución de 2019 convirtió al Estado en representante del pueblo en el derecho de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que amplió sus funciones de simple administrador, como regulaba la Constitución de 1976 desde la reforma de 1992.
Los hoteles más importantes del país están administrados por empresas militares y extranjeras
En la recién concluida Feria Internacional de Turismo de La Habana, el primer ministro y exministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, dijo que en la actualidad el país cuenta con más de 81 mil habitaciones para la actividad hotelera, así como con 24 empresas mixtas constituidas que operan unas 5 mil habitaciones y 18 gerencias extranjeras con 113 contratos de administración y comercialización hotelera.
Añadió, además, que una de las estrategias para el desarrollo del turismo en Cuba es invitar a compañías hoteleras internacionales a gestionar los hoteles para que con su experticia puedan contribuir al desarrollo de la actividad.
A cargo de las operaciones de los hoteles están cuatro sociedades mercantiles cubanas: Grupo Gaviota S. A., Grupo Cubanacán S. A., Grupo Gran Caribe S. A. e Islazul S. A., cuyos accionistas pueden ser personas jurídicas o naturales, pero no son públicos. El Grupo Gaviota pertenece a las Fuerzas Armadas y está fuera de la jurisdicción administrativa y económica del Ministerio del Turismo (Mintur). La entidad gestiona 105 hoteles y villas, lo que representa el control sobre el 48 % de las habitaciones de la isla.
Sin embargo, la propiedad de los hoteles no está (salvo algunas excepciones) en manos de estas empresas, sino de otras dos inmobiliarias, Inmotur S. A. y Almest S. A., que pertenecen al Mintur y al grupo de las Fuerzas Armadas, respectivamente. La separación libera al inmueble de las responsabilidades económicas que pueda contraer la compañía operadora.
Para trabajar en el país, una compañía extranjera puede hacerlo de dos formas: una, constituir una empresa mixta con la parte cubana; dos, firmar un contrato de administración y comercialización hotelera (CACH) que puede incluir o no un financiamiento para la remodelación del inmueble.
La primera modalidad responde a las necesidades de los grupos del Mintur (Gran Caribe, Cubanacán e Islazul) que no poseen fondos de inversión para remodelar sus instalaciones. La segunda opción es la que utiliza el grupo Gaviota porque cuenta con presupuesto propio y solamente ofrece sus hoteles terminados a empresas hoteleras de renombre para su administración.
Las empresas mixtas tienen una participación accionaria, invierten capital y reciben dividendos en igual proporción. El contrato de administración tiene una escala de incentivos y se gana en función de los ingresos que genera.
La nueva Cartera de Oportunidades del Sector del Turismo pone a disposición de los inversionistas 87 proyectos. De ellos, 32 en la modalidad de empresas mixtas y 55 como contratos de asociación económica internacional, 41 de comercialización y administración hotelera, 11 de administración de servicios, y 3 con fondo común, según presentó Suyén Rivero, directora de Negocios del Ministerio de Turismo, en la Feria del Mintur.
No hay transparencia sobre los ingresos y las inversiones en el sector hotelero
Según datos del Banco Central de Cuba, en 2019 el turismo representó el 10.9 % del PIB y generó ingresos por un valor de 3 300 millones de dólares. A pesar del golpe que recibió el sector debido a la pandemia de la COVID-19, para el Gobierno cubano sigue siendo una tabla de salvación y, en consecuencia, una apuesta económica importante.
La recuperación de Cuba en ocupación hotelera ha sido la más baja del Caribe, apenas alcanza el 15 %; mientras que Cancún y República Dominicana, sus competidores más cercanos, estuvieron alrededor del 75 %. Sin embargo, sigue siendo el turismo el sector que más inversión recibe en el país, incluso en detrimento de otros de vital importancia, como la agricultura.
Hay dos vías para construir o remodelar hoteles en Cuba: mediante financiamiento externo (modalidad empleada por las empresas del Mintur) o con inversión autónoma (modalidad empleada por Gaesa, el conglomerado militar detrás de los hoteles de Gaviota).
El grupo francés Bouygues Bâtiment International S. A. es el principal socio extranjero de las inversiones de Gaesa en el proceso de construcción hotelera. Solo en 2022, la empresa gala intervino junto con la constructora cubana Unión de Construcciones Militares y la inmobiliaria Almest S. A. en más de 22 proyectos en el sector turístico. Según un boletín interno, desde 1999 hasta 2021, BBI entregó 51 hoteles en Cuba.
El pueblo cubano no ha participado en ninguna de las decisiones relativas a la distribución de las inversiones, el emplazamiento de los hoteles o la concesión a empresas extranjeras.
Cada vez resulta más caro para los cubanos disfrutar de los hoteles
Con la circulación de la nueva moneda libremente convertible (MLC) desde 2021, se corrió el rumor de que las tarifas en las instalaciones hoteleras dejarían de cobrarse en moneda nacional; pero hasta el momento los turistas nacionales pueden pagar en pesos cubanos. Sin embrago, los precios en moneda nacional se han incrementado en la medida que ha subido el precios de las divisas extranjeras en el mercado informal, cada nueva oferta es más cara en el mismo hotel.
Pasar una noche en una habitación estándar de un hotel en Cuba de tres y cuatro estrellas equivale a dos veces el salario medio de la isla (4 219 CUP), según el precio de las ofertas para nacionales en 2023. Si bien el costo del servicio depende de su calidad y de las agencias que comercializan los diferentes paquetes de servicios, la mayoría de las propuestas superan las posibilidades económicas del ciudadano común.
Hemos analizado los precios de 100 hoteles de nueve cadenas diferentes y representativos de todas las categorías, entre enero y octubre de 2023, a partir de las ofertas publicadas por el grupo Havanatur. Las tarifas más actualizadas muestran que, como promedio, cada adulto debe pagar 11 700 CUP por día (unos 60 USD al cambio en el mercado informal) si desea hospedarse solo en una habitación y 8 900 CUP (46 USD) si comparte dormitorio. En el caso de los niños, de entre 2 y 12 años, el costo estimado es de 4 200 CUP (21.7 USD). A su vez, el precio de las habitaciones con ubicaciones privilegiadas, tipo suite o de lujo, puede superar los 30 000 CUP (155 USD) por noche.
Las cadenas hoteleras Cubanacán, Gran Caribe e Islazul ofrecen las opciones más «accesibles» en las categorías de dos, tres y cuatro estrellas, con ofertas que oscilan entre 700 CUP y 11 500 CUP. En cambio, los paquetes de Blue Diamond, Meliá e Iberostar son los más costosos, con tarifas diarias entre 7 000 CUP y 32 000 CUP.
El precio de una habitación de hotel ha aumentado de manera constante desde hace dos años. En relación con 2021 y 2022, el costo de hospedarse en un hotel es hasta cuatro y cinco veces mayor en 2023. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2022 hospedarse en el Hotel Nacional de Cuba durante tres días tenía un valor aproximado de 14 976 CUP (4 992 CUP x 3), de acuerdo con las ofertas de Havanatur en esas fechas. En iguales condiciones y período, en 2023 el precio total equivale a 64 152 CUP (21 384 CUP x 3), lo que significa un aumento del 428 %.
¿Cómo podría el pueblo ser dueño de los hoteles?
Para que el pueblo fuera dueño de los recursos debería tener ciertos niveles de decisión, disposición y control de la administración hotelera. Hoy los pocos mecanismos que existen están ritualizados.
Por ejemplo, la Constitución de 1976 normaba que los trabajadores tenían derecho a participar en las decisiones más importantes de la empresa estatal socialista. Aunque la regulación se mantiene, se trata de un derecho formal. Los trabajadores se reúnen con la administración, pero no tienen la información o los recursos para tomar decisiones de forma responsable, que sean vinculantes y propositivas. Tampoco le interesa a la administración que así sea.
Sería diferente que la ciudadanía tuviera control de lo que ocurre con los recursos, de las ganancias y de los mecanismos de redistribución de las ganancias. Hay otros aspectos sobre los que se podría tener una participación sustantiva, como la protección del medioambiente, los lugares donde los hoteles se construyen, el tipo de mano de obra que se contrata, las relaciones con la comunidad en la que se ubican.
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