La situación de los derechos humanos en Cuba ha sido evaluada en 2009, 2013 y 2018 mediante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En noviembre de 2023 será la cuarta valoración.

El EPU suele efectuarse a todos los Estados miembros de la ONU en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil. Entre 2009 y 2018 a Cuba se le han señalado varias violaciones de derechos humanos que el Gobierno ha rechazado de forma categórica bajo el argumento de que están «sesgadas políticamente».

En el último EPU, efectuado en mayo de 2018, el Estado cubano afirmó que las recomendaciones estaban «construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano».

Señalamientos a Cuba: una historia que se repite

Cuba ha rechazado varias recomendaciones en los tres exámenes a los que ha sido sometida. En 2009 rechazó ocho observaciones y recomendaciones, en 2013, unas 20 y en 2018 fueron 30 los señalamientos rechazados.

2009

En el primer EPU efectuado a Cuba destacaron los reclamos por la detención arbitraria de 75 opositores pacíficos en 2003 que habían lanzado la iniciativa de referendo denominada «Proyecto Varela». La oleada represiva se conoce como la Primavera Negra y se caracterizó por juicios sumarios y condenas de hasta 28 años, sobre la base de acusaciones que violaban el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, asociación, reunión y participación política. Israel, Reino Unido, Canadá, Austria, Eslovaquia, Italia, República Checa y Países Bajos emitieron varias recomendaciones que Cuba rechazó. 

Israel recomendó poner en libertad a los defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas injustamente encarceladas; permitir el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión; así como autorizar a las entidades correspondientes a constituirse legalmente con arreglo a la legislación nacional, sin exigir su afiliación a órganos de la administración pública de otro Estado.

Por su lado, Reino Unido pidió que Cuba se abstuviera de aplicar delitos como el de peligrosidad, propaganda enemiga y desacato de la autoridad para restringir los derechos a la libertad de expresión y asociación. A su vez, Canadá aconsejó tener mayor tolerancia hacia los cubanos con ideas opuestas al Gobierno que lo manifestaran de forma pacífica; solicitó la liberación incondicional de los presos políticos y su integración a la sociedad.

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Cuba también rechazó las recomendaciones de Austria y Eslovaquia respecto al cese del enjuiciamiento de ciudadanos por ejercer los derechos consagrados en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sobre la urgencia de adoptar las medidas necesarias, incluido un examen de la legislación cubana para evitar dichos enjuiciamientos.

Italia y República Checa se hicieron eco de los señalamientos anteriores. República Checa reafirmó que deberían aceptarse críticas a las políticas gubernamentales en los medios de comunicación y permitirse el debate público y las reuniones pacíficas, además de la necesidad de que Cuba revisara su marco jurídico en esta esfera con miras a que fuera conforme a las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Países Bajos efectuó las mismas recomendaciones a Cuba e instó a que se garantizara la posibilidad de ejercer las libertades fundamentales sin riesgo de acoso, intimidación o persecución a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos y a los disidentes políticos.

Los argumentos de Cuba para rechazar las recomendaciones anteriores fueron que: «a) ningún pueblo puede aceptar que se cuestionen su derecho a la libre determinación y su derecho soberano a elegir su sistema político, económico, jurídico, cultural y social; b) ningún país puede aceptar una recomendación que contribuya a la puesta en práctica de una política concebida por una superpotencia extranjera con el objetivo de destruir el legítimo orden constitucional libremente elegido por su pueblo; y c) ninguna recomendación puede basarse en afirmaciones falsas o distorsionadas ni formularse de resultas de la ignorancia o de la falta de información sobre la realidad del país».

2013

Entre las 20 recomendaciones rechazadas por Cuba en el segundo EPU estuvieron realizar una investigación independiente del accidente automovilístico de Oswaldo Payá; enmendar la Ley de Procedimiento Penal a fin de evitar los casos de prolongación indefinida de la investigación preliminar; garantizar el acceso a Internet y reducir la influencia y el control gubernamental sobre su consumo; permitir los medios de comunicación independientes; velar por que exista un entorno seguro, libre e independiente para los periodistas y asegurar que todos los casos de agresiones contra ellos sean investigados por órganos independientes e imparciales; así como poner fin a la represión y proteger a todas las personas que sean víctimas de intimidación o violencia.

A la vez, volvió a rechazar recomendaciones del EPU anterior que fueron reiteradas en el segundo examen por varios países; como la necesidad de aplicar garantías jurídicas que aseguren la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes frente al abuso de las disposiciones relativas al enjuiciamiento penal, la intimidación, el hostigamiento y la detención arbitraria; poner en libertad a todos los presos políticos; eliminar las restricciones a la libertad de expresión, incluidas las detenciones de corta duración y la utilización de cargos penales como «peligrosidad social predelictiva», «desprecio» y «resistencia»; revisar todas las leyes que consideran delito o restringen el derecho a la libertad de expresión; respetar la libertad de asociación y reunión, y reconocer personalidad jurídica a las asociaciones de derechos humanos mediante un sistema de registro oficial inclusivo.

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La CIDH indicó tener «indicios serios y suficientes» que involucran a «agentes estatales» con el choque automovilístico en el que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Los señalamientos fueron hechos por Bélgica, República Checa, Eslovenia, Rumania, Estonia, Hungría, España, Suiza, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Irlanda, Francia, Canadá, Austria, Países Bajos, Polonia, Australia y Alemania.

Esa vez Cuba se justificó diciendo que las recomendaciones eran incompatibles con los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico interno, que estaban «sesgadas políticamente y construidas sobre bases falsas, derivadas de los intentos de desacreditar a Cuba por parte de quienes, con sus ambiciones hegemónicas, se niegan a aceptar la diversidad y el derecho de libre determinación del pueblo cubano». Y concluyó: «Esas recomendaciones no se avienen al espíritu de cooperación y respeto que exige este ejercicio».

2018

El último examen de Cuba fue el 16 de mayo de 2018. Entonces Cuba recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, dijo tomar nota de 83 y rechazó 30.

El Gobierno cubano se negó a aceptar por tercera vez las sugerencias referidas a la suspensión del arresto arbitrario a personas antes, durante y después de actos pacíficos y manifestaciones, así como a su excarcelación posterior; y al cese del acoso, intimidación, persecución, represión, arresto domiciliario y detención arbitraria de activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y miembros de la oposición. También se negó a habilitar el monitoreo independiente de los derechos humanos en todos los sitios de detención; liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia, y permitirles viajar libremente a nivel nacional e internacional.

Tampoco apoyó las recomendaciones de implementar medidas que aseguren la independencia e imparcialidad judicial; proporcionar estatus legal a los grupos locales de derechos humanos, dejar de usar tácticas que los intimiden y permitir que tanto estos como la sociedad civil participen en Naciones Unidas y aprovechen sus mecanismos; eliminar las restricciones de acceso a Internet, relajar el amplio control del entorno mediático y promover uno más pluralista e independiente; eliminar las restricciones al derecho de asociación y a la libertad de expresión; eliminar las limitaciones ilícitas al derecho de acceso a información; y reformar su sistema unipartidista con elecciones multipartidistas que brinden a los ciudadanos opciones reales y un proceso verdaderamente libre y justo.

Los argumentos en los que se basó el Gobierno cubano para el rechazo de las recomendaciones fueron los mismos que utilizó en el EPU de 2013. En los señalamientos de 2018 se incrementó la cantidad de países que hicieron reclamos a Cuba. Esta vez provinieron de Ucrania, Islandia, Australia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Eslovaquia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Zambia, España, Brasil, Chile, Francia, Alemania, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Irlanda, Letonia, Lituania, Perú, Suecia y Estados Unidos.

Cuba, la violación de derechos humanos y el Examen Periódico Universal de la ONU

El EPU es un mecanismo de revisión que se efectúa a todos los Estados miembros en un período de cuatro años y medio y admite informes tanto de los Gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil.

2023

De cara al próximo EPU, el poder cubano ha ponderado en redes un discurso triunfalista y desacertado sobre la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional.

La Misión Permanente de Cuba ante la ONU en Ginebra, Suiza, tuiteó que el país mostraría en la nueva presentación ante el EPU relevantes transformaciones en materia legislativa y la «defensa de los derechos humanos desde un enfoque integral, inclusivo, evolutivo y atemperado a nuevas realidades».

El representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla Román, afirmó que el país iría «con la moral de quien en los últimos 5 años ha trabajado incansablemente por consolidar las conquistas alcanzadas y garantizar más derechos para cada vez más personas».

No obstante, activistas, académicos, periodistas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos han denunciado la existencia de otra realidad contrapuesta al discurso oficial. Las condiciones que provocaron los señalamientos a la isla en los pasados EPU se han agravado.

En los últimos años el Gobierno cubano ha puesto en vigor normativas que restringen aún más las libertades de la ciudadanía, entre ellas el nuevo Código Penal, la Ley de Comunicación Social y el Decreto Ley 370/2018, el Decreto Ley 35/2021 y la Resolución 105/2021, los cuales criminalizan la libertad de expresión, información y comunicación a través de Internet y las redes sociales.

Un Informe reciente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) enfocado hacia el próximo examen de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apunta:

«Este 2023 Cuba llegará a su cuarto EPU con un mayor deterioro de su situación de derechos humanos, especialmente por los más de mil presos políticos en respuesta a las protestas masivas que se iniciaron el 11 de julio de 2021 y con una gran cantidad de personas forzadas al exilio, principalmente de la cultura y del periodismo independiente. Además, mediante una reforma constitucional ―sobre la cual no hubo ningún anuncio en el EPU de 2018―, en la segunda parte de ese mismo año se inició el proceso para esta, cuyo dato más retrógrado es la inclusión del régimen de partido único y el carácter irrevocable de su sistema político dictatorial. Esto último en clara violación de lo establecido en varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el 19, 20 y 21».