Sociedad civil pide que los presos políticos de Cuba sean prioridad en cualquier negociación con el régimen
Tropas especiales del Ministerio del Interior impiden el paso a una protesta pacífica en La Habana, el 11 de julio de 2021.
La mente de Mailín Rodríguez Sánchez casi siempre está en el penal de Holguín donde su esposo, Yosvany Rosell García Caso, purga una condena de 15 años por las masivas protestas de julio de 2021 en Cuba. Entre cubrir las necesidades de su familia, con tres menores de 18 años creciendo con su padre preso, y la angustia que le provocan las condiciones del encarcelamiento, Mailín apenas encuentra tiempo para algo más que no sea denunciar en Facebook cada nuevo abuso contra él. Pero los acontecimientos de los primeros días de 2026 le han dado cierta esperanza de que algo suceda pronto. Algo que le devuelva la libertad a Yosvany.
«Mi familia y yo sentimos que con el apoyo de Estados Unidos la libertad de Yosvanys está más cerca», dijo Mailín a elTOQUE.
Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro —un aliado del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta la reciente operación militar estadounidense en Venezuela—, muchos esperan que ocurra un cambio en la isla. Las declaraciones de Donald Trump presionando a las autoridades de La Habana y dejando abierta la puerta a una posible negociación, así como las excarcelaciones parciales de presos políticos en Venezuela y Nicaragua, alimentan por estos días las conjeturas y expectativas entre los cubanos.
«Soñamos con ese momento de verlo en casa», agrega la esposa de Yosvany García.
Ella no se ha recuperado emocionalmente de las semanas de huelga de hambre que hizo a finales de 2025 el manifestante del estallido social conocido como «el 11J». Cuando ve las noticias de alguna de las pocas excarcelaciones verificadas en los regímenes aliados del castrismo, siente «alegría por los que son libres», pero al mismo tiempo permanece la angustia porque su esposo «sigue preso injustamente».
No está sola en sus aspiraciones y dudas. Varios actores de la sociedad civil cubana han señalado que la liberación de las personas presas por motivos políticos en Cuba debe ser un asunto prioritario en cualquier aproximación de gobiernos extranjeros con el régimen de La Habana o ante un proceso de cambio político en el país.
La profesora y activista Anamely Ramos compartió en redes sociales una iniciativa colectiva que consiste en un «llamado a la acción por la liberación de los presos políticos cubanos», suscrito por 330 personas hasta el 13 de enero de 2025.
En la petición —a la que se pueden agregar nuevas firmas mediante la plataforma Change.org— se hace «un llamado claro y urgente a las organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos, a las redes de activistas regionales, a los gobiernos democráticos, a los medios de comunicación, a los cuerpos diplomáticos, a los organismos multilaterales y al Vaticano para que impulsen, en el marco del derecho internacional, cambios a nivel sistémico orientados al prevalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos frente a los regímenes que practican sistemáticamente la violencia de Estado en la región, y para que, en ese marco, Cuba sea incluida sin ambigüedades».
Además, se exige «que se demande de forma pública y sostenida la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos en la isla y el cese definitivo de la criminalización del disenso» en el país.
Hilda Landrove, ensayista, profesora y una de las personas que participaron en el lanzamiento de la iniciativa, comentó: «Cuando las legítimas aspiraciones de una sociedad corren el riesgo de quedar entrampadas en rejuegos de poder, es el momento para reivindicar la agencia que nos corresponde e impulsar las demandas básicas. La libertad total e incondicional de los presos políticos es una de ellas».
Para el académico y periodista José Raúl Gallego, «cualquier acuerdo [entre EE. UU. y Cuba] tiene que pasar necesariamente por la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos».
Gallego mencionó en Facebook otras exigencias que, en su opinión, deben estar sobre la mesa: «el desmontaje de las estructuras que sostienen al castrismo y su sustitución por instituciones democráticas, la restitución de los derechos políticos, civiles y económicos de los cubanos, la aplicación de la justicia, la implicación directa de los cubanos en el proceso de transición y la convocatoria en un tiempo prudencial a elecciones, para que un Gobierno electo democráticamente con la ayuda de la comunidad internacional interesada pueda redirigir el rumbo del país en beneficio de todos».
elTOQUE también publicó un editorial fijando la posición del medio al respecto: «si existe cualquier negociación, diálogo o canal de intercambio entre Washington y La Habana, los presos políticos no pueden ser una nota al margen ni una concesión futura. Deben ser el punto de partida».
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) afirmó en un comunicado que «es hora de que la comunidad internacional exija la liberación de todos los presos políticos y el fin de la represión».
Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, dijo a elTOQUE que «los recientes cambios en la región, tanto en lo relativo a la visión geoestratégica y de seguridad de Estados Unidos, como en el ámbito electoral de diversos países, no representan buenas noticias para el régimen cubano. La pérdida de su principal aliado, Venezuela, constituye un duro golpe económico y político».
De acuerdo con Cires, «esta situación se desarrolla en un contexto socioeconómico interno caracterizado por el colapso de las infraestructuras, una economía ineficiente que no levanta y el 89 % de la población en la extrema pobreza».
«En tales circunstancias, la élite del poder debería considerar la apertura de una salida política para el régimen, a fin de evitar que el sufrimiento del pueblo se prolongue. La liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión deberían ser elementos primordiales de cualquier proceso que se genere en Cuba a corto plazo», concluyó Yaxys Cires.
Ciudadanía y Libertad, otra organización cubana defensora de los derechos civiles y políticos, recordó que en enero de 2024 se entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento cubano) una petición de amnistía para todas las personas presas por motivos políticos.
Según la ONG, «pesar de cumplir íntegramente con todos los requisitos formales establecidos por la legislación vigente, la Asamblea respondió alegando supuestas deficiencias de forma, un argumento reiteradamente utilizado por el régimen para eludir el debate y la tramitación de demandas cívicas legítimas».
Ciudadanía y Libertad comunicó que la petición de amnistía «permanece abierta a la firma de ciudadanos cubanos dentro y fuera del país que deseen respaldar la exigencia de libertad para todas las personas presas por razones políticas».
Otras iniciativas de la sociedad civil también han puesto la libertad de las personas encarceladas por disentir entre sus prioridades ante una hipotética transición.
La Concertación Democrática Cubana «D Frente» reclamó «al Gobierno de la Isla el inicio inmediato de una Negociación Política Nacional». Pide que este proceso se fundamente en «aspiraciones irrenunciables» como la «garantía plena de los Derechos Humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales» y el «Estado de Derecho, democrático y social, con separación de poderes y autonomía local».
Además, D Frente exige, como medidas inmediatas a tomarse, «la liberación total de los presos políticos, sin excepciones ni condiciones»; el «cese de la represión política y [el] fin de la criminalización de la disidencia y la protesta cívica»; el «reconocimiento legal de todas las fuerzas políticas y sociales», así como la «convocatoria a elecciones plurales, bajo una ley electoral provisional que garantice transparencia e igualdad de condiciones».
Varias organizaciones de derechos humanos han documentado la existencia de cientos de personas presas políticas en Cuba. Los listados elaborados de forma independiente dan cuenta de entre 746 y 1 192 personas recluidas en Cuba por manifestarse o por hacer activismo a favor de un cambio, en un contexto en el que el Gobierno no reconoce su existencia ni ofrece información oficial actualizada.
La ONG Justicia 11J informó el 10 de diciembre de 2025 que, según sus registros, más de 560 personas continúan encarceladas «por ejercer el derecho a la protesta desde julio de 2021». Una de ellas es Yosvany Rosell García.
Su esposa, Mailín Rodríguez, espera que más pronto que tarde él regrese a casa, pero también que la realidad nacional experimente cambios más profundos: «Por supuesto, [quiero] la libertad de los presos políticos. Y la libertad de Cuba. Abajo el comunismo y el PCC. Cuba merece un futuro mejor», concluyó.
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