La reciente publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de la Instrucción No. 3 de 2019 del Ministerio de Comercio Interior ha generado debate en redes sociales y medios oficiales.

El documento, aplicable a formas de gestión estatal y no estatal, formalizó en norma jurídica una indicación que meses atrás la titular de ese ramo, Betsy Díaz Velázquez, había publicado en un tuit: “Los consumidores pueden tomar fotografías a los bienes que se comercializan, así como a los precios que sean de su interés”.

Sin embargo, en el nuevo documento se agrega una especificación: “No se toma otro tipo de fotos en el interior de los establecimientos, acorde con las políticas comerciales de las instituciones”.

Muchas personas reconocen el valor de esta Instrucción, un recurso con fuerza legal que podrá ser esgrimido por los clientes como garantía de sus derechos; pero a la par critican la restricción de esos derechos al limitarlos a cuestiones específicas: productos y precios.

Más allá de valorar lo positivo o negativo de esta norma, vale la pena preguntarse: ¿Por qué un Estado tiene que regular lo que se puede y no se puede fotografiar dentro de un establecimiento comercial?

Fotografiar o grabar videos dentro de estos lugares y socializarlos forma parte de la libertad de expresión de las personas, que pueden ejercer siempre que no violen los derechos de otros, las legislaciones relacionadas con la protección de cierto tipo de información o interrumpan la dinámica laboral del lugar.

Foto: Tomada del perfil de Facebook de Mónica Baró.

Que una Instrucción ministerial “reconozca” el derecho a tomar fotografías a precios y productos no es una dádiva ni un “avance”. Es, simplemente, la restitución de un derecho violado y negado por el propio ministerio durante años, bajo el irracional argumento de que las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en ellas se aplican las normas especiales de las instituciones militares.

La lógica que sostenía esa prohibición de tomar fotos dentro de las “shoppings” es la misma que sigue sosteniendo la limitación de lo que puede ser fotografiado, según la actual Instrucción: en Cuba las normas no se piensan desde los derechos del ciudadano sino desde los intereses del Estado, que no son los mismos, pueden entrar en contradicción y, cuando ello ocurre, suelen imponerse los últimos sobre los primeros.

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Todo parece indicar que la acotación de que “no se toma otro tipo de fotos en el interior de los establecimientos” se agregó a la nueva Instrucción como respuesta a la experiencia de la crisis de desabastecimiento experimentada en el primer semestre de 2019.

Durante las semanas de desaparición de pollo, aceite y otros muchos productos, un número creciente de usuarios —algunos amparándose en el tuit de la ministra— llenaron las redes sociales con imágenes de anaqueles vacíos, tiendas en mal estado constructivo, colas inmensas y trifulcas.

Ese es “el otro tipo de fotos” que quiere prohibir el Ministerio de Comercio Interior con su Instrucción, ya que al deberse a problemas estructurales de la institución y del país, y no precisamente a malos manejos de trabajadores puntuales, consideran que pueden ser utilizadas para “atacar la Revolución”.

Foto: Tomada de El Estornudo.

Un detalle “curioso”: la norma solo hace referencia a “fotos”, no menciona los videos ni usa el genérico “imágenes” para regular lo que se puede tomar dentro de los establecimientos.

Se seleccionó este término a pesar de que los teléfonos inteligentes —de uso extendido también en Cuba— cuentan con la posibilidad de filmar y eso es mucho más útil para denunciar con evidencia gráfica los malos tratos y discriminaciones que con frecuencia se repiten en instituciones comerciales y de servicios cubanos.

Quizás no es casual que se pensara solo en las fotos para regular; otra expresión del pensamiento aún analógico y no adaptado a las dinámicas de un nuevo tiempo con la tecnología en manos de las personas.

El debate sobre lo positivo o negativo de la Instrucción refleja también lo naturalizadas que están en el país la violación de la libertad de expresión y las restricciones a las vías que poseen los ciudadanos para reclamar y hacer valer sus derechos por los canales que entiendan.

Es preocupante, de igual manera, que ante el crecimiento de un sector privado comercial y de servicios, el Estado —que debe ser la institución encargada de proteger los derechos ciudadanos— no dé ejemplo y siente pautas sólidas sobre protección al consumidor.

¿Qué pasaría si amparado en esta norma, el custodio de uno de los bares “de lujo” de La Habana impide que un joven grabe con su celular cuando le niega la entrada al establecimiento por su aspecto o color de la piel? ¿O el dueño de un paladar prohíbe que se le haga fotos al mal estado higiénico del local? ¿Medirán en ese caso con varas distintas al estatal y al particular y la denuncia ciudadanía saldría publicada en los medios nacionales? La propensión de los medios oficiales de ver la paja en el ojo ajeno sugiere la respuesta y este asunto tampoco queda claramente acotado en la debatida Instrucción.

Podemos reconocer o criticar —o ambas— el contenido de la regulación aprobada por la ministra de Comercio Interior recientemente, pero mientras no analicemos cada norma jurídica en su relación con los derechos que facilita o restringe, el debate puede discurrir por caminos enrevesados y los supuestos avances serán, como hasta ahora, parecidos al caminado del personaje de Ruperto Marcha’trá, que además de dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, se mueve sin prisas y hasta con pausas.

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