En Cuba, los extranjeros solamente podían obtener la residencia permanente mediante matrimonio con una persona ciudadana cubana o si demostraban tener hijos cubanos. Los extranjeros que no cumplían alguno de los requisitos anteriores, pero que tenían intereses en Cuba, podían aspirar a la condición de «residente inmobiliario», que se obtenía mediante la compra o arrendamiento de una vivienda ubicada en complejos inmobiliarios destinados al efecto.

Sin embargo, el nuevo proyecto de ley de migración sugiere que las autoridades cubanas estarían considerando otorgar la residencia a extranjeros adinerados o que decidan invertir en el territorio nacional.

El artículo 50, inciso c, del proyecto regula que extranjeros con atributos personales destacados puedan solicitar la residencia en el país. El artículo establece que pueden optar por la residencia permanente quienes demuestren tener una adecuada preparación profesional o renombre internacional en la ciencia, el deporte, la cultura y las artes. Lo más notable del artículo es que considera que a los extranjeros con un «importante patrimonio» también podría otorgárseles la residencia permanente en Cuba.

El proyecto no indica qué considera un «importante patrimonio» o cuáles serían las evidencias que tendrían que mostrar los extranjeros para demostrarlo. Aunque son temas que pudiesen desarrollarse en el reglamento de la ley, no deberían ser tratados a la ligera o desde la opacidad —característica del régimen cubano y, en especial, del Ministerio del Interior (Minint), que es el autor del borrador de la ley—.

Los requisitos para que extranjeros adinerados accedan a la residencia en Cuba debe ser objeto de discusión y atención pública. Un manejo ambiguo y opaco del tema contribuye a que —sin mayores costos políticos— Cuba pudiera convertirse en el «domicilio legal» de extranjeros que han acumulado su riqueza por medios ilícitos y que podrían ser buscados por otras jurisdicciones.

¿Qué derechos perderían los emigrados cubanos con las nuevas categorías migratorias?

elTOQUE Jurídico propone un listado de preguntas y respuestas para ayudar a entender mejor las implicaciones políticas y prácticas de las propuestas formuladas en el proyecto de ley de migración.

El caso de John McAfee, el millonario estadounidense fugitivo de las autoridades de su país que vivió durante meses en su yate anclado en la Marina Hemingway de La Habana, es ilustrativo de los riesgos mencionados. Procedimientos casi secretos y normas no claras sobre el acceso de los extranjeros a la residencia permanente en dependencia de su riqueza, hubiesen sido el sustrato perfecto para que personas como McAfee puedan solicitar y obtener su residencia permanente en Cuba. La residencia permanente les permitiría vivir libremente en el país, en lugar de estar anclados en una marina. Los colocaría, además, en una posición diferente al resto de los prófugos de la justicia internacional que residen en Cuba bajo condiciones legales no esclarecidas.

El proyecto de ley no solo permite que extranjeros ricos obtengan la residencia permanente en Cuba. También busca ofrecer la condición migratoria a «extranjeros o familias extranjeras jóvenes con calificación laboral y solvencia económica que les permita asentarse en el país». Lo anterior refleja un cambio en la visión de las autoridades cubanas sobre el asentamiento de extranjeros en la isla. Para los extranjeros, el camino a la residencia permanente no estará condicionado exclusivamente con el vínculo que puedan demostrar con ciudadanos cubanos. Lo que parece indicar el proyecto es que el nuevo objetivo de las autoridades es que Cuba se convierta, como ocurre en otros países de Latinoamérica, en un destino en el que —sin importar la relación con los locales— los extranjeros puedan establecerse y gastar su dinero.

La visión o aspiración del régimen cubano habrá que evaluarla con mayor detenimiento, en tanto —de concretarse— podría generar fenómenos de gentrificación y desplazamientos como ha ocurrido en otros lugares de Latinoamérica. No obstante, en el caso de Cuba, puede pasar tiempo antes de que la aspiración se concrete, porque la oferta de bienes y servicios que permitirían a los extranjeros mantener niveles de vida comparables con los de sus países de origen es aún muy limitada.

Para intentar ampliar la oferta, el proyecto también sugiere que la «residencia permanente» se utilizará de atractivo para atraer otros extranjeros al país, en especial los que estén interesados en invertir en pequeños o medianos negocios y en proyectos prioritarios para el desarrollo de Cuba.

El borrador destaca que la residencia permanente podrá otorgarse a extranjeros que demuestren tener «un patrimonio para utilizarlo con fines de emprender negocios o realizar inversiones en proyectos o prioridades del desarrollo del país, o que puedan estar encadenados con sectores económicos del Estado o privados».

La inversión de los emigrados en Cuba: economía y política

Ofrecer a los emigrados y sus descendientes ventajas morales y materiales que estimulen el vínculo con Cuba, y la inversión como una de estas, puede contribuir a la economía nacional.

Por primera vez, el régimen cubano planea otorgar la residencia permanente a inversionistas extranjeros y ofrece una garantía adicional que hasta ahora no existía.

Aunque la posibilidad de acceder a la residencia permanente mejora nominalmente la situación de los extranjeros que deseen asentarse en Cuba, no constituye una garantía absoluta de que no perderán de manera arbitraria sus derechos en el país una vez que adquieran el estatus.

El proyecto de ley de extranjería, que debe aprobarse junto con el de migración, establece condiciones que los extranjeros residentes deben cumplir durante su estancia en Cuba. El incumplimiento de las condiciones, evaluado exclusiva y unilateralmente por el Ministerio del Interior, podría conducir —con independencia de la condición migratoria del extranjero— a procedimientos expeditos de expulsión o deportación.

A diferencia de la ley vigente, el nuevo proyecto de ley de extranjería permite que las decisiones de expulsión o deportación sean recurridas tanto administrativa como judicialmente, pero no especifica que la presentación de los recursos suspenda la ejecución de la resolución. Lo anterior, pudiera permitir la deportación inmediata, sobre todo si la persona se encuentra recluida en el Centro Migratorio de Extranjeros.

Incluso si la deportación no es expedita, la efectividad de cualquier recurso legal en contra de decisiones de órganos de represión (como el Minint) es muy limitada. Los Tribunales cubanos no son independientes y el Minint opera con amplísima discrecionalidad. Por esa razón, los extranjeros que pretendan establecerse en Cuba, con independencia de si se convierten en residentes permanentes o no, enfrentarán siempre la falta de seguridad jurídica típica de un país que no puede considerarse un Estado de derecho.

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