La relatora conveniente: por qué Cuba abre las puertas a Douhan y cierra el paso a otros mandatos de la ONU
Captura de pantalla / UN Web TV.
Alena Douhan ha tenido una agenda cargada durante su visita a Cuba, donde se encuentra desde el 10 de noviembre de 2025 para evaluar el impacto del «exceso de cumplimiento» del sistema de sanciones de Estados Unidos y conocer las «buenas prácticas» de mitigación y adaptación. El régimen de La Habana le tendió una alfombra roja, mientras que para otros expertos de Naciones Unidas solo tiene evasivas y silencio.
Douhan funge como «Relatora Especial de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos», un mandato establecido en 2014 a propuesta de Irán, mediante una resolución que entre los votos favorables contó con los de Cuba, Rusia y Venezuela.
La profesora de la Universidad Estatal de Bielorrusia —centro controlado por la dictadura de Lukashenko, cercano al régimen castrista— es vista por el Gobierno cubano como una pieza esencial de legitimación en su estrategia de propaganda.
Durante esta semana, la relatora especial se ha reunido con directivos de la millonaria industria biotecnológica y farmacéutica estatal, del megaproyecto portuario Zona Especial de Desarrollo Mariel. También visitó el Parlamento cubano y tuvo encuentros con funcionarios del Banco Central de Cuba y de los ministerios de Finanzas y Precios, Cultura, Comercio Interior, Industria Alimentaria y Agricultura, entre otros.
Ha sido recibida, además, por altos cargos del régimen, como el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga y el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, negacionista de los presos de conciencia en la isla.
En cada encuentro, se le ha repetido que «el bloqueo» estadounidense es la causa del fracaso económico y social del sistema impuesto por el Partido Comunista de Cuba (PCC), una idea rechazada por economistas y de escaso respaldo entre la ciudadanía.
Alena Douhan elaborará un informe final que será presentado en septiembre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero no se esperan sorpresas sobre las conclusiones de un viaje coreografiado por las autoridades cubanas.
La visita de la relatora especial, acordada sin contratiempos, refuerza un patrón que La Habana ha mantenido históricamente: aceptar solo los mecanismos de la ONU que refuerzan su propaganda política y bloquear sistemáticamente los que examinan violaciones internas de derechos humanos.
Selectividad para controlar la narrativa
De acuerdo con la información de Naciones Unidas, los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son especialistas en derechos humanos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En conjunto, integran los «procedimientos especiales» y trabajan de manera voluntaria, no forman parte de la estructura administrativa de la ONU y no reciben salario, aunque cuentan con apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
La relatoría sobre sanciones es una de las pocas que Cuba ha recibido sin resistencia. Antes del viaje oficial de este año, Douhan realizó una «visita académica» en mayo de 2023 y conversó con el gobernante Miguel Díaz-Canel.
Según la prensa estatal, en aquel momento Douhan dijo lamentar que «cada vez sean mayores las sanciones y medidas unilaterales que se aplican contra naciones en el mundo» y elogió la «resiliencia y resistencia que los cubanos muestran» ante tales circunstancias.
Por su parte, Díaz-Canel dijo a la relatora especial: «Queremos ratificarle que Cuba apoya su mandato. Cuba está comprometida con todos los organismos de Naciones Unidas [en] relación [con] los derechos humanos». Sin embargo, lo segundo no es cierto.
Díaz-Canel recibe a la relatora Alena Douhan en 2023. Foto: Prensa Latina.
Una mirada al registro oficial de visitas del sistema de Procedimientos Especiales de la ONU revela un «doble rasero» —para usar un término habitual de la diplomacia cubana— administrado con cuidado por el régimen de La Habana para contribuir a la versión que le interesa difundir ante la comunidad internacional.
¿Qué relatores, además de Dohuan, han viajado a la isla? En los registros se mencionan los mandatos especializados en temas de violencia contra las mujeres y niñas (1999), mercenarios (1999), derecho a la alimentación (2007), trata de personas (2017) y solidaridad internacional (2017).
Estas áreas, aunque relevantes, no implican un examen directo del funcionamiento del aparato represivo del Estado de la isla ni de la situación de libertades fundamentales. En varios casos, coinciden con narrativas históricas de la política exterior cubana que les interesa reforzar (solidaridad internacional, mercenarismo —antes de los cuestionamientos por la invasión rusa a Ucrania—); o se trata, en el mejor de los casos, de visitas realizadas hace casi una década, antes que la crisis multidimensional del país se agravara a los niveles actuales.
Mientras tanto, mandatos claves sobre tortura, libertad de expresión, independencia judicial o defensores de derechos humanos, no han recibido el beneplácito de La Habana para un escrutinio en el terreno.
Los datos del Alto Comisionado de la ONU revelan que la inmensa mayoría de los procedimientos solicitados a Cuba llevan años sin respuesta o sin avances. Los mandatos más críticos (tortura, defensores, libertad de expresión, detenciones arbitrarias, independencia judicial) están «Inactivos», lo que significa que Cuba no responde o deja sin avanzar la solicitud, a veces durante más de una década. Es la manera diplomática de decir que el país está bloqueando la visita sin negarse explícitamente.
Mientras que otros, identificados como «Recordatorios», muestran que la ONU insiste en la propuesta de visitar Cuba, pero hasta el momento el Gobierno ignora la solicitud. Los procedimientos especiales relacionados con salud, religión y libertad de reunión llevan más de un año con recordatorios sin respuesta efectiva.
Estos son precisamente los mecanismos que investigarían lo que el Gobierno considera políticamente riesgoso: los arrestos arbitrarios tras las masivas protestas de julio de 2021, la tortura y tratos crueles en prisiones, la criminalización de la sociedad civil, la censura, la falta de independencia judicial, el racismo institucional, el deterioro de servicios sociales básicos y la pobreza estructural.
La ausencia de visitas no impide que los expertos documenten, pero limita su capacidad para observar directamente las condiciones sobre el terreno.
El proceder del Estado cubano es contradictorio: si la ONU es válida para evaluar sanciones, ¿por qué no para evaluar tortura, presos políticos o censura? ¿Puede hablarse de cooperación real cuando la mayoría de los mandatos críticos se mantienen congelados durante décadas?
La estrategia es tan opaca como eficaz. Ningún mandato crítico ha realizado una visita al país en más de dos décadas. Mientras tanto, la represión interna ha aumentado, con múltiples denuncias de desapariciones temporales, interrogatorios violentos y condiciones inhumanas en centros penitenciarios.
La política de selectividad extrema distorsiona el funcionamiento de los mecanismos de la ONU. Mientras organismos independientes como el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria o la Relatoría sobre Tortura señalan el deterioro de derechos en Cuba, el Gobierno exhibe como «cooperación» reuniones y visitas de personas como Alena Douhan, que nunca examinan el origen estatal de las violaciones.
Relatoría sobre sanciones: un mandato y alineado con los intereses de La Habana
La figura de la Relatora Especial sobre medidas coercitivas unilaterales ha sido objeto de críticas desde que asumió en 2020. Diversas ONG y Estados democráticos cuestionan el enfoque de Alena Douhan, fuertemente alineado con los Estados sancionados, su metodología y falta de análisis sobre violaciones internas, y el uso político de sus informes por Gobiernos autoritarios.
Sus reportes, publicados en el marco del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, insisten en que las sanciones generan daños humanitarios y violaciones de derechos económicos y sociales.
En 2023, luego de viajar a Cuba por motivos «académicos», Alena Douhan presentó un informe oficial en el que se observa cómo en los temas relacionados con el país caribeño predominan los datos y líneas argumentales de la Cancillería cubana y la prensa oficial. No es la única ocasión en la que se le podría señalar un sesgo a favor de las autoridades de un régimen antidemocrático.
A inicios de febrero de 2021, Alena Douhan viajó a Venezuela. Desde 2018, una docena de relatores especiales de la ONU habían solicitado a Nicolás Maduro visitar al país sudamericano, pero solo ella fue admitida, según reportes de medios de prensa.
Durante su estadía de 12 días en Venezuela, Douhan no se reunió con las organizaciones independientes más reconocidas en materia de derechos humanos. Su agenda estuvo enfocada en encuentros con políticos del régimen, organizaciones afines al chavismo y una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo. La relatora concluyó que las sanciones unilaterales (principalmente de EE. UU. y otros países) han tenido un efecto «devastador» sobre la población venezolana.
La organización civil Acceso a la Justicia, en un mensaje enviado a Douhan, señaló la «cooperación selectiva» del Gobierno venezolano y le pidió: «no confunda perpetradores con víctimas» de violaciones de derechos humanos.
En Zimbabue, la opositora Alianza del Movimiento para el Cambio Democrático se pronunció contra la «deshonestidad parcial y deliberada» de la relatora, tras la publicación en octubre de 2021 de un informe en el que Douhan pide a Estados Unidos y Gran Bretaña que levanten sus sanciones contra las élites del régimen autoritario del país africano.
Por otra parte, la académica bielorrusa fue la primera relatora especial de la ONU desde 2005 a quien se le permitió visitar Irán. La experta llegó a la nación persa en 2022 en medio de fuertes cuestionamientos de activistas iraníes.
En septiembre de 2024, Douhan presentó un informe que pide el levantamiento de las sanciones impuestas por varias democracias occidentales a China por los abusos contra los derechos humanos de los uigures, incluido el trabajo forzado, la represión de la democracia en Hong Kong y el suministro de armas a regímenes sancionados como Rusia, Irán y Corea del Norte.
«Douhan personifica la naturaleza orwelliana del sistema de derechos humanos de la ONU. Las peores dictaduras del mundo impulsaron este mandato de la ONU (…) para declarar que todas las sanciones que buscan responsabilizar a sus regímenes por abusos contra los derechos humanos son en sí mismas medidas ilegales», dijo Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, una ONG con sede en Ginebra dedicada al escrutinio independiente de la ONU.
En su opinión, la relatora «distorsiona la realidad y la moral al defender los supuestos derechos humanos de los regímenes perpetradores, en lugar de defender a sus víctimas». También ha cuestionado la financiación canalizada por China hacia la oficina de Douhan.
«Al centrarse en el impacto humanitario y en la supuesta sobreaplicación de las sanciones, su discurso parece estar suavizando las consecuencias que deberían afrontar estos Estados, reduciendo así la presión internacional», opinó Santiago Mondéjar, analista asociado al Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
El régimen de Cuba, que denuncia la «politización» de otros mandatos relacionados con derechos civiles, nunca ha expresado objeciones hacia esta relatoría. Al contrario: la promueve activamente, la invita y utiliza sus informes como contrapeso frente a las críticas de otros expertos independientes.
¿Qué ha dicho la sociedad civil sobre la visita de Alena Douhan?
La relatora especial de la ONU sobre las sanciones no ofrece confianza a la sociedad civil cubana que no está alineada con el Gobierno. En un comunicado, la organización Ciudadanía y Libertad expresó «preocupación» porque «esta visita ocurre en un contexto en el que el régimen cubano utiliza (…) las sanciones internacionales como excusa para encubrir la represión interna, la censura, la miseria y la falta de libertades fundamentales».
Ciudadanía y Libertad pidió al Consejo de Derechos Humanos y a sus procedimientos especiales «garantizar que futuras misiones a Cuba incluyan a la sociedad civil independiente, víctimas y defensores de derechos humanos, y no se limiten a encuentros controlados por el Gobierno».
Otras organizaciones, como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), también solicitaron incluir a la sociedad civil independiente en la visita de la Relatora de la ONU a Cuba.
Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), opina que «un mandato así [que investigue sanciones externas] es extremadamente fácil de instrumentalizar» por el régimen de La Habana.
De acuerdo con González Raga —expreso de conciencia de Amnistía Internacional— «el impacto del embargo no puede explicar la asfixia en que se vive» en Cuba, porque el sistema de sanciones estadounidenses «afecta banca, comercio e infraestructura, pero cuando se vive la represión se comprende que la verdadera asfixia viene de un modelo político que controla la vida entera. Y si la ciudadanía distingue esta dualidad, ¿por qué tantos informes internacionales no lo hacen?».
Para el defensor de derechos humanos, «la historia reciente de los relatores en Cuba se puede resumir en dos frases: acceso limitado y relato asegurado» para el poder. «Desde el 2000, Cuba ha permitido la entrada de relatores solo cuando le resultan políticamente útiles. Es decir, nunca quienes investigan represión», agrega.
Si bien no se conoce un acercamiento de la relatora a actores independientes durante su visita a Cuba en noviembre de 2025, antes de viajar recibió informes de algunas organizaciones sobre las causas internas de la crisis en la isla, informó Martí Noticias.
Las ONG, entre las que estuvieron el Food Monitor Program y el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido 60), reconocieron cierto impacto de las sanciones, pero subrayan que los problemas estructurales, la corrupción y la ineficiencia estatal son factores decisivos. También instaron a Douhan a escuchar voces fuera de la «sociedad civil oficial» reconocida por el régimen.
La presencia en Cuba de la relatora sobre sanciones no indica una apertura, sino la sofisticación con la que el Estado cubano administra los mecanismos internacionales de derechos humanos. Cumple con algunos mandatos para alegar «cooperación», pero excluye sistemáticamente los que podrían cuestionar la estructura de poder interna que ha cimentado durante décadas el poder absoluto del régimen del Partido Comunista.
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El 21 de noviembre de 2025 la relatora Alena Douhan emitió una «declaración preliminar» para finalizar su visita oficial a Cuba, disponible aquí.
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