El cubano Walnier Luis Aguilar Rivera fue condenado con apenas 21 años bajo el delito de sedición por participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio la Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo en La Habana.
El 20 de julio de ese año fue arrestado y sometido a desaparición forzosa una semana por las fuerzas del orden. Lo encarcelaron junto a presos comunes y a sus familiares se les impidió el acceso inmediato a él. Además, privaron a Walnier de los medicamentos que requiere y de asistencia legal.
Inicialmente, la Fiscalía había pedido para él una condena de 23 años, sin tener en cuenta que el joven padece de discapacidad intelectual debido a una lesión en la cabeza. Luego de un proceso de casación, la pena fue reducida a 12 años de privación de libertad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que durante la fase investigativa del proceso judicial las autoridades le denegaron la realización de una prueba médica/psiquiátrica forense que podría haber reducido su condena.
La historia clínica de Walnier Luis da cuenta del tratamiento especial que ha recibido desde niño por el área de Psiquiatría. Especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación de Arroyo Naranjo certificaron desde 2014 que era un niño con necesidades educativas especiales, por padecer de discapacidad intelectual (retraso mental leve de etiología multifactorial, trastorno de aprendizaje y de la conducta).
Walnier Luis tampoco se sumó al Servicio Militar Activo (SMA) por su condición. La Comisión de Reclutamiento Militar de La Habana integrada por un equipo médico/forense, entre ellos psiquiatras, determinó su exención del SMA por «funcionamiento intelectual limítrofe» y por ser un «sujeto no apto» para asumir obligaciones naturales o cotidianas.
Represión en la cárcel y hostigamiento a familiares
Su padre, Luis Wilber Aguilar Bravo, denunció en noviembre de 2022 que los funcionarios de prisión ejercían violencia contra su hijo y otros detenidos, pero que sus agresiones se mantenían impunes bajo el amparo del Gobierno cubano. La agresión contra el preso político ocurrió en la tarde del 8 de octubre de 2022 en la prisión del Combinado del Este, en La Habana.
«El teniente Escalante se dedica a eso, es torturador. Cogió a una persona, esposada igual que mi hijo, y le dio un tonfazo por la cabeza que se la partió; a otro esposado le dio un galletazo. A mi hijo lo esposaron y le echaron spray y después lo rodaron escalera abajo. Esa es la verdad, la que ustedes no quieren investigar», afirmó el padre.
Según sus palabras, Walnier Luis le pidió el botiquín al teniente Escalante para que lo llevaran al médico debido a sus dolores de cabeza, pero el teniente le ordenó desnudarse. El padre declaró haberse dirigido a la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior en 15 y K para hablar con los superiores, quienes le afirmaron que los prisioneros solo están obligados a desnudarse durante una requisa «de cuchillos, de problemas y eso». Narró que luego esposaron a su hijo «con todas las fuerzas que ellos pueden y ahí, con la situación controlada, entre los tres le rociaron gas pimienta en los ojos».
Aguilar Bravo tramitó la queja de la agresión a través de las vías legales existentes para la denuncia, pero recibió una respuesta que responsabiliza al joven por los acontecimientos. El padre manifestó su inconformidad con la respuesta y acusó a los funcionarios de abuso de poder, de impunidad y de mentir sobre el caso.
«¿En qué manos están nuestros hijos? Ahora mismo el peor delito que hay aquí es pedir libertad, por eso está mi hijo en la cárcel, no porque le robó a nadie ni porque estafó ni violentó. Se sumó a la manifestación a pedir libertad. ¿Por qué abusan así?», se quejó el cubano.
En julio de 2022 el padre del joven preso político fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado y multado con 500 pesos. También denunció que las autoridades lo tenían cercado y sin acceso a Internet.
Luego, en febrero de 2023, denunció un nuevo abuso contra su hijo en el Combinado del Este. El preso político fue cambiado de compañía como medida represiva ante la incorporación de su padre al movimiento «Cuba de luto». El jefe de interior de la cárcel lo esposó y al trasladarlo lo amenazó: «no te resistas, porque te voy a acusar».
Aguilar Bravo apuntó que lo que estaban haciendo con su hijo constituía un abuso: «Ustedes están tocando lo más sensible, que son los hijos de uno. Están criminalizando el dolor de las familias cubanas, el dolor de las madres, el dolor de los padres. Que no le pase nada a mi hijo, que él entró sano y salvo».
El hostigamiento contra él por parte de la policía política ha continuado. En noviembre de 2022 fue detenido y un mes después se le impidió reunirse con los congresistas estadounidenses Mark Pocan, James McGovern y Troy Carter, quienes se encontraban de visita en La Habana.
En febrero de 2023, la Policía lo sitió para impedir que saliera a la calle. Lo acusaron de convocar a una caminata hacia El Rincón para el 18 del propio mes. «El trato que se me está dando a mí es como si fuera un delincuente, a las personas que interrogan les dicen que salgan de mi lado. Yo no le metí los hijos presos a nadie. Lo único que pido es libertad, porque la libertad en Cuba está de luto» afirmó.
También comentó que los niños, especialmente su nieta, estaban traumatizados por el acoso de la Seguridad del Estado; acusó al poder en Cuba de violar sus derechos y los de los presos políticos, y aseguró que seguirá exigiendo libertad «hoy y siempre».
Reclamos de organizaciones defensoras de los derechos humanos
El caso de Aguilar Rivera fue presentado a inicios de 2022 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Uno de los aspectos en los que el OCDH basó la denuncia ante la ONU fue «la denegación de una prueba médico/psiquiátrico forense en la fase investigativa y judicial», hecho que «certificaba la predisposición a condenarle».
Yaxis Cires, director de Estrategias del OCDH, declaró que esperaba un pronunciamiento del Grupo de Trabajo, en el que declarase arbitraria la detención, ordenase al Gobierno cubano la puesta en libertad del joven y exigiera una reparación del daño cometido contra él y su familia, «al violarle todos sus derechos en un proceso judicial injusto».
«La figura delictiva de sedición está escogida para sembrar terror en la población cubana: prevé condenas que oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel, o la posible pena de muerte. La imputación, juzgamiento y probable condena por sedición forma parte esencial del patrón represivo ejemplarizante que se ha diseñado contra jóvenes que no han cejado en el deseo de seguir exigiendo derechos y libertades, y Walnier Luis es víctima del plan», expresó el OCDH en su demanda ante la ONU.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en julio de 2022 medidas cautelares de protección a favor de Walnier Luis Aguilar Rivera y otro prisionero político, Ibrahim Domínguez Aguilar, al concluir que se hallan encarcelados en condiciones de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
La CIDH condenó que, al momento de su detención, Walnier Luis fuera encerrado en centros con personas mayores y presos comunes hasta que le llevaron a la Prisión del Combinado del Este, donde se encuentra detenido con reclusos «peligrosos» en celdas dedicadas a tratamiento de mayor rigor. El texto denunció que desde julio de 2021 a Walnier Luis no se le ofrece atención médica adecuada pese a su delicado estado de salud mental, el cual le ha llevado a manifestar intenciones de suicido. Además, se le obstaculiza la comunicación con sus familiares, sus condiciones de detención se consideran «severas» y sufre malos tratos y amenazas por las autoridades penitenciarias con el objetivo de que confiese delitos o chantajes para «mantener la buena conducta» intramuros.
Al considerar que los derechos a la vida e integridad personal de Walnier Luis Aguilar Rivera se encontraban en riesgo de daño irreparable, la CIDH solicitó a Cuba que adoptase las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Walnier Luis Aguilar Rivera; que asegurase que sus condiciones de detención fueran compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; que concertase las medidas con los beneficiarios y sus representantes, e informase sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
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