Collage: Kyn Torres
Rostros de los presos políticos: los encarcelados bajo el nuevo Código Penal
31 / mayo / 2023
Cuba vive una nueva ola represiva. El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J asegura que la Seguridad del Estado ha cambiado su modus operandi a la hora de detener a activistas y a personas críticas con el poder.
Desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal (CP), el primero de diciembre de 2022, la plataforma detectó la tendencia de las autoridades cubanas de sustituir los arrestos de corta duración por detenciones más largas bajo procesos investigativos e instrucción de cargos.
Entre enero y abril de 2023, al menos diez personas han sido privadas de su libertad y confinadas largo tiempo en centros de detenciones del Ministerio del Interior (Minint). Pero ¿quiénes son esas diez personas encarceladas?
Sulmira Martínez Pérez (Salem de Cuba)
A Sulmira Martínez la detuvieron el 10 de enero de 2023, semanas después su madre Norma Pérez denunció lo ocurrido en una transmisión en vivo de Facebook.
Martínez gestionaba una página en esa red social en la que criticaba al Gobierno cubano. El día de su detención, la activista publicó el mensaje: «Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: estoy planeando una manifestación, es pa’ la calle, no detrás de una pantalla».
Norma describió que, durante el arresto, su vivienda fue sometida a un registro. Las autoridades se llevaron una computadora y un teléfono celular. También quitaron la conexión a Internet vía Nauta Hogar.
En primera instancia, Martínez fue acusada de «propaganda contra el orden constitucional», aunque luego el cargo cambió a «instigación a delinquir». El 17 de marzo la trasladaron a la prisión El Guatao. En el trayecto fue maltratada y torturada por oficiales, según declaró su madre.
En abril de 2023, la Seguridad del Estado grabó y transmitió en televisión nacional un video en el que Martínez se «autoinculpaba» y admitía recibir dinero por sus críticas en redes sociales. «A mi hija en Villa Marista le pusieron un papel para que leyera todo, todo, todo lo que tenía que decir. Inclusive, la engañaron, le dijeron que si decía todo eso la iban a soltar», contó Norma.
Alejandro Garlobo Aleaga
Antes de ser detenido, Alejandro Garlobo Aleaga informó que las autoridades lo presionaron para que se fuera del país.
«Y de buenas a primera, en forma de jarana, me suelta “sabes que tienes un ultimátum, ¿no es verdad?”», contó Garlobo Aleaga. Los oficiales le dijeron que en 90 días tenía que abandonar el país o ellos podrían «arremeter» contra él, desaparecerlo o enviar a alguien a golpearlo.
La activista Yamilka Laffita, conocida en redes como Lara Crofs, comentó que a Garlobo Aleaga lo acusaban de vender «cigarros, medicinas y aceites» y de «crímenes contra la Seguridad del Estado». Le dijeron a su mamá que también lo investigaban por darle una entrevista a la periodista Mónica Baró.
Las represalias del poder hacia Garlobo Aleaga se deben a la posición política de este y a las labores de activismo que realiza a favor de los familiares de presos políticos. Por ello, podría ser uno de los primeros cubanos juzgados bajo el artículo 143 del CP.
El artículo establece penas de entre cuatro y diez años a quien en su nombre o «en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional».
Isayris Díaz, esposa del activista, afirmó que la Fiscalía General había pedido prisión provisional en espera de juicio. Según la mujer, su expediente sigue abierto y podría estar tres meses más en proceso investigativo.
La Fiscalía negó el cambio de medida cautelar en dos ocasiones, al alegar la naturaleza de los delitos que se le imputan. Díaz aseguró que a Garlobo Aleaga se le trató de asociar con el caso de Daniel Moreno de la Peña, algo que posteriormente fue descartado por las autoridades.
Daniel Moreno de la Peña
Luego de 26 días detenido en la Unidad de Operaciones Especiales de Versalles, en Santiago de Cuba, el activista Daniel Moreno fue llevado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana, a más de 850 kilómetros de su familia.
Lo investigaban por sus presuntos vínculos con un grupo del exilio llamado X Cuba. Se le acusó de «delitos contra la seguridad del Estado» e «instigación a delinquir».
El abogado de Moreno le contó a su esposa Evelyn Suñe Salazar que habían encontrado un video comprometedor en el teléfono del activista. La casa de Suñe Salazar también fue registrada, confiscaron el teléfono de su hija y una memoria flash.
Al igual que con Sulmira Martínez, las autoridades grabaron la «autoinculpación» de Moreno de la Peña y la transmitieron en televisión nacional. En la grabación vincularon al opositor con Manuel Milanés, empresario residente en Miami.
«Coordinamos que él debería mandarme un dinero, que recibí», para realizar «la quema de un ranchón en los límites de Sancti Spíritus y Lajas, en Cienfuegos» tras las protestas del 11 de julio de 2021. Con respecto al video, Suñe Salazar declaró que a su esposo lo habían obligado a decir eso: «Fue un libreto escrito que tuvo que repetir por la presión psicológica, tortura psicológica que le hacen en Villa Marista».
Aniette González García
Aniette González fue detenida el 24 de marzo de 2023, acusada de «ultraje a los símbolos patrios» tras tomarse fotografías con la bandera cubana y subirlas a las redes.
González se había unido al performance «La bandera es de todos», en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador general del Movimiento San Isidro y apresado desde el 11J.
Aniette Ginestá, hija de González, anunció que había interpuesto un recurso de habeas corpus en favor de su mamá ante el Tribunal Popular Provincial de Camagüey, que posteriormente fue denegado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) señaló que la detención de González fue ilegal. «Es concluyente que no puede haber detención donde no hay delito, no hay certeza de pruebas concretas, no hay evidencia de evasión de la justicia y no hay repercusión ni lesión social», declaró la ONG.
Subrayó la organización que el Gobierno no acosa a funcionarios —como el presidente Miguel Díaz-Canel— que emplean la bandera en sus vestimentas ni a artistas oficialistas que danzan con ella en espacios públicos.
Ienelis Delgado Cue (Mambisa Agramontina)
La activista Ienelis Delgado, conocida como Mambisa Agramontina, fue arrestada en su casa en Camagüey el 4 de abril de 2023, acusada del delito de «desacato».
Su madre, Leticia Cue, relató que un oficial de menores le entregó a su nieta de siete años y le dijo que su hija «había ofendido a un agente que se identifica como Kevin». Le dijo que tendría que esperar al menos 72 horas para preguntar por la situación de su hija.
Delgado Cue era parte de la red de apoyo de la activista Aniette González. El 11 de abril de 2023 fue trasladada a la prisión de Kilo 5 en régimen de prisión preventiva. La activista comenzó una huelga de hambre a pesar de estar «operada de los riñones» y desde entonces ha adelgazado, de acuerdo a informaciones de su madre.
El 9 de mayo el periodista José Luis Tan Estrada denunció que Delgado Cue estaba enferma de escabiosis y que las autoridades de la prisión le negaron asistencia médica y religiosa.
Leydiana Cazañas Amador
A finales de marzo de 2023, se reportó la detención de Leydiana Cazañas en el municipio Jagüey Grande, Matanzas.
Según Suney Román, coterráneo de Cazañas, esta fue «trasladada a los calabozos del Departamento Técnico de Investigaciones de Matanzas (El Técnico)». Román añadió que «Cazañas era de los pocos jagüeyenses que mantiene un activismo contra el régimen».
De acuerdo con la madre de Cazañas, durante su visita se le prohibió hablar de nada relacionado con el caso. «[Ella] simplemente denunció los males sociales que estamos viviendo», aclaró. También explicó que las autoridades le confiscaron el teléfono móvil y la acusaron de provocar la quema de una arboleda de mangos.
Erisdel Benítez Moya y Esquizander Benítez Moya
La Policía cubana ató al opositor Esquizander Benítez Moya a un poste eléctrico el 2 de febrero de 2023. «Yo soy licenciado en Educación y no estoy ejerciendo el empleo porque el Gobierno me botó por mis ideales. El jefe de Sector me cogió vendiendo pan para alimentar a mi familia y me reprimió de cara a todas las personas que están aquí presentes. Me tiró al piso, me golpeó, me esposó», gritó el opositor.
Su hermano, Erisdel, denunció lo sucedido en redes sociales. «Detienen a mi hermano injustamente por hacer lo cotidiano en un pueblo desabastecido», escribió. El 10 de febrero de 2023, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) condenó el arresto de Erisdel, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) al igual que su hermano y su madre, la dama de blanco Mercedes Moya, a la que también detuvieron en un primer momento, aunque luego la liberaron.
Benítez Moya se manifestó el 5 de febrero para pedir la libertad de su hermano Esquizander. Lo acusaron de «desacato» y fue reubicado en el Centro de Detención «Vivac» de Boyeros junto a su hermano.
El 6 de abril Erisbel inició una huelga de hambre y fue llevado a celda de castigo. El juicio de ambos hermanos ocurrió el 26 de mayo de 2023 en La Habana.
Mario Alberto Hernández Leyva
Mario Alberto Hernández, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), está encarcelado desde el 27 de febrero de 2023, acusado de «resistencia». Ese día lo llevaron a la Sexta Unidad de la Policía en Marianao, en La Habana, y de ahí lo transportaron para el Vivac, luego para la prisión Valle Grande.
El ex preso político se plantó desde el 27 de febrero hasta el 9 de marzo. Su esposa interpuso a su favor un recurso de habeas corpus al que el Tribunal Provincial Popular de La Habana declaró «sin lugar».
Con antelación a su encarcelamiento, el activista fue detenido bajo el pretexto de haber violado su dispositivo de vigilancia policial, por lo que recibió una multa de 150 pesos.
Hernández ha estado en prisión dos veces por razones políticas y asegura haber sido torturado. La primera, de mayo de 2014 hasta enero de 2015, cuando fue liberado luego de que se reanudaran las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos. La segunda ocurrió de 2015 a 2017, por su participación en la acción «Todos marchamos», promovida por las Damas de Blanco y otros activistas.
Yasmany González Valdés
El 20 de abril de 2023, la policía política arrestó al opositor Yasmany González Valdés en su casa de Centro Habana. El domicilio de González Valdés fue registrado por los agentes, que se llevaron «un mono de mecánico, una brocha y el móvil».
A principios de ese mes, la Seguridad del Estado había citado a González Valdés a la estación de Zanja, donde lo acusaron de estar vinculado al grupo El Nuevo Directorio (END), una iniciativa anónima que se atribuye pintadas antigubernamentales. Durante el interrogatorio, trataron de detenerlo por el supuesto incumplimiento del pago de multas, algo que González Valdés había efectuado.
En abril de 2022, González Valdés fue multado con el Decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.
Estuvo recluido en Villa Marista durante más de un mes. Actualmente se encuentra en la cárcel de máximo rigor Combinado del Este, en La Habana. Su esposa Ilsa Ramos ha dicho a la prensa independiente que Yasmany puede ser condenado por el supuesto delito de «propaganda contra el orden constitucional».
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