El nuevo Código Penal (CP) —que entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial— posibilita el aumento de la represión de la protesta ciudadana y la limitación de los derechos fundamentales. 

A pesar de ello, los diputados responsables de su aprobación en el Parlamento cubano lo defendieron como muestra de perfección y claridad del sistema jurídico del país, y recalcaron que se trataba de un texto emanado de los deseos del pueblo.  

La aprobación del CP en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (15 de mayo de 2022) ocurrió por unanimidad. No hubo objeciones ni debates, por ejemplo, respecto al mantenimiento y aumento de la pena de muerte o la criminalización de la disidencia pública o las condenas para quienes realicen «actos provocadores» (deberán cumplir entre seis meses y dos años de cárcel). 

El nuevo Código Penal no hace sino elevar el nivel de violencia y servir como justificación para reprimir lo que el poder considere «provocaciones». 

La preocupación más debatida por los diputados en torno al CP no tuvo que ver con estas limitaciones de los derechos fundamentales, sino con la inclusión del delito de femicidio en la nueva ley. Un reclamo de algunos sectores de la sociedad civil cubana que nunca formó parte del guion político de quienes toman las decisiones en Cuba.

Sobre estos particulares amplía el siguiente video.

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