La Fiscalía cubana solicita penas de cárcel e internamiento en centros de trabajo forzado para el 91 % de los acusados que presenta ante los Tribunales. Así se informó durante la sesión del 15 de julio de 2024 de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La tendencia responde a lo que la primera coronel Moraima Bravet, jefa de la Dirección de Investigación del Ministerio del Interior (Minint), calificó de voluntad estatal para aplicar una «política de severidad». La militar —que después de las protestas del 11 de julio de 2021 defendió el procesamiento de los manifestantes y su vinculación con actores foráneos— aseguró que el principio de castigo estricto se cumple con rigor. 

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), dejó entrever desde su cuenta en X que la cárcel es también la principal medida de control ante el delito. Además, funciona para amenazar a los sancionados que extinguen su pena mediante mecanismos alternativos al internamiento. Refiriéndose a las acciones de monitoreo que realizan los Tribunales a personas bajo «libertad vigilada», Remigio expresó: «¡A los de mala conducta se le remite a prisión!». 

La utilización de la cárcel como forma principal de la política de «severidad» del régimen pudiera explicar por qué Cuba se ubica entre los países de mayor población penal del mundo por cada 100 000 habitantes. El informe de World Prison Brief (WPB) de 2024 —que en el caso cubano compila datos hasta enero de 2020— refirió que en el país existen 794 presos por cada 100 000 habitantes. 

¿Cuál es la situación en las cárceles cubanas?

La situación de las personas privadas de libertad en Cuba es un tema recurrente en los análisis sobre violaciones a derechos humanos. El Gobierno afirma que los reclusos reciben un trato digno y que se respeta su integridad física, psíquica y moral. ¿Ocurre realmente así?

WPB precisa que la cantidad de personas privadas de libertad en la isla alcanza las 90 000. Pero el número anterior deja fuera a hombres y mujeres recluidos en campos de trabajo forzado (campamentos). Asimismo, la ola represiva después de las protestas populares del 11 de julio de 2021, que según cifras extraoficiales resultó en más de un millar de presos políticos, pudo contribuir a elevar el dato declarado por el ente internacional.

Otro indicio de que los datos de WPB no corresponden con el panorama actual se debe a que consideran la población cubana en torno a 11.33 millones de personas. Sin embargo, informes estatales e independientes advierten un decrecimiento demográfico que reduce la cifra a 10 055 968 u 8 620 000, respectivamente, debido a la crisis migratoria. Lo anterior permite concluir que es posible que la población carcelaria por cada 100 000 habitantes en Cuba sea mucho mayor de lo reconocido por WPB. 

El organismo señala también que hasta 2013 en el país existían 200 prisiones. Se trata de la misma cifra aportada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos; el cual, además, sostiene que en 2020 en Cuba había cerca de 300 centros de reclusión, entre campamentos y prisiones. La totalidad de sitios de internamiento para reclusos es más de diez veces superior al número de cárceles antes de 1959, cuando solo existían 14. 

Los datos analizados contradicen las afirmaciones de Yanelis Ponce, jueza del TSP, específicamente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado. En declaraciones al diario Granma, Ponce defendió que, de acuerdo con el Código Penal, la sanción privativa de libertad debería ser el último recurso y se debía reservar para los delitos más graves.

Las cifras contrastan también con el discurso oficialista que niega el aumento en el país de delitos violentos —homicidios, lesiones, robos con violencia y agresiones sexuales—. En la emisión del 14 de marzo de 2024 del programa de la televisión estatal Hacemos Cuba, el coronel Idael Fumero Valdés, jefe de Información y Análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) del Minint, indicó que apenas el 9 % de los delitos son violentos, mientras que la mayor incidencia (81 %) corresponde a delitos patrimoniales (económicos y financieros).

Las cárceles en Cuba: sin derechos y con violencia

Uno de los mayores agujeros negros de Cuba son las prisiones.

En adición, permanece la negativa de las autoridades de reconocer un aumento en la inseguridad en el país. En la emisión de Hacemos Cuba, Idael Fumero y Beatriz de la Peña Lao, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, insistieron en la idea de que en Cuba los niveles de criminalidad se mantenían similares al período prepandemia y señalaron a las redes sociales como las principales causantes del incremento en la percepción social de inseguridad. 

Aunque el régimen niega el incremento de delitos violentos, usa la tranquilidad ciudadana de excusa para que las prisiones sean la principal forma de sanción. En ese sentido, el presidente del Tribunal Supremo, durante el encuentro del 15 de julio con los diputados, justificó la política de severidad —equivalente a más cárcel— al alegar que estaba «en juego la seguridad ciudadana».