El 25 de enero de 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) emitió la Resolución 7/2024. La norma establece una bonificación del 50 % en el pago del impuesto aduanero por importación de materias primas, insumos y bienes intermedios destinados a procesos productivos —con especial énfasis en la producción de alimentos y la producción agropecuaria—.
Vladimir Regueiro Ale, titular del MFP, había anunciado unos días antes —durante una comparecencia en la Mesa Redonda en diciembre de 2023— que al valor de las operaciones se aplicaría la «tasa de cambio de 1 USD / 120 CUP que se había establecido para las operaciones del sector no estatal, y no para el cálculo y pago de aranceles».
La nueva tasa de cambio —que entró en vigor en enero de 2024— no fue recogida en documento jurídico público alguno y, según se pudo conocer, se aplica a las importaciones que han llegado a Cuba durante el año en curso (incluso las contratadas en 2023).
Según comentaron varias fuentes a elTOQUE, las importadoras se amparan en una carta que Regueiro Ale envió a los jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y a los presidentes de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE).
La mencionada carta, también dirigida al Mincex y a la Aduana General de la República (AGR), informaba de la Resolución 5142 de 2023 que estableció como fecha inicial para la modificación de la tasa de cambio (de 1 USD / 24 CUP a 1 USD / 120 CUP) para el pago de aranceles el primero de enero de 2024.
«La medida (…) implica, en lo inmediato, que las entidades que prestan los servicios de importación presenten ante la AGR la declaración de las mercancías con destino a las FGNE [Formas de Gestión no Estatales] de forma diferenciada; por lo que cada entidad debe adoptar las medidas necesarias y adecuar sus procedimientos y sistemas informáticos para dar cumplimiento a [la] medida», indica la resolución.
«Luego, todo el mundo ve el aumento en los precios de las Formas de Gestión no Estatales, pero nadie se pregunta de dónde salen los costos, porque la ley ni siquiera existe», comentó Walfrido, lector de elTOQUE.
¿Bonificaciones para quién?
La reducción del 50 % en los aranceles de importación para materias primas y bienes intermedios, con un enfoque especial en la producción agropecuaria y alimenticia, busca abaratar los costos de importación para los insumos esenciales y fomentar la producción nacional en esos sectores.
Al reducir los costos de las materias primas y bienes intermedios, se espera que el precio final de los productos hechos localmente disminuya o, al menos, que no aumente de manera significativa.
Sin embargo, la aplicación de la tasa de cambio 1 USD / 120 CUP para el cálculo de los aranceles en las importaciones realizadas por entidades no estatales implica un incremento considerable, al menos, en el costo de las importaciones porque con anterioridad la tasa era más baja (1 USD / 24 CUP).
Pocos días antes de anunciada la medida, el emprendedor Erick Carmona ejemplificaba en sus redes cómo aumentó el impuesto de los aranceles con la nueva tasa de cambio.
«Un contenedor de acero para la producción de maquinaria para la agricultura de 22.6 toneladas tenía antes un arancel de 38 000 CUP. Con la nueva tasa de cambio es de 189 840 CUP. Cinco veces superior».
Si a la importación se le aplica la bonificación del 50 %, el precio actual sería 94 500 CUP, 2.48 veces más que en 2023.
Desde que se anunció la medida en diciembre de 2023, algunos economistas y emprendedores auguraban que no habría tal beneficio si la tasa de cambio aumentaba cinco veces (de 1 USD / 24 CUP a 1 USD / 120 CUP).
«Bomba de inflación», le llamó el economista cubano Oscar Fernández a las consecuencias directas de esta y otras medidas anunciadas.
«Por algunos productos se van a pagar aranceles aún mayores porque la tarifa arancelaria será mayor. Para otros productos, los aranceles van a aumentar menos porque su tarifa tendrá bonificación. Pero absolutamente todos van a subir», publicó el profesor Oscar Fernández en sus redes sociales.
«El incremento, nos guste o no (pues así ocurre en cualquier economía con mercados restringidos por la oferta y con bajos niveles de competencia), será probablemente traspasado por toda la cadena hasta llegar al precio del consumidor final, con un impacto directo sobre el poder de compra de los ingresos personales de todos», agregó.
El socio de una mipyme dedicada a la producción de ropa comentó a elTOQUE que aunque la situación actual no tiene un impacto significativo, se ve afectado de forma indirecta.
«Por ejemplo, cuando adquirimos cintos y gorras para confeccionar uniformes para otras empresas, los artículos los compramos hechos. Si se imponen aranceles a estos productos, el costo de las gorras y los cintos aumentará para nosotros y por tanto los precios de nuestras producciones», dijo.
En definitiva, subirá 2.5 veces los aranceles de quienes importen materias primas y el beneficio de la bonificación anunciada se anulará.
«Por lo general, cuando se incrementan los impuestos y aranceles, las empresas tienden a trasladar los costos adicionales a los consumidores en forma de precios más altos. [Lo anterior] significa que los consumidores finales suelen ser quienes efectivamente soportan la carga de los ajustes», reflexionó el diseñador William Sosa.
«Entendiste que [por lo tanto] subirá el pollo, el aceite, el detergente, etcétera», añadió.
Factura de una importadora con valoración del dólar a 24 CUP. Foto: Tomada de Facebook.
El doctor en Ciencias Económicas Pavel Vidal explicó a elTOQUE que dado los desequilibrios que presenta la economía cubana habrá medidas que tendrán una cara buena y otra no tanto.
Asegura que, después de llegar al punto actual de crisis económica y financiera, no hay forma de aplicar políticas que tengan costo cero. «Lo que se debe intentar es un diseño que garantice un efecto neto positivo y medias que no sean aisladas, sino que formen parte de un programa de ajuste y reformas más integral», comentó Vidal.
De acuerdo con su punto de vista, el uso de la tasa de cambio de 120 CUP para el cálculo de los aranceles es un ejemplo de ese ajuste necesario. Por una parte, incrementan los costos de importación en pesos de las mipymes importadoras, pero de esa manera se contribuye al necesario ajuste que requiere la tasa de cambio oficial. Sirve también para sincerar (parcialmente) los costos de importación del sector privado, lo cual les permitirá pagar una menor tasa efectiva de impuestos.
«No es recomendable subsidiar importaciones ni intentar frenar la inflación con una tasa de cambio sobrevaluada. Lo anterior hace más daño que beneficio. La corrección y unificación de las tasas de cambio es esencial para la recuperación de la economía», argumentó el también profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali (Colombia).
«La crítica sería a la falta de integralidad de las medidas, porque el ajuste de los mecanismos cambiarios también debe incluir el acceso formal a las divisas y muchas otras reformas estructurales a las cuales se sigue resistiendo el Gobierno cubano. Además, no se están aplicando iguales reglas para el sector estatal, lo cual es discriminatorio», concluyó el economista.
Otra medida discrecional
En diciembre de 2023, durante las sesiones de trabajo del Parlamento, Inés de la Caridad Vega, socia de una mipyme y diputada cubana, criticó que pagaran iguales impuestos de importación quienes producen y quienes comercializan.
«No digamos que a los que importan productos terminados se les cobre una barbaridad», comentó. «A lo mejor es interés del Estado que quien importe leche en polvo tenga una diferenciación en el pago del impuesto».
Sin embargo, las nuevas normativas —como muchas otras en el ámbito jurídico cubano— no son claras y tienen lagunas legales.
La confusión sobre qué productos se consideran «materias primas» y cuáles «bienes intermedios» puede llevar a interpretaciones variadas de los importadores, lo cual afecta la consistencia y el impacto esperado de la medida.
Todo ello podría resultar en aumentos de precios inconsistentes y potencialmente mayores para ciertos productos, en dependencia de cómo las entidades importadoras interpreten y apliquen las nuevas tarifas arancelarias.
La norma entra en un ámbito de interpretación subjetiva debido a la ausencia de definiciones concretas.
«En primer lugar, no se puede decir que será una medida para estimular o favorecer el sector estatal porque la resolución indica que aplica para la totalidad de los sectores. No hay criterio de selectividad positiva para el sector estatal en este caso», aclara Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas.
El economista cubano resalta que, a veces, el lenguaje del Gobierno utiliza expresiones que no tienen sustancia. «¿Cuál es la explicación práctica?», se pregunta Ricardo Torres.
La ambigüedad de la normativa puede dar lugar a interpretaciones variadas de los funcionarios públicos, que en su mayoría no son especialistas en los temas.
«Las normas se establecen en La Habana y la aplicación tiende a ser más estricta en la región oriental, aunque a menudo se vea afectada por enfoques cerrados, anticuados y perjudiciales», coincidieron algunos emprendedores.
Otro de los temas que llama la atención en la nueva norma es que la bonificación del 50 % «se instrumenta puntualmente a partir de la autorización emitida por este Ministerio [de Finanzas y Precios], previa solicitud del referido beneficio».
De acuerdo con los tips que publicó el MFP, la respuesta a la tramitación del beneficio se realiza en un período de siete días laborables.
Para la tramitación debe crearse un expediente con la solicitud fundamentada en la denominación o razón social de la entidad importadora y de la entidad destinataria de la mercancía, así como los datos de contacto de ambas y para qué va a usarse la importación y dónde.
El «expediente» también debe incluir la referencia de los datos generales —cantidad, descripción, clasificación y valor de la mercancía a importar, así como el sacrificio fiscal que significaría para el presupuesto del Estado—.
Debe contener, además, la resolución del Mincex que aprueba el nomenclador de las mercancías de importación.
«La solicitud de la bonificación debería ser un trámite que realizara la empresa intermediaria y así quitarle trabajo a las mipymes y darle más contenido a esas empresas importadoras que a veces muy poco hacen», reflexiona el socio de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). «No es imposible, pero por cada mercancía hay que estar haciendo un “expediente”. Realmente cansa lo difícil que ponen las cosas».
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