Desde que Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, anunció ante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2023 las nuevas medidas para corregir distorsiones en la economía, se ha reflexionado bastante sobre el potencial impacto negativo de estas.

Una buena parte de los análisis se ha concentrado en las afectaciones que el paquete de medidas tendrá a nivel macroeconómico y en la vida cotidiana de los sectores más pobres de Cuba (jubilados y pensionados). Por la razón anterior, propongo una perspectiva centrada en los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) y en cómo afecta su realización la nueva temporada de ajustes económicos.

En la Constitución cubana de 2019, al igual que en su predecesora de 1976 —reformada en 1978, 1992 y 2002—, se reconocen varios derechos económicos, sociales y culturales. Habitualmente, las autoridades los presentan como conquistas del socialismo y de la Revolución y enfatizan en el compromiso estatal con su protección. Pero la realidad es otra, en particular tras el desastre social y económico derivado de la Tarea Ordenamiento.

Es obvio que las afectaciones a los DESCA no se iniciaron con el ordenamiento ni luego de los sucesivos ajustes económicos desarrollados desde el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2011. El deterioro de la tutela jurídica-material comenzó a notarse con especial énfasis desde la crisis económica de los años noventa. Sin embargo, en este artículo me concentraré en la desprotección material de los DESCA a partir de la entrada en vigor del texto constitucional de 2019 y de las reformas económicas efectuadas desde entonces.

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Dos reconocidos economistas cubanos exploran los desafíos y las contradicciones de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano.

Con base en la lectura de la carta magna vigente y en la comparación con su antecesora de 1976, es posible afirmar que el catálogo de los DESCA de la primera es un poco más amplio que el de la segunda. A los derechos a la educación, la salud, el deporte, la cultura, el trabajo, el descanso y la asistencia y seguridad sociales —entre otros— se añadieron el acceso a una vivienda adecuada, a la alimentación y al agua. Además, la práctica político-jurídica posterior a la reforma constitucional de hace casi cinco años ha demostrado la existencia de la voluntad estatal de adoptar legislaciones vinculadas con la protección formal de los DESCA.

Tres ejemplos paradigmáticos son la aprobación de las Leyes de Pesca, de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Fomento y Desarrollo de la Ganadería. Miguel Díaz-Canel Bermúdez criticó la implementación de las disposiciones normativas anteriores porque no fueron instrumentos idóneos para aumentar la producción de alimentos en Cuba.

Si bien es cierto que las leyes —en cuanto garantías jurídico-formales de cualquier derecho— son importantes, la ineficacia de las legislaciones para aumentar la producción de alimentos demuestra que la protección de los DESCA depende también de condiciones materiales idóneas. Las leyes por sí mismas no coadyuvan a producir más alimentos ni elevan la calidad de servicios básicos (salud y educación). Por ello, el principal problema para el aseguramiento de los DESCA en el contexto cubano es el continuo menoscabo de las garantías materiales.

El análisis de varios indicadores económicos y sociales valida la última afirmación. Al menos desde 2015 se dedican más recursos del presupuesto del Estado a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —gastos vinculados de forma directa con el turismo— que a la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Similar ocurre con la educación, la salud y la asistencia social. Desde antes de aprobarse la Constitución de 2019, se registraba un deterioro de los niveles de inversión en sectores económicos y sociales que son claves para asegurar la materialización de los DESCA.

Otro efecto similar se generó con la creación de las tiendas en Moneda Libremente Convertibles (MLC) en 2020, justo cuando Cuba padecía los efectos de la pandemia de la COVID-19. A partir de ese momento, la mayoría de los ciudadanos cubanos percibieron que su derecho a la alimentación se restringió aún más —por no disponer de recursos para acceder a un sector del mercado que opera con monedas a las cuales no tienen acceso—.

Luego, en enero de 2021 se implementó la Tarea Ordenamiento. Sus objetivos declarados eran lograr la unificación cambiaria y monetaria del país, la eliminación gradual de subsidios excesivos y una reforma en los ingresos de las personas. Después de tres años, los resultados son otros. En Cuba circulan varias monedas que operan con diversas tasas de cambio gracias a la existencia de un mercado formal y otro informal. La inflación se ha disparado y, como consecuencia, se ha devaluado el peso cubano —lo cual es posible que continúe debido a la financiación mediante emisión monetaria del déficit fiscal—.

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La combinación de la inflación con la dualidad monetaria repercutirá aún más en el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales (jubilados y pensionados, profesionales de la Salud y la Educación). En el caso de la Salud y la Educación, las autoridades enfrentan un éxodo masivo de médicos y maestros.

Si todo lo expuesto hasta aquí fuera poco, los cubanos terminaron 2023 y comenzaron 2024 con el anuncio de más medidas. Algunos le han llamado «nuevas», pero de nuevas tienen muy poco. La creación de un segmento de mercado para la venta de combustibles en MLC y el aumento de los precios generará efectos similares a cuando se crearon las tiendas en moneda libremente convertible.

Los transportistas privados —sean lo que transportan personas o cargas— trasladarán los nuevos costos de los combustibles al pasaje que terminará pagándolo el cliente. Además, el encarecimiento del transporte conllevará el aumento del costo de productos de primera necesidad (alimentos) que venden las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).

Las mipymes también enfrentarán el alza de varios aranceles y, de nuevo, eso hará crecer los precios. Una buena parte de las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas se dedica a la comercialización de alimentos. El acceso a los productos que ofertan las mipymes seguirá vedado para muchos jubilados y pensionados, quienes, además, padecen la incertidumbre de no saber cuáles serán los efectos de los cambios en la política de subsidios en Cuba. También hay que considerar el posible impacto de las recientes modificaciones al cálculo de las pensiones por edad e invalidez parcial que aprobó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En resumen, 2024 será, citando a un destacado economista cubano, durísimo. La recién aprobada Ley de Salud Pública difícilmente tenga un desarrollo eficaz de sus contenidos si escasean los medicamentos y se mantiene la salida de profesionales del sector. Aunque los médicos recibirán un aumento por sus ingresos, no parece que ello tendrá un impacto significativo en la calidad de vida dado el contexto inflacionario actual y futuro.

Si los necesarios cambios políticos para la democratización en Cuba quedaron fuera de la reforma constitucional de 2019 y de los sucesivos congresos del Partido Comunista, los DESCA también lo están de cada paquete de medidas que efectúa el Gobierno cubano. De tal forma, la transformación capitalista en Cuba es autocrática y discriminatoria tanto en lo político como en lo económico y social porque se desarrolla sobre la base de la exclusión en esos ámbitos. 

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