Torturas, hambre y muertes impunes. El rostro del sistema penitenciario cubano
Entre los penales con más abusos registrados destaca el Combinado del Este (La Habana). Foto: Captura de pantalla
Durante décadas, el régimen impuesto por el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha negado la existencia de violaciones de derechos humanos dentro de su sistema penitenciario, al tiempo que bloquea el acceso de organizaciones de derechos humanos y periodistas independientes a las prisiones. Las denuncias de las víctimas y de la ciudadanía también son criminalizadas y castigadas.
Sin embargo, el «Informe anual sobre condiciones carcelarias en Cuba (marzo 2024-marzo de 2025). Lo que cuentan los números», del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), ofrece una radiografía detallada del sistema carcelario de la isla que contradice la narrativa oficial. elTOQUE tuvo acceso al documento que describe un escenario en el cual son comunes la tortura, el hambre y el abandono médico.
Según los datos recopilados y analizados por la ONG, en el sistema penitenciario cubano se viola de manera sistemática la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de contravenir las Reglas Mandela, la Convención contra la Tortura, y los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos de la ONU.
El documento —basado en el análisis de 1 858 eventos documentados entre el primero de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2025— revela un panorama preocupante que exige urgente atención a la comunidad internacional. El CDPC pudo registrar, al menos, 1 176 casos de hostigamiento y represión, 454 hechos de negación de atención médica, 341 denuncias de condiciones de vida inhumanas, 260 denuncias de escasa alimentación y 60 muertes en prisiones.
La organización subraya que «ninguna de estas muertes ha sido objeto de investigación independiente e imparcial», lo que configura «un patrón de impunidad» dentro del sistema penitenciario del Ministerio del Interior (Minint) «que facilita la repetición de estos hechos».
Violaciones sistemáticas en 122 prisiones
Los hechos documentados no son incidentes aislados: ocurrieron en 122 prisiones y centros de detención distribuidos por el país. Entre los penales con más abusos registrados por el CDPC destacan el Combinado del Este (La Habana), Boniato (Santiago de Cuba), Kilo 8 (Camagüey), el centro penitenciario conocido como «1580» (La Habana) y la Prisión de Quivicán (Mayabeque).
El CDPC identificó 548 víctimas individuales —40 mujeres y 508 hombres— además de 244 denuncias colectivas que afectaron a poblaciones penitenciarias enteras.
De acuerdo con la ONG, la información obtenida a través del monitoreo de redes sociales, testimonios directos de familiares y víctimas, entre otras fuentes, permiten concluir que «Cuba incumple de manera sistemática» las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), desde la falta de protección frente a la tortura hasta la violación del derecho a la salud, la alimentación y otras acciones lesivas para la dignidad de las personas privadas de libertad.
Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró el 30 de agosto de 2025 que, tras la Revolución de 1959, el castrismo «acabó con las desapariciones y torturas» del régimen anterior, afirmación que fue desmentida por una verificación de elTOQUE. El informe publicado esta semana por el CDPC aporta nuevas evidencias al respecto.
De acuerdo con el reporte, la tortura no es un exceso ocasional de algún funcionario penitenciario, sino una práctica habitual del Estado cubano. En el período analizado, se registraron, al menos, 126 denuncias de golpizas y torturas físicas infligidas por carceleros y fuerzas militares dentro de prisiones y unidades de detención. En varios de los casos, las agresiones se ejecutaron mientras las víctimas permanecían esposadas.
Los testimonios documentados revelan la brutalidad del sistema. En abril de 2024, Ibrahim Domínguez Aguilar —preso en la cárcel de Boniato (Santiago de Cuba) luego de protestar en julio de 2021— fue «esposado, arrojado al suelo y golpeado, incluso en el rostro, por varios miembros de la guarnición», según consta en el informe.
En junio de 2024, Pável Alberto Rodríguez Nápoles, condenado por protestar en 2023 contra los apagones eléctricos, fue golpeado en la prisión Nieves Morejón (Sancti Spíritus) tras denunciar la mala calidad de los alimentos: terminó con el tabique nasal fracturado y dos piezas dentales arrancadas. En septiembre de 2024, Idaelso Guevara Cárdenas fue golpeado hasta quedar inconsciente en la misma prisión por mostrar un cartel con la consigna disidente «patria y vida».
El CDPC también documentó el uso de métodos de tortura específicos y recurrentes, una práctica prohibida explícitamente por las Reglas Mandela, como la «la cama turca» (mantener a la persona esposada en posición fetal durante horas o días); «la bicicleta» (esposar a la persona con las manos a la espalda y obligarla a caminar encorvada); y las esposas conocidas como «shakiras» usadas como castigo prolongado, impidiendo comer, asearse o dormir.
Lo que describe la ONG coincide con lo informado de forma independiente por elTOQUE y otros medios. A inicios de este mes, elTOQUE publicó sobre una persona presa en Camagüey, cuya madre denunció que su hijo ha sufrido tortura física y psicológica en la cárcel. De acuerdo con su testimonio, respaldado con videos enviados a esta redacción, le cortaron los tendones de los pies y está sin silla de ruedas en una celda sucia.
Otra denuncia grave del informe es que, en varios casos documentados por el CDPC, las autoridades penitenciarias organizaron, incitaron y permitieron ataques de reos comunes contra prisioneros políticos o personas en situación de conflicto con los mandos del penal.
También ocurrieron hechos de «tortura psicológica», como la privación del sueño mediante altoparlantes a alto volumen en Kilo 7 (Camagüey) y Mujeres de Occidente (La Habana); amenazas contra familiares de personas presas; negación deliberada de visitas y castigo emocional como método de coerción, expuso la ONG.
Hambre y enfermedades: un castigo adicional
Además de la tortura física y psicológica, el CDPC documenta abusos estructurales que agravan las condiciones de vida carcelaria, como el hambre y la falta de atención médica.
El segundo informe anual del CDPC revela que el hambre está extendida dentro del sistema penitenciario cubano. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025 se documentaron 260 casos referidos a deficiencias alimentarias. En muchos de ellos, las raciones carcelarias no superan la norma. Los alimentos distribuidos —cuando llegan— se encuentran descompuestos o en mal estado. La dieta principal diaria en varias prisiones se limita a arroz o caldos sin contenido proteico.
El documento señala que el hambre ha producido casos severos de pérdida de masa muscular, desmayos frecuentes y agravamiento de enfermedades crónicas.
Otro de los derechos violados en las prisiones cubanas es el de la salud. Según el CDPC, las autoridades usan la negación de atención médica como instrumento de control.
La ONG documentó 454 casos de negación deliberada de atención médica, una práctica que viola no solo los estándares internacionales, sino también la legislación penal cubana. Según el informe, cerca del 80 % de las muertes en prisiones estuvieron relacionadas con la salud física y mental de las víctimas, así como por falta de atención oportuna.
El CDPC señala que la negación de atención médica no solo ocurre por carencia de recursos, sino por decisión administrativa. Se utiliza la «desatención y negligencia médica como castigo», advierte el informe, señalando que los médicos penitenciarios operan bajo la autoridad del Minint y no como profesionales con criterio y ejercicio independientes.
Muertes en prisión sin rendición de cuentas
Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el CDPC registró 60 muertes en prisiones cubanas, una cifra que, aunque alarmante, es una aproximación: la ausencia de transparencia estatal y la represión contra familiares que denuncian dificultan la obtención de información. Pese a ello, la ONG advierte que con los datos conformados puede concluirse que las muertes no son accidentes, sino «consecuencia directa» de violencia, negligencia y abandono institucional.
En ningún caso —subraya el informe— se emprendieron investigaciones independientes ni procesos penales contra funcionarios del sistema penitenciario.
El régimen cubano ha rechazado durante décadas las solicitudes internacionales para evaluar de manera independiente las condiciones de sus cárceles. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó prisiones en Cuba por última vez en 1989, pero las misiones se suspendieron al no contar con las condiciones mínimas de acceso humanitario, como entrevistas privadas con los detenidos y libertad de movimiento dentro de los centros penitenciarios. Desde entonces, Cuba no ha permitido visitas con acceso independiente a sus prisiones por parte del CICR ni de mecanismos de la ONU.
Mientras, dentro del país los fiscales responden directamente a la Seguridad del Estado, lo que anula cualquier posibilidad de investigación imparcial sobre violaciones de derechos humanos.
El CDPC afirma que «esta estructura institucional [del Minint], combinada con la criminalización de la documentación independiente de violaciones de derechos humanos, genera un contexto [en el que] los abusos más graves quedan sin investigación ni sanción, perpetuando un ciclo de violencia institucional». Según el informe, ninguna de las 1 330 violaciones de derechos humanos registradas derivó en sanciones penales contra funcionarios del Estado cubano.
En Cuba, el régimen del PCC mantiene un sistema penitenciario incompatible con el derecho internacional, sostenido por la impunidad de los funcionarios. En la Constitución se afirma que el Estado tiene como fin «garantizar la dignidad plena de las personas», pero en la práctica, las prisiones cubanas se sostienen sobre la humillación cotidiana de quienes están privados de su libertad.
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