El 26 de diciembre de 2024 entrará en vigor el Decreto 110 que establece, entre otros aspectos, sanciones para los «actores económicos» que incumplan con las medidas de las autoridades para disminuir las cargas sobre el depauperado Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Manuel Marrero Cruz firmó la normativa desde el 9 de agosto de 2024, pero no fue publicada en la Gaceta Oficial hasta el 26 de noviembre ―luego de que el país sufriera dos apagones nacionales y decenas de horas diarias de cortes de electricidad―.

ESTRATEGIA

El Decreto 110 dispone de manera clara que la estrategia principal de las autoridades cubanas consiste en transferir una parte significativa de la responsabilidad de la generación de energía eléctrica a los denominados «altos consumidores» dentro del ámbito económico. 

El SEN se encuentra en un estado de obsolescencia que ha dificultado su capacidad para satisfacer la demanda de energía en constante crecimiento. Las disposiciones del decreto pueden interpretarse como una señal de que el Gobierno cubano no tiene planes inmediatos para solucionar la crisis energética y, por esa razón, opta por promover la generación de energía a través de fuentes renovables de manera autónoma ―en especial entre los actores económicos de mayor consumo, obligándolos a cubrir una parte significativa de la demanda que generen―.

En este contexto, la normativa define como «alto consumidor» a los «actores económicos estatales y no estatales» que, en los últimos 12 meses, hayan consumido un promedio mensual igual o superior a 30 MWh de electricidad ―equivalente a 30 000 KWh―. El decreto establece que las nuevas inversiones y los nuevos actores económicos que se constituyan tras la entrada en vigor de la norma, siempre que sean considerados altos consumidores, deberán cubrir al menos el 50 % de su consumo eléctrico durante el horario pico diurno mediante energía renovable (solar).

Según la cifra de consumo establecida, la medida no debería afectar a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (mipymes) ni a trabajadores por cuenta propia. Tampoco a quienes tienen consumos 50 veces superiores a los más elevados del sector residencial.

¿El Gobierno puede generar los 2 000 MW de energía solar que prometió?

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, anunció en marzo de 2024 que el gobierno cubano planea instalar 92 parques solares fotovoltaicos, con la esperanza de producir 2 000 MW. El programa tiene una serie de desafíos, incluyendo interrogantes sobre la financiación y la factibilidad.

De acuerdo con datos oficiales, los altos consumidores del sector residencial cubano consumen más de 500 KWh y solo representan el 2.7 % del total de los clientes. En segundo orden, 500 KWh representa apenas el 1.6 % del umbral mínimo de consumo mensual que deberán sobrepasar los afectados por la medida establecida en el decreto.

Aunque la normativa dispone que son las «nuevas» inversiones y actores económicos los que deben cumplir con el requisito, en una de sus disposiciones finales también establece un plazo de tres años para que los actores económicos existentes al momento de la publicación del decreto y que califiquen como «altos consumidores» implementen las medidas necesarias para cubrir, en ese período, al menos el 50 % de su consumo eléctrico con energía renovable.

El decreto también define otro criterio para considerar a un actor económico como «alto consumidor»: el consumo mensual de 50 000 litros de combustible. Este requisito tampoco aplica para la mayoría de las mipymes cubanas, a menos que, como algunas empresas del sector de comercio electrónico (por ejemplo, Katapulk o Supermarket 23) cuenten con una flotilla de transporte propio y operaciones que requieran esos niveles de consumo de combustible.

REGULACIONES SIMILARES

El Decreto 110 no es una excepción. Otros países también han implementado regulaciones similares, aunque más orientadas a promover que a obligar el uso de energías renovables. 

Un ejemplo es India, que en 2010 introdujo las obligaciones de compra de energía renovable (RPO, por sus siglas en inglés). Estos mecanismos están diseñados para que tanto consumidores como distribuidores de energía adquieran anualmente una cantidad mínima de energía proveniente de fuentes renovables. El propósito de las RPO es doble: por un lado, fomentar el uso de energías renovables en crecimiento y, por otro, crear un mercado sostenible para tecnologías de energía limpia.

Ahí radica, precisamente, una de las diferencias con respecto a Cuba. Aunque la nueva regulación del Consejo de Ministros podría favorecer una transición hacia energías limpias, su objetivo principal es otro. A saber: evitar el colapso de un sistema incapaz de generar suficiente energía, en vez de promover una evolución hacia energías renovables mientras se garantiza el suministro. Las regulaciones en otros países no buscan salvar un sistema eléctrico inoperante, sino implementar un modelo diferente sin dejar de proveer servicio en el tránsito. 

La norma cubana tiene como primer y principal objetivo intentar reducir las cargas que hoy pesan sobre un SEN incapaz de proveer la energía que la economía y la población demandan.

Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestro proyecto elTOQUE Jurídico, en el cual encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba. 

Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico