Juan* era un famoso productor de jamones de mi ciudad natal, Cienfuegos. Con todos sus documentos en regla y como buen emprendedor, expandió su negocio y logró una licencia sanitaria que le permitía transportar sus producciones y comercializarlas en lugares diferentes a su centro de elaboración.

Un día mientras transportaba una carga de sus jamones hacia La Habana, fue detenido por policías en la autopista nacional. Al revisar la carga, le impusieron una multa y le decomisaron toda la mercancía, perdiendo de esta forma una producción que ascendía a cerca de 25 mil pesos.

La único que pudo hacer Juan fue reclamar ante el jefe de la unidad de la policía, quien determinó que sus oficiales habían actuado con total legalidad.

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Julián Soler había adquirido una casa medio destruida en una finca. La convirtió en una confortable vivienda, donde colocó un restaurante de carretera. En un paño de tierra sin uso y del que no se conocía dueño alguno, pues formaba parte de una de las vías de acceso a la vivienda, construyó una piscina, que se servía de tres pozos construidos por él y con un sistema profesional de circulación y purificación de agua.

Las autoridades del Instituto de Planificación Física le impusieron multas por la construcción, pues no está permitida la construcción de piscinas. Julián entonces cambió la función de su piscina y la convirtió en un estanque para peces que servía de atractivo adicional a su establecimiento, ante la imposibilidad de poder comercializarla como alberca. En su interior llegó a tener cerca de 200 colinovias, o goldfish, de una talla envidiable.

A pesar de los esfuerzos de Soler, las autoridades de Planificación Física ya habían decidido que su estanque debía ser demolido.

Una madrugada, sobre las cinco, y sin previo aviso, las autoridades estatales dejaron sin servicio eléctrico la vivienda de Julián y con un camión repleto de policías, intervinieron. Le retiraron los celulares y procedieron con un buldócer a demoler la cerca perimetral del inmueble y a rellenar y destruir el “estanque de peces”.

En el proceso, no solo desapareció la cerca perimetral sino también las cerca de 200 colinovias que vivían en el estanque, el sistema de bombas que le servían y otras estructuras y bienes que se encontraban en el lugar.

Habiéndose terminado la destrucción, oficiales del Cuerpo de Guardabosques se presentaron en su vivienda y le confiscaron las sillas y las mesas del paladar, arrancaron dos ventanas y tres puertas y se llevaron también una mesa de billar. ¿La justificación? Julián, quien había comprado a un carpintero todos esos muebles, no tenía los papeles que autorizaban la tala en el campo de la madera utilizada para su construcción.

Por una equivocación del Tribunal y la inacción de las autoridades forestales, Julián pudo reclamar y recuperar los bienes de madera que le habían sido decomisados aquel fatídico día. Por el resto de los destrozos no pudo ni tan siquiera quejarse.

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Un grupo de cuentapropistas recibieron la autorización de la autoridad administrativa correspondiente (la Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos) para por el período de dos años utilizar sus portales o ventanas exteriores en funciones de venta de sus productos y servicios. Lo recibieron con beneplácito, pues les permitía conseguir clientes más cerca de la vía pública.

Con el permiso, muchos acometieron inversiones para modificar sus inmuebles en función de poder realizar su labor en la forma autorizada.

A los seis meses de haber recibido la autorización, la misma autoridad administrativa que había garantizado el permiso por dos años, revirtió la orden y condenó al fracaso muchas de las inversiones acometidas por los cuentapropistas.

Las pérdidas sufridas no pudieron ser reclamadas y mucho menos recuperadas. El ente ante el que cabía reclamar, como última instancia, era el mismo que había cambiado de opinión y faltado a su palabra en apenas seis meses.

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Han pasado varios años desde aquellos sucesos, pero todavía hoy el listado de normas que imponen medidas a los ciudadanos que no pueden ser reclamadas en los tribunales, es muy extenso.

Por citar algunos, si usted es declarado un “ocupante ilegal de una vivienda” o el ministerio de Agricultura decide sobre la posesión, propiedad y herencia de su tierra, solo puede reclamar ante la misma autoridad que impone la medida.

Esa situación mejora ligeramente desde junio de este año 2019, con la entrada en vigor de una nueva Instrucción del Tribunal Supremo Popular, que regula la manera en que los ciudadanos pueden reclamar daños y perjuicios ante los jueces cuando les sean confiscados bienes de su propiedad o consideren que han sido dañados por la actuación de directivos, funcionarios y empleados del Estado.

Cubanos ya pueden demandar al Estado por daños y perjuicios

La Instrucción 245 del Tribunal Supremo Popular: una solución temporal

La decisión del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo es una solución temporal en tanto se atempera o modifica todo el ordenamiento jurídico que contradiga lo establecido en los artículos 59 y 98 de la Constitución.

Según esos artículos: “La confiscación de bienes se aplica solo como sanción dispuesta por autoridad competente, en los procesos y por los procedimientos que determina la ley. Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales competentes” (59) y “Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley” (98).

Como la lista de esas normas es extensa y el tiempo que puede pasar para su transformación no está definido claramente, en el apartado Séptimo de la Instrucción se reconoce que su vigencia “(…) quedará sujeta a las disposiciones que emanen de las normas jurídicas que se dicten en el desarrollo de los preceptos constitucionales”.

A partir de junio, quienes padezcan desde ahora confiscaciones o excesos por parte de las autoridades, podrán aspirar a algo más que a la recapacitación de la misma autoridad que ejecutó la medida. Podrán aspirar a que un tribunal evalúe, en los tiempos procesales establecidos en la ley, su pertinencia.

La Instrucción reconoce también la posibilidad de exigir ante los tribunales y sin necesidad de declaración previa de pertinencia, los daños y perjuicios ocasionados por los funcionarios o empleados estatales en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué significa “sin necesidad de declaración previa de pertinencia”? Pues que no hay que ir ante el jefe de quien te impuso una medida para que este funcionario declare que su subordinado cometió un acto ilícito. Ese paso era imprescindible hasta la aparición de esta Instrucción, y como el acceso a tribunales dependía de que los jefes consideraran incorrecta la actuación de sus funcionarios, se entiende entonces por qué llegaban muy pocas demandas por actuaciones administrativas a los juzgados.

De acuerdo a la Instrucción, por ejemplo, ciudadanos que acometieron inversiones amparados en una autorización que fue arbitrariamente revocada, podrán también exigir que la administración le devuelva el equivalente monetario de lo gastado y el de los perjuicios sufridos.

También podrán exigir el resarcimiento de los daños morales (aquellos que afectan los derechos personalísimos como el honor y el reconocimiento públicos), ocasionados por el comportamiento de los funcionarios públicos.

¿Quiénes y cómo pueden interponer la demanda?

La Instrucción se hace eco del pronunciamiento constitucional que reconoce que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de las garantías del debido proceso. El caso reciente de Abdel Legrá Pacheco —ciudadano que fue impedido de viajar al extranjero cuando apareció como “regulado” en el sistema informático de Inmigración y Extranjería, presumiblemente por su condición de opositor político— quien escribió al Tribunal provincial de La Habana para expresar su deseo de demandar a las direcciones de Inmigración y Extranjería y de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior; es un ejemplo ilustrativo.

El hecho de que el Tribunal haya admitido como una demanda lo que técnicamente era una carta dirigida al Tribunal, se ampara en esa percepción. Valida además, el pronunciamiento de la propia Instrucción que indica a los tribunales impedir, por cuestiones meramente formales, la limitación de las personas a obtener la tutela judicial efectiva.

No obstante, dispone que para poder obtener esa tutela es imprescindible que el ciudadano haya agotado la vía administrativa. O lo que es lo mismo, que el ciudadano haya obtenido una respuesta de la Administración con relación a su reclamo, contra la cual, si no está de acuerdo con el veredicto, puede establecer la demanda.

Si la Administración no responde en los plazos establecidos por la ley, o en su defecto, en 45 días hábiles; las personas también pueden dar por respondida su reclamación y dirigirse entonces a los tribunales a ventilar sus demandas.

Lo dispuesto por el Consejo de Gobierno parece rescatar en la administración de justicia cubana una herramienta reconocida hace mucho tiempo en el artículo 672 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE), pero que había sido ampliamente limitada por múltiples pronunciamientos de jueces.

Amparados en la Instrucción, todos los ciudadanos que han sufrido una confiscación o que consideren haber sufrido daños o perjuicios por una actuación o conducta de la administración después del 10 de abril del 2019, podrán:

1. Reclamar ante la propia Administración.
2. Esperar la obtención de respuesta de la Administración o el transcurso del término de 45 días establecido en el artículo 672 de la LPCALE.
3. Interponer demanda ante la Sala de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular correspondiente, donde exijan la nulidad de la confiscación, la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios sufridos.
4. Sustanciar el proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley y esperar sentencia, contra la que a su vez podrá establecer los correspondientes recursos en caso de inconformidad.

La Instrucción 245 no implementa el amparo constitucional.

La nueva Constitución establece dos garantías judiciales fundamentales para la protección de los derechos ciudadanos. La primera es la reconocida en el artículo 98, que queda temporalmente implementada con la Instrucción, y la segunda es la establecida en el artículo 99, que reconoce el “amparo constitucional”.

El amparo constitucional es, por regla general, un proceso expedito destinado exclusivamente a detener de manera más inmediata posibles vulneraciones de derechos constitucionales. Es un proceso en el cual no se discuten las reparaciones de los daños que de ese actuar pudieron derivarse, sino exclusivamente si se está produciendo o no una vulneración de un derecho humano y, en caso positivo, se establece la obligación del vulnerador de detener su conducta.

Ese proceso, que en Cuba debe nacer lastrado pues la propia Constitución reconoce que solo serán “algunos” derechos constitucionales los protegidos con esa garantía, no ha sido implementado todavía.

No obstante, aunque la Instrucción 245 ofrece un camino mucho más largo y dilatado que el del amparo, ante la inexistencia de otras herramientas, puede ser utilizado para ventilar las conductas ilegítimas de la administración cubana y los daños que provoca a los ciudadanos. Y este tipo de reclamaciones no existía la posibilidad de manejarlas tan directamente desde los primeros años de la Revolución.

La regulación de un proceso de este tipo mediante una simple Instrucción del Tribunal Supremo no garantiza que en un futuro la norma pueda ser objeto de desviaciones y limitaciones. En esas limitaciones puede tener mucha influencia el uso que de ese recurso realice la ciudadanía, las interioridades del funcionamiento del gobierno que se expongan públicamente en su tramitación y las respuestas que mediante sentencias comiencen a dar los tribunales.

El secreto y la discrecionalidad con la que se conduce el Estado y el gobierno cubanos, y la arbitrariedad con la que actúan, constituyen elementos medulares para la reproducción y el mantenimiento del poder en Cuba. Es por eso que esta norma plantea un reto muy interesante de cara al futuro.

Una avalancha de debates judiciales públicos y múltiples pronunciamientos favorables a los ciudadanos, que impliquen obligaciones para la administración, podrían generar un escenario completamente nuevo, que bien podría derivar hacia una mayor democratización y control popular sobre el ejercicio de gobierno o, como a veces también ha ocurrido, un reajuste en la norma o en su puesta en práctica, que limite sus efectos.

La irretroactividad de la ley y la protección constitucional

No son pocos los actores cubanos que vieron en la nueva Constitución un elemento revitalizador y un instrumento jurídico del que pudiesen auxiliarse para reclamar y obtener justas reparaciones.

Ciudadanos con formación jurídica de trascendencia, como René Fidel González y Julio Antonio Fernández Estrada, han manifestado en muchas ocasiones que esperan la implementación de un proceso judicial garante de lo dispuesto en el artículo 98 de la carta magna, para interponer una demanda en la que discutirían las afectaciones sufridas por ellos durante el proceso mediante el cual los separaran de la Educación Superior cubana.

El proceso esperado ha llegado mediante la Instrucción 245. Sin embargo, esa disposición responde negativamente a los ciudadanos que como René y Julito pretenden utilizar la nueva Constitución para ventilar hechos acontecidos antes del 10 de abril del 2019.

En cumplimiento de un principio general del derecho como la irretroactividad de la ley, reconoce que la nueva carta magna y la legislación que de esta se derive no puede ser utilizada para obtener resarcimientos por conductas acontecidas antes de su entrada en vigor.

La Instrucción 245 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular no es la solución definitiva para problemas estructurales de Cuba. Pero su uso por la ciudadanía puede impulsar cambios en el modelo o dejar en evidencia que, para llamarse Estado Socialista de Derecho, Cuba tiene muchos kilómetros por recorrer.

*El nombre usado en este texto es diferente para proteger la identidad de la persona.

Visión de vencido