El informe En Cuba hay hambre 2025, de Food Monitor Program (FMP), confirma con datos lo que viven a diario los hogares de la isla: la inseguridad alimentaria se ha profundizado y la población ha dejado de aceptar —de manera más absoluta— la versión oficial sobre las causas.
Uno de cada tres encuestados se acostó al menos una vez con hambre en el mes, y el 79.75 % atribuyó el desabastecimiento a la deficiente administración estatal —un salto de 18 puntos porcentuales frente a 2024—. El informe asegura que en el escenario de 2025 hubo «inseguridad alimentaria de carácter crítico».
Esta es la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria de FMP y recogió 2 504 respuestas válidas en las 15 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud. El levantamiento, diseñado por un grupo de investigadores de la Fundación 4Métrica, fue ejecutado en terreno por un equipo de campo conformado por un coordinador general en la isla, tres coordinadores regionales y 24 encuestadores. La metodología se ajusta a los marcos que utilizan los organismos internacionales que miden el hambre. Se trata de un ejercicio importante porque el Estado cubano no produce datos públicos comparables sobre estos indicadores.
Uno de cada tres hogares se fue a la cama con hambre
El 33.32 % de los encuestados —836 personas— afirmó haberse ido a dormir sin comer al menos una vez en el mes por no poder conseguir alimentos. El indicador subió 9.29 puntos porcentuales con respecto a 2024. En Granma, Matanzas y Guantánamo más del 75 % de la población reportó esta situación.
Se suma, además, la reducción de comidas. El 28.90 % de los hogares accedió solo a dos comidas diarias y el 3.79 % se alimentó una sola vez. La mitad de los encuestados (50.6 %) no pudo consumir su comida favorita en seis meses o más, una señal de que los hogares han abandonado cualquier criterio de preferencia: comen lo que pueden.
Apagones, agua intermitente y una cocina sostenida con leña
La crisis alimentaria, advierte el informe, no se entiende sin la «policrisis» que la rodea. En 2025, más del 80 % de los hogares reportó interrupciones eléctricas que afectaron la cocción de alimentos, un aumento del 9.15 % frente a 2024. El 48.28 % de los encuestados afirmó que se le echaron a perder los alimentos del refrigerador por los cortes eléctricos.
Como respuesta, los hogares retrocedieron tecnológicamente: el 22.58 % cocinó con leña y carbón cuando hubo apagones; el 11.59 % combinó ese recurso con el consumo de comida fría; y el 5.55 % reconoció que en ocasiones, simplemente, dejó de comer. El acceso al agua siguió una curva similar. El 43.35 % de los encuestados recibió agua «una vez cada tres días o más», una cifra que creció 18.59 puntos en un año, mientras la categoría «todos los días» se desplomó 15.76 puntos. Más del 81 % de la población debió potabilizar el agua antes de consumirla.
El poder adquisitivo, pulverizado
El 94.65 % de los encuestados reconoció que el salario mínimo —2 100 CUP, equivalentes a 4.8 USD mensuales según la Tasa Representativa del Mercado Informal de elTOQUE en noviembre de 2025— no alcanza para cubrir la alimentación básica. El 45.55 % gastó más de 10 000 CUP al mes solo en comida, lo que supone destinar al alimento el equivalente a cinco salarios mínimos o más. La presión sobre los ingresos fue extrema: el 40.53 % de los hogares destinó hasta el 100 % de lo que percibe a alimentación. Si se suma a quienes destinaron hasta el 80 %, la cifra alcanzó el 79.31 % de la muestra.
A la pregunta de si tener divisas o cargos en el Gobierno facilita el acceso a los alimentos, el 79.81 % respondió que sí. En la Isla de la Juventud y Sancti Spíritus la respuesta fue unánime: 100 %. La encuesta documenta así una percepción extendida de desigualdad estructural, en la que el privilegio político y el acceso al dólar dividen el país entre quienes comen y quienes no.
La narrativa oficial pierde terreno
Por décadas, el discurso del Estado cubano ha atribuido la crisis alimentaria al embargo estadounidense. Los datos de FMP muestran que esa explicación se erosiona: solo el 6.45 % de los encuestados identificó el embargo como causa principal del desabastecimiento. La mayoría —casi el 80 %— señaló la «deficiente administración estatal», una atribución que creció 18 puntos porcentuales en un año. Otro 10.04 % apuntó al acaparamiento y la corrupción en el sector no estatal.
La evaluación de la gestión gubernamental es igual de severa. El 60.35 % consideró que el Gobierno carece de voluntad para enfrentar el problema y ha contribuido a agravarlo. En 12 de las 15 provincias y en la Isla de la Juventud, la opción mayoritaria es que el Estado no garantiza la seguridad alimentaria y, por el contrario, la empeora.
Peor que el Período Especial
El informe registra un dato que, en el contexto cubano, tiene un peso histórico difícil de medir: el 90 % de los encuestados consideró que la crisis actual es más severa que la del Período Especial. En Sancti Spíritus, la respuesta fue del 100 %; en la Isla de la Juventud, del 96 %; en Granma, del 90.72 %; en Villa Clara, del 91.18 %. Esta convergencia incluye tanto a quienes vivieron el colapso de los noventa como a quienes solo lo conocen por relato familiar. La encuesta documenta «el agotamiento de la capacidad de supervivencia en la isla» frente a una emergencia que «ya alcanza dimensiones históricas».
El 88.40 % de los encuestados afirmó que su día a día no se organiza según metas o preferencias personales, sino según los horarios de los servicios públicos y los momentos de distribución de alimentos.
La crisis alimentaria cubana —concluye el estudio de FMP— es estructural, sostenida y, en 2025, peor que en el año precedente.
