Luego de aprobada la Constitución de 2019 y de que se adoptaran disposiciones normativas complementarias, el ordenamiento jurídico cubano reforzó el blindaje postotalitario del régimen político. Tanto los contenidos constitucionales como los pautados en otras legislaciones excluyen cualquier manifestación de pluralismo político que obstaculizan procesos de transición a la democracia.
Por otra parte, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, de 1996, establece una serie de condiciones que desde la perspectiva estadounidense funcionan como hoja de ruta para una transición democrática en la isla basada en el multipartidismo y la economía de mercado.
En el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ante una hipotética transición pactada a la democracia —la cual debe incluir transformaciones políticas reales— es oportuno realizar un ejercicio de contraste. De un lado, es necesario identificar el núcleo postotalitario del régimen político de Cuba. De otro, se requiere precisar las condiciones democratizadoras establecidas por la Ley Helms-Burton. Así, es posible identificar las instituciones que no deben existir en una Cuba democrática y exigir su desarticulación.
Solo me referiré a las instituciones formales del régimen cubano, pues en un escenario de transición a la democracia es ineludible desarrollar más medidas: liberar a los presos políticos, depurar el aparato militar y de seguridad, implementar mecanismos de justicia transicional, entre otras.
Otro elemento que refuerza la necesidad de este análisis es que la respuesta del Gobierno cubano a la aprobación de la Ley Helms-Burton tiene un componente jurídico diseñado específicamente contra cualquier influencia externa o interna favorable a una transición democrática. Las Leyes de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley 80 de 1996) y Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88 de 1999) constituyen dos pilares de esa resistencia. La primera declara ilícita la colaboración con los postulados de la Ley Helms-Burton y la segunda criminaliza acciones que faciliten sus objetivos, incluido el apoyo al pluralismo político. Los contenidos de ambas transforman la cooperación democrática internacional en una cuestión de seguridad nacional y convierten el respaldo a la democratización en delito.
El primer y más denso obstáculo para una transición a la democracia en Cuba es el centro del núcleo duro del régimen político. El artículo 5 de la Constitución de 2019 no es una mera declaración de principios, sino el acta de defunción del pluralismo político. Al definir al Partido Comunista de Cuba (PCC) como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado, en la carta magna se establece una jerarquía en la que esta organización se ubica por encima de la ley y de la voluntad popular. Ello se opone frontalmente con la legalización de toda actividad política, lo que condiciona el levantamiento de las sanciones externas.
El partido único es el eje en torno al cual gravita el aparato estatal, lo cual se traduce en un bloqueo legal al derecho de asociación y otros conexos. Solo las organizaciones sociales y de masas reconocidas como poleas de transmisión del PCC tienen derecho a existir. Mientras, a cualquier forma asociativa que aspire a una autonomía real o un fin social distinto se le impide su registro legal y se criminaliza a sus promotores para impedir el surgimiento de una sociedad civil independiente y el cumplimiento de los estándares democráticos internacionales.
El blindaje se refuerza con la cláusula de intangibilidad contenida en el artículo 224 constitucional y que apareció por primera vez en 2002. Al declarar que el sistema socialista es inamovible —y al hacerlo en respuesta a un intento de democratización del régimen político promovido por la oposición (Proyecto Varela)—, este se clausuró sobre bases ideológicas. Se trata de una de las esencias del postotalitarismo cubano: las autoridades no solo gestionan el presente, sino que clausuran el futuro. Para que una transición sea posible, el derecho a la reforma total de la Constitución debe restituirse sobre la base del pluralismo político. La soberanía popular no puede limitarse prohibiendo su superación democrática.
Sin embargo, el control no se agota en la arquitectura constitucional, sino que se despliega en las leyes de desarrollo. La Ley Electoral es otra de las piezas del mecanismo de exclusión. A diferencia de las democracias —en las que la postulación es un derecho individual y competitivo—, en Cuba, el sistema electoral para la elección de los órganos superiores del Estado se basa en las comisiones de candidatura. Esas entidades, integradas por representantes de las organizaciones de masas, funcionan como filtro ideológico previo a cualquier votación.
El ciudadano cubano no elige entre programas políticos distintos, sino entre candidatos aprobados por el partido único. Ello anula la soberanía popular en su origen y garantiza que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sea un bloque monolítico de lealtades. Sin la derogación de este sistema de selección y la implementación de una ley que permita el pluripartidismo, la postulación libre y el financiamiento transparente de las campañas electorales —entre otros estándares mínimos de competencia electoral libre—, las elecciones en Cuba se mantendrán como un simulacro de participación.
El régimen político también se ha blindado en el ámbito comunicacional. La Ley de Comunicación Social formalizó la censura. Al ratificar que los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista y que no pueden ser objeto de propiedad privada, se bloquea el flujo libre de información, indispensable para cualquier democracia. Incluso, al prohibir el uso de espacios de comunicación para «subvertir el orden constitucional» otorga al ejecutivo una herramienta de interpretación para perseguir el periodismo independiente. La democratización de Cuba necesita la desmonopolización de los medios y la garantía de que no se penalice la discrepancia.
Asimismo, otro de los elementos claves del postotalitarismo cubano es el Código Penal (CP). Si en la Constitución se imponen límites a la democracia, el CP sanciona a sus promotores. El artículo 143 castiga el financiamiento externo para las actividades de la sociedad civil y la oposición política. Así, cualquier persona que reciba apoyo internacional y promueva una transición a la democracia sufre castigo porque es considerado agente de una potencia extranjera. Es una norma diseñada para aislar a los actores democráticos internos de la solidaridad global. A lo anterior se suman figuras delictivas como la sedición —utilizada para castigar el derecho a la protesta pacífica— y la propaganda contra el orden constitucional —que criminaliza la libertad de expresión—. El desmantelamiento de este arsenal punitivo es una condición necesaria para la democratización y la reconciliación nacional.
También deben derogarse las leyes relacionadas con la estructuración de los poderes del Estado. Las que regulan la organización y funcionamiento de la ANPP y al presidente y vicepresidente de la República impiden una separación real del poder. En Cuba, el presidente no rinde cuentas al electorado, sino a la ANPP que, a su vez, se subordina a las directrices de la élite del PCC. Los órganos judiciales, al amparo de la Ley de los Tribunales de Justicia, no son independientes orgánica ni funcionalmente para proteger a la Constitución frente a los abusos del poder. Por el contrario, integran el engranaje que asegura la supervivencia del régimen. Una transición democrática necesita una reforma total de la judicatura, así como de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para garantizar la articulación de un Estado de derecho.
En el plano económico, la Constitución y sus leyes complementarias mantienen un control férreo sobre la propiedad, lo cual es fundamental para un proceso de transición. La permanencia del reconocimiento de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción impide el surgimiento de una clase media con independencia económica y política. La discrecionalidad con la que el Estado puede expropiar o limitar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas asegura que el sector privado sea siempre un rehén del favor político.
En conclusión, el inventario jurídico de la resistencia al cambio democrático en Cuba es extenso e interconectado profundamente. No se trata de remover una o dos leyes impopulares, sino de deconstruir una arquitectura legal que se edificó para evitar que los ciudadanos sean actores de un proceso de democratización mediante vías institucionales. Las condiciones pautadas en la Ley Helms-Burton, con sus matices y controversias, señalan el núcleo postotalitario del régimen político que impide la transición a la democracia en Cuba, la cual debe implicar una reforma estructural en materia de derechos humanos y organización del Estado.
Para que Cuba transite hacia la democracia, el Derecho no puede constituir un instrumento de defensa del postotalitarismo, sino que debe convertirse en un escudo protector del ciudadano. Lo anterior implica una transformación completa del ordenamiento jurídico vigente, porque la democratización no ocurrirá al amparo de la legislación actual. Por esa razón es necesario que la sociedad civil y la oposición política señalen con precisión los cerrojos jurídicos del régimen político, para que cuando llegue el momento del cambio se conozca qué piezas se deben remover para siempre.
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