Cuando se produjeron las transiciones a la democracia a fines de los años ochenta y noventa del siglo XX, varios regímenes autocráticos lo hicieron pacíficamente. En algunos casos, sus élites políticas aceptaron los resultados negativos de ejercicios participativos convocados por ellas. Lo anterior sugiere que los liderazgos de algunas autocracias se perciben a sí mismos y a los regímenes políticos que dirigen como excepcionales y temporales. Lo primero se refiere a que aceptan que su existencia se fundamenta en varias condiciones que, tras su desaparición, convierten en innecesario el régimen y se hace ineludible transitar a la democracia. Lo segundo remite a que saben que la vigencia del régimen es acotada en el tiempo.

Algunos regímenes autocráticos se legitimaron como respuestas temporales frente a determinadas amenazas; por ejemplo: el combate al comunismo durante la Guerra Fría. La represión y la suspensión de libertades se presentaron como medios excepcionales para restaurar un orden amenazado. Esa diferencia de origen no atenúa ni justifica las violaciones de derechos humanos cometidas, pero sí permite explicar por qué esos regímenes aceptaron, llegado el momento, una salida pactada del poder.

Las dictaduras militares latinoamericanas se legitimaron como respuestas a una presión de cambio previa, asociada al impacto regional de la Revolución cubana y a la expansión de las guerrillas. Cuando frenar el comunismo perdió centralidad, aceptaron transiciones a la democracia. Sus líderes reconocieron derrotas en plebiscitos convocados por el poder —como sucedió en Chile y Uruguay— y asumieron el fin de su presencia en el poder. Incluso, la temporalidad autocrática se reconoció normativamente. La Constitución chilena de 1980 se concibió para organizar una transición pactada, con plazos y mecanismos definidos, por lo que la élite gobernante se autopercibió como necesaria por un tiempo acotado.

En cambio, las autocracias revolucionarias tienden a exhibir una durabilidad excepcional, porque incorporan una misión histórica que las hace irremplazables. No se conciben como la solución de una crisis, sino como la cristalización definitiva de un proyecto político. Esto último se verificó constitucionalmente en Cuba. En la carta magna de 1976 no se reconoció ningún horizonte de caducidad del poder, porque el régimen nunca se pensó como un paréntesis histórico, lo que se confirmó con la incorporación de la cláusula de intangibilidad de 2002, en la que se declaró irrevocable el socialismo. La Constitución de 2019 mantiene esa cláusula.

¿Qué pueden hacer los cubanos para ser útiles durante una transición?

Puedo sugerir enfocarnos, en la isla y la diáspora, en que acompañemos alguna iniciativa e instancia social muy mínima, pero real y humana, que tenga a la liberación de los presos como primer objetivo.

Por ende, no todos los liderazgos autocráticos se ven a sí mismos de igual forma. Algunos se asumen como órdenes definitivos. Esa diferencia en la autopercepción de la élite gobernante no es un detalle histórico o teórico, sino una variable que explica cuánto están dispuestos a arriesgar para permanecer en el poder, qué costos aceptan y cuándo —si es que ocurre— consideran negociar una transición pacífica hacia la democracia. La autopercepción de necesidad inmutable y atemporalidad no se relaciona solamente con el origen revolucionario de una autocracia. En Venezuela, tanto Chávez como Maduro explicitaron que la oposición no regresaría al poder por la vía electoral. Esa premisa no fue solo discursiva o simbólica, sino que marcó el orden jurídico e institucional del régimen político.

Desde 1959, Fidel Castro y sus seguidores se autopercibieron como un proyecto histórico sin fecha de caducidad. No gobernaron para preparar una transición a la democracia, sino para encarnar, de forma exclusiva, el único orden político legítimo posible. Esa autopercepción explica por qué el régimen cubano ha aceptado niveles de deterioro económico, social e institucional que resultarían impensables para otras autocracias.

Las élites autocráticas que se conciben como atemporales y sin límites no calculan los riesgos políticos del mismo modo que las sabedoras de que su existencia se basa en las circunstancias que provocaron su origen. Esas élites pueden prescindir de fuentes de legitimidad, como el rendimiento económico, la inclusión social o la participación político-electoral acotada, sin que eso altere su estrategia de supervivencia. Es posible que colapse la economía y los servicios públicos; la participación política puede volverse irrelevante; el reconocimiento internacional puede desaparecer y el aislamiento y las sanciones prolongarse durante décadas. Todo es asumible. Lo único inaceptable es perder el control del poder.

En Cuba, el fracaso dejó de ser un problema político para la élite. La crisis no es una anomalía, sino una condición estructural con la que aceptaron convivir mientras se mantenga el régimen actual sobre la base de la represión. La pobreza no es un costo transitorio, sino un estado permanente y en mecanismo represivo. La emigración masiva no es una alarma, sino una válvula de escape para la presión interna sobre el régimen. En lo que respecta a la élite, nada de lo anterior la obliga a cambiar de rumbo mientras los costos de la represión sean inferiores a los de transicionar a la democracia.

Cuba: el fin ha comenzado

Los esfuerzos deben concentrarse ahora no en celebraciones prematuras, sino en pensar todas y todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, en cómo actuar y planear ante un colapso inminente que se torna inevitable, ante la falta absoluta de voluntad de las élites parásitas cubanas para conducir al país hacia un proceso de destotalitarización.

La capacidad de aceptar riesgos ilimitados tiene una explicación adicional: la existencia de mecanismos internos de estabilidad que le permiten al régimen procesar conflictos sin fragmentarse. En ese entramado, la figura de Raúl Castro es fundamental, porque cumple una función arbitral dentro del régimen. Ha sido la instancia final de resolución de conflictos interélites, el actor capaz de contener disputas entre facciones civiles, militares y partidarias, y el garante último de que las discrepancias no escalen hasta poner en riesgo la cohesión del poder.

Ningún actor relevante dentro del régimen puede desconocer su palabra sin asumir un costo político elevado. Mientras exista ese árbitro, la élite tolerará presiones externas, fracasos internos y crisis recurrentes sin alterar su autopercepción de permanencia. La certeza de que siempre hay una instancia capaz de cerrar filas reduce la incertidumbre y hace creíble la noción de continuidad indefinida. Por esa razón, la eventual muerte de Raúl Castro no es un acontecimiento simbólico, sino un hecho político. Su desaparición no implica el colapso automático del régimen ni garantiza una transición democrática, pero sí elimina uno de los principales mecanismos informales de estabilidad interna. Sin árbitro, los conflictos interélites se vuelven más peligrosos, las disputas sucesorias más inciertas y se reduce el margen de error.

En este contexto, es posible que la autopercepción de eternidad comience a resquebrajarse y no porque cambie la ideología ni porque mejore o empeore la economía o la situación social, sino porque la continuidad deja de sentirse segura. El régimen puede preservar el control del aparato coercitivo, pero la duda se instala: ¿quién decide en última instancia? ¿Quién garantiza que los conflictos no deriven en rupturas? ¿Quién asegura que todos perderán lo mismo si colapsa el régimen?

Sin embargo, esa grieta interna no basta. La muerte de Raúl Castro es solo una ventana de oportunidad. Las autocracias atemporales pueden recomponerse con cierta facilidad tras la pérdida del líder máximo. Para que la pérdida del árbitro influya decisivamente en la autopercepción de la élite es indispensable que se mantenga, e incluso aumente, la presión externa sobre el régimen; la cual eleva el costo de permanecer en el poder en un momento de incertidumbre. Además, reduce los márgenes de maniobra, limita las salidas individuales y hace más costosa la estrategia de resistir indefinidamente.

Cuba y la libertad por venir

Los cubanos hablamos de libertad con una mezcla de anhelo, sospecha, nostalgia y una buena dosis de cansancio. La libertad es, para nosotros, una palabra luminosa y, al mismo tiempo, un territorio desconocido. Ha sido prometida, sacrificada, invocada y eternamente postergada.

Cuando esa presión se relaja, el régimen gana tiempo para reorganizarse, cerrar filas, reconstruir una narrativa de continuidad y realizar ajustes institucionales que exponen una imagen de cambios que no ocurren en realidad. Cuando se sostiene la presión, se amplifican las tensiones internas y se vuelve más difícil fingir que nada ha cambiado. En el caso cubano ello es crucial, debido a la debilidad de la oposición política y de la sociedad civil —cuyos líderes se encuentran en su mayoría exiliados o encarcelados— para ejercer presión interna efectiva sobre el régimen.

Las élites autocráticas que se ven a sí mismas y al régimen político que construyeron como eternas no pactan transiciones porque se vuelvan democráticas. Tampoco porque reconozcan el sufrimiento social generado por su gestión del poder. Negocian cuando permanecer se torna más riesgoso que abandonarlo a tiempo. La transición empieza en la psiquis de quienes gobiernan antes que en la mesa de negociación. En Cuba, ese momento puede llegar cuando coincidan dos procesos: la pérdida del principal factor de cohesión interna y un entorno internacional que no ofrezca oxígeno gratuito.

La muerte de Raúl Castro puede marcar el inicio de ese momento, pero solo si se aprovecha sabiamente. Sin presión externa sostenida, la élite cubana, por débiles que sean su legitimidad, autoridad, capacidad de gestión y movilización (entre otros factores) puede encontrar nuevos equilibrios y gobernar como hasta ahora, incluso en condiciones de pobreza extrema, dolarización de la economía, imposibilidad de prestar servicios públicos elementales y movilización y participación políticas en niveles mínimos. En cambio, con presión y sin árbitro moderador de los conflictos puede cambiar la autopercepción: la élite comienza a ver su régimen como finito, vulnerable y sustituible.

Las transiciones democráticas negociadas no comienzan cuando fracasan los regímenes atemporales, sino al dejar de creer en su invulnerabilidad. En el caso cubano, el desafío no es esperar a que se concrete un colapso definitivo que ciertamente puede ocurrir en cualquier momento, pero uno que, al menos hasta ahora, el régimen evade mediante la represión. La oportunidad para la transición negociada será política, frágil y dependiente de costos reales para la élite autocrática. Aumentar esos costos no garantiza el cambio, pero no hacerlo garantiza la continuidad. Incluso las élites autocráticas que se creen eternas dependen, en última instancia, de que esa creencia se mantenga.

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