Desde 2020, el panorama del mercado cambiario y de remesas en Cuba se fue modificando hasta quedar, en su mayor parte, fuera del control del Estado cubano. Las sanciones estadounidenses a las empresas Fincimex y Orbit —del conglomerado militar Gaesa— en 2020 y 2025 fueron hitos en un camino que vino acompañado de la erosión de la confianza en el prácticamente quebrado sistema bancario del país, incapaz de ofertar divisas extranjeras mientras que, al mismo tiempo, la dolarización se profundiza cada día más.
Los límites en la disponibilidad de efectivo en bancos y cajeros automáticos, la imposibilidad de convertir pesos en divisas y los episodios de congelamiento de saldos e impagos a los proveedores de las empresas estatales, empujaron a familias, negocios privados y comerciantes extranjeros a resolver por fuera. Las remesas llegaron mediante «mulas», por Zelle, por triangulación a través de terceros países, por criptomonedas. Las mipymes privadas, para pagar proveedores en el exterior, buscaron intermediarios que el Estado ni regula ni ve.
La informalidad fue la respuesta lógica a la incapacidad del sistema oficial durante estos años, y ha sido tolerada a regañadientes y con picos de persecución a cambistas y remesadores informales, especialmente desde el último trimestre de 2025. Ese timing coincide, como nos revela la documentación a la que hoy accedemos, con el despliegue de un nuevo plan para reconquistar este pilar para el control del país.
Una serie de resoluciones del Banco Central publicadas en la Gaceta Oficial entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 han ido exponiendo pieza a pieza nuevas partes del intento más articulado hasta ahora para reconducir —a través de un mecanismo supervisado por ellos— el flujo de divisas y remesas.
Si durante el Gobierno de Joe Biden, Gaesa trató de disimular su control sobre los flujos de remesas a través de la empresa Orbit; ahora, enfrentados a una presión sin precedentes de la segunda Administración de Donald Trump, los cuadros del Partido Comunista están probando un diseño nuevo: un ecosistema de actores en apariencia privados, técnicamente regulados, presentables en el plano internacional, y que pueden canalizar el dinero por rutas aprobadas y bajo el control del Palacio de la Revolución.
Las piezas del mecanismo
Entre el 30 de diciembre de 2025 y el 24 de marzo de 2026, el Banco Central de Cuba publicó seis resoluciones que, vistas de manera aislada, parecen movimientos rutinarios de regulación financiera. Leídas en conjunto, sin embargo, revelan la arquitectura de un nuevo sistema de intermediación de divisas.
Cubamax Travel Inc. (Resolución 135/2025, publicada en la Gaceta el 30 de diciembre de 2025). Una empresa constituida en Florida, con domicilio en Hialeah y licencia de transmisor de dinero en Estados Unidos desde 2010, recibió autorización del Banco Central para operar en Cuba. Sus funciones: canalizar fondos a cuentas bancarias, tarjetas de débito y tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba; entregar efectivo en pesos o divisas; y operar las plataformas digitales necesarias para hacerlo. A cambio, debe designar un representante con residencia en Cuba, mantener sistemas de ciberseguridad y trazabilidad, cumplir con estándares antilavado y someterse a la supervisión directa del BCC, incluida la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.
EBIORO UAB (con licencia renovada por Resolución 134/2025). La empresa fue constituida en Vilnius, Lituania, en enero de 2022, por el cubano Yulexi Matienzo Carcasés. Tres años después, el 27 de enero de 2025, el BCC le otorgó su primera licencia como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, publicada en la Gaceta el 21 de febrero de ese año. Era una licencia acotada con solo tres actividades autorizadas. Podía cobrar, pagar y realizar operaciones cambiarias hacia y desde Cuba; intercambiar activos virtuales por monedas de curso legal; y custodiar activos virtuales e instrumentos de control. Nada más.
11 meses después, el 23 de diciembre de 2025 —la misma fecha en que se firmó la autorización de Cubamax—, el BCC le renovó la licencia con tres actividades adicionales. La primera: realizar transferencias de activos virtuales entre usuarios, plataformas y terceros autorizados. La segunda: brindar servicios financieros relacionados con la oferta, venta o intermediación de activos virtuales. La tercera: desarrollar, gestionar y operar las plataformas digitales e interfaces necesarias para lo anterior. Cada una de esas tres incorporaciones tiene un peso específico. La primera convierte a Ebioro en operador bilateral en nodo de una red: ya no solo mueve dinero entre dos puntos, sino que puede conectar múltiples actores entre sí. La segunda, le abre un mercado de intermediación que antes le estaba vedado. La tercera, la transforma en proveedora de infraestructura tecnológica para otros, no solo en usuaria de la suya.
Antilla Capital S. A. (Resolución 17/2026, publicada en la Gaceta el 24 de febrero de 2026). Aunque se presenta como la «primera institución financiera privada del país», la imposibilidad de acceder al registro mercantil cubano no permite verificar la procedencia de los fondos. La empresa fue constituida formalmente el 7 de noviembre de 2025, aunque ya tenía licencia del BCC para operar desde el 9 de mayo de 2025, meses antes de constituirse como sociedad. La resolución de febrero de 2026 canceló esa primera licencia y emitió una segunda más amplia: ya no solo como proveedor de servicios financieros tecnológicos, sino también como proveedor de infraestructura y soluciones tecnológicas de servicios de pago destinadas a otras instituciones financieras.
El catálogo completo de lo que puede hacer Antilla Capital es el más extenso del sistema: plataformas de pagos, transferencias electrónicas, préstamos y financiamiento digital, ingeniería financiera, gestoría de negocios, promoción de proyectos de exportación automatizados, gestión de activos, identificación de clientes, prevención de fraudes, análisis de datos financieros, remesas, transmisión de dinero, y provisión de infraestructura tecnológica a otras entidades del sistema bancario y financiero. En la práctica, Antilla Capital tiene licencia para hacer casi todo lo que hace un banco moderno excepto captar depósitos en sentido estricto —y además puede venderle tecnología a los que sí lo hacen—.
Servicios de Pago Red S. A. (Resolución 74/2025, publicada en la Gaceta el 26 de febrero de 2026). El BCC canceló la licencia anterior de esta entidad —que es desde 2010 la empresa estatal que administra la red de cajeros automáticos y operaciones con tarjetas de débito en Cuba— y le otorgó una nueva, ampliada. A sus funciones habituales de procesamiento de transacciones con medios de pago electrónico, administración de cajeros automáticos y terminales de puntos de venta, se añadió explícitamente la capacidad de «gestionar y tramitar transferencias desde el extranjero hacia Cuba».
Nueve mipymes autorizadas a usar criptomonedas para pagar al extranjero (Resolución 4/2026, publicada el 23 de marzo de 2026). En esta Gaceta Extraordinaria, el BCC autorizó a diez personas jurídicas cubanas (nueve privadas y una estatal) a usar activos virtuales para «operaciones de pago transfronterizas vinculadas directamente a su objeto social». Entre ellas están las mipymes INGENIUS TECNOLOGÍAS y DOFLEINI.
La condición que aparece en el apartado SEGUNDO de esta resolución es la clave del diseño: esas operaciones de pagos transfronterizos solo pueden realizarse «a través de los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia del Banco Central de Cuba para operar en el territorio nacional». Queda «expresamente prohibido realizar operaciones directas fuera de estas plataformas autorizadas».
BAGALSO INTERNACIONAL, S. L. (Resolución 21/2026, publicada el 24 de marzo de 2026). La Gaceta Extraordinaria 48 añade la más reciente pieza al sistema. Se trata de una sociedad española, con domicilio en Lugo, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad y clasificada bajo el código de actividades auxiliares a servicios financieros. Al igual que Cubamax, no constituirá persona jurídica en Cuba, pero queda autorizada para canalizar fondos hacia cuentas, tarjetas de débito y tarjetas prepago de beneficiarios en la isla, entregar efectivo en pesos o divisas y operar las plataformas digitales que sustenten esas operaciones.
La lógica detrás del diseño
Las licencias aprobadas dan forma a un sistema con tres capas.
La primera capa es la de entrada de divisas: ¿quién puede traer dinero a Cuba desde el exterior? Pues Cubamax —para remesas desde Estados Unidos—, Antilla Capital —presentada como la primera institución financiera privada cubana— y BAGALSO INTERNACIONAL, que replica casi punto por punto el esquema de Cubamax pero desde la jurisdicción europea. La incorporación de un operador radicado en España garantiza incluir el país con mayor concentración de emigrados cubanos en Europa y uno de los principales corredores de envío de remesas hacia la isla.
La segunda capa es la de infraestructura: quién procesa, conecta y registra las transacciones dentro del sistema. Aquí está Servicios de Pago Red S. A., cuya ampliación de licencia la convierte ahora en el corazón tecnológico de los pagos electrónicos internos y también en un canal oficial para transferencias del exterior.
La tercera capa es la de pagos al exterior: quién puede enviar dinero desde Cuba hacia proveedores o contrapartes fuera de la isla sin sufrir las sanciones estadounidenses. Aquí están EBIORO UAB como proveedor de cripto, y las diez entidades autorizadas como usuarias de ese sistema. El diseño establece un oligopolio regulado: las primeras beneficiadas no pueden operar en criptomonedas con libertad, solo pueden hacerlo a través de proveedores con licencia del BCC. Actualmente, el único proveedor público con esa licencia es Ebioro.
El resultado es un circuito cerrado. El dinero entra por operadores autorizados, circula por infraestructura supervisada y sale —cuando salga— por plataformas aprobadas. El Banco Central lo ve y lo registra todo.
Las caras conocidas en un ecosistema «privado»
Lo que hace especialmente relevante y novedoso este diseño no es su arquitectura regulatoria, sino quiénes están dentro de ella.
elTOQUE documentó en febrero de 2025, cuando Ebioro recibió su primera licencia, que en el código fuente de su página web aparecían rastros de vinculación con INGENIUS TECNOLOGÍAS, una de las primeras mipymes tecnológicas aprobadas por las autoridades cubanas. Ebioro UAB fue fundada por Yulexi Matienzo Carcasés, graduado de la Cujae y de la Universidad Tecnológica de Delft. Matienzo Carcasés, según su relato público, inició el proyecto como respuesta a la frustración de enviar remesas a sus familiares. Desde su fundación, INGENIUS había sido caracterizada por Diario de Cuba como una empresa con notable cercanía con el entorno oficial.
Ahora, con la Resolución 4/2026, INGENIUS TECNOLOGÍAS figura entre las diez entidades autorizadas a usar activos virtuales para pagos transfronterizos. Y entre los proveedores habilitados para ejecutar esas operaciones está Ebioro.
Dentro de la lista de mipymes autorizadas aparece DOFLEINI, cuyo presidente, Carlos Miguel Pérez Reyes, es un empresario tecnológico que es diputado a la Asamblea Nacional y uno de los rostros más visibles de la persecución al mercado informal de divisas. Que una empresa encabezada por alguien con ese perfil figure entre las primeras beneficiarias de un acceso formal al sistema de pagos internacionales con activos virtuales apunta a que el circuito nuevo tiene guardianes escogidos.
La presidenta de Antilla Capital, Maridiely Cabrera Moreno, no aparece en el vacío. Los registros mercantiles de Panamá la vinculan como directora de dos sociedades: IP Cargo International S. A. y GestcoBCP S. A. En ambas, comparte estructura con Armando Braña Díaz —su esposo, según fuentes del entorno empresarial cubano—, quien figura como presidente de las mismas empresas. Braña Díaz es, además, asesor comercial en Cuba de Guarconsa, empresa española dedicada a la distribución y almacenamiento de material eléctrico que opera en el mercado cubano desde 1992 y está presidida por la española María Guardeño.
En Cuba, el matrimonio controla la mipyme BC Suministros Industriales, dedicada al servicio de instalaciones eléctricas y conocida en La Habana por su showroom en Miramar —el barrio donde Antilla Capital tiene su sede—. En España, Cabrera Moreno aparece como administradora única de GESTCO BC S. L., sociedad de inversión y holding cuyo nombre replica el de su contraparte panameña. Según documentos disponibles en Scribd, ella y Braña Díaz aportaron cada uno el 50 % del capital para formarla. María Guardeño, la presidenta de Guarconsa, figura como apoderada de GESTCO en el registro mercantil español.
Una búsqueda rápida en registros públicos revela que la empresa española BAGALSO INTERNACIONAL está administrada por un empresario gallego, Eduardo Valín Fernández, y está apoderada por una cubana: Sonnia Alejandra Núñez del Riego.
Núñez aparece asociada con, al menos, dos empresas en España. Una es Rodamerican International y la otra es Iglesias International Corporation 1996, cuyo objeto social es la venta de material de ferretería, jardinería y piezas automotrices. Núñez aparece como administradora de ambas; y en Rodamerican administra junto a otro cubano: Raidel Pérez Nodarse.
En Cuba, Núñez del Riego y Pérez Nodarse tienen una mipyme especializada en venta de rodamientos —y de otros insumos para vehículos— en La Habana llamada Sonrai. Desde febrero de 2026, este emprendimiento tiene su sede dentro de la empresa estatal Narciso López Roselló, en La Lisa, dedicada al sector automotriz; a su vez, la sede de Sonrai y la Roselló es también la del Grupo Empresarial de la Industria y la Sideromecánica, una OSDE del Gobierno cubano.
El objetivo final: que los pagos al exterior se hagan a través de la banca estatal
El objetivo de las medidas recientes no es solo que los pagos al exterior se hagan a través de la banca estatal, sino que es la política declarada desde que el Estado cubano aprobó el Decreto Ley 113, el 11 de diciembre de 2025. El propósito de esa normativa fue crear la infraestructura jurídica para que el dinero en divisas que circula en la economía cubana vuelva a pasar por el sistema bancario oficial.
El Decreto Ley 113 permitió que mipymes, cooperativas, cuentapropistas y exportadores pudieran abrir cuentas bancarias en moneda extranjera, recibir ingresos en ellas y usarlas para pagar al exterior, siempre que esas divisas provengan de fuentes consideradas lícitas —exportaciones, remesas, comercio electrónico con pagos internacionales, ventas en la Zona del Mariel—.
La lógica de fondo es que si los actores económicos pueden tener sus dólares en el banco y usarlos desde ahí para pagar proveedores en el exterior, tienen un incentivo para no mantener esas divisas fuera del sistema. El Estado recupera visibilidad sobre los flujos, el BCC puede construir un mercado cambiario, y el sistema bancario vuelve a ser relevante para quienes lo evitan.
En declaraciones a la propaganda estatal, la especialista del BCC, Rocío Victoria Hernández, describió así el objetivo del sistema: «conectar a los agentes para que operen con mayor facilidad y se encadenen». Esa frase, en el contexto de las resoluciones que hemos analizado, describe exactamente lo que hacen Antilla Capital, Ebioro, Servicios de Pago Red, Cubamax y Bagalso: son los nodos de conexión que el BCC está construyendo para que el encadenamiento ocurra por canales supervisados.
El circuito completo, si llega a funcionar, luciría así: las remesas entran por operadores autorizados y se depositan en cuentas bancarias; el mercado cambiario oficial permite convertir o canalizar esos fondos; las empresas con autorización pueden usar activos virtuales a través de Ebioro para pagar a proveedores en el exterior; y toda la cadena queda registrada por el Banco Central.
Si les sale bien, habrán conseguido algo que el sistema anterior basado en Gaesa no podía hacer: ofrecer un esquema de financiamiento internacional trazable, en manos privadas que son, teóricamente, más legítimas para las autoridades estadounidenses y con actores que pueden presentarse ante bancos corresponsales extranjeros con licencias y requisitos antilavado cumplidos. Ello reduciría una de las principales fricciones que generan las sanciones sobre el sistema financiero cubano.
Lo que el nuevo sistema no modifica es el principio fundamental: quién decide quién entra y quién se beneficia de estos esquemas. Y ese es el Partido Comunista, a través de sus operadores burocráticos del Banco Central.
Esa arquitectura financiera no puede comprenderse, además, sin su contraparte coercitiva. Desde noviembre de 2025, el Gobierno impulsa una campaña intensa contra el mercado cambiario informal: persecución a operadores de remesas y cambio no autorizados, supuestamente con más de 300 investigaciones penales abiertas —según datos oficiales— y una ofensiva comunicacional sostenida que incluyó ataques a la tasa de referencia que publica elTOQUE.
Para que la gente vuelva al sistema formal, primero hay que hacer más costosa y riesgosa la alternativa informal. Las nuevas resoluciones sobre operadores autorizados y el endurecimiento de la persecución al mercado informal son, por tanto, dos caras de la misma política.
El problema estructural es que esa estrategia solo puede funcionar si el sistema formal ofrece algo que por ahora solo lo ofrece el informal: acceso efectivo a divisas, capacidad de pago al exterior, convertibilidad real. Para que el nuevo sistema funcione, no basta con construir la infraestructura. Hay que reconstruir la credibilidad y eso no se hace con resoluciones en la Gaceta.
