El cierre del Gobierno en Estados Unidos: ¿cómo afecta los trámites de inmigración?
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Estados Unidos inició un nuevo cierre parcial del Gobierno (Government Shutdown) el primero de octubre de 2025, luego de que el Congreso no lograra aprobar a tiempo el presupuesto federal ni la resolución temporal de financiamiento.
Aunque en la opinión pública la palabra shutdown puede sonar a paralización total, el Gobierno nunca se detiene por completo. Por ley, se suspenden las actividades consideradas «no esenciales» que dependen directamente de fondos aprobados, pero siguen en marcha las clasificadas «críticas» para la seguridad nacional o las que se financian con ingresos propios (como las tarifas que pagan los ciudadanos y los inmigrantes por sus trámites).
Agencias que funcionan con tarifas
El primer paso para entender el impacto en temas migratorios es distinguir entre agencias financiadas con tarifas de usuarios y las que dependen directamente del presupuesto del Congreso.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) continúa operando. Este organismo, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), procesa la mayoría de los beneficios migratorios: desde solicitudes de residencia permanente y naturalización hasta permisos de trabajo y programas humanitarios.
Su funcionamiento se sostiene casi en su totalidad gracias a las tarifas que pagan los solicitantes, canalizadas al Immigration Examinations Fee Account. Ello le da independencia frente a la parálisis presupuestaria, aunque con una advertencia: si un caso requiere interacción con otras agencias que estén cerradas, pueden producirse retrasos colaterales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también sigue funcionando. Como parte del DHS, sus operaciones de detención y deportación están clasificadas de esenciales y no se interrumpen. Además, ICE se encuentra blindado por un factor adicional: su presupuesto está asegurado con asignaciones multianuales hasta 2029, lo que garantiza miles de millones de dólares disponibles para sostener redadas, detenciones y traslados.
Igual ocurre con los programas de estudiantes y visitantes de intercambio que administra el DHS a través de SEVP/SEVIS: al financiarse con tarifas, permanecen operativos. En las fronteras, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) continúa sus labores de inspección y control, también consideradas funciones críticas para la seguridad nacional.
El Departamento de Estado, responsable de pasaportes y visas en embajadas y consulados, también mantiene sus servicios porque depende, en gran medida, de tarifas consulares. Sin embargo, si el cierre se prolonga y alguna sede agota esos recursos, podría limitarse su capacidad y dar prioridad solo a emergencias, lo que abriría la puerta a retrasos en ciertos países.
El impacto del cierre en la inmigración laboral
El impacto más severo del cierre golpea a las agencias y programas que no cuentan con ingresos autónomos y dependen directamente del presupuesto aprobado por el Congreso. En este grupo se encuentra el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), cuya Oficina de Certificación Laboral (OFLC, por sus siglas en inglés) desempeña un papel crucial en la inmigración basada en empleo.
Uno de los procesos más importantes que allí se gestionan es la certificación PERM. Este trámite es el primer paso que debe dar un empleador para patrocinar a un trabajador extranjero en su camino hacia la residencia permanente en Estados Unidos. Sin una certificación PERM aprobada, el proceso de green card por vía laboral no puede avanzar.
Otra función esencial del DOL son las Labor Condition Applications (LCA). Estas solicitudes son un requisito indispensable para contratar profesionales extranjeros con visas como la H-1B, una de las categorías más utilizadas por empresas de tecnología, salud y otras industrias que necesitan atraer talento especializado. Sin la aprobación de la LCA, las compañías no pueden completar las peticiones ante Uscis ni iniciar contrataciones de personal extranjero bajo estas visas.
El DOL también se encarga de las determinaciones salariales, conocidas en inglés como Prevailing Wage Determinations. Estos estudios establecen el salario mínimo que debe recibir un trabajador inmigrante en un puesto específico y en una región determinada, garantizando que no se reduzcan los estándares laborales en el mercado estadounidense. Estas determinaciones son la base para múltiples categorías de visas temporales y también para las residencias permanentes basadas en empleo.
Cuando el Gobierno entra en cierre, todos estos trámites quedan en pausa porque el DOL no tiene fondos propios para sostener sus operaciones. Lo anterior no solo retrasa a los empleadores que buscan incorporar talento extranjero, sino que también afecta a los trabajadores inmigrantes que dependen de estos procesos para mantener o regularizar su estatus en el país.
A esta situación se suma la caída de la plataforma digital FLAG (Foreign Labor Application Gateway), el portal por el cual se presentan las solicitudes. Cuando FLAG está fuera de línea, no solo se bloquean nuevas presentaciones, sino también las respuestas a auditorías en curso, lo que multiplica el efecto paralizante.
Otro servicio directamente afectado es E-Verify, la herramienta en línea que permite a los empleadores verificar si sus trabajadores están autorizados para laboral legalmente en el país. Al no financiarse con tarifas, quedó suspendido desde el inicio del cierre. Ello significa que las empresas no pueden registrar nuevas contrataciones ni resolver casos pendientes, lo que genera incertidumbre y frena procesos de contratación (aunque los empleadores siguen obligados a completar los formularios I-9 en plazo).
El cierre y las Cortes migratorias
Las Cortes de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que dependen del Departamento de Justicia, enfrentan un cierre desigual. Los casos de personas detenidas continúan por ser prioridad, pero los expedientes de quienes están en libertad suelen suspenderse o reprogramarse. El proceso no ocurre de manera uniforme y hasta el momento no se sabe con certeza si continuarán las audiencias o no ni cómo se harán. En la práctica, el docket (calendario de casos) de detenidos avanza y el de no detenidos se frena, pero con variaciones, según la jurisdicción.
Por ahora, la Corte de Inmigración de Miami sigue funcionando con normalidad. Se están llevando a cabo tanto audiencias de detenidos como de no detenidos y, hasta el momento de publicar este texto, no se han reportado suspensiones masivas en esa sede. El hecho muestra cómo el cierre del Gobierno afecta de manera diferente a cada ciudad y deja abierta la posibilidad de que la situación cambie en cualquier momento, en dependencia de lo que decida el Departamento de Justicia y la EOIR.
Por último, el poder judicial federal informó que puede sostener operaciones hasta el 17 de octubre de 2025 con fondos propios provenientes de tasas judiciales y recursos no sujetos a aprobación presupuestaria. Si el impasse se extiende más allá de esa fecha, los Tribunales entrarían en un modo de operaciones reducidas, lo que afectaría también procesos de inmigración que dependen de revisión judicial.
El Government Shutdown no es inusual. Desde 1976, cuando se instauró el sistema moderno de presupuestos en EE. UU., han ocurrido más de 20 lapsos de financiamiento y diez cierres significativos con impacto operativo. El que más se recuerda ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019; se extendió durante 35 días, convirtiéndose en el más largo de la historia y dejando una estela de caos: cientos de miles de empleados federales sin sueldo, trámites paralizados y pérdidas económicas multimillonarias. En ese momento, por ejemplo, las audiencias de inmigración de personas no detenidas fueron suspendidas, acumulando más retrasos en un escenario colapsado.
El cierre de 2025 ocurre en un contexto aún más complejo, con un sistema migratorio saturado por demoras y bajo una política oficial que prioriza la aplicación estricta de la ley migratoria. La experiencia de cierres anteriores muestra que las demoras y los costos acumulados pueden sentirse durante meses, incluso después de reanudadas las operaciones. Para familias, solicitantes y empleadores, este cierre representa más espera y menos certeza.
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