Joel Pérez llegó a Estados Unidos en busca de refugio. Opositor cubano de 44 años, denunció haber sido víctima de acoso, detenciones arbitrarias y secuestros por parte del régimen de La Habana. Pero el pasado 16 de julio de 2025, en una Corte de Inmigración en Miami, su caso fue rechazado. La jueza, tras dos horas y media de audiencia, no encontró suficientes elementos creíbles que demostraran que su temor de persecución en Cuba fuera real y actual.

La decisión dejó atónito a Joel. Había aportado testimonios, documentos y relatado en detalle las amenazas sufridas en la isla. Pero su historia no es única. Cada vez más opositores cubanos están recibiendo respuestas similares del sistema migratorio estadounidense, el cual ha comenzado a mirar con escepticismo incluso los casos de persecución política más evidentes.

Entre ellos se encuentra Oscar Casanella, un reconocido bioquímico y activista vinculado al Movimiento San Isidro, que también enfrenta la incertidumbre. Su audiencia final se celebró en junio de 2025, duró entre seis y ocho horas y estuvo marcada por un examen exhaustivo de sus pruebas.

La jueza aún no ha emitido el fallo, pero solicitó escritos adicionales y fijó una fecha límite: el 11 de julio. Casanella, quien ingresó por la frontera de El Paso con su esposa embarazada y un hijo pequeño, vive hoy en un limbo migratorio, sin certeza sobre su futuro y con el miedo real de ser deportado a una isla donde la cárcel podría ser el destino inmediato.

El endurecimiento de los criterios judiciales ha encendido las alarmas dentro de la comunidad cubana. Durante décadas, los cubanos tuvieron un trato migratorio diferenciado que ahora está cambiando. Ya no basta con declarar haber sido perseguido. Los jueces quieren evidencia concreta, reciente y verificable. Muchos fiscales y funcionarios de inmigración en Miami no asumen que Cuba es una dictadura represiva. Algunos, incluso, cuestionan que lo que viven periodistas y activistas en la isla pueda calificarse de «persecución política».

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En este nuevo escenario, ha ocurrido que los viajes de salida y regreso a Cuba antes de emigrar se utilizan como argumento en contra. Si saliste de Cuba y regresaste, dicen los jueces, es porque no te perseguían tanto. Si volviste voluntariamente, ¿qué tan real era el peligro?

Esa lógica desconoce el modo complejo y cambiante en el que opera el régimen cubano; muchos opositores son tolerados temporalmente, pero son reprimidos más tarde. También ignora la realidad de los periodistas independientes y defensores de derechos humanos que han salido de la isla para participar en foros internacionales o, incluso, para proteger a sus familias y por una u otra circunstancia regresan a Cuba.

Más allá de los fallos judiciales, está emergiendo un vacío más profundo: la comunidad cubana en el exilio no está preparada para enfrentar el nuevo contexto. Haber sido opositor en Cuba, muchas veces, ya no basta para obtener asilo.

Mientras tanto, la represión dentro de Cuba no ha cesado. Informes de Human Rights Watch documentan torturas, aislamiento, golpizas, privación del sueño y vigilancia constante contra quienes participaron en las protestas de julio de 2021. Más de 650 manifestantes siguen detenidos.

Sin embargo, para muchas Cortes migratorias, ese contexto parece inverosímil. En una reciente nota, El País reveló que fiscales de Miami han desestimado testimonios de cubanos detenidos por razones políticas, alegando que se trata de hechos «no creíbles» o «insuficientemente comprobados».

A lo anterior se suma el contexto político hostil. En el segundo mandato de Trump, la retórica antiinmigrante volvió con fuerza. El 3 de julio de 2025, la Cámara de Representantes estadounidense firmó el proyecto de ley presupuestario promovido por Donald Trump, One Big Beautiful Bill Act (gran y hermoso proyecto de ley). El proyecto incluye, entre otros aspectos, mayores fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los casos de Joel Pérez y Oscar Casanella marcan un punto de inflexión. No solo por lo que revelan sobre los nuevos estándares judiciales, sino por lo que exponen sobre la fragilidad del relato del exilio cubano.