El 14 de septiembre de 2024, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla celebró que desde mayo las legalizaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) no excedían el plazo de diez días. A través de una publicación en la red social X, el titular del Minrex indicó que el avance se debe «al esfuerzo conjunto de trabajadores y organismos implicados». Asimismo, señaló que, desde enero hasta septiembre de 2024, más 1 200 000 documentos han sido validados en Cancillería para surtir efecto en el extranjero. 

Las afirmaciones del canciller, sin embargo, contradicen las experiencias de algunos cubanos que en el último año han entrado en la carrera de resistencia —y obstáculos— que es un trámite migratorio en la isla. Una carrera, para muchos, a contrarreloj. 

Una reciente encuesta realizada por elTOQUE (que contó con la participación de 583 miembros de la audiencia) así lo confirma. El 56 % de los encuestados dijo llevar «un mes —o más— de espera» por la legalización de sus documentos. El 31 % marcó de «relativo» el tiempo delimitado por el Minrex y solo el 13 % concordó con las palabras del canciller. Algunos testimonios describen un período de espera prolongado que sobrepasa el año para obtener los papeles certificados. 

«Los míos llevan cuatro meses y la abogada dice “que están en tiempo”», comentó Blanca. 

«Fui a recoger un documento en mayo y una de las empleadas [del Minrex] me dijo que los trámites estaban demorando un mes. Ese mismo día, en la emisión del noticiero pasaron un reportaje en el que hablaban de la duración de trámites de diez días», indicó, por su parte, Mirka. «Mi trámite demoró más de 15 días con un “empujoncito”». 

Otros usuarios dijeron que el problema radica más en la obtención de turnos para las legalizaciones y que están casi obligados a recurrir al pago por «debajo de la mesa» a los funcionarios para agilizar el proceso. 

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Situaciones «objetivas» en algunas entidades

Las palabras del canciller cubano no son nuevas. Tres meses atrás, Rodríguez Parrilla anunció el presunto fin de retrasos en la legalización de documentos, a raíz de medidas organizativas puestas en práctica desde 2023. 

«Hoy no existen documentos acumulados ni atrasados», escribió en X. «Esto es resultado del esfuerzo realizado por el personal del Departamento de Legalizaciones y la coordinación con el Ministerio de Justicia y entre las entidades implicadas, a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el país». 

El canciller alertó, además, que los trámites «podrían enfrentar situaciones objetivas en algunas entidades que participan en el proceso debido a la difícil situación actual». Un señalamiento que quedó fuera en la nota del pasado 14 de septiembre. 

La legalización de documentos registrales y notariales es un procedimiento que otorga validez legal a los documentos originales expedidos en el territorio nacional para que surtan efecto en otros países. Documentos docentes como títulos, certificaciones de notas, programas de estudios; y documentos registrales y notariales como inscripciones de nacimiento, certificaciones de matrimonio, divorcio, certificación de experiencia laboral y antecedentes penales.

La legalización no es un proceso que atañe de forma exclusiva al Minrex. Como ha señalado el organismo gubernamental, hay segundos y terceros actores institucionales que intervienen; desde bufetes colectivos, especializados, consultorías jurídicas —encargadas de tramitar las solicitudes y presentarlas ante la cancillería— hasta otros ministerios como el de Justicia, Salud y Educación Superior. Incluso, centros de enseñanza como las universidades. Pero cada una de las instituciones cuenta con tiempos autónomos. 

El Ministerio de Educación (Mined) es el que está en el epicentro de varios de los reclamos. Ana cuenta que en septiembre de 2023 solicitó a la Universidad de La Habana la entrega del «plan temático» de su carrera —también conocido como «plan de estudios»—, documento requerido por algunas maestrías y trabajos en el extranjero. En marzo, solicitó la «certificación de notas». Hasta la fecha, ninguno de los documentos le ha sido entregado. «Una cosa es el Minrex y otra la universidad», explica a elTOQUE. «¿Quién dice la verdad?». 

«El plan de estudios depende del Mined, ahí es donde se estancan. Por lo general, los documentos docentes se demoran. La obtención depende [además] si coincide con el período de vacaciones, pues, el Ministerio —y las universidades— se toma vacaciones», detalla Rosana. «A mí se me demoró un año».

Las demoras de las universidades cubanas para expedir documentos han sido confirmadas por los funcionarios estatales. En mayo, Lena Álvarez, directora general de Consultoría Jurídica Internacional, calificó de «histórico» el problema y alertó que las casas de altos estudios pueden manejar plazos de entre seis meses a un año para entregar solicitudes como planes de estudio o certificado de notas. 

Legalizar títulos: la moda de los universitarios cubanos

La mayor preocupación de un graduado universitario es no poder ejercer lo que estudió en los países hacia donde emigran. Legalizar sus títulos es, por tanto, un trámite casi imprescindible -y muy caro-

Cuba, más que La Habana. ¿Qué pasa con el resto de las provincias?

No queda claro si el plazo de diez días al que hizo alusión el canciller cubano incluye también los trámites en otras provincias del país. Indistintamente, los relatos que se acumulan fuera del área capitalina dicen que es «mayor» el período de espera. Los organismos provinciales tienen que hacer llegar los documentos a la sede de la cancillería —en La Habana— y después regresarlos a los solicitantes. Una ida y vuelta que dilata los plazos. Se habla de fatalismo geográfico. 

«Ese tiempo —diez días— es para los que viven en La Habana, para el resto no es así», afirma Danilo. 

Poco más de un año atrás, Maricela Ana Casanova Álvarez, coordinadora de la filial de Bufetes de Servicios Especializados (BES) en Villa Clara, señalaba en una entrevista al diario Vanguardia que la oficina provincial tenía pendiente enviar a La Habana —en aquel entonces— más de 15 000 documentos, pero que el Minrex solo recepcionaba cerca de 2 000 por semana. 

«Recogemos a diario nuevas solicitudes y las procesamos, siempre alertando al cliente sobre la posible demora. El proceso no depende de nuestra organización y, por tanto, resulta imposible ofrecerles a las personas un estimado de tiempo», explicó la funcionaria. «Nosotros adquirimos la responsabilidad desde el momento en que nos entregan sus solicitudes; pero desconocemos cuándo el Minrex las atenderá o cuándo podremos devolverlas». 

Casanova Álvarez pidió «mantener la tranquilidad» y «confiar» en los nuevos ajustes que el Minrex pondría en práctica y que permitirían aumentar la capacidad de recepción. 

A lo largo de 2023, elTOQUE recogió experiencias similares en otras provincias. Bufetes que atendían solicitudes de forma limitada y otros que tuvieron que cerrar operaciones «hasta nuevo aviso» y se encontraban a la espera de indicaciones de «organismos superiores». Según comentan usuarios en redes y lectores del medio, si bien hay ciertos signos de mejoría, la deuda no está completamente saldada y aún el Gobierno tiene mucho por hacer. 

Nuevas medidas para la legalización de documentos en Bufetes Colectivos

A través de llamadas telefónicas realizadas por ciudadanos y periodistas, elTOQUE obtuvo información sobre las medidas adoptadas por las direcciones provinciales de Bufetes Colectivos de algunos territorios ante la acumulación de solicitudes para legalizaciones de documentos.

La oleada migratoria y el (no) compromiso del Gobierno cubano 

La necesidad del Gobierno cubano de encontrar mecanismos para agilizar la legalización de documentos tiene una correlación directa con la oleada migratoria que, desde hace algunos años, vive el país —y que no da señales inmediatas de un decrecimiento—. El sostenido flujo migratorio, regular e irregular, ha sido reconocido por el oficialismo y sus representantes. En abril de 2024, Johana Tablada, directora general de la oficina de Estados Unidos del Minrex, dijo que entre 500 000 y 600 000 cubanos habían salido del país «en los últimos años», principalmente hacia Estados Unidos. 

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en 2023 más de 153 000 cubanos entraron al país de forma irregular. Otros 67 000 volaron directamente a territorio estadounidense gracias al parole humanitario, implementado hace un año por la Administración de Joe Biden.

Sin embargo, hay otros eventos que han condicionado el fenómeno migratorio que atraviesa la isla. Entre ellos, la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que permite la adquisición de la nacionalidad española. La norma tiene vigencia hasta 2025. Hasta el 31 de diciembre de 2023, España aprobó más de 110 000 solicitudes, de las cuales 22 479 provenían de ciudadanos cubanos. La isla fue el segundo país con más concesiones. 

Conteo regresivo para obtener la nacionalidad española. ¿Cómo no quedar fuera?

Ante la incertidumbre y la ansiedad que genera el inevitable fin de la Ley de Memoria Democrática, el abogado Ariel Fraga realizó algunas recomendaciones a la audiencia de elTOQUE.

El casi medio millón de documentos legalizados por el Minrex forma parte del compromiso del Gobierno de fomentar una «migración regular, ordenada y segura». Un argumento que han reiterado en diversas ocasiones ante organismos internacionales sin llegar a asumir la responsabilidad debida. 

Sin embargo, los trámites no solo demoran o se extravían —más de lo que los funcionarios cubanos admiten—, sino que algunos documentos triplican el salario medio en la isla. La obtención de títulos académicos ronda los 12 000 CUP (37.5 USD), por ejemplo, y el salario medio en Cuba es 4 648 CUP (14.5 USD), según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). 

Entonces, ¿está comprometido o no el Gobierno cubano con una «migración regular, ordenada y segura»?